TSJ Regiones - Decisión

ASUNTO : VP02-S-2011-003232
RESOLUCION N°711-12

Visto que se observo de actas, que en el acto de diferimiento de la audiencia preliminar de fecha 18 de Abril de 2012, la abogada FLORYMHAR BECERRA CAMARGO en su condición de fiscala auxiliar tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, solicito la aprehensión judicial de los ciudadanos: ANGELO JOSE GONZALEZ CAÑATE de nacionalidad venezolano, fecha de nacimiento 18/12/1991 de estado civil CASADO de profesión u oficio OBRERO, C.I. V- 23.259.627, hijo de ELSA CAÑATE Y FREDDY GONZALEZ con residencia en el barrio rafito Villalobos por la bomba de San jacinto, Av. 28 con calle 33B-304, frente al mercado los peruanos y sin mas referencia teléfono 0426-4049908, y FRANKLIN JOSE MEDINA HENRIQUEZ, de nacionalidad venezolano, fecha de nacimiento 20/09/1991 de estado civil soltero de profesión u oficio OBRERO, C.I. V- 27.197.648, hijo de IVON HENRIQUEZ Y JOSE MEDINA con residencia en el barrio rafito Villalobos por la bomba de San jacinto, Av. 28 con calle 33B-206frente a la dirección del ciudadano ANGELO JOSE GONZALEZ CAÑATE y frente del mercado los peruanos teléfono 0424-9658794, a quienes se les sigue causa por la presunta comisión del delito de: AMENAZA previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana: KELLY PIÑA, además se logró evidenciar que los imputados en mención no están dando cumplimiento a la obligación de presentarse periódicamente cada treinta (30) días por ante el Departamento de Alguacilazgo, tal y como se acordó en fecha 04 de Julio de 2011, por este Juzgado especializado según resolución N°0001274-11, en el acto de presentación de imputado celebrado en esa oportunidad; esta Juzgadora obrando conforme a las facultades conferidas en los artículos 250 y 262 del Código Orgánico Procesal Penal, EMITE el siguiente pronunciamiento.
I
INICIO DEL PROCESO Y ESTADO ACTUAL DE LA CAUSA

Se observa de la Revisión de las actas, que los imputados: ANGELO JOSE GONZALEZ CAÑATE de nacionalidad venezolano, fecha de nacimiento 18/12/1991 de estado civil CASADO de profesión u oficio OBRERO, C.I. V- 23.259.627, hijo de ELSA CAÑATE Y FREDDY GONZALEZ con residencia en el barrio rafito Villalobos por la bomba de San jacinto, Av. 28 con calle 33B-304, frente al mercado los peruanos y sin mas referencia teléfono 0426-4049908, y FRANKLIN JOSE MEDINA HENRIQUEZ, de nacionalidad venezolano, fecha de nacimiento 20/09/1991 de estado civil soltero de profesión u oficio OBRERO, C.I. V- 27.197.648, hijo de IVON HENRIQUEZ Y JOSE MEDINA con residencia en el barrio rafito Villalobos por la bomba de San jacinto, Av. 28 con calle 33B-206frente a la dirección del ciudadano ANGELO JOSE GONZALEZ CAÑATE y frente del mercado los peruanos teléfono 0424-9658794, a quienes se les sigue causa por la presunta comisión del delito de: AMENAZA previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana: KELLY PIÑA, fueron presentados por ante este Despacho judicial en fecha 04 de Julio de 2011, por la fiscalía tercera del Ministerio Público, decretándose a su favor la Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación Judicial Preventiva de Libertad previstas en los ordinales 3° y 6° del articulo 256 de la Ley Adjetiva Penal, así como las Medidas de Protección y Seguridad para la víctima contempladas en los ordinales 5° y 13° del articulo 87 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Asimismo en fecha 12 de Agosto de 2011, la fiscalia tercera presentó escrito de acusación en contra de los imputados de autos, fijándose la audiencia preliminar para el día Miércoles 28 de Septiembre de 2001, a las once (11:00 a.m) horas de la mañana, acto que ha sido diferido en reiteradas oportunidades por incomparecencia de los presuntos agresores.

