Asunto: VP21-N-2011-020

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Vistos: Los antecedentes.

ACCIONANTE: GAMA’S CABIMAS, CA, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 11 de marzo de 1998, bajo el No. 73, Tomo 13-A, domiciliada en el municipio Cabimas del estado Zulia.
PRESUNTO AGRAVIANTE: SUB-INSPECTORÍA DEL TRABAJO adscrita al MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, con sede en el municipio Cabimas del estado Zulia.

DE LOS ANTECEDENTES PROCESALES

Ocurre la profesional del derecho MAIDELYN ELENA LINARES PÉREZ, actuando en su condición de apoderada judicial de la sociedad mercantil GAMA’S CABIMAS CA, e interpuso RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO CONJUNTAMENTE CON SOLICITUD DE MEDIDA DE AMPARO CAUTELAR contra la SUB-INSPECTORÍA DEL TRABAJO adscrita al MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, con sede en el municipio Cabimas del estado Zulia, correspondiendo el conocimiento de dicha causa a este Tribunal Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, la cual fue admitida mediante auto de fecha 22 de septiembre de 2011, ordenando las notificaciones allí indicadas.

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL ESCRITO DE NULIDAD

De la revisión del RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO CONJUNTAMENTE CON SOLICITUD DE MEDIDA DE AMPARO CAUTELAR, se observa que la sociedad mercantil GAMA’S CABIMAS CA, solicitó la nulidad de la providencia administrativa dictada el día 15 de junio de 2011 por la SUB-INSPECTORÍA DEL TRABAJO adscrita al MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL con sede en la ciudad de Cabimas, estado Zulia, a través de la cual declaró la improcedencia de la solicitud de expedición de SOLVENCIA LABORAL, realizada el día 23 de mayo de 2011, la cual cursó en el expediente administrativo signado bajo el No. 008-2011-10-1116, en virtud de encontrarse en curso un procedimiento de sanción según expediente signado bajo el No. 008-2011-06-095.
Que la actuación denunciada ha dejado en una precaria situación a la sociedad mercantil GAMA’S CABIMAS, CA, pues su actividad comercial radica en la importación de productos textiles variados al mayor, para su venta al detal, es decir, prácticamente el ciento por ciento (100%) de lo que expende es importado, y por ello, el acceso a las divisas es indispensable, colocándola al borde del cierre obligado cuando se acabe el inventario existente y arriesgando los puestos de trabajo que genera.
Que como consecuencia de esa irrita decisión, la representación judicial de la sociedad mercantil GAMA’S CABIMAS, CA, sostiene que le vulnera los derechos al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus derechos económicos establecidos en el artículo 112 ejusdem, al comprometer en extremo la continuidad de sus actividades esgrimiendo una limitación inexistente en el artículo 4 del Decreto Presidencial No. 4.248 publicado en la Gaceta Oficial No. 38.371, de fecha 02 de febrero de 2006, ya que sencillamente, sin acceso a las divisas no tienen actividad económica que desarrollar, con la cual colateralmente, viola lo establecido en el artículo 299 ejusdem, acerca de la obligación estatal de coadyuvar con el sector privado para promover y estimular la inversión y la creación de fuentes de empleo.
En razón de los hechos antes narrados, acude ante esta jurisdicción laboral para interponer la Acción de Amparo Constitucional contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO adscrita al MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, con sede en el municipio Cabimas del estado Zulia, para que le ordene otorgar la solvencia laboral para que pueda acceder a las imprescindibles divisas y seguir ejerciendo su actividad económica.



CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El amparo es la institución que tiene su ámbito dentro de las normas del derecho político o constitucional la cual va encaminada a proteger la libertad individual o patrimonial de las personas cuando han sido desconocidas o atropelladas por una autoridad, sin importar su índole, que actúa fuera del ámbito de sus atribuciones legales, y de esta manera, esta haciendo vulnerable las garantías de las personas establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o los derechos que ella protege.
Ahora bien, dentro de esta posición, el artículo 5 de la ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece que la acción de amparo puede ser acumulada al recurso contencioso administrativo de anulación contra los actos administrativos de efectos particulares o contra las conductas omisivas de la Administración, revistiendo tal acción una característica o naturaleza totalmente diferente a la anteriormente analizada, pues en estos casos, no se trata de una acción principal sino subordinada, accesoria a la acción o al recurso al cual se acumuló y, por ende, su destino es temporal, provisorio sometido a pronunciamiento jurisdiccional final que se emita en la acción acumulada que viene a ser la principal.
De tal manera, que la acción de amparo <> ejercida conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación (entiéndase: cautelar), basta el señalamiento de la norma o garantía constitucional que se consideren violadas, fundamentado además, en un medio de prueba que constituya presunción grave de la violación o amenaza de violación denunciada, para que el juez, en forma breve y sumaria, acuerde la procedencia de la suspensión de los efectos del acto administrativo como medio de tutelar anticipadamente los posibles efectos de la sentencia que posteriormente habrá de dictarse en el juicio de nulidad. (Véanse: artículos 5 y 22 de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y Garantías Constitucionales).
Adicionalmente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 492, expediente 00-439, de fecha 31 de mayo de 2000, caso: INVERSIONES KINGTAURUS CA, en ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, estableció que para la procedencia de la acción de amparo para la protección de los derechos y garantías constitucionales, es menester la confrontación directa del hecho, acto u omisión presuntamente lesivos con la norma constitucional denunciada y no legal, porque de ser así, se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la legalidad.
De allí, que la tuición de amparo esté reservada para restablecer situaciones que provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales, pero de ninguna forma de las regulaciones legales que se establezcan, aún cuando las mismas se fundamenten en tales derechos y garantías.
Siguiendo el criterio esbozado anteriormente, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 402, expediente 904, de fecha 20 de marzo de 2001, caso: MARVIN ENRIQUE SIERRA VELASCO contra MINISTRO DEL INTERIOR Y JUSTICIA, en ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL CON RECURSO DE NULIDAD, manifestó que la acción de amparo es un mecanismo de protección de derechos y garantías constitucionales, por lo que, para su procedencia debe verificarse la infracción a un derecho de ese rango o jerarquía, no pudiendo el juez que conoce del mismo analizar normas de rango legal o sub-legal para determinar una violación de rango constitucional, debiendo en todo caso, concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho constitucional invocado por el quejoso y, en segundo lugar, si esa violación, que por su naturaleza debe ser restituida en forma inmediata conduce a la convicción que debe preservarse ante el inminente riesgo de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que lo invoca.
Lo anterior quiere decir, que si el juez contencioso administrativo no puede obtener del recurso contencioso administrativo y sus anexos la presunción suficiente para entender que el acto administrativo impugnado vulnera derechos o garantías contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sino de las regulaciones legales que se establezcan, aún cuando las mismas se fundamenten en tales derechos y garantías, entonces negará la procedencia de la cautela y el proceso de nulidad seguirá su curso procesal hasta sentencia.
De igual forma, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 56, expediente 10-927, de fecha 16 de febrero de 2011, caso: E.M. PORTO en ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL, dejó sentencia la improcedencia de la medida cautelar de amparo cuando los términos sobre las cuales se solicita la medida cautelar coinciden con la pretensión de fondo, pues significaría, en cierto modo, emitir un pronunciamiento adelantado sobre el mismo y, en tal sentido, no haría, en caso de ser procedente el amparo, irreparable la situación jurídica planteada con infringida.
Ahora bien, con el propósito de evitar una lesión irreparable o de difícil reparación en el orden constitucional, al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto recurrido, pudiendo ello constituir un atentado al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; este juzgador considera prudente revisar los requisitos de procedencia de la medida cautelar de amparo constitucional solicitada conforme al alcance contenido en los artículos 103 y 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuyos requisitos deben verificarse en forma concurrente, a saber: “fumus bonis iuris” (entiéndase: humo u olor a buen derecho) y el “fumus periculum in mora” (entiéndase: humo u olor de peligro por el retardo), que surgen como pilares de la vía precautelativa en causalidad.
El primero de los requisitos determina la necesidad de evidenciar elementos del juicio que permitan presumir que la acción de nulidad del acto administrativo pueda ser estimada favorablemente, esto es, la apariencia de la verosimilitud de la existencia del derecho invocado y; el segundo de ellos, también determina la necesidad de evidenciar las circunstancias de hecho de que el derecho que se presume que será apreciado favorablemente, no va a poder ser satisfecho por la demora del proceso, a lo cual hay que adicionarle, conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la adecuada ponderación de los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.
La demostración de estos extremos determinan la procedencia y validez del decreto de la respectiva medida cautelar y ha de hacerla el interesado a través de un medio de prueba que constituya la presunción grave de ambas circunstancias, es decir, que a los efectos de la providencia cautelar, el ordenamiento jurídico, exige ineluctablemente la necesidad por parte del impugnante, de alegar a las actas procesales, fuentes probáticas, que hagan verosímil o hipotéticamente factible, el éxito de su pretensión, dado que en definitiva, sólo a la parte que tiene la razón en juicio, pueden causársele perjuicios irreparables que debe ser evitados.
Precisado lo anterior, constatada la pendencia del proceso y conforme al examen de la medida cautelar a que se contrae la presente solicitud, quién suscribe, pasa al análisis sobre el contenido del expediente atendiendo a los hechos invocados por la sociedad mercantil GAMA’S CABIMAS, CA, de la siguiente manera:
De la revisión del escrito del Recurso de Nulidad del Acto Administrativo, se desprende que la sociedad mercantil GAMA’S CABIMAS, CA, afirmó sostiene que la SUB-INSPECTORÍA DEL TRABAJO adscrita al MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, le vulneró los derechos al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus derechos económicos establecidos en el artículo 112 ejusdem, al comprometer en extremo la continuidad de sus actividades esgrimiendo una limitación inexistente en el artículo 4 del Decreto Presidencial No. 4.248 publicado en la Gaceta Oficial No. 38.371, de fecha 02 de febrero de 2006, ya que sencillamente, sin acceso a las divisas no tienen actividad económica que desarrollar, con la cual colateralmente, le violó lo establecido en el artículo 299 ejusdem, acerca de la obligación estatal de coadyuvar con el sector privado para promover y estimular la inversión y la creación de fuentes de empleo y, en ese sentido, solicitó el otorgamiento de la solvencia laboral para que pudiera acceder a las divisas y seguir ejerciendo su actividad económica.
De una interpretación del pasaje antes reseñado, encuentra este juzgador que en el caso sometido a la consideración de esta jurisdicción, no es posible confirmar la certeza de tal violación, pues de la revisión de las actas que componen este expediente, específicamente, de la providencia administrativa proferida por la SUB-INSPECTORÍA DEL TRABAJO adscrita al MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, de fecha 15 de junio de 2011, solamente se advierte que la negativa para otorgar la solvencia laboral solicitada el día 23 de mayo de 2011, se debió al incumplimiento del procedimiento de sanción ventilado en el expediente administrativo 008-2011-06-095, sin acompañar un medio de prueba suficiente que demuestre la veracidad de su planteamiento, razón por la cual, no se configuran el fumus bonis iuris (entiéndase: humo u olor a buen derecho) ni el “fumus periculum in mora” (entiéndase: humo u olor de peligro por el retardo), en relación a estos derechos de rangos constitucionales, más aún, cuando éstas devienen de regulaciones establecidas en el Decreto que regula el otorgamiento, vigencia, control y revocatoria de la solvencia laboral de los patronos y patronas, incluidas las asociaciones cooperativas que contraten los servicios de no asociados.
De otra parte, este juzgador observa que los términos sobre las cuales se solicita la medida cautelar de amparo coinciden con la pretensión de fondo, lo cual, significaría, en cierto modo, emitir un pronunciamiento adelantado sobre el Recurso de Nulidad del Acto Administrativo impugnado y, en ese sentido, se debe declarar la improcedencia de la medida cautelar de amparo constitucional en cuestión.
De la revisión de los argumentos anteriormente esbozados, considera este juzgador que no se deriva la presunción grave de violación de los derechos constitucionales presuntamente violados ni el peligro en el retardo para garantizar las resultas del juicio, razón por la cual, tampoco es posible concluir en la existencia de un riesgo inminente de causarse perjuicio irreparable a la sociedad mercantil GAMA’S CABIMAS, CA, y, en ese sentido, se declara improcedente la medida cautelar de amparo constitucional solicitada. Así se decide.

