REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO DEL MUNICIPIO MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA EXPEDIENTE: 1.899-11.- SENTENCIA: 1953.- CAUSA: COBRO DE BOLÍVARES POR INTIMACIÓN. DEMANDANTE(S): MARÍA DOLORES PINEDA URDANETA. DEMANDADO(S): PABLO JOSÉ RIERA ADRIANZA. Consta en los autos juicio de COBRO DE BOLÍVARES POR INTIMACIÓN intentado por el abogado JUAN GUIRIRAY GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-16.046.952, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 115.733 domiciliado en la Ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, actuando como apoderado de ciudadana MARÍA DOLORES PINEDA URDANETA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-2.820.515, domiciliada en el Municipio Santa Rita del Estado Zulia, según poder autenticado por ante la Notaría Pública Décima Primera de Maracaibo, anotado bajo el Nro. 48, Tomo 40 de los libros respectivos, en contra del ciudadano PABLO JOSÉ RIERA ADRIANZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.602.340, domiciliado en la Ciudad de Cabimas del Estado Zulia. En fecha 25 de Mayo de 2011, se admitió la presente demanda por el procedimiento de intimación, decretando la intimación de la parte demandada. En fecha 06 de Junio de 2011, el apoderado judicial de la parte actora, abogado JUAN GUIRIRAY, solicita se decrete medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad del demandado, hasta por el doble de la suma demandada. Así mismo, solicita que decretada como fuere la medida solicitada, se comisione para su ejecución al Tribunal de Ejecución competente. En la misma fecha el Tribunal acuerda aperturar pieza de medida llevando la misma numeración de la pieza principal. El Tribunal para decidir observa: Examinadas las actas procesales, observa esta Juzgadora que en el presente juicio de COBRO DE BOLÍVARES POR INTIMACIÓN, la parte demandante ha solicitado medida preventiva de EMBARGO sobre bienes muebles propiedad del demandado, ciudadano PABLO JOSÉ RIERA ADRIANZA, hasta cubrir el doble del monto demandado, es decir, la cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL CIEN BOLÍVARES (Bs. 86.100,00). Las Medidas Preventivas son disposiciones de precaución adoptadas por el Juez a instancia de parte, a fin de asegurar los bienes litigiosos y evitar la insolvencia del obligado o demandado antes de la sentencia, estando establecidas en el artículo 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, correspondiendo estas medidas al tipo de procedimientos cautelares, siendo sus características la jurisdiccionalidad, provisoriedad, sumariedad, instrumentalidad, tramitándose y decidiéndose en cuaderno separado, y constituyendo una incidencia dentro del proceso. A este respecto se ha pronunciado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de Marzo de 2000, donde se estableció el siguiente criterio: “Las sentencias sobre medidas preventivas son decisiones interlocutorias que tienen claramente fuerza de sentencias definitivas en cuanto al fundamento que resuelven, como lo evidencia la circunstancia que las incidencias deben ser tramitadas en cuadernos separados y con cierta autonomía, pues las decisiones que allí se dictan no influyen en la cuestión de fondo y la definitiva no está en capacidad de reparar el gravamen causado en estas incidencias; por tanto es procedente la admisibilidad inmediata del recurso de casación para las sentencias que decidan en forma definitiva las medidas preventivas, acordándolas, revocándolas o suspendiéndolas y pongan fin a la incidencia cautelar.” Siguiendo el criterio de Couture, las decisiones judiciales de medidas preventivas no producen cosa juzgada material, sino formal, todo como consecuencia de su mutabilidad o provisionalidad. A este respecto, establece el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: “Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas.” Es por todo lo cual esta Jueza del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, del examen de los instrumentos probatorios indicados y que forman parte de las actas de este expediente, considera procedente la medida de EMBARGO sobre bienes muebles propiedad del demandado, ciudadano PABLO JOSÉ RIERA ADRIANZA, hasta cubrir el doble del monto demandado, es decir, la cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL CIEN BOLÍVARES (Bs. 86.100,00), o hasta la cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 64.575,00) si la medida recayera sobre cantidades liquidas de dinero propiedad del demandado. Así se decide.- Asimismo, este Tribunal considera procedente comisionar al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Cabimas, Santa Rita, Simón Bolívar, Lagunillas, Valmore Rodríguez, Miranda y Baralt de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, por ser competente para ejecutar la medida de embargo decretada, considerando este Juzgado la medida decretada suficiente para asegurar las resultas del juicio, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. Así se decide.- DECISIÓN Por los fundamentos antes expuestos este Juzgado del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: Se decreta medida de EMBARGO sobre bienes muebles propiedad del demandado, ciudadano PABLO JOSÉ RIERA ADRIANZA, hasta cubrir el doble del monto demandado, es decir, la cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL CIEN BOLÍVARES (Bs. 86.100,00), o hasta la cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 64.575,00) si la medida recayera sobre cantidades liquidas de dinero propiedad del demandado, dejando a salvo los derechos de terceros. Las cantidades de dinero retenidas deberán ser remitidas a este Tribunal en CHEQUE DE GERENCIA a su nombre. SEGUNDO: Para la Ejecución de las medidas antes mencionadas, se comisiona al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Cabimas, Santa Rita, Simón Bolívar, Lagunillas, Valmore Rodríguez, Miranda y Baralt de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia a quien se ordena librar Despacho de Comisión. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE.- Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, sellada y firmada en la Sala del Despacho del JUZGADO DEL MUNICIPIO MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, a los ocho (08) días del mes de Junio de dos mil once.- AÑOS: 201° de la Independencia y 152° de la Federación. La Jueza, Abog. Nodesma Mudafar de Ramírez El Secretario, Abog. Jesús Enrique Peralta Rivera. En la misma fecha siendo las once y diez de la mañana (11:10 a.m.) se dictó y publicó el fallo que antecede bajo el Nº 1953.- El Secretario, NMdeR/jepr/mef.