II
FUNDAMENTO DE HECHO Y DERECHO PARA DECIDIR.

Considera esta juzgadora que uno de los objetivos de la creación de este Tribunal, es el de la celeridad y no impunidad, que preserva los principios y estructuras del procedimiento ordinario, limitando los lapsos y garantizando la debida diligencia y celeridad, como una forma de materializar una justicia expedita conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho procedimiento resguarda los derechos y garantías procesales de las personas sometidas a investigación, enjuiciamiento y sanción.
Ante el caso de marras observa esta juzgadora, que la Fiscalía Tercera del Ministerio Público presentó escrito acusatorio en contra de los imputados de autos, por recabar en la investigación suficientes elementos de convicción para determinar su presunta participación como coautores, en la comisión del delito de: AMENAZA previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana: KELLY PIÑA, así las cosas estamos entonces en presencia de los supuestos establecidos en los ordinales 1°, 2° y 3° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual en su texto consagra:
1° Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad
y cuya acción penal no se encuentre evidentemente
prescrita.
2º Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en la comisión de un hecho punible;
3º Una presunción r del Código Orgánico Procesal Penal razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación
…En caso de estimar que concurren los requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, deberá expedir una orden de aprehensión del imputado contra quien se solicito la medida (subrayado Negrilla del Tribunal). …” (Omissis).

Este Tribunal en relación a este punto señala lo siguiente: El Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”
Por su parte el Artículo 257 de nuestra Carta Magna, dispone: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”. De lo que se desprenden las garantías constitucionales que le son inherentes al imputado , y que le asisten, a fin de avalarle el acceso a la justicia, de conformidad con lo previsto en el Artículo 2º de la Carta Política venezolana que consagra la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico, así como el primer párrafo del Artículo 44 Ejusdem, que establece que ninguna persona podrá ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial y el Articulo 90 de la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y cumpliéndose los requisitos necesarios para la aplicación del mismo, lo ajustado a derecho y conforme a la Ley, y en obsequio al principio de celeridad y economía procesal, igualmente, en atención a que el proceso es una vía jurídica para llegar a la verdad y el mismo ha de aplicarse de manera proba, imparcial, pronta y sin formalismos no esenciales, en consecuencia quien aquí decide considera conveniente que estando satisfechos los supuestos consagrados en los artículos 250 y 262..3 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 2º, 26, 44 ordinal 1 y 257, todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aunado al incumplimiento por parte de los imputados de autos de la Medida Cautelar prevista en el ordinal 3° del articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de la cual se les impuso la obligación de presentarse periódicamente cada treinta (30) días por ante el Departamento de Alguacilazgo del circuito, incumplimiento que consta en el Reporte de Presentaciones que se encuentran insertos en la causa en copia certificada, ambos con fecha y hora de impresión: 18/04/2012, 12:31: 36pm y 18/04/2012, 12:30:55 PM respectivamente, donde se pudo verificar que los referidos imputados solo se presentaron en cinco (05) oportunidades, y no cada treinta días como le correspondía ante el Departamento de Alguacilazgo, además de que su última presentación se registró, en el caso del ciudadano: FRANKLIN MEDINA el día 10 de Noviembre de 2011 a las 12:49 p.m, y en el caso del ciudadano ANGELO GONZALEZ el día 30 de Noviembre de 2011 a las 10:56 a.m, incurriendo así en la causal de Revocatoria estipulada en el ordinal 3° del articulo 262 de la Norma Adjetiva Penal, que textualmente reza: artículo 262: “ La medida cautelar acordada al imputado o imputada será revocada por el Juez o Jueza de Control, de oficio o previa solicitud del Ministerio Público, o de la victima que se haya constitutito en Querellante, en los siguientes casos: …..3°.-cuando incumpla, sin motivo justificado, una cualquiera de las presentaciones a que está obligado……..” no se evidencia en las actas que hayan sido justificadas sus inasistencias, de igual manera, han mostrado una conducta contumaz, y reticente con el proceso penal que se les sigue, al no asistir al acto de audiencia preliminar pautado por este órgano judicial; En virtud de lo cual esta Juzgadora DECLARA CON LUGAR la petición efectuada por la abogada FLORYMHAR BECERRA CAMARGO en su condición de fiscala auxiliar tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia,, y en consecuencia REVOCA la medida cautelar consagrada en el numeral 3° del articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal acordada a favor de los ciudadanos: ANGELO JOSE GONZALEZ CAÑATE y FRANKLIN JOSE MEDINA HENRIQUEZ en la resolución Nº 0001274-11en la audiencia de presentación de imputado de fecha 04 de Julio de 2011, y en consecuencia ORDENA LA APREHENSIÓN, de los ciudadanos antes mencionados, por lo cual se acuerda librar ORDEN DE APREHENSIÓN en su contra, por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, conforme lo estatuido en los artículos 250 y 262 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 2º, 26, 49 y 257, y del articulo 44, ordinal 1º todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, De igual manera, una vez aprehendidos los ciudadanos: ANGELO JOSE GONZALEZ CAÑATE y FRANKLIN JOSE MEDINA HENRIQUEZ deberán ser conducidos dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su aprehensión, ante el Juez de Control, quien en presencia de las partes y la victima si fuere el caso, resolverá mantener la medida impuesta o acordar una medida menos gravosa. A tal efecto se ordena oficiar al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas a los fines que practique la presente orden de Aprehensión y notificar a la Fiscalía tercera del Ministerio Público sobre lo aquí decidido. ASÍ SE DECLARA.
III
DISPOSITIVA

Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL AUDIENCIAS Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR la petición efectuada por la abogada FLORYMHAR BECERRA CAMARGO en su condición de fiscala auxiliar tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia,, y en consecuencia REVOCA la medida cautelar consagrada en el numeral 3° del articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal acordada a favor de los ciudadanos: ANGELO JOSE GONZALEZ CAÑATE de nacionalidad venezolano, fecha de nacimiento 18/12/1991 de estado civil CASADO de profesión u oficio OBRERO, C.I. V- 23.259.627, hijo de ELSA CAÑATE Y FREDDY GONZALEZ con residencia en el barrio rafito Villalobos por la bomba de San jacinto, Av. 28 con calle 33B-304, frente al mercado los peruanos y sin mas referencia teléfono 0426-4049908, y FRANKLIN JOSE MEDINA HENRIQUEZ, de nacionalidad venezolano, fecha de nacimiento 20/09/1991 de estado civil soltero de profesión u oficio OBRERO, C.I. V- 27.197.648, hijo de IVON HENRIQUEZ Y JOSE MEDINA con residencia en el barrio rafito Villalobos por la bomba de San jacinto, Av. 28 con calle 33B-206frente a la dirección del ciudadano ANGELO JOSE GONZALEZ CAÑATE y frente del mercado los peruanos teléfono 0424-9658794, a quienes se les sigue causa por la presunta comisión del delito de: AMENAZA previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana: KELLY PIÑA, de conformidad con lo establecido en los artículos 250, 262 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 2º, 26, 49 y 257, y del articulo 44, ordinal 1º todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. SEGUNDO: Se acuerda librar ORDEN DE APREHENSIÓN, por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, conforme lo estatuido en los artículos 250, y 262 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 2º, 26, 49 y 257, y del articulo 44, ordinal 1º todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, De igual manera, una vez aprehendidos los ciudadanos: ANGELO JOSE GONZALEZ CAÑATE y FRANKLIN JOSE MEDINA HENRIQUEZ deberán ser conducido dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su aprehensión, ante el Juez de Control, quien en presencia de las partes y las victima si fuere el caso, resolverá mantener la medida impuesta o acordar una medida menos gravosa. TERCERO: Se ordena oficiar al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas a los fines que practique la presente orden de Aprehensión y notificar a la fiscalía tercera del Ministerio Público sobre la decisión acordada. ASÍ SE DECIDE. Líbrese la respectiva orden de Aprehensión y remítase con oficio. Regístrese y publíquese la presente decisión.
LA JUEZA SEGUNDA DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS,

DRA. ROSARIO CHACON DE GUERRERO

LA SECRETARIA,

ABG. LILIANA YANCEN.