Exp. No. 47.242/sc2 JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Maracaibo, veintiuno (21) de junio de 2011. 201º y 152º Visto el anterior escrito, presentado en fecha diecisiete (17) de junio de 2.011, suscrito por la profesional del derecho MORELBA RINCÓN, debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 63.958, obrando con el carácter de apoderada judicial de la parte actora en la presente causa, ciudadana OLGA HINDS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-7.761.528, de este domicilio, en el juicio que por LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA, incoare en contra de los ciudadanos ELVIS NAVA MENDEZ, EURO VILLALOBOS MENDEZ, WUENDY MENDEZ, VITALIA VILLALOBOS MENDEZ y RENNY NAVA MENDEZ, venezolanos, mayores de edad, del mismo domicilio; esta jurisdiscente, siendo la oportunidad procesal en que se verifica el estado de pendencia necesario para pronunciarse sobre la procedibilidad en derecho de la cautela solicitada, pasa a resolver el referido pedimento de tutela preventiva asegurativa tomando en cuenta las siguientes consideraciones: Exige la solicitante, se le conceda Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el inmuebles objeto del presente litigio, en anuencia a los presupuestos y requisitos exigidos por la vía de causalidad contenidos en el artículo 585 Código de Procedimiento Civil, a saber del FUMUS BONIS IURIS, o verosimilitud del buen Derecho y PERICULUM IN MORA, condición que traduce el temor objetivo por parte del pretensor, de ver frustrado su derecho, por conductas inherentes a la parte demandada. Bajo esta óptica, los extremos exigidos en la disposición cuyo tenor se aplica, comportan igualmente las condiciones necesarias para el uso del poder cautelar general reconocido al Juez por el parágrafo primero del artículo 588 ejusdem, el cual circunscribe o delimita la potestad jurisdiccional, al cumplimiento de los requisitos exigidos por la vía de causalidad. Es por ello que se requiere de la ponderación de los elementos necesarios para el otorgamiento de la cautela, sin que ello suponga emitir opinión sobre la procedencia del derecho que se reclama. Por criterio reiterado, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, ha asentado lo que a continuación se reproduce: “Es criterio de este Alto Tribunal que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama, por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora). Con referencia al primero de los requisitos (fumus boni iuris), su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama. En cuanto al segundo de los requisitos mencionados (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada”. Así pues, esta Juzgadora pasa a analizar detenidamente y de manera puntualizada los requisitos materiales o de fondo necesarios a los fines del otorgamiento de las medidas cautelares solicitada en la presente causa: FUMUS BONIS IURIS DE LA VEROSIMILITUD DEL DERECHO QUE SE RECLAMA. Erigido el dictamen cautelar en el juicio hipotético realizado en sede jurisdiccional, sobre el eventual éxito de la pretensión del demandante in iuditio deductae, requiere, como bien lo advirtió el autor PIERO CALAMANDREI, en su imperecedera obra PROVIDENCIAS CAUTELARES, de una sumaria cognición que le permitiere al titular del Oficio Jurisdiccional, obtener elementos probatorios que hicieren emerger en su conciencia cognocente verosimilitud o mera apariencia de la procedibilidad en derecho de la pretensión debatida. Bajo los argumentos precedentemente transcritos, esta operadora de justicia observa que la verosimilitud del derecho invocado, a saber, el “fumus boni iuris”, no es un “juicio de verdad”; en todo caso, alude a un cálculo de probabilidades de que quien invoca el derecho, es su titular. En otras palabras, corresponde a la presunción otorgada al juzgador del buen derecho reclamado. Así pues, en el caso sub-examine, se observa de las actas que conforman el presente expediente, que a los fines de fundamentar el FUMUS BONIS IURIS, el solicitante acompaña los siguientes documentos: -Copia fotostática simple de contrato de compra venta suscrito entre el ciudadano LUIS ANGEL PARRA, el la ciudadana VITALIA MENDEZ, debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha seis (06) de marzo de 1.975, quedando anotado bajo el No. 93, protocolo 1, tomo 02. -Copia fotostática simple de documento de bienechurías, sucrito entre el ciudadano CIRO ÁNGEL ALVARADO GONZÁLEZ, y las ciudadanas VITALIA MENDEZ y OLGA HINDS MÉNDEZ, debidamente protocolizado en fecha veintinueve (29) de septiembre de 2.008, quedando registrado bajo el No. 08, tomo 31°. De modo que, siendo necesaria la sola “presunción”, y no una certeza del derecho reclamado, esta juzgadora pondera este soporte instrumental como indicio del derecho que se reclama; y lo valora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 510 del Código de Procedimiento