TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO UNDÉCIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
EXPEDIENTE Nº 2498-2011
MOTIVO: DESALOJO
VISTO: CON SUS ANTECEDENTES

Cursa por ante este Tribunal demanda de Desalojo, recibida del Órgano Distribuidor el 28 de marzo del 2011 y admitida por este tribunal en fecha 30 de marzo del mismo año, presentada por el ciudadano FABIO ROCCO ZOLOFRA VILLA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 7.971.065, de este domicilio en su carácter de comunero del bien inmueble que le pertenece en comunidad con su hermano MANLIO AMERICO ZOLOFRA VILLA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.843.155, de este domicilio, representado legalmente por los abogados RAFAEL DÍAZ, DIEGO PARDI, CELIDA ZULETA, MERCEDES UGARTE, SONSIREE MEZA, RAFAEL ALTIMARI, MARIANGEL CONTRERAS, ADRIANA TOVAR y GUSTAVO ALVIAREZ, venezolanos, mayores de edad, inscritos en el inpreabogado Nº 75.208, 74.591, 25.786, 91.249, 112.524, 120.200, 131.124, 125.581 y 142.904 respectivamente, de igual domicilio, en contra del ciudadano FRANCISCO JAVIER AZARES GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 14.500.644, de este domicilio por DESALOJO Y COBRO DE BOLÍVARES, alegando el accionánte que celebró contrato de arrendamiento con la parte demandada, según contrato de arrendamiento Autenticado ante la Notaria Pública Octava de Maracaibo, en fecha 10 de septiembre del 2009, Nº 63, tomo 133, sobre un local comercial ubicado en la Av. Padilla (calle 93), entre avenidas 5 y 6, frente al instituto IPE, en jurisdicción de la parroquia Bolívar del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, constituido por un local comercial en el cual funciona las oficinas comerciales de la S.M. TIENDAS NATURISTA MARATHON C.A., situada en el Edificio Malena, piso segundo (2do), signado con el numero y letra 2-C, con una canon de arrendamiento mensual de TRES MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 3.500,oo), mas IVA y cuotas ordinarias de condominio los 5 primeros días de cada mes, debiendo cancelar exclusivamente mediante deposito bancario, transferencia o cheque conformable en la cuenta corriente Nº 0105-0280-24-1280019581, a nombre de la S.M. INVERSIONES ZV, C.A., encargada de la administración del inmueble, siendo el caso que el demandado a la fecha adeuda los cánones de los meses de noviembre y diciembre del 2010, enero, febrero y marzo del 2011, agotadas las vías amistosas sin que la demandada desocupe el inmueble bajo pugna, basado en el artículo 34 ordinal a) de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, acude ante esta sala, para que la parte demandada sea constreñida a:
1) El desalojo del inmueble en pugna.
2) El pago de los cánones de arrendamiento vencidos de los meses de noviembre y diciembre del 2010, enero, febrero y marzo del 2011, a razón de TRES MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 3.500,oo) mensuales cada uno con IVA, que suman la cantidad de DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 19.600,oo), más intereses legales a la tasa del 12% mensual por la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 459,95), más indemnización de la cláusula Décima Octava del contrato de arrendamiento signado entre las partes por CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 5.135,20).
3) La indexación sobre los montos demandados.
Estimando la presente causa en la cantidad de VEINTE Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN BOLÍVARES CON QUINCE CÉNTIMOS (Bs. 25.191,15) 331,52 Unidades Tributarias.

El 5 de abril del 2011, previa solicitud de la parte demandante, el tribunal decretó por medio de sentencia interlocutoria negó el proveimiento de las medidas cautelares de SECUESTRO y EMBARGO solicitadas, por la amplia discrecionalidad que tiene la juez para decidir, que las medidas no tienen una buena fundamentación jurídica para la procedencia de las mismas.
En fecha 18 de mayo del 2011 consta en actas la citación personal del demandado de autos.
Siendo la oportunidad procesal correspondiente para la promoción y evacuación probatoria, solo la parte actora lo hizo de la siguiente manera:

PROMOCIÓN Y EVACUACIÓN PROBATORIA

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA CON EL LIBELO DE LA DEMANDA:

1) Promovió en su original contrato de arrendamiento Autenticado ante la Notaria Pública Octava de Maracaibo, en fecha 10 de septiembre del 2009, Nº 63, tomo 133, sobre un local comercial ubicado en la Av. Padilla (calle 93), entre avenidas 5 y 6, frente al instituto IPE, en jurisdicción de la parroquia Bolívar del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, constituido por un local comercial en el cual funciona las oficinas comerciales de la S.M. TIENDAS NATURISTA MARATHON C.A., situada en el Edificio Malena, piso segundo (2do), signado con el numero y letra 2-C. En cuanto a esta probanza al no haber sido contrariada en forma y tiempo legal establecido, y emanar de organismo público que le revierte tal carácter, adquiere plena fe probatoria de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Así se valora.

