ASUNTO : VP02-S-2009-004345 RESOLUCION: 524-11 DE LA SOLICITUD Revisada la solicitud oral realizada en la Audiencia interpuesta por la FISCALA AUXILIAR TERCERA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Abogada MARBELYS GONZALEZ, “vista las múltiples inasistencias del imputado de autos a la celebración de la Audiencia Oral de Verificación de Cumplimiento de manera injustificada, en la presente causa, razón por la cual se ha diferido la misma reiterada oportunidades, siendo imposible su ubicación, evidenciándose de este modo que el referido imputado no se ha sujetado al presente proceso por lo que se considera que se encuentran llenos los extremos del articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y en virtud de el principio de Economía Procesal solicito se ordene librar ORDEN DE APREHENSIÓN en contra del ciudadano EDWIN EDUARDO FERRER HERNANDEZ, a los fines de obtener mayor celeridad procesal, es todo. DE LOS HECHOS En fecha 31 de julio de 2009, el Ministerio Publico presento formal acusación en contra del Ciudadano EDWIN EDUARDO FERRER HERNANDEZ, por la comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLOGICA Y AMENAZAS, previstos y sancionados en los Artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometidos en perjuicio de la ciudadana ANA DE LOS ANGELES CHACIN MARQUEZ. En fecha 08 de enero de 2010 se llevo a efecto la audiencia preliminar, donde el acusado de autos admitió los hechos y solicito la Suspensión Condicional del proceso, en la referida audiencia el Tribunal impuso las siguientes condiciones: 1.- Presentarse por ante la el Equipo Interdisciplinario una vez cada treinta (30) días. 2.- Residir en la dirección aportada al tribunal. 3.- No cometer nuevos hechos que amenacen e intimiden a la victima de conformidad con el ordinal, todo de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 del Código Orgánico Procesal Penal, Obligaciones y Condiciones que una vez cumplidas darán lugar al Sobreseimiento de la Causa, y en caso de incumplimiento se dictará Sentencia Condenatoria. En fecha 31-01-2011 mediante auto este Tribunal Acuerda Fijar audiencia oral de verificación de cumplimiento de las Obligaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Código Orgánico Procesal Penal. Sobre el particular es importante destacar que se ha diferido el acto de la audiencia Oral de Verificación de Incumplimiento de Obligaciones por tres (03) oportunidades por incomparecencia del Imputado de autos, de manera injustificada, rielan en la presente causa las boletas consignadas por el alguacil RUOSBELTH BOHORQUEZ, donde deja constancia que la boleta consignadas en la dirección aportada y fueron recibidas por la ciudadana MARISOL MONTILLA, titular de la cédula de identidad V-7.090.444 quien manifestó ser la suegra de la persona a citar. En 02 de marzo de 20111 se recibió oficio signado bajo el número 037-2011 donde se informa al Tribunal que el ciudadano EDWIN EDUARDO FERRER HERNANDEZ , no se ha presentado a la evaluación, siendo imposible culminar con la experticia decretada por este Juzgado en la oportunidad de haberse realizado la audiencia preliminar. FUDAMENTOS PARA DECIDIR Considera este juzgador que uno de los objetivos de la creación de este Tribunal, es el de la celeridad y no impunidad, que preserva los principios y estructuras del procedimiento ordinario, limitando los lapsos y garantizando la debida diligencia y celeridad, como una forma de materializar una justicia expedita conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho procedimiento resguarda los derechos y garantías procesales de las personas sometidas a investigación, enjuiciamiento y sanción. Ante el caso de marras observa este juzgador que la Fiscalía del Ministerio Público solicitó el enjuiciamiento del hoy imputado en virtud que existen suficientes elementos de convicción suficientes para determinar la comisión del delito y por ende la responsabilidad penal del mismo, y por cuanto se observa de las actas que desde que se fijo la audiencia correspondiente, es decir, en fecha 31-01-2011, no han hecho acto de presencia ante el Tribunal y todas las citaciones han sido positivas ya que los funcionarios adscritos al Departamento de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal encargados de las entregas de las citaciones, manifiesta en reiteradas oportunidades en las resultas de las citaciones que las mismas son positivas, es decir, ya que han sido entregadas en el domicilio de acusado