REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Maracaibo, veintiocho (28) de octubre de dos mil once (2011). 201° y 152° Vistos los escritos presentados en fechas 22, 29 de septiembre, 03 y 21 de octubre 2011 por las parte demandada y demandante, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, se abstiene de resolver con relación a los mismos, en virtud de las siguientes consideraciones procedente realizar las siguientes consideraciones: En fecha 06 de Mayo de 2011, fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, ello, con motivo a que el Estado como garante del disfrute pleno de todos los derechos fundamentales inherentes a la existencia humana, entre ellos el derecho el derecho a una vivienda digna, el cual implica un enorme esfuerzo de todos los órganos y entes del Estado, en función de la complejidad social y económica de la solución de los problemas habitacionales. Actualmente, existe una enorme cantidad de familias que dependen de la disponibilidad de viviendas en el sector inmobiliario, bien por la vía de arrendamiento y las diversas formas de ocupación o mediante la compra a crédito. El individuo al residir por un extenso período en un mismo lugar, desarrolla sentido de pertenencia y apego hacia la vivienda que considera su hogar, y que, al ser arrancado abruptamente de su morada genera tensiones psicológicas y fisiológicas derivadas de la pérdida, aunando a ello las consecuencias económicas y sociales que afectan directamente a todos los miembros del grupo familiar y hasta cierto modo al de la sociedad. Igualmente, la Declaración de Derechos Humanos, dispone que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derechos a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al derecho de tener una vivienda adecuada. Ahora bien, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, a los efectos de materializar la protección debida a la vivienda, establece en su artículo 5, lo siguiente: “Previo al ejercicio de cualquier otra acción judicial o administrativa que pudiera derivar en una decisión cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda principal, en perjuicio de alguno de los sujetos protegidos por este Decreto-Ley, deberá tramitarse por ante el Ministerio con competencia en materia de hábitat y vivienda, el procedimiento descrito en los artículos subsiguientes.” (negritas y subrayado de este juzgado). Igualmente, el Artículo 4 (del Decreto in Fine) reza que: “A partir de la publicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, no podrá procederse a la ejecución de desalojos forzosos o a la desocupación de viviendas mediante coacción o constreñimiento contra los sujetos objeto de protección indicados en este Decreto Ley, sin el cumplimiento previo de los procedimientos especiales establecidos, para tales efectos, en el presente Decreto-Ley. Los procesos judiciales o administrativos en curso para la entrada en vigencia de este Decreto-Ley, independientemente de su estado o grado, deberán ser suspendidos por la respectiva autoridad que conozca de los mismos, hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en este Decreto-Ley, luego de lo cual, y según las resultas obtenidas, tales procesos continuarán su curso.” (negritas y subrayado de este Juzgado). Así las cosas, por cuanto en el presente juicio se pretende el pago de cantidades de dinero con garantía otorgada sobre un inmueble (Ejecución de Hipoteca), y de las actas se desprende que el inmueble dado en garantía por la parte demandada es una vivienda de tipo familiar, donde inclusive reside una de las demandadas según se desprende de la intimación personal practicada por el Alguacil de este Juzgado, en virtud de lo cual, de llegarse a trabar ejecución sobre el inmueble hipotecado comportaría ineludiblemente su desocupación, este jurisdicente en acatamiento a lo ordenado en el único aparte del Artículo 4 del Decreto-Ley antes mencionado, considera procedente en derecho SUSPENDER EL CURSO DE LA CAUSA, hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en el aludido Decreto-Ley, luego de lo cual, y según las resultas obtenidas, el presente proceso continuaría su curso, y así quedará establecido en el dispositivo de la presente causa. Así se Decide. Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: SUSPENDIDO el curso de la presente causa hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, luego de lo cual, y según las resultas obtenidas, el presente proceso continuaría su curso. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en Maracaibo a los veintiocho (28) días del mes de octubre de dos mil once (2011). Años: 201° de la Independencia y 152º de la Federación.- Déjese copia certificada de este fallo por secretaría conforme a lo dispuesto en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.- EL JUEZ TEMPORAL, DR. CARLOS EDUARDO MÁRQUEZ CAMACHO.- LA SECRETARIA, DRA. MARIA ROSA ARRIETA FINOL En la misma fecha previo cumplimiento de las formalidades de Ley siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) se dictó y publicó la anterior resolución, la cual quedó anotada en el libro respectivo con el N°____.- LA SECRETARIA, DRA. MARIA ROSA ARRIETA FINOL. CEMC/MRAF/22.-