TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

Conoce este Tribunal de la presente causa en virtud de la distribución efectuada por la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos en fecha 07-01-2010, y posteriormente se inicia, dándosele entrada y el curso de Ley, el 12 de enero del año 2010, a la demanda de COBRO DE BOLÍVARES POR INTIMACIÓN, que interpuso el abogado DAVID MOUCHARFIECH, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 14.523.985, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 108.257, actuando en carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el No. 1, tomo 16-A, en fecha 13 de junio de 1977, cuya transformación en Banco Universal consta de documento inscrito en la citada Oficina de Registro en fecha 04 de septiembre de 1997, bajo el No 63, tomo 70-A, en contra de la ciudadana VICTORIA RAMONA MARIN DE SALVO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.1.695.762, en su condición de deudor, y del ciudadano LUIGI DE SALVO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 16.187.191, en su carácter de fiador solidario y principal pagador; para que convengan o sea obligados por el Tribunal en el pago de la cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 25.869,95), por los siguientes conceptos: a) La cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS TRES BOLÍVARES CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs.17.503,36) que constituye el monto de la deuda contraída el día 16-06-2009; b) La cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs.7.686,88) por concepto de intereses del préstamo desde el día 07-02-2008 hasta el 16-06-2009; c) La cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 679,71) por concepto de intereses de mora calculados de conformidad con el contrato de préstamo desde el 07-03-2008 hasta el 16-06-2009, y los que se sigan venciendo hasta la finalización del proceso.
En fecha 09 de febrero de 2.010, el Alguacil del Tribunal estampó diligencia informando que le fueron cancelados los emolumentos para las copias fotostáticas de la orden de comparencia y le fue suministrado el transporte para su traslado.
En fecha 19 de mayo de 2010, el Alguacil del Tribunal estampó diligencia informando que no logro practicar la citación.
En fecha 07 de junio de 2010, el abogado en ejercicio DAVID MOUCHARFIECH, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte actora, estampó diligencia solicitando la citación cartelaria del demandado.
En fecha 08 de junio de 2010, el Tribunal mediante auto ordenó la citación de los ciudadanos VICTORIA RAMONA MARIN DE SALVO, en su condición de deudor, y del ciudadano LUIGI DE SALVO, en su carácter de fiador solidario y principal pagador, por medio de carteles de conformidad lo establecido en el artículo 650 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 15 de julio 2010, el abogado en ejercicio DAVID MOUCHARFIECH, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte actora, estampó diligencia consignando los ejemplares de los periódicos donde aparecen publicados los carteles de intimación.
En fecha 05 de agosto de 2010, el abogado en ejercicio DAVID MOUCHARFIECH, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte actora, estampó diligencia consignando los ejemplares de los periódicos donde aparecen publicados los carteles de intimación
En fecha 28 de enero de 2011, el Secretario Natural del Tribunal estampó diligencia informando que se cumplió con las formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Civil.
En fecha 11 de febrero de 2011, la abogada en ejercicio MARIERVA OLIVERO, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 98.026, actuando en su carácter de representante legal de la ciudadana VICTORIA RAMONA MARIN DE SALVO, parte co demandada, presentó diligencia oponiéndose al decreto de intimación.
En fecha 14 de febrero de 2011, el ciudadano LUIGI DE SALVO, parte co demandada, asistido por la abogada en ejercicio MARIERVA OLIVERO, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 98.026, presentó diligencia oponiéndose al decreto de intimación.

El Tribunal para decidir observa:
El artículo 362 del Código de Procedimiento Civil prevé: “...Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contrario a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a Sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado...”
Al respecto la Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 19 de junio de 1996, con ponencia del Magistrado Dr. Aníbal Rueda, en juicio de Maghglebe Landaeta contra la Compañía Nacional Anónima de Seguros La Previsora, esta sala expreso lo siguiente:
(.....) La Sala ha reiterado pacíficamente la siguiente doctrina en cuanto la confesión ficta, que fue reiterada en sentencia de esta Sala del 15 de enero de 1992: “ Para que se consuma o haga procedente la presunción legal de la confesión ficta, se requiere tres requisitos, a saber: a) que el demandado no diere contestación a la demanda; b) Que la pretensión del actor no sea contraria a derecho; y c) Que el demandado no probare nada que le favorezca durante el proceso. (....)
La Sala se acoge en el caso de auto, la doctrina expresada, ya que el Juzgador debe necesariamente constatar que los tres elementos antes expuestos, se hayan dado en el proceso, para sentenciar atenido a la confesión, conforme lo establece el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

