REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO
Maracaibo, 03 de Octubre de 2011
201° Y 152°
CAUSA N° 1M-233-11
DECISION: 091-11

Visto el escrito presentado por el Abogado AUER BARRETO COLON, obrando con el carácter de Defensor Privado del imputado JONATHAN LUIS VENEGAS POLO, identificados en autos, solicitando con base en el Articulo 264 del Código Orgánico Procesal Penal el Examen y Revisión de la Medida Privativa de Libertad, decretada en contra de su defendido en fecha 01 de Octubre de 2010, en el proceso penal seguido en su contra por la Fiscalía 18º del Ministerio Publico, por su participación como autor en la presunta en la comisión del delito de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR EN GRADO DE COMPLICIDAD, previsto y sancionado en el artículo 5 de la LEY SOBRE EL HURTO Y ROBO DE VEHICULOS AUTOMOTORES en concordancia con el artículo 84 ordinal 1° del Código Penal, cometido supuestamente en perjuicio de DUILIO DE JESUS BELLOSO ACOSTA; peticionando que la misma sea sustituida por otra menos gravosa de las contenidas en el Articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal; este Tribunal en conformidad con lo dispuesto en el Articulo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, que recoge la garantía de la Tutela Judicial Efectiva, en concordancia con los Artículos 173 y 177 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a resolver la solicitud presentada por la Defensa bajo las siguientes consideraciones:

I
Se sigue Proceso Penal en contra del ciudadano JONATHAN LUIS VENEGAS POLO, por su presunta participación en los delitos de de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR EN GRADO DE COMPLICIDAD, previsto y sancionado en el artículo 5 de la LEY SOBRE EL HURTO Y ROBO DE VEHICULOS AUTOMOTORES en concordancia con el artículo 84 ordinal 1° del Código Penal, cometido supuestamente en perjuicio de DUILIO DE JESUS BELLOSOS ACOSTA, según imputación formal que hiciera el Ministerio Publico en fecha 01 de Octubre de 2010, en el acto de audiencia de presentación de imputado verificada en esa fecha, en cuyo acto procesal el Juzgado Segundo de Control de este Circuito Judicial Penal, entre otros pronunciamientos, decretó la Detención Judicial Preventiva de Libertad del ciudadano JONATHAN LUIS VENEGAS POLO, ordenando su reclusión en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

II

La Defensa Privada representada por la Abog. AUER BARRETO COLON, Defensa Técnica del acusado JONATHAN LUIS VENEGAS POLO, presenta su solicitud de Examen y Revisión de la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, fundando su petición sobre la base las siguientes argumentaciones: “Omissis……"El día jueves 30 de septiembre de 2010, aproximadamente a las 10:00 horas de la mañana, me encontraba trabajando en mi vehículo...cubriendo la ruta Galerías 5 de julio, el milagro, cuando a la altura de de la Av. 2 del milagro con calle 78, cuando fui sometido por dos (02) ciudadanos desconocidos...uno de ellos se encontraba en la parte de atrás del vehículo y el otro en el puesto de copiloto...y me dijeron con un tono de voz que esto era un Robo...y me bajaron del vehículo, dejándome abandonado en la dirección antes mencionada...inmediatamente llame para colocar la denuncia ante el 171, indicándole a la centralista que mi vehículo tenia señal satelital (GPS), posteriormente recibí una llamada telefónica del 171, en la cual me indicaban que mi vehículo había sido recuperado por funcionarios de la Policía Regional, identifico al conductor de mi vehículo como JONATHAN LUIS VENEGAS POLO...el cual se encontraba acompañado para el momento de su aprehensión de un ciudadano adolescente...". Acta de denuncia de fecha 30-09-2010…DE LA ACUSACION. Acuso la respetada representación Fiscal del Ministerio Publico, a mi defendido por la presunta comisión de DELITO DE ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR EN GRADO DE COMPLICIDAD. Tomando como fundamento el grado de complicidad en la participación de mi defendido, solicito con mucho respeto y consideración a este digno Tribunal se sirva Revisar la Medida Cautelar Privativa de Libertad y tomando en cuenta la proporcionalidad de la pena a imponer, así como el hacinamiento reinante en los centros de reclusión provisional y penitenciaria, por otra menos gravosa de las establecidas en el articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente tomando como base las siguientes consideraciones: FUNDAMENTOS DE DERECHO PARA DECRETAR MEDIDA MENOS GRAVOSA: Que el delito de de Robo de Vehículo Automotor, tiene una pena para el autor de nueve a diecisiete anos, lo cual tiene una pena en concreto de trece anos y para el cómplice seria la mitad, la cual seria una pena en concreto de seis anos seis meses y sometiéndose al Procedimiento Especial de Admisión de Los Hechos se le restaría un tercio de la pena, quedando la pena a imponer en cuatro años cuatro meses. Sin tomar en cuenta la atenuante del artículo 74 del Código Penal, cual es no poseer antecedentes penales. Que la pena a imponer concretamente, aplicando el Procedimiento de Admisión de Los Hechos, no pasa de cinco (05) anos. Que mi defendido es primario en la comisión del hecho punible, vale decir no tiene antecedente policial, ni penal. … Por todo lo antes explanado, ratifico la solicitud muy respetuosamente a este digno Tribunal de Instancia, que se sirva Revisar la medida cautelar privativa de libertad y se permita decretar una medida menos gravosa, de las establecidas en el articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

En ese orden de ideas, entiende quien aquí decide que el dispositivo del Articulo 264 del Código Orgánico Procesal Penal autoriza al imputado o su defensor a solicitar la revocación-sustitución de la medida cautelar Privativa de Libertad, contenida en articulo 250 ejusdem, las veces que lo estime pertinente, solo si posterior a su decreto se ha verificado una variación en los supuestos que motivaron la misma, que permita sustituirla por otra menos gravosa capaz de satisfacer la finalidad del proceso, es decir, asegurar la asistencia del imputado a los actos del proceso para evitar que el valor justicia se vea burlado con la eventual sustracción al proceso del imputado, y con ella la finalidad del proceso y las resultas del mismo.- Lo que significa que resulta evidente que tal prerrogativa supone que concurra un cambio posterior o modificación sobrevenida en las circunstancias de hecho –o de derecho – que se tuvieron en cuenta inicialmente para imponer la privación judicial como excepción al Principio General de Libertad que consagran los Artículos 9 y 243 ejusdem.-

Las razones jurídicas y las circunstancias de hecho establecidas por el Juzgado Décimo Tercero de Control de éste Circuito Judicial Penal, según decisión de fecha 01 de Octubre de 2010, fecha en la cual se realizo el acto de Presentación de Imputado; para fundar la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, estriban en la consideración de que se cumplieron para ese momento los presupuestos de procedibilidad del Artículo 250, ordinales 1, 2 y 3 del Texto Penal Adjetivo.-

III

En atención a los fundamentos sobre los cuales la Defensa Técnica del imputado basa su petición, ya que considera que la conducta desplegada por su representado es la de la comisión del delito de robo agravado en grado de complicidad no necesaria (articulo 84, ordinal 1º del Código Penal), lo cual tomando en cuenta que la pena a imponer seria rebajada en la mitad y si el mismo se acoge al procedimiento especial por admisión de los hechos acusados, esta resultaría en cinco (05) años de prisión o menos, con la cual pudieran llegar a optar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, aunado al hecho de la demostración del arraigo de su representado a juicio de quien juzga, como la desaparición de toda posibilidad de obstaculización de la investigación ya que esta ha terminado, por lo que ha juicio de la defensa técnica del acusado de autos, el peligro de fuga y de obstaculización de la justicia esta descartado, constituyendo a su entender lo anteriormente expuesto un cambio de circunstancias por las cuales le fue decretada la privación judicial de libertad; al especto observa éste Órgano Jurisdiccional, que si bien la medida de Privación de libertad decretada al momento de la celebración de la audiencia de presentación de imputado, supra descrito, se dicto atendiendo a la existencia de suficientes elementos de convicción, así como al peligro inminente de fuga por parte del imputado, y en virtud de la pena que podría llegar a imponérsele, según lo establece el artículo 251 del Citado Texto Adjetivo; lo que a juicio del Tribunal Segundo de Control hacía procedente para ese momento de la imputación fiscal, estimar que se verifica la presunción razonable del peligro fuga, además de sostener que la medida de prisión preventiva en el caso del indicado imputado, si resulta proporcional, atendiendo a las circunstancias de la comisión del caso particular y la entidad social del delito imputado; no menos cierto resulta que ese criterio comporta una análisis rígido u estricto para estimar que sobre la base de la pena en abstracto, resulta comprobado de pleno derecho la verificación de la presunción grave del peligro de fuga, es pertinente traer a colación, que el parágrafo Primero del Articulo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, que hace referencia a la presunción ipso iure del peligro de fuga que opera cuando se esta en presencia de hechos punibles con penas a las privativas de libertad, cuyo termino máximo sea igual o superior a los diez años, resulta menester señalar que esa presunción ipso iure, no debe ser entendida por los jueces de manera absoluta e aislada, para estimar sin otras consideraciones sobre la procedencia de pleno derecho del peligro de fuga, ya que en razón del Voto Salvado de la Magistrado Dra. Blanca Rosa Mármol de León, en la sentencia dictada en fecha 14-06-04, exp: 2004-0139 por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, estableció el siguiente criterio:

“Omissis:…….En efecto, el juez debe ponderar que los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad deben privar sobre los límites de la pena que pueda ser impuesta, de tal forma que no se pierda de vista el principio de presunción de inocencia, y tomando en cuenta que el proceso pueda cumplirse con la presencia del imputado o acusado, por lo que el juez debe estimar concretamente las circunstancias de cada caso en particular, de acuerdo a lo pautado en el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, (arraigo en el país, la pena que pudiera imponerse, la magnitud del daño causado, el comportamiento del imputado durante el proceso y la conducta predelictual) para determinar si en efecto el justiciable ha ejecutado actos que impliquen la intención de fugarse o de evadir el juicio, o de entorpecer la realización de algún acto concreto del proceso, y ese análisis debe efectuarse, como ya se dijo, en particular, sin que ello conlleve efecto extensivo para con los co-imputados, en el caso de haberlos. De esa forma, la decisión sobre la medida judicial privativa de la libertad será dictada, mantenida o revocada atendiendo a los principios constitucionales, y de ser acordada, quedará sustentado su carácter excepcional.

Por ello, considerar sólo la pena que pudiera llegar a imponerse como único parámetro para estimar la posible fuga del procesado, comportaría un análisis meramente rígido e incompleto del caso puesto que el propio Código Orgánico Procesal Penal le da al juez la responsabilidad y la facultad de decidir si debe o no permanecer el imputado en libertad, cuando le dice en su artículo 251: “...A todo evento el Juez podrá, de acuerdo a las circunstancias que deberá explicar razonadamente, rechazar la petición fiscal e imponer al imputado una medida cautelar sustitutiva...”.

En tal sentido, haciendo un análisis del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, respecto al resto de los parámetros para considerar la procedencia del peligro de fuga, tenemos que el ordinal 1° hace referencia al arraigo en el país, determinado por su residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país, aportando el imputado en la verificación del acto de la presentación del imputado, la ubicación cierta de su residencia; de manera que existe un sitio determinado donde pudiera ser ubicado los imputados para los subsiguientes actos del proceso, quedando satisfecho ese parámetro del mencionado artículo; en relación al ordinal 2° de la indicada disposición, el mismo hace alusión a la eventual pena que podría llegar a imponerse al imputado; lo que conllevaría a hacer presumir que el imputado pudiese sentirse renuente a enfrentar el proceso dada la penalidad asignada; en lo atinente al ordinal 3° del mencionado Artículo, que hace referencia a la magnitud del daño social causado; tenemos sobre éste particular que el bien jurídico tutelado por el tipo penal denunciado, es el derecho a la propiedad infundiendo temor en la victima, la cual resulta trasgredida por la conducta del sujeto activo del delito, exigiendo la entrega de determinados bienes muebles patrimonio de las victima ejerciendo para ello la violencia en contra de la misma; por cuya fundamentación, el delito imputado apunta hacia la protección tanto al derecho a la propiedad, como a la seguridad de las personas, estimando un daño social de carácter grave, donde se pudiesen haber afectados interés particulares; en lo atinente al ordinal 4° de la referida disposición que se analiza, tenemos que de los autos no emerge alguna conducta desleal o rebelde, o por lo menos en otro proceso penal, que permita sostener que los acusados se vayan a someter a los actos del proceso, de manera que sobre éste aspecto, al no constar lo contrario, se presume fundadamente que resulta propicia la oportunidad para considerar que los imputados no se evadirán de la persecución penal; y por último, en relación al ordinal 5° de la señalada disposición, no se aprecia de los autos que el imputado hayan tenido conducta predelictual que conlleve a evidenciar que el mismo sea reincidente en la comisión de otro hecho punible, ya que no se encuentra acreditada registros de antecedentes penales.-

Haciendo un análisis integral de la disposición legal in comento, todo conlleva a presumir que en el caso de marras, se estima razonablemente que la circunstancia del peligro de fuga considerada inicialmente por el Tribunal de Control al momento de la celebración de la audiencia oral de presentación, tomada en cuenta conjuntamente con los supuestos de los ordinales 1° y 2° del Articulo 250 del texto penal adjetivo para el decreto de la medida de prisión preventiva, a quedado descartada para sostener que los acusados vayan a sustraerse del proceso evadiéndose u ocultándose de la persecución penal, toda vez que a juicio de quien decide se encuentra acreditada la circunstancia de arraigo en el país, ya que si bien es cierto concurren las circunstancias de los ordinales 1° y 2° del Articulo 251 del COPP considerados inicialmente para el decreto de la referida medida de coerción personal, pues del análisis integral realizado al contenido del Articulo 251 Ejusdem, encuentra este jugador que el imputado de autos ha logrado probar que el peligro de fuga en el caso de marras ha quedado descartado, sin que existan sospechas fundadas por la apreciación del caso en particular que los imputados evadan el proceso; fundamentos motivacionales estos que permite a criterio de esta instancia Judicial examinar y revisar la necesidad del mantenimiento de la medida de coerción personal in comento, y atendiendo a la política penitenciaria llevada a cabo el gobierno nacional, resultaría en consecuencia procedente en derecho sustituir la medida de prisión preventiva por otras menos gravosa que le permita someterse a la persecución penal en estado de libertad, y cumplir con la finalidad del proceso, como corolario del proceso penal vigente en materia de medidas de coerción personal, sobre el cual descansa los principios de la Presunción de Inocencia, Afirmación de la Libertad y Estado de Libertad a que se contraen los Artículos 8, 9 y 243 del COPP, según el cual las medidas restrictivas de libertad entre las cuales encontramos la Prisión Preventiva, debe ser utilizada de manera excepcional y como medida de ultima ratio, lo que significa que su concreción materializa el sagrado Principio de la Presunción de Inocencia previsto en el ordinal 2° del Articulo 49 de Texto Fundamental Constitucional, y 8 del Código procesal Penal, que deben ser apreciado por los Jueces en esta función Controladora de los Principios y Garantías constitucionales y legales del debido proceso.-

Finalmente, sobre la Institución del Examen y Revisión de la medida de privación de libertad, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro. 2426 de fecha 27/11/2001, mediante criterio vinculante precisó, lo siguiente:

“…Respecto de la revisión de la situación del imputado, lee esta Sala que el Código Orgánico Procesal Penal ha previsto de forma clara la posibilidad de revisar y examinar las medidas cautelares en el artículo 264 (que corresponde al artículo 273 anterior a la Reforma del instrumento), el cual prescribe que “El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente.” Así mismo, dispone la prenombrada norma que “En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas”. Ahora, se entiende que esta previsión regula exactamente dos supuestos: a) El irrestricto derecho del imputado a obtener un pronunciamiento judicial respecto de la necesidad de sostener o mantener la medida precautelativa de la que ha sido objeto con anterioridad, esto es, de incoar el examen de la vigencia de los supuestos de la medida; b) La obligación para el juez de examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares, de oficio, cada tres meses y “cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas”, obligación que, de acuerdo al principio pro libertatis, debe entenderse que consagra la posibilidad de sustituir y aun de revocar la medida precautelativa en cualquier momento en que los supuestos que la fundan hayan cesado de manera alguna, absoluta o parcialmente…”.

Asimismo, en decisión Nro. 2736 de fecha 17 de octubre de 2003, precisó:

“... Así pues, una vez que adquiere el carácter de firme la decisión privativa de libertad, hecho que puede suceder igualmente cuando no se interpuso el recurso de apelación, es cuando puede acudirse, en el proceso penal, al recurso de revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad, previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, para que el tribunal de primera instancia, ya sea de control o de juicio, pueda analizar, en virtud de esa solicitud, si los motivos que tomó en cuenta para privar la libertad no se encuentran vigentes o si bien el principio de proporcionalidad de la medida de coerción personal, contemplado en el artículo 244 eiusdem, ha sido vulnerado, para que, en caso de ser confirmados esos supuestos, pueda proceder a revocar o sustituir la medida privativa de libertad... ”.- (Negrilla y Cursiva del Tribunal).-

En atención a los argumentos motivacionales que fundamentan la anterior decisión, se considera ajustado en derecho conforme a los Artículos 264 y 256 del texto penal adjetivo, otorgar por vía de examen y revisión en favor del imputado JONATHAN LUIS VENEGAS POLO, medidas cautelares sustitutivas de la privación judicial preventiva de libertad, para el primero de los mencionados, las contenidas en los literales 3° y 6 ° del Articulo 256 Ejusdem, consistentes en la obligación de presentarse periódicamente cada treinta (30) días por ante el Departamento del Alguacilazgo de esta sede Judicial, en especial los días estipulados para la celebración de los actos procesales propios de esta fase del proceso y la prohibición de comunicarse con la víctimas o cualquier integrante de su grupo familiar.-Así de Decide.-

IV

En fuerza de los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y Por Autoridad de la Ley, decreta: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de Revisión y Examen de la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad presentada por el Abogado AUER BARRETO COLON, obrando con el carácter de Defensor Privado del mputado JONATHAN LUIS VENEGAS POLO y en consecuencia, le impone medidas cautelares menos gravosa que la privación judicial preventiva de libertad, para el primero de los mencionados, las contenidas en los literales 3° 6 ° del Articulo 256 Ejusdem, consistentes en la obligación de presentarse periódicamente cada treinta (30) por ante el Departamento del Alguacilazgo de esta sede Judicial, en especial los días estipulados para la celebración de los actos procesales propios de esta fase del proceso y la prohibición de comunicarse con la víctima o cualquier integrante de su grupo familiar.- SEGUNDO: Se ORDENA notificar al ciudadano Fiscal 18 del Ministerio Público, a la Defensa Privada peticionante de la solicitud de revisión objeto del thema decidendum, y a las víctimas, de la decisión adoptada por este Tribunal, para lo cual se ordena librar oficio dirigido al Departamento del alguacilazgo remitiendo las respectivas boletas de notificación.-Publíquese, registrase, notifíquese y Déjese copia certificada en Archivo.

EL JUEZ PROFESIONAL,


ABOG. LEANDRO JOSE LABRADOR BALLESTERO,

LA SECRETARIA,

ABOG. PATRICIA NAVA,
En esta misma fecha se registro la anterior resolución bajo el N ° 091-11 en el registro de resoluciones llevado por este Tribunal, se libraron las correspondientes boletas de notificaciones, al Departamento del Alguacilazgo.-

LA SECRETARIA,

ABOG. PATRICIA NAVA,