TSJ Regiones - Decisión

Exp. No. 47.824/sc2

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Maracaibo, diez (10) de junio de 2011.
201º y 152º

Recibida la anterior solicitud de medida, constante de un (01) folio útil. Désele entrada. Fórmese pieza de medida por separado numerada. Cursa en el folio veintisiete (27) de la pieza principal del presente expediente, auto de admisión de la demanda que por LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL, formalizare el ciudadano JESÚS SALVADOR CHACÍN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 10.917.644, de este domicilio, en contra de la ciudadana ELBA ORTEGA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 12.953.284, del mismo domicilio.

Ahora bien, siendo la oportunidad procesal en que se verifica el estado de pendencia necesario para pronunciarse sobre la procedibilidad en derecho de la cautela solicitada, según escrito presentado por ante este despacho; ésta Juzgadora pasa a resolver el referido pedimento de tutela preventiva asegurativa tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

Exige el solicitante, se le conceda de Prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble constituido por una casa de habitación, ubicada en la Urbanización Lomas de la Misión, situada en la calle 100 (Sabaneta), en jurisdicción de la Parroquia Manuel Dagnino de Municipio Maracaibo del estado Zulia, distinguida con el No. AP-09, lote AP sur; según consta en plano de parcelamiento Lomas de la Misión, el cual quedó agregado al cuaderno de comprobante de la Oficina Subalterna de Registro del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del estado Zulia, en fecha veintidós (22) de octubre de 1.993, bajo el No. 241, con una superficie aproximada de ciento noventa y un metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados (191,58 m2), comprendido dentro de los linderos y medidas siguientes: NORTE: nueve metros con treinta centímetros (9,30 mts), con la parcela 2-03; ESTE: veinte metros con sesenta centímetros (20,60 mts) con la parcela AP-10; OESTE: veinte metros con sesenta centímetros (20,60 mts) con la parcela AP-08. El descrito inmueble fue adquirido por la ciudadana ELBA ORTEGA, en fecha dieciocho (18) de enero de 1.995, según consta de documento debidamente registrado por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del estado Zulia, anotado bajo el No. 23, protocolo primero, tomo 4°, primer trimestre. Todo en anuencia a lo preceptuado en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Dentro de este marco, esta sentenciadora, a los fines del decreto de la cautela solicitada, se encuentra en el deber de analizar la acreditación de los presupuestos y requisitos exigidos por la vía de causalidad contenidos en el artículo 585 Código de Procedimiento Civil, a saber del FUMUS BONIS IURIS, o verosimilitud del buen Derecho y PERICULUM IN MORA, condición que traduce el temor objetivo por parte del pretensor, de ver frustrado su derecho, por conductas inherentes a la parte demandada. Bajo esta óptica, los extremos exigidos en la disposición cuyo tenor se aplica, comportan igualmente las condiciones necesarias para el uso del poder cautelar general reconocido al Juez por el parágrafo primero del artículo 588 ejusdem, el cual circunscribe o delimita la potestad jurisdiccional, al cumplimiento de los requisitos exigidos por la vía de causalidad. Es por ello que se requiere de la ponderación de los elementos necesarios para el otorgamiento de la cautela, sin que ello suponga emitir opinión sobre la procedencia del derecho que se reclama.

Por criterio reiterado, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, ha asentado lo que a continuación se reproduce:

“Es criterio de este Alto Tribunal que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama, por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora).

Con referencia al primero de los requisitos (fumus boni iuris), su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.

En cuanto al segundo de los requisitos mencionados (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada”.

Así pues, esta Juzgadora pasa a analizar detenidamente y de manera puntualizada los requisitos materiales o de fondo necesarios a los fines del otorgamiento de la medida cautelar solicitada en la presente causa:

FUMUS BONIS IURIS
DE LA VEROSIMILITUD DEL DERECHO QUE SE RECLAMA.

Erigido el dictamen cautelar en el juicio hipotético realizado en sede jurisdiccional, sobre el eventual éxito de la pretensión del demandante in iuditio deductae, requiere, como bien lo advirtió el autor PIERO CALAMANDREI, en su imperecedera obra PROVIDENCIAS CAUTELARES, de una sumaria cognición que le permitiere al titular del Oficio Jurisdiccional, obtener elementos probatorios que hicieren emerger en su conciencia cognocente verosimilitud o mera apariencia de la procedibilidad en derecho de la pretensión debatida.
Bajo los argumentos precedentemente transcritos, esta operadora de justicia observa que la verosimilitud del derecho invocado, a saber, el “fumus boni iuris”, no es un “juicio de verdad”; en todo caso, alude a un cálculo de probabilidades de que quien invoca el derecho, es su titular. En otras palabras, corresponde a la presunción otorgada al juzgador del buen derecho reclamado. Así pues, en el caso sub-examine, se observa de las actas que conforman el presente expediente, que a los fines de fundamentar el FUMUS BONIS IURIS, el solicitante acompaña los siguientes documentos:

-Copia fotostática simple de contrato de compra venta suscrito entre la sociedad mercantil PARCELAMIENTO LA MISIÓN C.A., y la ciudadana ELBA ORTEGA, debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia, en fecha dieciocho (18) de enero de 1.995, quedando registrado bajo el No. 23, protocolo primero, tomo 4°, primer trimestre.
-Copia fotostática simple de sentencia proferida por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal No. 3, de fecha seis (06) de noviembre de 2.003, en la cual se declaró disuelto el vínculo matrimonial existente entre los ciudadanos JESÚS SALVADOR CHACÍN y ELBA ORTEGA.

