TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la
Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta
La Asunción, 9 de mayo de 2011
Año 201º y 152º
ASUNTO Nº. OP02-H-2008-000382

Se inicia la presente causa en fecha 23.10.2008 por solicitud de homologación suscrita por la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta, respecto de acuerdo de régimen de convivencia familiar suscrito entre las ciudadanas EUGENIS ALFONZO y ODALIS VARGAS, titulares de las cédulas de identidad números 18.113.939 y 5.231.301 respectivamente, tia materna y abuela paterna de los hermanos (OMITIDOS CONFORME A LA LEY), la cual es admitida en fecha 27.10.2008, no obstante ello se instó al representante de dicha Defensoría a indicar a este Despacho bajo que figura se encontraban los mencionados niños, toda vez que de autos se evidencia que la madre de los niños es la ciudadana SUGEY DEL VALLE ESTABA, librándose a tal efecto oficio N° 574.08, cuya consignación tuvo lugar en fecha 04.11.2008, fecha desde la cual no consta de autos ni del Sistema Juris 2000 que se haya dado cumplimiento a la orden emanada de este Tribunal, oportunidad desde la cual han transcurrido casi dos (02) años, evidenciándose de autos una absoluta inactividad imputable a las partes; aunado a ello no puede dejar de advertir este Tribunal, que ante este mismo despacho cursa asunto signado con el número OP02-V-2008-000505, en el cual se dictó decisión por parte del Tribunal de Juicio de este Circuito Judicial de Protección, mediante la cual se confirió la responsabilidad de crianza de los mencionados niños, a sus abuelos paternos, ciudadanos ANTONIO SUAREZ y ODALIS MARÍA VARGAS, en razón de lo cual la ciudadana EUGENIS ALFONZO, a esta fecha no tiene ingerencia en las decisiones que involucran a los mencionados hermanos, es por lo que considera este Tribunal que se han cumplido los supuestos contenidos en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, configurándose la Perención, y como consecuencia de ello la extinción de la Instancia. La perención se basa en una condición objetiva, la cual consiste en el transcurso de un (01) año de inactividad procesal de las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. En este sentido, la Sala Político Administrativa de Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 01855 de fecha 14.08.2001, partiendo del dispositivo contenido en el articulo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, deduce que el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la ley, a saber, un año, lo cual comporta la extinción del proceso; dejando establecido además que siendo la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta para su declaratoria que se produzcan dos condiciones: falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además, que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución. También la Sala de Casación Civil del mas Alto Tribunal de la República, en sentencia N° 369 de fecha 15 de noviembre de 2000, ratifica doctrina respecto a la perención de la instancia, cuando hace alusión a sentencia signada con el N° 211, de fecha 21 de junio del 2000 de dicha Sala, correspondiente al expediente N° 86-485, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, que dejó sentado lo siguiente:
“…La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…”.
La Perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes, no están o han dejado de estar a derecho; tratándose de una relación procesal que no se formó, o que constituido, no se llegó a su término final; razón por la cual el comienzo de la paralización es el objetivo principal para que se efectué la Perención y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia. Ello conlleva a que el proceso perima y se extinga la instancia por caducidad procesal, por cuanto las partes abandonaron la actividad procesal y con ello hicieron cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como anomalía social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; más entonces, al abandonar el mismo, las partes hacen cesar el conflicto en su propia voluntad por auto-composición procesal.
El Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de la Sala Constitucional, sentó criterio en relación a la perención, indistintamente cuáles sean las partes en el proceso, por lo cual podemos incluir a los niños y/o adolescentes, cuando estableció:
“La Perención es fatal y corre sin importar quienes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento y según el Artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención.”
Expuesto ello, y tomando en consideración que desde la fecha 27.10.2008, no consta de autos ni del Sistema Juris 2000 que se haya dado cumplimiento a la orden emanada del Tribunal, consumándose con ello una absoluta inactividad de los solicitantes, aunado a que como ya se expresó, cursa ante este Circuito Judicial asunto en el cual se confirió la responsabilidad de crianza de los hermanos SUAREZ ESTABA a sus abuelos paternos, es en base a tales consideraciones, que este Tribunal en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA:
a) CONSUMADA LA PERENCIÓN y, por tanto, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el presente proceso, de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y 269 del Código del Procedimiento Civil, aplicados por remisión del artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
b) Dada la naturaleza del presente fallo y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay especial condenatorias en costas.
c) Notifíquese a las partes.
Publíquese. Regístrese. Déjese copia certificada por secretaría de conformidad con el Articulo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente, en La Asunción, a los nueve (09) días del mes de mayo del año dos mil once (2011). Años 201º de La Independencia y 152º de La Federación.H
La Jueza.
Carmen Milano Vásquez.
La Secretaría.
María Teresa Millan.
Conforme a lo ordenado se dio cumplimiento en autos.
La Secretaría.
María Teresa Millan.