2) Documento de propiedad en copia simple, del inmueble arrendado que le pertenece al demandante de actas según documento inscrito ante el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 26 de Junio del 2007, bajo el Nº 43, tomo 30, protocolo 1º. En cuanto a esta probanza al no haber sido contrariada en forma y tiempo legal establecido, y emanar de organismo público que le revierte tal carácter, adquiere plena fe probatoria de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Así se valora.

3) Promovió en originales recibos de pago de los meses noviembre y diciembre del 2010, enero, febrero y marzo del 2011. Con relación a este legajo de pruebas, la misma fue impugnada por la parte contraria y por tanto al no ser cotejada de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, la misma se desecha. Así se decide.

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA
1) Promovió el merito favorable dos mensajes de datos electrónicos enviados por la parte demandada. Los cuales al no haber sido contrariada en forma y tiempo legal establecido, adquieren pleno valor como medio de prueba libre, de conformidad con el artículo 4 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley sobre los Mensajes de Datos y Firmas electrónicas. Así se decide.

DECISIÓN
El tribunal para resolver, observa:
En virtud de la garantía constitucional “a la tutela judicial efectiva” prevista y sancionada en el artículo 26 de la Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela, de donde emana el poder tuitivo de los jueces para proteger a los justiciables, y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
Así mismo, como lo establece nuestra carta magna en su artículo 257:
“El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (…)”

Como quiera que esta operadora de justicia tiene la obligación de asegurar la integridad de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela; garantizando una justicia imparcial, transparente e independiente;
Entra a decidir conforme a derecho este órgano administrador de justicia la presente causa.
Esta Juzgadora pasa a examinar el fondo de la controversia:
Ahora bien, es necesario señalar lo preceptuado por el artículo 883 el cual instituye en el Juicio breve el término de emplazamiento para la contestación de la demanda en el cual se establece:
“Artículo 883. El emplazamiento se hará para el segundo día siguiente a la citación de la parte demandada (…)”

En el caso de auto, comienza a contarse a partir del día de despacho siguiente a la constancia en autos de haberse citado a la parte demandada ciudadano FRANCISCO JAVIER AZARES GONZÁLEZ, lo cual se cumplió de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil 18 de mayo del 2011, a tal efecto en el día de despacho siguiente emprende a correr el término de emplazamiento, observa ésta juzgadora que la parte demandada de marras, no presentó su escrito de contestación de demanda, acto que debió realizar en el segundo día de despacho siguiente como lo señala el referido artículo, es decir en fecha 20 de mayo del 2011, como garantía de la parte actora, quien a partir del cumplimiento impretermitible de los términos previstos en la ley, tendría el control de los alegatos de la contraparte manteniéndose una igualdad procesal, entre ellos, criterio éste reiterado por la Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, de fecha 12 de Noviembre de 2.002, Exp.01.2474:
“El artículo 883 del Código de Procedimiento Civil, establece claramente que el emplazamiento para la contestación de la demanda se hará para el segundo día siguiente a la citación. La norma dificulta la posibilidad de interpretar que se trata de un lapso, pues no señala ‘dentro de los dos días’, sino que de manera expresa establece que éste debe tener lugar en el segundo día siguiente a la citación de la demandada. Dadas estas circunstancias interpretativas, si se deja en potestad del demandado escoger entre el primer día o el segundo, entonces la actora podría ver en peligro su derecho de estar presente en el acto celebrado el primer día de despacho, para así contradecir verbalmente las cuestiones previas opuestas por el demandado, siendo este último el único presente, exponiendo libremente y sin contradicción las cuestiones previas que considere pertinentes.
En otras palabras, de no existir la posibilidad de contradicción inmediata de las cuestiones previas a que hace referencia el artículo 884 del Código de Procedimiento Civil, podría pensarse que en nada se perjudicaría la actora si se interpretase que el artículo 883 eiusdem, establece un lapso y no un término; pero dada la forma como están redactados ambos artículos, en especial el 883 ibidem, establecer que se trata de un lapso sería crear la posibilidad de constituir una suerte de ‘trampa procesal’ para el actor, donde una norma le indica que es al segundo día el acto de contestación de la demanda, pero resulta que el demandante puede comparecer al primero y sorprenderlo con cuestiones previas que el accionánte no va a poder contradecir.
Por estas razones, la Sala considera que cuando el Legislador dispuso en el artículo 883 del Código de Procedimiento Civil ‘...el emplazamiento se hará para el segundo día siguiente a la citación de la parte demandada...’, estableció un término para la contestación, y en consecuencia, la recurrida actuó conforme a derecho cuando determinó que el demandado incurrió en confesión ficta al contestar la demanda el primer día siguiente a su intimación y no el segundo, y por ello, no infringió por errónea interpretación el referido artículo.”
Con base en el criterio que parcialmente fue transcrito, resulta ajustada a derecho la decisión que dictó el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira cuando declaró la confesión ficta porque contestó la demanda el primer día y no el segundo, tal como lo preceptúa el artículo 883 del Código de Procedimiento Civil; por cuanto dicho artículo dispone un término y no un lapso y, más aún, de manera expresa ordena la celebración de un acto de la contestación de la demanda el cual ha de tener lugar el segundo día siguiente a la citación de la demandada, ya que la actora podría ver en peligro su derecho de presencia en el acto que se llegara a celebrar el primer día de despacho, para que así pudiera contradecir verbalmente las cuestiones previas que promoviera el demandado. Así se decide. Con fundamento en el razonamiento que precede, se revoca la decisión en contrario del a quo constitucional. Así se declara.”

