REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Expediente No. 44.542. Motivo: Solicitud de Medida Preventiva de Embargo. Visto el anterior escrito de medida, presentado por la abogada en ejercicio MARYLAURA CÁRDENAS SOTO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 111.552, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora el ciudadano JOSÉ LUIS PEROZO PARRA, en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SEGURO sigue en contra de la sociedad mercantil SEGUROS ÁVILA, C.A., se le da entrada y el curso de ley. Fórmese pieza de medida y Numérese. El Tribunal para resolver observa: Solicitó la apoderada judicial de la parte actora a este Tribunal que de conformidad con lo previsto en el artículo 588 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, decrete medida de EMBARGO PREVENTIVO sobre bienes muebles propiedad de la demandada. Ahora bien, En torno al decreto de medidas cautelares el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.” (Énfasis del Tribunal) En el mismo orden de ideas, el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil dispone: “En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas: 1° El embargo de bienes muebles; 2° El secuestro de bienes determinados; 3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado…” Al realizar esta Juzgadora, un análisis de las disposiciones ut supra transcritas, y especialmente del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, se hace evidente que el Legislador Patrio exigió el cumplimiento de ciertas condiciones o requisitos para la procedibilidad de las medidas cautelares, pues además de la existencia de un juicio pendiente (pendente litis), exige la demostración de la presunción grave del derecho que se reclama (fumus bonis iuris), definido por el Dr. Rafael Ortíz Ortíz, como “la apariencia de certeza o de credibilidad del derecho invocado por parte del sujeto que solicita la medida…”, e igualmente, la presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo (fumus periculum in mora), desarrollado por el mismo autor, como “la probabilidad potencial de peligro de que el contenido del dispositivo sentencial pueda quedar disminuida en su ámbito patrimonial o extrapatrimonial, o de que una de las partes pueda causar un daño en los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales, aunado a otras circunstancias provenientes de las partes con la lamentable consecuencia de quedar ineficaz la majestad de la justicia en su aspecto práctico”; por lo que, la demostración en forma concurrente de los mismos, constituye una verdadera carga procesal para el solicitante de la medida cautelar, siempre que dicha solicitud sea realizada por la vía de la causalidad. Ahora bien, una vez aclarados los conceptos doctrinarios pertinentes, este Órgano Decisor, haciendo un análisis de las actas observa que los elementos aportados por el actor no constituyen una presunción grave del derecho que se reclama, ya que si bien riela en el expediente copia simple de la póliza de seguro y de la denuncia formulada ante el organismo policial competente, también se observa copia simple de la solicitud de importación temporal de vehículo para turista expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en fecha 10 de marzo de 2009, lo cual desvirtúa la gravedad de la presunción del derecho reclamado y por lo tanto, hace improcedente el decreto de la medida solicitada. Así se decide. Por los fundamentos antes expuestos este Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia NIEGA la MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO sobre bienes muebles propiedad de la demandada. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión. Publíquese, y Regístrese. Déjese copia certificada por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil, y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los ( ) días del mes de Octubre de dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.- La Juez, (fdo) La Secretaria Temporal, Dra. Eileen Lorena Urdaneta Núñez (fdo) Abog. Alessandra Patricia Zabala. En la misma fecha, previas las formalidades de Ley, y siendo las ______, se dictó y publicó la resolución que antecede, quedando anotada bajo el No. ______. La Secretaria Temporal, (fdo) Abog. Alessandra Patricia Zabala. Quien suscribe, la Secretaria Temporal Abog. Alessandra Patricia Zabala, hace constar que la anterior resolución es copia fiel y exacta de su original que reposa en el Expediente No. 44.542. Lo certifico. En Maracaibo a los ( ) del mes de Octubre de dos mil once (2011). La Secretaria Temporal, Abog. Alessandra Patricia Zabala. ELUN/mnss.