TSJ Regiones - Decisión

Tribunal Séptimo de Juicio para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito
Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Maracaibo, seis (06) de mayo del año dos mil once
201º y 152º

Asunto Nro. VP01-L-2010-001935.

Parte Demandante: ALEXANDER RAFAEL FINOL ALVARADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 15.287.589, domiciliado en la ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
Apoderados Judiciales de la parte demandante: WILLIAM ARIAS CASTRO, JUAN PABLO UZCATEGUI y JULIO RAMON UZCATEGUI BENITEZ, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos 45.923, 127.146 y 51.597, respectivamente.-

Parte Demandada: INVERSIONES D y R, C.A., Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el N° 10, tomo 19-A.-
Apoderados Judiciales de la parte demandada: LEONEL MATA y YANETH PAREDES, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos 40.928 y 61.919 respectivamente.-

Parte Codemandada: RAFAEL ANGEL FINOL GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 14.895.512, domiciliado en la ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia.-
Apoderados Judiciales de la parte codemandada: LEONEL MATA y YANETH PAREDES, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos 40.928 y 61.919 respectivamente.
Motivo: Prestaciones Sociales y otros Conceptos Laborales.

SENTENCIA DE HOMOLOGACIÓN DE TRANSACCIÓN
ANTECEDENTES PROCESALES
En el juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, sigue el ciudadano ALEXANDER RAFAEL FINOL ALVARADO, ya identificado, debidamente asistido por los profesionales del derecho WILLIAM ARIAS CASTRO y JUAN PABLO UZCATEGUI ut supra identificados, contra la sociedad mercantil INVERSIONES D Y R C.A. y a titulo persona el ciudadano RAFAEL FINOL, consignando escrito libelar por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral (URDD) en fecha 11 de agosto de 2010, asignándole al asunto la numeración VP01-L-2010-001935, correspondiéndole por distribución su conocimiento en la primera fase del procedimiento al TRIBUNAL SEPTIMO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE ÉSTE CIRCUITO LABORAL, el cual en fecha 12 de agosto de 2010, admitió la demanda y ordenó la debida notificación de la parte demandada de conformidad con el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, una vez culminada su notificación y previa certificación de la notificación practicada por parte de la ciudadana Secretaria en fecha 15 de diciembre de 2010; se realizó seguidamente, acto de distribución pública de las Audiencias Preliminares en fecha 12 de enero de 2011, concerniéndole la presente causa al TRIBUNAL DÉCIMO SEXTO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN PARA EL NUEVO REGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DE ESTE CIRCUITO LABORAL, prolongándose la audiencia preliminar para los días 11-02-2011, 25-02-2011 y 24-03-2011.
Así las cosas de conformidad con el artículo 74 ejusdem en la última de las prolongaciones celebradas 24-03-2011 el referido Tribunal dejó constancia de la incomparecía de las partes codemandadas ni por si, ni por medio de apoderado judicial alguno, para lo cual se ordenó la incorporación de las pruebas a los fines de su admisión y evacuación, dejando constancia que las partes codemandadas dieron contestación en fecha 30-03-2011; remitiendo dicho expediente al Juez de Juicio que por distribución correspondió a este TRIBUNAL SEPTIMO DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA, por lo que recibido como fue el día 06-04-2011, se le dio entrada al presente asunto. Así pues, en fecha 11-04-2011 este Tribunal pasó a pronunciarse sobre la admisibilidad de las pruebas de conformidad con el Articulo 75 de la misma ley, y en fecha 13-04-2011, se procedió a fijar la audiencia de juicio para el día cuatro (04) de mayo del año 2011, a las nueve y treinta de la mañana (09:30am).
Ahora bien, es el caso que en fecha 04 de mayo de 2011, presentes la parte actora ciudadano ALEXANDER RAFAEL FINOL ALVARADO debidamente asistido por los abogados JULIO UZCATEGUI y JUAN PABLO UZCATEGUI por una parte, y por la otra el ciudadano RAFAEL ANGEL FINOL en su carácter de demandado a titulo personal, y la sociedad mercantil INVERSORA D Y R C.A. ambos debidamente asistido por el abogado en ejercicio LEONEL MATA; en este sentido, este Sentenciador actuando como un Juez Social instó a las partes a llegar a un acuerdo, para lo cual la parte codemandada manifestó su voluntad ofrecer en pago al demandante la cantidad de CATORCE MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 14.000,oo) para ser cancelados mediante dos (02) pagos por la cantidad de SIETE MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 07.000,oo) cada uno en las fechas once (11) de mayo de 2011 y quince (15) de junio de 2011, por lo cual la parte actora aceptó la oferta propuesta por las codemandadas.
En consecuencia, corresponde a este Tribunal verificar los términos del citado acuerdo, el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y los artículos 10 y 11 del Reglamento de la misma Ley, y siguiendo los parámetros jurisprudenciales sobre este tipo de acuerdos.
En tal sentido, este Tribunal constató que la representación judicial de la parte demandada abogada LEONEL MATA, obraba con suficiente facultad de transigir, según se desprende de los poderes judiciales que rielan en los folios 21-26 y 40-45 del presente expediente; respecto a la parte actora, se evidencia de la referida acta que los abogados en ejercicios JULIO UZCATEGUI Y JUAN PABLO UZCATEGUI actuaron en función de asistencia del ciudadano actor ALEXANDER RAFAEL FINOL ALVARADO.
Además, examinados como han quedado los términos en que están contenidos en esta transacción, observa el Tribunal lo siguiente:
En cuanto a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, de conformidad con el ordinal 2° del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece sobre la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, a menos que la relación haya concluido, en cuyo caso es posible la transacción o convenimiento y además, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo señala:
“En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores. PARÁGRAFO ÚNICO: La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada”

En este marco de argumentaciones legales, es preciso señalar, el contenido del artículo 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, del 28 de abril del año 2006.
“La transacción celebrada por ante el Juez, Jueza, Inspector o Inspectora del Trabajo competente, debidamente homologada, tendrá efectos de cosa juzgada.
Parágrafo Primero: Cuando la transacción fuere presentada para su homologación, el funcionario o funcionaria competente deberá constatar el cumplimiento de los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador o trabajadora actúa libre de constreñimiento alguno…” (Negrilla y subrayado nuestro).

En cuanto al motivo del acto conciliatorio, la misma fue realizada con la finalidad de darle fin a la controversia, alegato que expresan de mutuo acuerdo ambas partes en el acuerdo de pago.
Ahora bien, resulta pertinente hacer referencia al criterio sentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 03 de julio de 2006, No. 1157, en la cual se estableció:
“… esta Sala ha sostenido que en los supuestos en los que la transacción se plantea dentro de un procedimiento judicial, en el cual se demandan derechos del trabajador, es admitida cierta flexibilidad en cuanto al acatamiento del requisito de señalar, detalladamente los derechos comprendidos en ella, entre otras cosas porque se entiende que el actor ha contado con la asistencia técnico jurídica necesaria”.

En este orden de ideas, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias N° 982 y 979, de fechas 21 de septiembre de 2010, señalaron lo siguiente:
“Examinados los términos de la transacción y evidenciada la facultad con la que actúa las partes, cumpliéndose así con la garantía constitucional de asistencia debida en el proceso; que en la manifestación escrita del acuerdo actuaron en forma voluntaria y sin constreñimiento alguno y, que el documento presentado ante esta Sala en la fecha mencionada, se encuentra debidamente circunstanciado en cuanto a su motivación y derechos comprendidos, se acuerda concederle la homologación a la manifestación de voluntad presentada por las partes en este caso. Así se declara.
Igualmente, esta Sala de Casación Social como autoridad competente para otorgarle los efectos de cosa juzgada al acuerdo transaccional, declara que de esta manera se concluye el litigio judicial en forma definitiva, mediante un medio alterno de resolución de conflictos conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 253 y 258 de la Constitución Nacional y enfatiza que la manifestación de voluntad expuesta en la transacción en cuestión, constituye una muestra de la participación y responsabilidad social de los sujetos involucrados, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, de acuerdo a sus capacidades y, que por tanto, deben cumplir las obligaciones contraídas en el convenio suscrito, todo de conformidad con lo preceptuado en los artículos 131 y 135 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

En el caso bajo estudio, una vez verificados los extremos de Ley, se concluye que siendo que la parte actora celebró un acuerdo transaccional como forma de autocomposición procesal, que ofreciera la parte demandada, al ciudadano ALEXANDER RAFAEL FINOL ALVARADO, por el monto de CATORCE MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 14.000,oo), dejando expresa constancia que dicha cancelación se realizara mediante dos (02) pagos por la cantidad de SIETE MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 07.000,oo) cada uno en las fechas once (11) de mayo de 2011 y quince (15) de mayo de 2011, por lo cual la parte actora ciertamente indicó aceptar la referida oferta propuesta por la codemandada; por lo cual, es necesario para este Tribunal dejar expresa constancia que se procederá a dar por terminado el presente asunto, una vez que conste en actas el efectivo cobro de las mencionadas cantidades de dinero; ahora bien, por los argumentos antes expuestos, este Tribunal procede a homologar y a darle el carácter de cosa juzgada a la transacción celebrada libremente por las partes. Así se decide.
De manera que, homologada como ha sido la transacción celebrada por ante este Tribunal, se abstiene de dar por terminado el presente asunto, hasta tanto conste en actas el efectivo pago del acuerdo transaccional. Así se decide.

DISPOSITIVO
En virtud de lo precedentemente expuesto, este TRIBUNAL SÉPTIMO DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:
PRIMERO: SE HOMOLOGA el acuerdo celebrado entre la parte demandante ciudadano ALEXANDER RAFAEL FINOL ALVARADO, y la sociedad mercantil INVERSIONES D Y R C.A. y a titulo personal el ciudadano RAFAEL FINOL, todos plenamente identificados en las actas procesales, pasándola en autoridad de cosa juzgada.
SEGUNDO: SE ABSTIENE DE POR TERMINADO el presente asunto y se ordena el archivo definitivo del expediente, una vez que conste el acta la totalidad de los pagos acordados.
TERCERO: NO HAY CONDENATORIA en costas, dada la naturaleza del fallo y por haberlo incluido en su acuerdo las partes.
Publíquese y Regístrese. Déjese copia certificada del presente fallo por Secretaría, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 numeral 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Dada, firmada y sellada en la Sede del TRIBUNAL SÉPTIMO DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los seis (06) días del mes de mayo del año dos mil once (2011). Años: 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
- Juez -

Dr. Edgardo A. Briceño Ruiz.
La Secretaria,

Abg. Melina Valera.
En la misma fecha se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las doce y veintiséis minutos de la tarde (12:26 p.m.).
La Secretaria.

Abg. Melina Valera.