de autos, no compareciendo a los actos, estamos en presencia del supuesto establecido en los ordinales 2 y 3 del articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal que establecen: ….2º Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en la comisión de un hecho punible; 3º Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación …En caso de estimar que concurren los requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, deberá expedir una orden de aprehensión del imputado contra quien se solicito la medida (subrayado Negrilla del Tribunal). …” (Omissis). De la misma manera existen el supuesto establecido en el parágrafo Segundo del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, relacionada a la falta de información o de actualización del domicilio del imputado lo cual supone presunción de fuga. Que el mismo, no dio inicio a las presentaciones ante el Equipo Interdisciplinario como obligación de la suspensión condicional del proceso. Al respecto este Tribunal en relación a este punto señala lo siguiente: El Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.” Por su parte el Artículo 257 de nuestra Carta Magna, dispone: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público, no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”. De lo que se desprenden las garantías constitucionales que le son inherentes a los imputados , y que le asisten, a fin de avalarles el acceso a la justicia, de conformidad con lo previsto en el Artículo 2º de la Carta Política venezolana que consagra la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico, así como el primer párrafo del Artículo 44 Ordinal Ejusdem, que establece que ninguna persona podrá ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial y el Articulo 90 de la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,. y cumpliéndose los requisitos necesarios para la aplicación del mismo, lo ajustado a derecho y conforme a la Ley, y en obsequio al principio de celeridad y economía procesal, igualmente, en atención de que el proceso es una vía jurídica para llegar a la verdad y el mismo ha de aplicarse de manera proba, imparcial, pronta y sin formalismos no esenciales, en consecuencia este Tribunal considera necesario y procedente en derecho por quien aquí decide que estando llenos los supuestos consagrados en los artículos 250 ordinales 1°, 2° y 3° , articulo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 2º, 26, 44 ordinal 1 y 257, todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, proveer conforme a lo solicitado por la Representación Fiscal del Ministerio Público, en consecuencia se declara con lugar la solicitud del Ministerio Público y ordena la APREHENSIÓN JUDICIAL en contra del ciudadano EDWIN EDUARDO FERRER HERNANDEZ para poder llevarse a efecto la realización de la audiencia preliminar. Y así se decide. DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente expuesto, este TRIBUNAL PRIMERO CON FUNCIONES DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS, CON COMPETENCIA EN LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: declara: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud formulada por la representación Fiscal del Ministerio Publico, y en consecuencia se Decreta ORDEN DE APREHENSIÓN, en contra del ciudadano EDWIN EDUARDO FERRER HERNANDEZ, venezolano, natural de Maracaibo, titular de la Cédula de Identidad N° 16.835.059, hijo de Eduardo Ferrer y Yasmary Hernández, residenciado en la Urb. La Chamarreta, calle 04 casa Nro 25 , Municipio Maracaibo Estado Zulia, por la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLOGICA Y AMENAZAS, previstos y sancionados en los Artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometidos en perjuicio de la ciudadana ANA DE LOS ANGELES CHACIN MARQUEZ. SEGUNDO: Se acuerda librar la ORDEN DE APREHENSIÓN, a los fines de la localización y aprehensión del antes identificado ciudadano EDWIN EDUARDO FERRER HERNANDEZ, conforme lo estatuido en el artículos 44, ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con lo establecido en los artículos 250 ordinales 1 y 2, artículo 251 ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Se ordena como centro de Reclusión el Centro de Arresto y Detenciones Preventivas El Marite. Líbrense la respectiva orden de Aprehensión y remítanse con oficio. Regístrese y publíquese la presente decisión. EL JUEZ PRIMERO DE CONTROL ABOG. JOEL DARIO ALTUVE PATIÑO LA SECRETARIA, ABOG. DORIS MORA QUERALES.