REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
SALA DE JUICIO-JUEZ UNIPERSONAL No 2
EXPEDIENTE: No. 14622
CAUSA: RETRACTO LEGAL ARRENDITICIO
PARTES: DEMANDANTE: ADALBERTO DADUL TAPIAS
Apoderado Judicial:
DEMANDADO: EDWIN ENRIQUE, ENDER ENRIQUE Y ERVYS ENRIQUE FUENMAYOR GALLARDO
PARTE NARRATIVA
Consta de los autos que en fecha de veinticuatro (24) de abril de dos mil nueve (2009) se recibió de la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos, con procedencia del Juzgado Sexto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia con ocasión a la Declinatoria de Competencia por dicho Juzgado declarada; demanda de RETRACTO LEGAL ARRENDITICIO, intentado por el ciudadano ADALBERTO DADUL TAPIAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.-13.758.809, domiciliado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia; asistido por la abogada BETSY COLMENTER, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 25.788; contra los ciudadanos EDWIN ENRIQUE, ENDER ENRIQUE Y ERVYS ENRIQUE FUENMAYOR GALLARDO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.162.555, V-5.162.554 y V-5.162. 556, respectivamente, y las adolescentes KARLA Y KAREN FUENMAYOR JIMENEZ, representadas por su madre la ciudadana TIBISAY JIMENEZ, titular de la cédula de identidad No. V-9.718.304; todos en su carácter de nuevos propietarios o adquirentes del inmueble que ocupa en calidad de arrendamiento y del cual era propietario el ciudadano LEOCADIO LUIS FUENMAYOR HERNANDEZ; titular de la cédula de identidad NO. 1.070.936.
En fecha 30 de abril de 2009, este Tribunal se avocó al conocimiento de la presente causa y ordenó la notificación de la parte para la continuación del proceso.
En fecha 14 de mayo de 2009, el ciudadano ADALBERTO DADUL TAPIAS, confirió poder a la abogada BETSY COLMENTER, inscrita en el Inpreabogado bajo el No.25.788.
Consta que en auto de fecha 08 de junio de 2009, este Tribunal ordenó la corrección de la demanda por carecer de los requisitos establecidos en los literales “d” y “e” del artículo 455 de la LOPNA.
En fecha 11 de junio de 2009, la abogada BETSY COLMENTER actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano ADALBERTO DADUL TAPIAS reformó la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil.
La anterior demanda fue admitida en fecha 16 de junio de 2009, ordenándose: la citación del demandado; se recibieron las pruebas indicadas por la actora para ser evacuadas en el acto oral de evacuación de pruebas; notificar al Fiscal Especializado del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones:
PARTE MOTIVA
Examinadas las actas procesales, observa este Tribunal que el proceso está paralizado desde el dieciséis (16) de junio de dos mil nueve (2009), discurriendo el tiempo desde entonces sin ningún acto de procedimiento que movilice la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso.
A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
De la lectura del artículo anterior se puede colegir claramente que toda instancia se extingue por el transcurso de un año (01) sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de impulso procesal por las partes.
El efecto de la perención es la extinción del proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos y las pruebas que resulten de los autos continuaran teniendo plena validez. La perención solo pone fin al proceso, el cual no continuara adelante a partir de la declaratoria de la misma.
El autor argentino Hugo Alsina, explica de forma espléndida la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, Pag. 423 a 425, de la siguiente manera:
“1) Concepto.
a) El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento.
b) Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular; instancia, impulso, obrar en juicio) y está reglamentado por la ley N°. 14.191.
c) Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es por que no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal”.
Es decir, que la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes.
De los artículos antes transcritos, se hace preciso determinar si en el presente caso se han configurado los presupuestos procesales que hagan procedente la declaratoria perención de la instancia en virtud de la inactividad procesal anual, en este sentido, se evidencia de las actas procesales que la parte actora no ha realizado ninguna actuación procesal desde el dieciséis (16) de junio de dos mil nueve (2009), fecha en la cual se admitió la demanda, pues bien, de un simple computo de desprende que hubo inactividad procesal por mas de un (01) año, en consecuencia, por las razones antes expuestas, se evidencia que el proceso ha perimido y se ha extinguido la instancia por caducidad procesal, que impide el libre acceso a la Jurisdicción y a la efectiva tutela judicial, habida cuenta que la parte demandante abandonó la actividad procesal y con ello hizo cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como enfermedad social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; mas entonces, al abandonar el mismo la parte actora, hace cesar el conflicto en su propia voluntad por autocomposición procesal; en consecuencia esta Juzgadora debe declarar la perención de la instancia. Así se decide.
PARTE DISPOSITIVA
DECISION
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio – Juez Unipersonal N° 2, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
CONSUMADA LA PERENCION Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el presente procedimiento de RETRACTO LEGAL ARRENDITICIO intentada por el ciudadano ADALBERTO DADUL TAPIAS, contra los ciudadanos EDWIN ENRIQUE, ENDER ENRIQUE Y ERVYS ENRIQUE FUENMAYOR GALLARDO, y las adolescentes (identificación omitida), representadas por su madre la ciudadana TIBISAY JIMENEZ, anteriormente identificados.
No hay costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese. Regístrese. Notifíquese. Déjese copia certificada por Secretaría.
Dada, firmada y sellada en la Sala N° 02 del Despacho del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los diez (10) días del mes de octubre de dos mil once (2011). 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
La Juez Unipersonal No. 2,
Dra. Inés Hernández Piña.
La Secretaria,
Abog. Militza Martínez Portillo.
En la misma fecha, siendo las 9:20 a.m. previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia Interlocutoria bajo el No. 1477. La Secretaria.
Exp.14622
IHP/no*
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