REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.- ANTECEDENTES El Abogado CARLOS EDUARDO MARQUEZ CAMACHO, en su carácter de JUEZ TEMPORAL designado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia según Comunicación N° CJ-11-1526 y CJ-11-1525, de fecha seis (06) de Junio del año 2.011; ante la ausencia del JUEZ PROVISORIO Abogado CARLOS RAFAEL FRÍAS, en virtud de que le fue aprobados los periodos vacacionales 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2009-2010 y 2010-2011, según oficio emanado de la Rectoría de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha dieciséis (16) de Junio del año 2.011, signado bajo el N° 0739-2011, en consecuencia se avoca al conocimiento de la presente causa. Consta en autos procedimiento que por COBRO DE BOLÍVARES (INTIMACIÓN), intentado por el ciudadano JOSE IGNACIO PORTILLO NAVA en contra de los ciudadanos LUIS FUENMAYOR CHACÍN y JAKELINE BEATRIZ FERNÁNDEZ.- En fecha 08 de agosto de 2007, se le dio entrada y se admitió cuanto ha lugar en derecho, por ante el Juzgado Séptimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, ordenándose formar expediente y numerarlo.- Mediante resolución de fecha 20 de septiembre de 2007, el referido Juzgado declinó la competencia a este Juzgado, al cual se le dio entrada en fecha 04 de octubre de 2007. Por auto de fecha 16 de octubre de 2007, el Tribunal admitió cuanto ha lugar en derecho la demanda y ordenó la intimación de los co-demandados. En fecha 16 de noviembre de 2007, el abogado JOSE IGNACIO PORTILLO NAVA, consignó los requisitos necesarios para la elaboración de la citación de la parte demandada. En diligencia de fecha 22 de marzo de 2008 el alguacil del Tribunal expuso que para la intimación de los ciudadanos en la primera oportunidad nadie respondió a sus llamados y en la segunda oportunidad fue atendido por la ciudadana JAKELINE FERNÁNDEZ quien se negó a firmar y le informo que su esposo no estaba. Devolviendo las boletas de intimación. Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones: PARTE MOTIVA El Tribunal observa que en fecha 16 de Octubre de 2007, se recibió y admitió la presente demanda, ordenándose la intimación de la parte demandada en el presente proceso.- A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes". El autor argentino Hugo Ahina, explica de forma espléndida la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anón. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, Pag. 423 a 425, de la siguiente manera: CONCEPTO: a) El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento. b) Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular; instancia, impulso, obrar enjuicio) y está reglamentado por la ley No. 14.191. c) Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante negligente, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal". Es decir, que la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. Ahora bien, en este orden de ideas explica el jurisconsulto Hernando Devis Echandia, en su obra Nociones Generales del Derecho Procesal Civil, Capítulo XIX, Teoría de los Actos Procesales: "…los actos procesales son simplemente actos jurídicos en relación con el proceso; esto es, actos emanados de la voluntad de su autor y de importancia jurídica, inmediata para el proceso; son actos que emanan de la voluntad humana y que tienden a producir un efecto en la realidad jurídica procesal, es decir, en la constitución, conservación, desarrollo, modificación o extinción de una relación procesal…” Pero debe existir una relación inmediata y directa entre el acto y el proceso, porque hay actos jurídicos que pueden servir para el proceso, y sin embargo no son actos procesales, tales como el poder que se otorga a un abogado para demandar u oponerse a una demanda; como el contrato que sirve de título ejecutivo, como la violación del derecho ajeno que produce el litigio y la necesidad del juicio, o como el pago que puede ser alegado para demostrar la falta de derecho en el actor, etc. Ahora bien, de las actas se observa que desde el día 16 de noviembre de 2007, fecha en la cual la parte actora consignó los emolumentos necesarios para la intimación de los co-demandados y hasta la presente fecha, las partes no han impulsado el proceso, razón por la cual, considera quien hoy suscribe que el proceso ha perimido y se ha extinguido la instancia por caducidad procesal, que impide el libre acceso a la Jurisdicción y a la efectiva tutela judicial, habida cuenta que las partes abandonaron la actividad procesal y con ello hicieron cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como enfermedad social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz. PARTE DISPOSITIVA DECISIÓN Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: - PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente Procedimiento que por COBRO DE BOLÍVARES (INTIMACIÓN) intentado por el ciudadano JOSE IGNACIO PORTILLO NAVA en contra de LUIS FUENMAYOR CHACÍN Y JAKELINE BEATRIZ FERNÁNDEZ.- - No hay costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.- Déjese copia certificada por Secretaría. Dada, firmada y sellada en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los Veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil once (2.011). 201o de la Independencia y 152° de la Federación. EL JUEZ TEMPORAL, ABOG. CARLOS EDUARDO MÁRQUEZ CAMACHO.- LA SECRETARIA, MARIA ROSA ARRIETA FINOL.- En la misma fecha, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia, bajo el No. 47.- LA SECRETARIA, MARÍA ROSA ARRIETA FINOL. CEMC/pg.-