REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Expediente Nº 14.344 No. 277 MOTIVO: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, por Cobro Prestaciones Sociales. PARTE DEMANDANTE: OMAR BENITO TORRES BALLESTERO, titular de la cédula de identidad No. V-11.949.362. PARTE DEMANDADA: INSTITUTO AUTONOMO POLICIA DEL MUNICIPIO VALMORE RODRIGUEZ DEL ESTADO ZULIA. Se recibe demanda Mediante escrito, presentado en fecha 30 de septiembre de 2011, por el ciudadano OMAR BENITO TORRES BALLESTERO, asistido por el abogado JOEL ARMANDO DORANTE LOPEZ, titular de la cedula de identidad N° V-11.947.433, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 152.386. En fecha 03 de octubre de 2011, se le dio entrada. Siendo la oportunidad para decidir sobre la admisión pasa este Juzgado, a resolver lo conducente: PRETENSION DEL DEMANDANTE: Fundamenta la parte actora su demanda en los siguientes alegatos: Que en fecha 02 de Agosto del año 2009, fue designado para ocupar el cargo de Inspector Jefe, por el Director General y Presidente del Instituto Autónomo de la Policía del Municipio Valmore Rodríguez del Estado Zulia. Que en fecha 01 de Diciembre de 2009, según resolución No. 0897-DA 2009, fue ascendido al Grado de Sub-Comisario, por disposición del Alcalde del Municipio Valmore Rodríguez del Estado Zulia, y que en fecha 14 de julio de 2010, según resolución No. 0182-2010-D.A., fue designado como PRESIDENTE del Instituto Autónomo de la Policía del Municipio Valmore Rodríguez del Estado Zulia, por disposición del Alcalde del Municipio Valmore Rodríguez del Estado Zulia. Que en fecha 14 de julio de 2010, según resolución No. 0502-2010-D.A., fue ascendido al Grado de Comisario, por disposición del Alcalde del Municipio Valmore Rodríguez del Estado Zulia. Que en fecha 01 de Junio de 2011, renuncio al crgo COMISARIO Y DIRECTOR ADJUNTO del Instituto Autónomo de la Policía del Municipio Valmore Rodríguez del Estado Zulia. (ver folio 12) Finalmente por todo lo anteriormente expuesto, la parte demandante solicita que la Alcaldía del Municipio Valmore Rodríguez del Estado Zulia sea obligada como patrono a pagar los conceptos laborales que se le adeudan. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL De lo anterior, se evidencia que estamos frente a una controversia suscitada entre un funcionario público y la administración pública Municipal, por lo que es importante señalar el contenido del artículo 1 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que dispone: “La presente Ley regirá las relaciones de empleo público entre los funcionarios y funcionarias públicos y las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales” Así mismo, Observa este tribunal que en fecha 16 de Junio de 2010, se público en Gaceta Oficial N° 39.447, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, establece en el artículo 25 ordinal 6: “Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la Ley” En consecuencia a la consideraciones realizadas y las normas transcritas, se concluye que es este Órgano Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia el competente para conocer de la presente acción, por la materia y el territorio; en virtud de lo cual, se declara competente para conocer del presente recurso contencioso administrativo funcionarial por Cobro de Prestaciones Sociales, arriba identificado. ASÍ SE DECIDE.- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Observa este Órgano Superior Jurisdiccional, que el artículo 94 de la de la Ley del Estatuto de la Función Pública, dispone que: “Todo recurso con fundamento en esta ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto”. (Negrillas del Tribunal) Del artículo antes citado, se desprende que toda acción intentada con fundamento en la Ley del Estatuto de la Función Pública deberá ser interpuesta ante los órganos jurisdiccionales en el lapso que allí se establece, aplicable en los casos, donde exista una relación jurídico administrativa funcionarial que vincule a la parte con el órgano administrativo respectivo. Dicho artículo establece un lapso de tres meses para incoar la querella a partir del día en que se produce el hecho que da lugar al recurso. Tanto la doctrina como la jurisprudencia, han reiterado de manera pacífica, que la disposición antes transcrita, establece un lapso de caducidad, lo cual indica, necesariamente, que estamos en presencia de un término que no admite paralización, detención, interrupción ni suspensión, sino que el mismo transcurre fatalmente, y su vencimiento ocasiona la extinción del derecho que se pretende hacer valer, por ende, la acción ha de ser interpuesta antes de su vencimiento. Así pues, se fija un término para el ejercicio de la acción, con el propósito de dar estabilidad al acto administrativo no impugnado dentro de ese término, y afianzar la seguridad jurídica tanto de las partes como de la propia Administración. Ahora bien, en relación a lo antes expuesto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 1643 del 03 de octubre de 2001 (Caso: Mario Téllez García y otro) indicó que: “…que si bien el derecho al trabajo, puede señalarse sin duda alguna como un “derecho fundamental”, y que además todo lo que se desprenda y desarrolle de tal derecho (como las prestaciones sociales por ejemplo), debe ser respetado y garantizado por los operadores de justicia tal como lo ordena el artículo 19 de la Carta Fundamental; dicho derecho por ser tal, no puede interpretarse como absoluto y no sometido a límite alguno, estableciendo la inexistencia de lapsos para los reclamos en razón de ellos o aplicando lapsos consagrados en otras disposiciones normativas ajenas a la especialidad de la materia y a la ley respectiva, ya que los lapsos procesales son materia de orden público; y ello supondría una violación al principio de legalidad y especialización –funcionario público-, que podría derivar en una situación de anarquía jurídica”. (Subrayado del Tribunal). Entonces, para determinar la caducidad de una acción, siguiendo las pautas establecidas en la norma comentada, es necesario establecer, en primer término cuál es el hecho que dio lugar a la interposición de la querella; y, en segundo lugar, una vez determinado lo anterior, es imprescindible establecer cuando se produjo ese hecho. En consecuencia, esta Juzgadora observa que el hecho que dio lugar a la querella por cobro de prestaciones sociales, se produjo según lo indicado por el querellante en su escrito libelar, con la entrega en fecha 01 de junio de 2011, del Acto Administrativo de Retiro, de fecha 01 de junio de 2011; es a partir de esa fecha, que le nació el derecho a interponer la Demanda por Cobro de Prestaciones Sociales. Ahora bien, de las actas procesales se desprende que la parte actora interpuso la misma ante este Tribunal en fecha 30 de septiembre de 2011; es evidente que desde el 01 de Junio de 2011, hasta la fecha de la interposición, ha transcurrido sobradamente el lapso de 03 meses, previsto en el nombrado artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por lo que se le es forzoso a esta Juzgadora declarar inadmisible el presente recurso contencioso funcionarial por haber operado su caducidad. Así se decide.- DECISIÓN Por los fundamentos expuestos este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide: 1. Se declara COMPETENTE para conocer el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, por Cobro Prestaciones Sociales, interpuesto por el ciudadano OMAR BENITO TORRES BALLESTERO, contra el INSTITUTO AUTONOMO POLICIA DEL MUNICIPIO VALMORE RODRIGUEZ DEL ESTADO ZULIA. 2. Declara INADMISIBLE por haber operado la Caducidad de la presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial por Cobro de Prestaciones Sociales con fundamento a lo establecido en el artículo 94 de la Ley sobre el Estatuto de la Función Pública y la sentencia No. 1643 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 03 de octubre de 2006. Así se decide. PUBLIQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFIQUESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en Maracaibo a los cuatro (04) días del mes de Noviembre de 2011. Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación. La Juez, Dra. GLORIA URDANETA DE MONTANAR La Secretaria, Abg. DAYANA RAMONA PERDOMO SIERRA En la misma fecha y siendo las once de la mañana (11:00 p.m.); se publicó y se registró el fallo anterior bajo el N° 277, anotado en el libro de control de sentencias interlocutorias llevados por este Tribunal. La Secretaria, Abg. DAYANA RAMONA PERDOMO SIERRA Exp. N° 14.344 GUdeM/DRPS/fa