y 1.399 del Código Civil vigente, y siendo que, se verifica una argumentación fáctico jurídico consistente desde el punto de vista lógico que conduce a esta sentenciadora a la convicción de que la acción principal ha de ser estimada; éste Tribunal considera que se encuentran llenos los extremos exigidos por la Ley de la verosimilitud del buen derecho (FUMUS BONIS IURIS). ASÍ SE DECLARA. PERICULUM IN MORA DE LA VEROSIMILITUD EN LA FRUSTRACIÓN DE LA PRETENSIÓN POR EL DECURSO PROCEDIMENTAL. La urgencia en evitar la frustración del eventual derecho aducido por el demandante como fundamento de su pretensión, aunado al sustento mismo de la tutela asegurativa preventiva, a saber, evitar que se frustre o quede ilusoria la tutela jurisdiccional, es la ratio essendi del presente requisito, en otras palabras, es la presunción grave de que la ejecución del fallo pueda resultar ilusoria, en términos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, con el objeto de asegurar la legitimidad del ejercicio de la potestad jurisdiccional preventiva, se exige del solicitante, la acreditación sumaria de elementos probatorios, que hagan emerger en el Juzgador verosimilitud simple de la premura en la protección de la situación fáctica, durante el iter procesal. Así pues, entra esta juzgadora al análisis de lo expuesto por la parte actora en el escrito de medida preventiva solicitada, evidenciándose del análisis del mismo, que la parte recurrente solo se limita a la solicitud de la providencia cautelar en cuestión, sin allegar medios probatorios que otorguen a esta sentenciadora la convicción y certeza indefectible de la posible inejecución del fallo derivado de conductas inherentes a la parte recurrida del presente proceso. Ahora bien, según lo planteado por el sistema dispositivo, recae sobre las partes a lo largo del desenvolvimiento del proceso, la obligación de identificar señalar y determinar los hechos y elementos alegados que a bien tengan, con el fin de lograr la pretensión incoada con arreglo a lo establecido en la Ley. A este respecto, a los fines de acreditar el periculum in mora en el caso in comento, la parte actora de autos allega a las actas que componen el presente expediente, la documentación que a continuación se explana: -Inspección Judicial llevada a cabo por el Juzgado Sexto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha diez (10) de junio de 2.011. Bajo esta perspectiva, este Tribunal observa que los soportes instrumentales aportados y los hechos alegados al presente proceso, dirigidos a demostrar el supuesto peligro de infructuosidad en la ejecución del fallo, son suficientes a los fines de emerger en esta Juzgadora verosimilitud simple de la premura en la protección de la situación fáctica, durante el iter procesal. En consecuencia, acreditada la pretensión a través del soporte instrumental al que hace referencia el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y requiriéndose solamente la constatación por parte de ésta Juzgadora, la cual fue realizada en la forma establecida, aunado al cumplimiento de los requisitos exigidos por la vía de causalidad contenidos en el referido artículo, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 585 y 600 ejusdem, DECRETA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre un inmueble constituido por una casa y su terreno, ubicados en la calle 68, No. 114C, los Robles, jurisdicción de la parroquia Luís Hurtado Higuera del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dentro de los siguientes linderos y medidas: NORTE: linda con vía pública, es decir, la calle 68 y mide treinta metros cuadrados (30 Mts2). SUR: linda con propiedad de Juan Bautista, hoy de Robertina Guerra y mide treinta metros cuadrados (30 Mts2); ESTE: Linda con propiedad de Hermenegildo Ramos Bracho, hoy calle 114-C, intermedida y mide treinta metros cuadrados (30 Mts2); y OESTE: linda con terrenos de Luís Ángel Parra, intermedia vía pública hoy de Arístides Canaciani y mide treinta metros cuadrados (30 Mts2). El documento del referido terreno se encuentra protocolizado por ante la Oficina de Registro Público Segundo del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha seis (06) de marzo de 1.975, anotado bajo el No. 93, tomo 2, protocolo primero, primer trimestre, de los libros respectivos, y el documento de la casa se encuentra protocolizado por ante la Oficina de Registro Público Tercero del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, anotado en fecha veintinueve (29) de septiembre del año 2.008, quedando anotado bajo el No. 8, tomo 31, protocolo 1ro, tercer trimestre. En este sentido, se acuerda hacer la participación correspondiente a dichas oficinas registrales.- Líbrense oficios.- LA JUEZA: MSc. GLORIMAR SOTO ROMERO. LA SECRETARIA: LA SECRETARIA ACC: MSc. KARLA OSORIO FERNANDEZ. En la misma fecha se publicó bajo el No._________ LA SECRETARIA: