REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA I.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.- PARTE ACTORA: BANCO DEL CARIBE, C.A. (BANCO UNIVERSAL) empresa domiciliada en Caracas, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción del Distrito Federal y Estado Miranda el 09-07-1958, la cual quedó anotada bajo el N 74, Tomo 16-A, cuyos estatutos fueron reformados íntegramente según asiento inscrito en la Oficina de Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 12-12-1998, bajo el Nº 29, Tomo 57, Tomo 120-Sgdo. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogado PEDRO LUÍS PÉREZ BURELLI, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nº 6.965.973, domiciliada en la Ciudad de Lechería, Estado Anzoátegui, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 38.942. PARTE DEMANDADA: ciudadana LAURA MARIBEL GUTIERREZ VELASQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nº 8.031.571, domiciliada en el Valle de Pedro González, Sector Salinas, estado Nueva Esparta. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No Acreditó I.- BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS DEL PROCESO.- Se inicia la presente demanda por RESOLUCIÓN DE CONTRATO CON RESERVA DE DOMINIO, presentada por el abogado PEDRO LUIS PEREZ BURELLI en su carácter de apoderados judiciales del BANCO DEL CARIBE, C.A. (BANCO UNIVERSAL) en contra de la Ciudadana LAURA MARIBEL GUTIERREZ VELASQUEZ, con fundamento en el artículo 22 de la Ley sobre Ventas con Reserva de Dominio. Recibida en fecha 16-03-2011 por distribución (vuelto del f.20). Por auto de fecha de fecha 21-03-2011 (f. 21) se aceptó la declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito del Estado Anzoátegui, en razón que la demandada ciudadana LAURA MARIBEL GUTIERREZ VELASQUEZ, se encuentra domiciliada en esta jurisdicción. En fecha 21-03-2011 (f. 22 y 23) se admitió la presente demanda y se ordenó la citación de la demandada para que compareciera por ante este Tribunal al segundo (2do) día de despacho siguiente a su citación, a dar contestación a la demanda incoada en su contra. Siendo la oportunidad para decidir sobre la misma este tribunal lo hace bajo las siguientes consideraciones: III.- FUNDAMENTOS DE LA DECISION.- LA PERENCION DE LA INSTANCIA El Numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “..Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...”. Sobre este particular el Tribunal Supremo de Justicia en fallo del 06.07.2004 de la Sala de Casación Civil, estableció lo siguiente: “…Que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plana aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfecha por los demandantes dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencia en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de las obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especia o de otra forma, entre tanto que la obligación que aún subsiste de transportación de los funcionarios auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se publicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece. Estos nuevos argumentos doctrinales como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero si para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Y así se decide…” De lo anterior se colige que dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda el actor mediante presentación de diligencia está en la obligación de suministrar o poner a la disposición del alguacil los medios estrictamente necesarios de transporte para su traslado o por lo menos suministrar la dirección de la parte demandada cuando la citación deba efectuarse en un sitio que diste a más de 500 metros de la sede del tribunal, pues de lo contrario, dicha omisión acarrearía inevitablemente la perención de la instancia conforme al numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Como se evidencia la Sala Civil de nuevo le da vida a la perención breve con la particularidad de que las obligaciones del actor no estarán centradas en el pago de emolumentos o derechos arancelarios como operaba antes de la promulgación del texto fundamental, sino en proporcionarle al funcionario encargado de llevar a cabo la citación el transporte necesario para su traslado al sitio donde se encuentra el demandado, cuando éste- se reitera- se encuentre a más de 500 metros de la sede del tribunal. Establecido lo anterior, se desprende de las actas que la parte accionante incumplió con la carga procesal que le fue impuesta según el fallo parcialmente trascrito, toda vez que durante los treinta (30) días siguientes a la admisión no concurrió al proceso a los efectos de poner a la disposición de la alguacil los medios de transporte necesarios para que se llevara a cabo su traslado a los efectos de efectuar la práctica de la citación de la demandada ciudadana LAURA MARIBEL GUTIERREZ VELASQUEZ, todo lo cual conduce a declarar la consumación de la perención de la instancia con fundamento en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide. IV.- DISPOSITIVA Por los anteriores señalamientos, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por imperio del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA. Dada, sellada y firmada en la sala de despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. La Asunción, (30) de Mayo del año Dos Mil Once (2011). Años: 201º y 152° LA JUEZA TITULAR, Dra. JIAM SALMEN DE CONTRERAS. LA SECRETARIA, Abg. CECILIA FAGUNDEZ.- En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión. Conste. LA SECRETARIA, Abg. CECILIA FAGUNDEZ EXP. Nº 11.209-11 JSDC/CF/pbb.-