La doctrina expuesta, limita la actuación del Juzgador que tiene ante sí un proceso con una parte demandada, rebelde y contumaz a constatar los tres elementos expuestos, ya que la presunción iuris tantum producida por la falta de contestación a la demanda que permite al demandado la prueba limitada, no ya de excepción sino de hecho que enerven la acción del demandante deviene, con la confesión ficta y la falta de probanzas, una consecuencia legal impuesta por la misma disposición que sustituye las pruebas que pudiera sustanciar el Tribunal.
En el estudio de dicha institución el autor A. Rangel Romberg, en su libro Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el Código de 1987, expresa lo siguiente:
c) Como se ha visto antes, la disposición del articulo 362 Código de Procedimiento Civil, requiere dos condiciones para que la confesión ficta sea declarada y tenga eficacia legal: Que la petición del demandante no sea contraria a derecho y que en el término probatorio no pruebe el demandado algo que le favorezca; y consecuencialmente, los problemas que plantea la institución en la práctica, son dos: establecer lo que debe entenderse por “ petición contraria a derecho” y el alcance de la locución “si nada probare que le favorezca”. Determinar cuando la petición del demandante es contraria a derecho, tiene trascendencia en nuestro caso, solo en cuanto a la declaración de la confesión ficta, pues en cuanto al mérito de la causa, aunque se tenga por admitidos los hechos en virtud de la confesión ficta, el Tribunal no podrá declarar con lugar la demanda, ni acordar lo pedido por la parte actora, si esa petición resulta contraria a derecho en el sentido de que los hechos admitidos, no producen la consecuencia jurídica pedida.
Para determinar este extremo, no es preciso que el Juez entre a indagar acerca del derecho las consecuencias jurídicas que conforme a la Ley deben aplicarse en concreto a los hechos establecidos o confesados por el demandado, porque una cosa es la desestimación de la confesión ficta por ser contraria a derecho la petición del demandante, y otra la desestimación de la demanda por improcedente e infundado en derecho. Ambos conceptos giran en torno a la cuestión de derecho, y fácilmente puede confundirse las situaciones.
e) Una innovación importante en la materia que estamos tratando, con relación a la prueba que puede aportar el confeso, se encuentra en el referido artículo 362 Código de Procedimiento Civil, al establecer que vencido el lapso de promoción de pruebas, sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. Regla esta como expresa la Exposición de Motivos de un alto valor para la celeridad del proceso, que se justifica por la actitud omisiva del demandado en tal circunstancia, que pone a su cargo el onus probandi para desvirtuar la confesión. La regla, como es obvio, considera innecesario, ante la actitud del demandado, continuar el procedimiento ordinario por los restantes trámites hasta la sentencia definitiva, siendo que ninguna prueba fue promovida en el lapso correspondiente”.
Ahora bien, esta Juzgadora acoge en el caso de auto la doctrina expresada, procediendo constatar los tres elementos: a) que el demandado no diere contestación a la demanda; b) Que la pretensión del actor no sea contraria a derecho; y c) que el demandado no probare nada que le favorezca.
Observa el Tribunal que consta en el expediente, la intimación presunta de los ciudadanos VICTORIA RAMONA MARIN DE SALVO y LUIGI DE SALVO, en su condición de deudor principal y de fiador solidario y principal pagador, por haberse presentado en el proceso mediante diligencias de fecha 11 y 14 de febrero del año 2011; y los mismos no comparecieron ni por sí ni por intermedio de apoderados judiciales a dar contestación a la demanda, así como tampoco promovieron durante el lapso probatorio prueba alguna que pudiere obrar a su favor, además lo pretendido por la parte actora no es contrario a derecho.
Constatándose pues, que se han dado los tres elementos antes expuestos, procede esta Juzgadora a decidir la causa atenida a la confesión ficta conforme a lo establecido en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, y por tal razón es innecesario entrar valorar las pruebas aportadas por la parte actora. Así se decide.
Por todos los fundamentos expuestos, este Juzgado Cuarto de los Municipios de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara Con Lugar la demanda de COBRO DE BOLÍVARES POR INTIMACIÓN, incoada por la Sociedad Mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., en contra de los ciudadanos VICTORIA RAMONA MARIN DE SALVO y LUIGI DE SALVO,
En consecuencia, se ordena a la parte demandada a pagar la cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 25.869,95), por los siguientes conceptos: a) La cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS TRES BOLÍVARES CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs.17.503,36) que constituye el monto de la deuda contraída el día 06-12-2005; b) La cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs.7.686,88) por concepto de intereses del préstamo desde el día 07-02-2008 hasta el 16-06-2009; c) La cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 679,71) por concepto de intereses de mora calculados de conformidad con el contrato de préstamo desde el 07-03-2008 hasta el 16-06-2009, mas los intereses de mora que se continúen generando hasta sentencia definitivamente firme, que serán calculados conforme a la tasa de interés fijado por el Banco Central de Venezuela.
Se condena a la parte demandada a pagar las costas procesales por haber sido vencida totalmente en el presente juicio, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese. Regístrese.
Déjese copia certificada por secretaria de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, sellada y firmada ante la Sala del Juzgado Cuarto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año 2011. 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
LA JUEZ TITULAR

Abog. GLENY HIDALGO ESTREDO

EL SECRETARIO

ABOG. JUAN CARLOS CROES
En la misma fecha se dictó y publicó el anterior fallo previo el anuncio de ley dado a las puertas del despacho por el alguacil del Tribunal a las diez (10:00) de la mañana, se expidió la copia ordenada por secretaria y se archivo en el copiador. EL SECRETARIO.