En atención que la demandada, el ciudadano FRANCISCO JAVIER AZARES GONZÁLEZ, no dio contestación en el término consagrado en el artículo 883 del Código de Procedimiento Civil, ni promovió prueba alguna a su favor, ni la petición es contraria a derecho, es procedente en este caso la aplicación de la confesión ficta prevista en el artículo 887 en concordancia con el artículo 362 del Código de procedimiento Civil el cual establece:
“Artículo 887 La no comparecencia del demandado producirá los efectos establecidos en el artículo 362, pero la sentencia se dictará en el segundo día siguiente al vencimiento del lapso probatorio.”

“Articulo 362.- Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento.”
La Sala se acoge en el caso de auto, la doctrina expresada, ya que el Juzgador debe necesariamente constatar que los tres elementos antes expuestos, se hayan dado en el proceso, para sentenciar atenido a la confesión, conforme lo establece el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.
La doctrina expuesta, limita la actuación del Juzgador que tiene ante sí un proceso con una parte demandada, rebelde y contumaz a constatar los tres elementos expuestos, ya que la presunción iuris tantum producido por la falta de contestación a la demanda que permite al demandado la prueba limitada, no ya de excepción sino de hecho que enerven la acción del demandante deviene, con la confesión ficta y la falta de probanzas, una consecuencia legal impuesta por la misma disposición que sustituye las pruebas que pudiera sustanciar el Tribunal.
En el estudio de dicha institución el autor A. RANGEL ROMBERG, en su libro Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el Código de 1987, expresa lo siguiente:
“(...) c) Como se ha visto antes, la disposición del articulo 362 C.P.C., requiere dos condiciones para que la confesión ficta sea declarada y tenga eficacia legal: Que la petición del demandante no sea contraria a derecho y que en el término probatorio no pruebe el demandado algo que le favorezca; y consecuencialmente, los problemas que plantea la institución en la practica, son dos: establecer lo que debe entenderse por “ petición contraria a derecho” y el alcance de la locución “si nada probare que le favorezca”. Determinar cuando la petición del demandante es contraria a derecho, tiene trascendencia en nuestro caso, solo en cuanto a la declaración de la confesión ficta, pues en cuanto al mérito de la causa, aunque se tenga por admitidos los hechos en virtud de la confesión ficta, el Tribunal no podrá declarar con lugar la demanda, ni acordar lo pedido por la parte actora, si esa petición resulta contraria a derecho en el sentido de que los hechos admitidos, no producen la consecuencia jurídica pedida.
Para determinar este extremo, no es preciso que el Juez entre a indagar acerca del derecho o las consecuencias jurídicas que conforme a la ley deben aplicarse en concreto a los hechos establecidos o confesados por el demandado, porque una cosa es la desestimación de la confesión ficta por ser contraria a derecho la petición del demandante, y otra la desestimación de la demanda por improcedente e infundado en derecho. Ambos conceptos giran en torno a la cuestión de derecho, y fácilmente puede confundirse las situaciones.
(...) e) Una innovación importante en la materia que estamos tratando, relación con la prueba que puede aportar el confeso, se encuentra en el referido artículo 362 C.P.C., al establecer que vencido el lapso de promoción de pruebas, sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin mas dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. Regla esta como expresa la Exposición de Motivos de un alto valor para la celeridad del proceso, que se justifica por la actitud omisiva del demandado en tal circunstancia, que pone a su cargo el onus probandi para desvirtuar la confesión. La regla, como es obvio, considera innecesario, ante la actitud del demandado, continuar el procedimiento ordinario por los restantes trámites hasta la sentencia definitiva, siendo que ninguna prueba fue promovida en el lapso correspondiente.”

