REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Quinto del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Maracaibo, veinticinco de octubre de dos mil once
201º y 152º

ASUNTO: VH02-X-2011-000065

SENTENCIA RESOLVIENDO INHIBICIÓN

Demandantes: HOILER FUENMAYOR, YVAN RAMÍREZ, ERICK GONZÁLEZ, ANTONIO PEÑA y ELVIS VILLAMIZAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad números 18.604.909, 8.697.703, 19.409.539, 23.895.527 y 17.085.092, domiciliados en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.
Apoderados Judiciales de la parte demandante: Carlos Ramírez González, Nerio Cordero Boscán, Elio Nieto Ríos, Leonela López Florido, Ledys Parra Paredes, Gladys Reyes Sánchez y Manuel Delgado González, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 12.873.097, 9.703.288, 14.005.293, 17.805.276, 15.849.958, 16.943.305 y 20.380.017 respectivamente.
Demandada: ILLUSION´S COMERCIALIZACIÓN Y VENTA, C.A., sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 06/06/2007, bajo el no.29, tomo 59-A, de los libros llevados por el mencionado registro.
Apoderado Judicial de la demandada: Rafael Morillo Eichner, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el no.83.287.

Motivo: Inhibición formulada por el Doctor Neudo Enrique Ferrer González, en su condición de Juez Titular a cargo del TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN Y PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA.

Se recibieron las presentes actuaciones conformadas por la inhibición planteada por el Doctor Neudo Enrique Ferrer González, en su condición de Juez Titular a cargo del TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN Y PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA, en fecha veintiuno (21) de octubre del año 2011, dándosele entrada, y encontrándose este TRIBUNAL SUPERIOR QUINTO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, dentro del lapso que otorga la ley, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, (Gaceta Oficial no.37.504, extraordinaria 13 de agosto del año 2002), el cual señala:
“En los casos de inhibición, el Juez a quien corresponda conocer de la misma, deberá decidirla dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actuaciones”(Subrayado nuestro)

En este orden de ideas, se concatena la mencionada norma citada, con el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, (Gaceta Oficial no. 3.970, extraordinaria del 13 de marzo del año 1987), la cual establece:
“En los casos de inhibición, corresponderá la decisión de la incidencia a los funcionarios que indica la Ley Orgánica del Poder Judicial, los cuales dictarán la resolución dentro de los tres días siguientes al recibo de las actuaciones” (Subrayado nuestro)

Asimismo, en la Ley Orgánica del Poder Judicial (Gaceta Oficial Extraordinario no. º 5.262 del 11 de septiembre de 1998).

Artículo 46. En los casos de inhibición o recusación de todos los jueces de un tribunal superior, corresponderá la decisión a los suplentes en el orden de su elección, y agotados éstos, a los conjueces en el orden de su designación, a menos que hubiere en la localidad otro tribunal de igual categoría y competencia, caso en el cual deberán ser pasados a éste los autos a los fines del conocimiento de la incidencia y de ser declarada con lugar la recusación o inhibición, del conocimiento del fondo del asunto.


En este orden de ideas, esta Superioridad encontrándose en tiempo oportuno, dicta la presente resolución en los siguientes términos:

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en el Código de Procedimiento Civil establecen la figura de la inhibición, a los fines de garantizar al justiciable el derecho de ser juzgado por un Juez imparcial, y de acuerdo a los postulados constitucionales, determinantes en el proceso, toda vez que garantizan una justicia idónea, transparente, independiente, responsable. (Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

Al respecto la doctrina, al explicar la figura de la inhibición, ha referido lo siguiente:

“…La inhibición se puede definir entonces como el acto del Juez de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella, prevista por la Ley como causa de recusación…” (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo I, Teoría General del Proceso, Dr. A. RENGEL ROMBERG, página 409).


En efecto, se evidencia de las actas procesales que el Doctor Neudo Enrique Ferrer González, en su condición de Juez Titular a cargo del TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN Y PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA, se inhibió a conocer del presente proceso, según acta de fecha dieciocho (18) de octubre del año 2011, que riela del folio 1 - 5 de la pieza de Inhibición, aduciendo lo siguiente:

