TSJ Regiones - Decisión

Exp.: 7206 Sent.: 10.949
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEXTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
ESTADO ZULIA.
200° y 152°

I
PARTES INTERVINIENTES

DEMANDANTE: PROTECCIÓN PRIVADA C.A.

DEMANDADA: CENTRO MATERNO SANTA MARGARITA C.A.

ACCION: COBRO DE BOLÍVARES

MOTIVO: PERENCIÓN DE LA INSTANCIA (SENTENCIA
INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA).

II
PARTE NARRATIVA

Revisadas como han sido las actas que conforman este expediente, y por cuanto se evidencia que la Abogada ALEJANDRINA ECHEVERRÍA CORONA ha sido designada en el cargo de Jueza Temporal de este Órgano Jurisdiccional, mediante Oficio No. CJ-10-2057, de fecha 15-10-2010, emanado de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, esta operadora de Justicia se aprehende del conocimiento de la presente causa, en aras de salvaguardar la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que debe impartir todo integrante de los Órganos Jurisdiccionales, y como directora del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil. Se inició el presente juicio con demanda que por COBRO DE BOLÍVARES intentó la ciudadana PAMELA BERENDIQUE MARTÍNEZ, venezolana, mayor de edad, portadora de la Cédula de Identidad No. V-9.716.662, en su carácter de Vicepresidenta de la Sociedad Mercantil PROTECCIÓN PRIVADA C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 16-04-2008, bajo el No. 1, Tomo 14-A, asistida por el Abogado en ejercicio JESÚS MONTIEL, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 105.330; contra la Sociedad Mercantil CENTRO MATERNO SANTA MARGARITA C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 14-12-1971, bajo el No. 4, Tomo 2, en la persona de su Directora Gerente, ciudadana GRACIELA ALTAMIRA MOLERO ROMERO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-16.912.281, para que convenga en pagar la cantidad de VEINTESÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES BOLÍVARES CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 26.463,47), por concepto de capital adeudado derivado de facturas signadas con los Nos. 6495, 6594, 6726, 6937, 7043, 7082 y 7195, de fechas 21-03-2006, 24-04-2006, 23-05-2006, 07-07-2006, 31-07-2006, 17-08-2006 y 21-09-2006, respectivamente, más sus respectivos intereses moratorios, honorarios profesionales, la indexación monetaria correspondiente y las costas y costos que puedan generarse en el proceso.
La aludida demanda fue legalmente distribuida por la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos, en fecha 02-07-2008, dándole entrada este Tribunal el día tres (03) de julio del año 2008, ordenándose la citación de la parte demandada para que compareciera ante este Tribunal, dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la fecha que constara en actas su citación, a objeto de contestar la demanda incoada en su contra.
En fecha 11-07-2008, la ciudadana PAMELA BERENDIQUE DE MARTÍNEZ, Presidenta de la Sociedad Mercantil PROTECCIÓN PRIVADA C.A., confirió Poder Apud Acta a los profesionales del derecho LILIANA RODRÍGUEZ, JOSÉ PARRA, JESÚS MONTIEL y OSCAR MEDIAVILLA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 83.419, 83.410, 105.330 y 105.447, respectivamente.
En fecha 23-07-2008, la Presidenta de la Sociedad Mercantil PROTECCIÓN PRIVADA C.A., consignó copia simple del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 14-07-1977 de la referida sociedad. En esa misma fecha, confirió Poder Apud Acta a los profesionales del derecho LILIANA RODRÍGUEZ, JOSÉ PARRA, JESÚS MONTIEL y OSCAR MEDIAVILLA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 83.419, 83.410, 105.330 y 105.447, respectivamente.
En fecha 31-07-2008, el apoderado judicial de la parte actora, Abogado JESÚS MONTIEL, ppresentó escrito de reforma de demanda, y en esa misma fecha, éste Tribunal la admitió, ordenando la citación de la parte demandada para que compareciera ante este Tribunal, dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la fecha que constara en actas su citación, a objeto de contestar la demanda incoada en su contra.
En fecha 13-08-2008, el apoderado judicial de la parte demandante, Abogado JESÚS MONTIEL, consignó los emolumentos necesarios para la práctica de la citación correspondiente, y en fecha 14-08-2008, el Alguacil de éste Juzgado expuso haberlos recibido.
En fecha 04-06-2009, el Alguacil de este Despacho presentó exposición consignando los recaudos de citación de la parte demandante en este procedimiento, debido a la negativa de la parte demandada de suscribir la Boleta de Citación respectiva.
En fecha 21-11-2008, el apoderado judicial de la parte actora, Abogado JESÚS MONTIEL, presentó diligencia solicitando la notificación de su contraparte en relación a la exposición realizada por el Alguacil de éste Juzgado, de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil; y éste Tribunal proveyó de conformidad.
En fecha 17-06-2009, el Abogado REINALDO RONDÓN, en su carácter de Secretario de éste Despacho, presentó exposición consignando las boletas de notificación de la parte demandada, en virtud de que ésta se negó a su firma.
En fecha 18-03-2009, se ordenó la notificación al Procurador General de la República de la admisión del presente procedimiento.
El día veintidós (22) de mayo del año 2009, se agregó a las actas oficio No. 005369, emanando de la Procuraduría General de la República.
En fecha 27-05-2009, este Tribunal por medio de auto señaló que se entiende por suspendida la presente causa desde el día que constó en actas la notificación de la Procuraduría General de la República, de conformidad con el artículo 96 de la Ley de la Procuraduría General de la República.
En fecha 14-08-2009, el apoderado judicial de la parte actora, Abogado JOSÉ PARRA, presentó diligencia solicitando la devolución de las facturas originales insertas a las actas, y éste Tribunal proveyó de conformidad. Sin embargo, en fecha 16-09-2009, revocó el referido auto y negó la devolución de los originales requeridos, de conformidad con el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil.

III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Ahora bien, en virtud de lo antes trascrito, este Tribunal previamente estima realizar las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico:

No debe este Despacho pasar por alto que, desde el día 14-08-2009, fecha en que la parte actora solicitó la devolución de las facturas originales insertas en las actas que conforman el presente expediente, hasta la presente fecha, han transcurrido un (01) año, siete (07) meses y once (11) días, sin que se haya realizado algún acto del procedimiento por las partes, por lo que es forzoso para este Despacho concluir que, en el caso de marras ha operado la perención a la que hace referencia el encabezado del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 ejusdem, los cuales disponen:

Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.

Artículo 269: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”

Esta Juzgadora comparte la opinión doctrinaria del Dr. Arístides Rengel-Romberg, en su obra “Tratado De Derecho Procesal Civil Venezolano”, en el sentido de que para que se produzca la perención:

“…se requiere inactividad de las partes, que está referida a la no realización de ningún acto de procedimiento, es una actitud negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar los actos de procedimiento, no los realizan, pero no del juez…omissis, ya que si la inactividad del juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar al arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso…”
“…se encuentra determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del juez, y una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año…”
“…la actividad del juez…omissis…hasta para mantener en vida el proceso, pero su inactividad no basta para hacerlo desaparecer, cuando durante su inactividad las partes no están obligadas a cumplir actos de desarrollo del proceso…”

Cabe destacar que, el fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público, constituyen la más sana garantía que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir bien sea en forma “normal” (con la sentencia) o de manera “anormal”.
Esas formas “anormales” de terminación, son las llamadas formas de autocomposición procesal, encontrándose dentro de estas la institución de la perención de la instancia, la cual no es otra cosa que, la extinción del proceso, extinción derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la Ley, para que dicho efecto se produzca. Dicha institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el Artículo 269° del Código de Procedimiento Civil, es facultad del Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido.
La perención de la instancia se verifica ope legis al transcurrir el tiempo necesario para que aplique según sea el caso. Cuando el juez la declara, se entiende que los efectos de la perención en esta causa, operarán desde la última actuación de impulso procesal por las partes. La norma contempla que el juez puede declarar de oficio la perención, ello quiere decir que es una facultad que la ley le otorga al juzgador quien puede o no hacer uso de ellas; es a través del proceso que se ejerce el poder de acción y se deduce la pretensión, la cual, consiste en la reclamación frente a otro u otros sujetos de un determinado bien de vida.
Realizadas como han sido tales consideraciones, es forzoso para esta Juzgadora concluir que, el supuesto de hecho establecido en el encabezado del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra verificado en el presente caso, por cuanto se aprecia que ante la existencia del proceso, correspondía a la parte interesada impulsar el procedimiento para que continuara y se cumplieran las distintas etapas del juicio, y el primero de ellos consistía en cumplir con las cargas procesales tendientes a lograr la citación de la demandada, en virtud que, desde el día 14-08-2009, fecha en la que la parte actora realizó la última actuación en el proceso, ha transcurrido holgadamente el tiempo que establece la ley, sin que se haya ejecutado ningún acto de procedimiento entre las partes, por lo que se considera perimida la instancia. Y ASÍ SE DECLARA.-

IV
DISPOSITIVO
Por los razonamientos de hecho y los fundamentos de derecho antes expuestos, este JUZGADO SEXTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 267, en concordancia con lo establecido en el Artículo 269, ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el Artículo 271 ejusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención; y declara de oficio EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el presente juicio que por COBRO DE BOLÍVARES (CITACIÓN), intentó la Sociedad Mercantil PROTECCIÓN PRIVADA C.A. contra la Sociedad Mercantil CENTRO MATERNO SANTA MARGARITA C.A., previamente identificadas en la parte narrativa de esta sentencia.
No hay condenatoria en costas dado el carácter de este fallo.
Déjese copia certificada de este fallo por Secretaría, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y el artículo 72, ordinales 3° y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE.
Dada, sellada y firmada en la Sala de este JUZGADO SEXTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, a los veinticinco (25) días del mes de Marzo del año 2011. 200º y 152º.

Abg. ALEJANDRINA ECHEVERRÍA CORONA
JUEZA TEMPORAL

LA SECRETARIA,
Msc. MARIANNE ALARCÓN APONTE

Siendo las diez y treinta y cinco minutos de la mañana (10:35 a. m.), se dictó y publicó el fallo que antecede bajo el No. 10.949.-
LA SECRETARIA,