De modo que, siendo necesaria la sola “presunción”, y no una certeza del derecho reclamado, esta juzgadora pondera este soporte instrumental como indicio del derecho que se reclama; y lo valora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 510 del Código de Procedimiento y 1.399 del Código Civil vigente, y siendo que, se verifica una argumentación fáctico jurídico consistente desde el punto de vista lógico que conduce a esta sentenciadora a la convicción de que la acción principal ha de ser estimada; éste Tribunal considera que se encuentran llenos los extremos exigidos por la Ley de la verosimilitud del buen derecho (FUMUS BONIS IURIS). ASÍ SE DECLARA.

PERICULUM IN MORA
DE LA VEROSIMILITUD EN LA FRUSTRACIÓN DE LA PRETENSIÓN
POR EL DECURSO PROCEDIMENTAL.

La urgencia en evitar la frustración del eventual derecho aducido por el demandante como fundamento de su pretensión, aunado al sustento mismo de la tutela asegurativa preventiva, a saber, evitar que se frustre o quede ilusoria la tutela jurisdiccional, es la ratio essendi del presente requisito, en otras palabras, es la presunción grave de que la ejecución del fallo pueda resultar ilusoria, en términos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, con el objeto de asegurar la legitimidad del ejercicio de la potestad jurisdiccional preventiva, se exige del solicitante, la acreditación sumaria de elementos probatorios, que hagan emerger en el Juzgador verosimilitud simple de la premura en la protección de la situación fáctica, durante el iter procesal.

Ahora bien, según lo planteado por el sistema dispositivo, recae sobre las partes a lo largo del desenvolvimiento del proceso, la obligación de identificar señalar y determinar los hechos y elementos alegados que a bien tengan, con el fin de lograr la pretensión incoada con arreglo a lo establecido en la Ley.

Así pues, a los fines de acreditar el periculum in mora en el caso in comento, la parte solicitante allega a las actas que componen el presente expediente la siguiente documentación:

-Copia fotostática simple de contrato de compra venta suscrito entre la ciudadana ELBA ORTEGA, y el ciudadano RAFAEL VALDES MACKENZIE, debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia, en fecha primero (01) de junio de 2.004, quedando registrado bajo el No. 41, protocolo 1°, tomo 12°.

-Copia fotostática simple de sentencia proferida por este órgano jurisdiccional en fecha trece (13) de enero de 2.010, en la cual se declaró la nulidad de venta propuesta por el ciudadano JESÚS SALVADOR CHACÍN, en contra de los ciudadanos ELBA ORTEGA y RAFAEL VALDES MACKENZIE.

Bajo esta perspectiva, este Tribunal observa que los soportes instrumentales aportados y los hechos alegados al presente proceso, dirigidos a demostrar el supuesto peligro de infructuosidad en la ejecución del fallo, son suficientes a los fines de emerger en esta Juzgadora verosimilitud simple de la premura en la protección de la situación fáctica, durante el iter procesal, ya que existe el riesgo latente de que la demandada de autos proceda a vender o enajenar nuevamente sin autorización del ciudadano JESÚS SALVADOR CHACÍN, el inmueble que se pretende partir en el caso sub litis, imposibilitando así la ejecución de una posible decisión favorable al actor en el presente proceso. ASÍ SE DECIDE.

En consecuencia, acreditada la pretensión a través del soporte instrumental al que hace referencia el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y requiriéndose solamente la constatación por parte de ésta Juzgadora, la cual fue realizada en la forma establecida, aunado al cumplimiento de los requisitos exigidos por la vía de causalidad contenidos en el referido artículo, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 585 y 600 ejusdem, DECRETA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre un inmueble constituido por una casa de habitación, ubicada en la Urbanización Lomas de la Misión, situada en la calle 100 (Sabaneta), en jurisdicción de la Parroquia Manuel Dagnino de Municipio Maracaibo del estado Zulia, distinguida con el No. AP-09, lote AP sur; según consta en plano de parcelamiento Lomas de la Misión, el cual quedó agregado al cuaderno de comprobante de la Oficina Subalterna de Registro del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del estado Zulia, en fecha veintidós (22) de octubre de 1.993, bajo el No. 241, con una superficie aproximada de ciento noventa y un metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados (191,58 m2), comprendido dentro de los linderos y medidas siguientes: NORTE: nueve metros con treinta centímetros (9,30 mts), con la parcela 2-03; ESTE: veinte metros con sesenta centímetros (20,60 mts) con la parcela AP-10; OESTE: veinte metros con sesenta centímetros (20,60 mts) con la parcela AP-08. El descrito inmueble fue adquirido por la ciudadana ELBA ORTEGA, en fecha dieciocho (18) de enero de 1.995, según consta de documento debidamente registrado por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del estado Zulia, anotado bajo el No. 23, protocolo primero, tomo 4°, primer trimestre. En este sentido, se acuerda hacer la participación correspondiente a dicha oficina registral.- Líbrese oficio.-

Se le hace saber a la parte interesada, que el Tribunal podrá decretar medidas cautelares en cualquier estado y grado de la causa, de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil.-
LA JUEZA:

MSc. GLORIMAR SOTO ROMERO LA SECRETARIA:

MSc. KARLA OSORIO FERNÁNDEZ.

En la misma fecha se oficio bajo el No. 0782 y se publicó bajo el No.______

LA SECRETARIA: