TSJ Regiones - Decisión

ASUNTO : VP02-S-2012-002777
RESOLUCION Nº.-639-12

Vista la solicitud de REVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, acordadas a favor de la ciudadana: ELCA MARIA ARAUJO MUÑOZ venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V 7.748.972, efectuada por la abogada: SANDRA CAROLINA ANTUNEZ en su condición de Fiscala Auxiliar Segunda del Ministerio Público, en fecha 10de Abril de 2012, con auto de entrada por este Despacho Judicial de esa misma fecha. Este Tribunal con fundamento en los artículos: 88, 89 y 91 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, emite su pronunciamiento basado en los siguientes argumentos:
I
DE LA REVISIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCION SOLICITADA POR LA FISCALIA SEGUNDA DEL MINISTERIO PUBLICO

En fecha 10 de Abril de 2012, fue interpuesto escrito de solicitud de revisión de las medidas de protección y de seguridad, acordadas a favor de la ciudadana: ELCA MARIA ARAUJO MUÑOZ venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V 7.748.972, por parte de la abogada: SANDRA CAROLINA ANTUNEZ en su condición de Fiscala Auxiliar Segunda del Ministerio Público, señalando entre sus argumentos, que en el caso del ciudadano: JOSE MANUEL CASTILLO, titular de la cédula de identidad N° 7.893.165, con residencia en la Urbanización El Soler, calle 47, a media cuadra del colegio, Municipio San Francisco Estado Zulia, quien fuera denunciado por la ciudadana: ELCA MARIA ARAUJO MUÑOZ venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V 7.748.972 en fecha 28 de Marzo de 2012, se inicio investigación de fecha 06 de Abridle 2011 identificada con el N° 24-F02-0545-12, por la presunta comisión del delito de AMENAZA previsto y sancionado en el articulo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, refiere también la fiscala, que la victima en su denuncia manifestó que el ciudadano en mención la había amenazado, de la forma siguiente: “ …QUE EL ASUNTO ERA PERSONAL Y QUE ESO NO SE IBA A QUEDAR ASI, PORQUE EL QUE INTENTABA CONTRA LA COMIDA DE SUS HIJAS EL NO SE LO PERDONABA NUNCA, EN ESE MOMENTO INTENTO AGREDIRME FISICAMENTE, GRACIAS A DIOS QUE INTERVINO EL SEÑOR ALFREDO RAMIREZ, INTERPONIENDOSE POR DELANTE DE MI PARA QUE NO ME GOLPEARA…..” además de que la victima, en su respuesta la cuarta pregunta que le hiciera el funcionario receptor de la denuncia RAFAEL MEDINA del Centro de Coordinación Policial N° 9 del Cuerpo de Policía del Estado Zulia, señaló: “….YO TEMO POR MI VIDA YA QUE MI ANTIGUO SOCIO PORTA UN ARMA DE FUEGO, Y ME AMENAZO QUE ESO NO SE IBA A QUEDAR ASI….” Considera la fiscala, que en el marco del poder cautelar que le asiste a esta Juzgadora conforme a lo previsto en el articulo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 88 y 91.2 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, es procedente que se acuerde la Medida de Protección y de Seguridad estipulada en el numeral 9 del articulo 87 de la referida Ley Especial, la cual consiste en: “RETENER LAS ARMAS BLANCAS O DE FUEGO Y EL PERMISO DE PORTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA PROFESION U OFICIO DEL PRESUNTO AGRESOR, PROCEDIENDO A LA REMISION INMEDIATA AL ORGANO COMPETENTE PARA LA PRACTICA DE LAS EXPERTICIAS QUE CORRESPONDAN.”
II
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DEL TRIBUNAL PARA DECIDIR:

Considera esta juzgadora que uno de los objetivos de la creación de este Tribunal, es el de la celeridad y no impunidad, que preserva los principios y estructuras del procedimiento ordinario, limitando los lapsos y garantizando la debida diligencia y celeridad, como una forma de materializar una justicia expedita conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho procedimiento resguarda los derechos y garantías procesales de las personas sometidas a investigación, enjuiciamiento y sanción.
Asimismo es oportuno señalar que conforme al principio de legalidad procesal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 1933 de fecha 23.11.2009, ha precisado lo siguiente:
“...El derecho fundamental al debido proceso en materia penal constituye una limitación al poder punitivo del Estado, en cuanto comprende el conjunto de garantías sustanciales y procesales especialmente diseñadas para asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y juzgamiento de los hechos punibles, con miras a la protección de la libertad de las personas, o de otros derechos que puedan verse afectados. Las aludidas garantías configuran los siguientes principios medulares que, desde la perspectiva constitucional integran su núcleo esencial: 1.- Legalidad, 2.- Juez natural, 3.- Presunción de inocencia, 4.- Favorabilidad, 5.- Derecho a la defensa: - Derecho a la asistencia de un abogado. - Derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas. - Derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. - Derecho a impugnar la sentencia condenatoria. - Derecho a un proceso público. - Derecho a presentar y controvertir pruebas’ (Bernal Cuellar, Jaime y Montealegre Lynett, Eduardo. El proceso penal. Cuarta edición, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002, pp. 69 y 70).
Ahora bien, con relación al principio de legalidad procesal en el ámbito del debido proceso, puede sostenerse que aun cuando no es tarea sencilla exponer el contenido preciso de esta última institución, en virtud de la cantidad de derechos y garantías que acoge en su interior, sin embargo, tradicionalmente la idea del debido proceso se vincula al aforismo latino nulla poena sine iuditio legale, el cual expresa la dimensión procesal del principio de legalidad, es decir, la noción de sujeción del Estado y la sociedad a la Ley y, por ende, el obligatorio acatamiento por todos de las normas preexistentes, y de un juicio legal para poder determinar la comisión de un hecho punible y la responsabilidad penal de una persona.

Así, según Borrego, ‘el debido proceso nace y encuentra su mejor ambiente en el principio de legalidad procesal nulla poena sine iudicio, es decir, tiene que ver con la legalidad de las formas, de aquellas que se declaren esenciales para que exista un verdadero, auténtico y eficaz contradictorio y que a la persona condenada se le haya brindado la oportunidad de ejercer apropiadamente la defensa…’ (Borrego, Carmelo. La Constitución y el proceso penal. Caracas, Livrosca, 2002, pp. 332)...” Debe señalarse, que el debido proceso en el ordenamiento jurídico venezolano, constituye un derecho fundamental que comprende un conjunto de garantías sustanciales y procesales, especialmente diseñadas para asegurar la regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional y administrativa, cuando sea necesario definir situaciones controvertidas, declarar o aplicar el derecho en un caso concreto, o investigar y juzgar los hechos punibles.
En plena armonía con lo anterior, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 1654 de fecha 25 de julio de 2005, señaló con ocasión a esta garantía constitucional, que: “...la garantía del debido proceso debe ser entendida en el sentido de que en todo proceso, sea judicial o administrativo, deben cumplirse las garantías indispensables para que se escuchen a las partes, se les permita el tiempo necesario para presentar pruebas y ejercer plenamente la defensa de sus derechos e intereses, siempre de la manera prevista en la ley; de forma tal, que la controversia sea resuelta conforme a derecho, en aras de una tutela judicial efectiva...”
Asimismo, se hace necesario señalar el contenido del artículo 88 de la Ley especial de Género, el cual refiere: “ En todo caso las medidas de protección subsistirán durante el proceso y podrán ser sustituidas, modificadas, confirmadas o revocadas por el órgano Jurisdiccional competente, bien de oficio o a solicitud de parte. La sustitución, modificación, confirmación o revocación de las medidas de protección procederá en caso de existir elementos probatorios que determinen su necesidad.” En este mismo contexto el articulo 91 ejusdem prevé: “El Tribunal de Violencia Contra La Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas, podrá: 1. Sustituir, modificar, confirmar o revocar las medidas de protección impuestas por el órgano receptor. 2. Acordar aquellas medidas solicitadas por la mujer víctima de violencia o el Ministerio Público. 3. Imponer cualquier otra medida de las previstas en los artículos 87 y 92 de esta Ley, de acuerdo con las circunstancias que el caso que presente………” Por lo que esta Juzgadora una vez revisadas y analizadas las actas, y las actuaciones consignados por la fiscala SANDRA CAROLINA ANTUNEZ considera procedente la petición fiscal, y en el marco de las facultades que le confiere los artículos 88, 89 y 91 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida libre de Violencia, ACUERDA LA MEDIDA DE PROTECCION Y DE SEGURIDAD consagrada en el ordinal 9° del artículo 87 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, referente a: ORDINAL 9°: Se ordena la retención del arma de fuego y del permiso de porte de arma, que se le haya otorgado al ciudadano: JOSE MANUEL CASTILLO, titular de la cédula de identidad N° 7.893.165, con residencia en la Urbanización El Soler, calle 47, a media cuadra del colegio, Municipio San Francisco Estado Zulia, independientemente de su profesión u oficio, en razón de lo cual se ordena oficiar a la Dirección General de Armas y Explosivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sede en el Cuartel Libertador del Municipio Maracaibo Estado Zulia, a los fines de que tome las acciones correspondientes para dar cumplimiento estricto a este mandato judicial, y al Director del Cuerpo de Policía del Estado Zulia, para que funcionarios adscritos a ese órgano de seguridad procedan a la ubicación del ciudadano: JOSE MANUEL CASTILLO, titular de la cédula de identidad N° 7.893.165, en su residencia ubicada en: Urbanización El Soler, calle 47-L, a media cuadra del colegio, Municipio San Francisco Estado Zulia, y retengan las armas de fuego que este ciudadano porte, así como el respectivo permiso de porte de armas que le haya sido otorgado. Asimismo CONFIRMA las medidas de protección y de seguridad estipuladas en los ordinales 5°, 6° y 13° del articulo 87 de la referida ley, impuestas al presunto agresor, por el órgano receptor de la denuncia: Centro de Coordinación Policial N° 9 CRISTO DE ARANZA-MANUEL DAGNINO del Cuerpo de Policía del Estado Zulia, en fecha 28 de Marzo de 2012, las cuales consisten en: ORDINAL 5°: La prohibición al presunto agresor JOSE MANUEL CASTILLO de acercarse al lugar de residencia, trabajo o estudio de la ciudadana: ELCA MARIA ARAUJO MUÑOZ. ORDINAL 6°: La prohibición para el presunto agresor JOSE MANUEL CASTILLO de generarle a la víctima ELCA MARIA ARAUJO MUÑOZ. ORDINAL o a algún integrante de su familia, actos de persecución, intimidación o acoso, directamente o a través de terceras personas. ORDINAL 13°: La prohibición para el presunto agresor JOSE MANUEL CASTILLO de generarle a la víctima ELCA MARIA ARAUJO MUÑOZ. ORDINAL cualquier hecho nuevo de violencia. Y ASI SE DECIDE.
III
DISPOSITIVA
Por los fundamentos arriba establecidos, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECIDE : PRIMERO : DECLARA CON LUGAR, la solicitud efectuada por la abogada: SANDRA CAROLINA ANTUNEZ en su condición de Fiscala Auxiliar Segunda del Ministerio Público, y con fundamento en los artículos: 88, 89 y 91 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ACUERDA LA MEDIDA DE PROTECCION Y DE SEGURIDAD consagrada en el ordinal 9° del artículo 87 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, referente a: ORDINAL 9°: Se ordena la retención del arma de fuego y del permiso de porte de arma, que se le haya otorgado al ciudadano: JOSE MANUEL CASTILLO, titular de la cédula de identidad N° 7.893.165, con residencia en la Urbanización El Soler, calle 47-L, a media cuadra del colegio, Municipio San Francisco Estado Zulia, independientemente de su profesión u oficio, en razón de lo cual se ordena oficiar a la Dirección General de Armas y Explosivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sede en el Cuartel Libertador del Municipio Maracaibo Estado Zulia, a los fines de informarle de esta decisión y suspenda la autorización para el porte de armas de fuego que se le haya conferido al referido ciudadano, y oficiar al Director del Cuerpo de Policía del Estado Zulia, para que funcionarios adscritos a ese órgano de seguridad procedan a la ubicación del ciudadano: JOSE MANUEL CASTILLO, titular de la cédula de identidad N° 7.893.165, en su residencia ubicada en: Urbanización El Soler, calle 47-L, a media cuadra del colegio, Municipio San Francisco Estado Zulia, y retengan las armas de fuego que este ciudadano porte, así como el respectivo permiso de porte de armas que le haya sido otorgado. Asimismo CONFIRMA las medidas de protección y de seguridad estipuladas en los ordinales 5°, 6° y 13° del articulo 87 de la referida ley, impuestas al presunto agresor, por el órgano receptor de la denuncia: Centro de Coordinación Policial N° 9 CRISTO DE ARANZA-MANUEL DAGNINO del Cuerpo de Policía del Estado Zulia, en fecha 28 de Marzo de 2012, las cuales consisten en: ORDINAL 5°: La prohibición al presunto agresor JOSE MANUEL CASTILLO de acercarse al lugar de residencia, trabajo o estudio de la ciudadana: ELCA MARIA ARAUJO MUÑOZ. ORDINAL 6°: La prohibición para el presunto agresor JOSE MANUEL CASTILLO de generarle a la víctima ELCA MARIA ARAUJO MUÑOZ. ORDINAL o a algún integrante de su familia, actos de persecución, intimidación o acoso, directamente o a través de terceras personas. ORDINAL 13°: La prohibición para el presunto agresor JOSE MANUEL CASTILLO de generarle a la víctima ELCA MARIA ARAUJO MUÑOZ. ORDINAL cualquier hecho nuevo de violencia. SEGUNDO: Se ordena oficiar al Director del Cuerpo de Policía del Estado Zulia, para que funcionarios adscritos a ese órgano de seguridad procedan a la ubicación del ciudadano: JOSE MANUEL CASTILLO, titular de la cédula de identidad N° 7.893.165, en su residencia ubicada en: Urbanización El Soler, calle 47-L, a media cuadra del colegio, Municipio San Francisco Estado Zulia, y retengan las armas de fuego que este ciudadano porte, así como el respectivo permiso de porte de armas que le haya sido otorgado. Asimismo Se ordena oficiar a la Dirección General de Armas y Explosivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sede en el Cuartel Libertador del Municipio Maracaibo Estado Zulia, a los fines de que tome las acciones correspondientes y proceda a la suspensión de la autorización o permiso de porte de arma que se le haya otorgado al ciudadano: JOSE MANUEL CASTILLO. TERCERO: notificar a todas las partes sobre la decisión tomada por este Despacho Judicial. Y ASI SE DECIDE. CUMPLASE.
LA JUEZA SEGUNDA DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS,

ABG. ROSARIO DEL VALLE CHACON.
LA SECRETARIA,

ABG. LILIANA YANCEN.