“…Ahora bien, se constata de las actas procesales que corre inserto poder judicial autenticado por ante la Notaria Pública Décima Primera del Municipio Maracaibo del Estado Zulia (folios del 53 al 58 del expediente principal), y de cuyo contenido se extrae que quien visó el poder, lo fue el profesional del Derecho ROBERTO ABREU, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad no.13.912.080, quien además y, según el mandato en cuestión, ostenta de cualidad de apoderado judicial de la parte demandada, sociedad mercantil ILUSION¨S COMERCIALIZACIÓN Y VENTA, C.A., tal y como se trascribe a continuación:
Yo, LUIS EMIRO URDANETA FUENMAYOR, venezolano, mayor de edad, abohgado, titular de la cédula de identidad no.7.756.614, domiciliado en la ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en este acto con el carácter de PRESIDENTE el (sic) ILUSION¨S COMERCIALIZACIÓN Y VENTA, C.A., sociedad mercantil debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 06 de Junio de 2007, bajo el No.29, Tomo 59-A de los libros de registro llevados por ante mencionado Registro, por el presente documento declaro que: Confiero poder especial amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiere a los doctores: JOSÉ IGNACIO SOCORRO, ROBERTO ABREU, RAFAEL MORILLO EICHNER, NOEMY MENDEZ y ERICA CASAS (,) venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V.7.788.821, V.13.912.080…”(Omissis).

Es el caso que el profesional del Derecho ROBERTO ABREU, antes identificado, quien es apoderado judicial en esta causa de la demandada, ILUSION¨S COMERCIALIZACIÓN Y VENTA, C.A., en la actualidad también ejerce un mandato judicial en mi nombre y representación, ya que ha actuado y actúa como mi apoderado judicial en una causa que le sigo a la sociedad mercantil P.S.L., C.A., por un cobro de Bolívares por Daños y Perjuicios, derivados de un cobro de un IPC en la adquisición de mi vivienda principal, y ello se comprueba de las copias que acompaño de reciente decisión dictada por Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial…”

De lo expuesto, quien decide observa que el Juez inhibido, dio cumplimiento a abstenerse de seguir conociendo de la causa, al plantear un hecho, que podría afectar los derechos constitucionales que tienen los justiciables a obtener una justicia imparcial, responsable y transparente, ya que la misma no se encuentra, tal y como lo señaló el juez inhibido, en una causa que no se esta establecida taxativamente en las señaladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Así las cosas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha reconocido que estas causales no abarcan todas las conductas que puede desplegar el juez a favor de una de las partes, lo cual resulta lógico, pues “los textos legales envejecen (...) y resultan anacrónicos para comprender nuevas situaciones jurídicas, y la reforma legislativa no se produce con la rapidez necesaria para brindar las soluciones adecuadas que la nueva sociedad exige” (Enrique R. Aftalión. Introducción al Derecho. 3ª edición. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1999, p. 616).
En este sentido, la Sala en sentencia no. 144/2000 del 24 de marzo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha indicado lo siguiente:
“En la persona del juez natural, además de ser un juez predeterminado por la ley, como lo señala el autor Vicente Gimeno Sendra (Constitución y Proceso. Editorial Tecnos. Madrid 1988) y de la exigencia de su constitución legítima, deben confluir varios requisitos para que pueda considerarse tal. Dichos requisitos, básicamente, surgen de la garantía judicial que ofrecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los siguientes: 1) Ser independiente, en el sentido de no recibir órdenes o instrucciones de persona alguna en el ejercicio de su magistratura; 2) ser imparcial, lo cual se refiere a una imparcialidad consciente y objetiva, separable como tal de las influencias psicológicas y sociales que puedan gravitar sobre el juez y que le crean inclinaciones inconscientes. La transparencia en la administración de justicia, que garantiza el artículo 26 de la vigente Constitución se encuentra ligada a la imparcialidad del juez. La parcialidad objetiva de éste, no sólo se (sic) emana de los tipos que conforman las causales de recusación e inhibición, sino de otras conductas a favor de una de las partes; y así una recusación hubiese sido declarada sin lugar, ello no significa que la parte fue juzgada por un juez imparcial si los motivos de parcialidad existieron, y en consecuencia la parte así lesionada careció de juez natural; 3) tratarse de una persona identificada e identificable; 4) preexistir como juez, para ejercer la jurisdicción sobre el caso, con anterioridad al acaecimiento de los hechos que se van a juzgar, es decir, no ser un Tribunal de excepción; 5) ser un juez idóneo, como lo garantiza el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar; en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar. (Subrayado de la Sala)

En consecuencia; atendiendo al impedimento argumentado, este Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la inhibición formulada por el Doctor Neudo Enrique Ferrer González, en su condición de Juez Titular a cargo del TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN Y PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA. SEGUNDO: SE ORDENA comunicar la presente decisión al Juez inhibido, remitiéndole copia certificada de la misma.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y OFÍCIESE.

Dada en Maracaibo a los veinticinco (25) días del mes de octubre del año dos mil ocho (2011).- Año 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

THAIS VILLALOBOS SÁNCHEZ

LA JUEZ SUPERIOR

MAYRÉ OLIVARES
LA SECRETARIA

Siendo las 10:55 a.m. de la mañana este Juzgado Superior del Trabajo dictó y publicó la presente decisión bajo el no. PJ0642011000163.


MAYRÉ OLIVARES
LA SECRETARIA

Asunto: VH02-X-2011-000065