DISPOSITIVO

En razón de lo anterior, este TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara lo siguiente: IMPROCEDENTE la MEDIDA CAUTELAR DE AMPARO conjuntamente con el RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO CONJUNTAMENTE solicitada por la sociedad mercantil GAMA’S CABIMAS, CA, contra la providencia administrativa dictada el día 15 de junio de 2011 por la SUB-INSPECTORÍA DEL TRABAJO adscrita al MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL con sede en la ciudad de Cabimas, estado Zulia, a través de la cual le negó el otorgamiento de la solvencia laboral, cursante en el expediente administrativo signado bajo el No. 008-2011-10-1116.
No hay especial condenatoria al pago de las costas procesales dada la naturaleza del fallo.
Se hace constar que la sociedad mercantil GAMA’S CABIMAS, CA, estuvo representada judicialmente por los profesionales del derecho JOSÉ RICARDO MORILLO ESCALANTE y MAIDELYN ELENA LINARES PÉREZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo matriculas 123.429 y 146.063, domiciliados en el municipio Maracaibo del estado Zulia.
Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 3º del artículo 21 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
REGÍSTRESE y PUBLÍQUESE.
Dada firmada y sellada en la Sala del Despacho del TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Cabimas, a los veintidós (22) día del mes de septiembre del año dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
El juez,
ARMANDO J. SÁNCHEZ R.
La Secretaria,
JANETH RIVAS DE ZULETA

En la misma fecha y previo el anuncio de ley dado por el Alguacil adscrito al Circuito Judicial Laboral del Estado Zulia con sede en la ciudad de Cabimas, siendo las tres horas y veinte minutos de la tarde (03:20 p.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede, quedando registrado bajo el No. 677-2011.
La Secretaria,
JANETH RIVAS DE ZULETA