Ahora bien, esta Juzgadora considera procedente aplicar en el caso de auto, la doctrina expresada procediendo constatar los tres elementos:
a) Que el demandado no diere contestación a la demanda;
b) Que la pretensión del actor no sea contraria a derecho;
Y c) Que el demandado no probare nada que le favorezca.

En el caso de auto, observa esta juzgadora que la parte demandada, el ciudadano FRANCISCO JAVIER AZARES GONZÁLEZ, no compareció a dar contestación a la demanda en el segundo día de despacho siguiente a la constancia en autos de su citación personal, en fecha 20 de mayo de 2011, ni promovió durante el lapso probatorio prueba alguna que pudiere obrar a su favor, además que lo pretendido por la parte actora no es contrario a derecho, por cuanto su petitum esta consagrado en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Al mismo tiempo, se constata que se han cumplido los tres elementos antes expuestos, procediendo esta juzgadora a decidir el presente juicio aplicando la confesión ficta conforme a lo establecido en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
DISPOSITIVO DEL FALLO
Con mérito en los argumentos antes expuestos este JUZGADO UNDÉCIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara:
1) CON LUGAR: La demanda incoada por el ciudadano FABIO ROCCO ZOLOFRA VILLA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 7.971.065, de este domicilio en su carácter de comunero del bien inmueble que le pertenece en comunidad con su hermano MANLIO AMERICO ZOLOFRA VILLA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.843.155, de este domicilio, representado legalmente por los abogados RAFAEL DÍAZ, DIEGO PARDI, CELIDA ZULETA, MERCEDES UGARTE, SONSIREE MEZA, RAFAEL ALTIMARI, MARIANGEL CONTRERAS, ADRIANA TOVAR y GUSTAVO ALVIAREZ, venezolanos, mayores de edad, inscritos en el inpreabogado Nº 75.208, 74.591, 25.786, 91.249, 112.524, 120.200, 131.124, 125.581 y 142.904 respectivamente, de igual domicilio, en contra del ciudadano FRANCISCO JAVIER AZARES GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 14.500.644, de este domicilio por DESALOJO Y COBRO DE BOLÍVARES. Se ordena a la parte demandada hacer entrega del inmueble constituido por un local comercial en el cual funciona las oficinas comerciales de la S.M. TIENDAS NATURISTA MARATHON C.A., situada en el Edificio Malena, piso segundo (2do), signado con el numero y letra 2-C, avenida Padilla (calle 93), entre avenidas 5 y 6 frente al IPE, Parroquia Bolívar, del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, cuyos linderos son Norte: Fachada norte del edificio, Sur: Con la oficina 2-D, Este: Fachada este del edificio y Oeste: En parte con la oficina 2-B, libre de objetos y personas y pagarle a la parte demandante la cantidad de VEINTE Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN BOLÍVARES CON QUINCE CÉNTIMOS (Bs. 25.191,15) 331,52 Unidades Tributarias, por los cánones de arrendamiento vencidos de los meses de noviembre y diciembre del 2010, enero, febrero y marzo del 2011, a razón de TRES MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 3.500,oo) mensuales cada uno con IVA, que suman la cantidad de DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 19.600,oo), más intereses legales a la tasa del 12% mensual por la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 459,95), más indemnización de la cláusula Décima Octava del contrato de arrendamiento signado entre las partes por CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 5.135,20). Así se decide.

2) INDEXACIÓN: Visto que la demandante solicito en el escrito de demanda y considerando que la presente demanda fue admitida el 30 de marzo del 2011, y que resulta un hecho notorio la desvalorización de la divisa nacional como efecto de los índices inflacionarios acaecidos en nuestro país, con lo cual las expectativas económicas de la parte actora no quedaran satisfechas, se acuerda la indexación monetaria o judicial a través de una experticia complementaria del fallo a tenor de lo dispuesto en el articulo 249 del Código de Procedimiento, para lo cual se debe oficiar al Banco Central de Venezuela para que el experto designado realice los cálculos respectivos en base al monto condenado a pagar en la presente sentencia.
Hay condenación en costas por haber resultado vencida la parte demandada en el presente fallo, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE.
Dada, firmada y sellada en la sala del despacho del JUZGADO UNDÉCIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a 8 días del mes junio del 2011. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
JUEZ:

ABOG. LOLIMAR URDANETA GUERRERO
SECRETARIA:

ABOG. JAKELINE PALENCIA
En la misma fecha siendo las 3:30 pm se publicó y registró el presente fallo, se expedió la copia certificada ut supra y se archivo en el copiador las sentencias.
SECRETARIA:

ABOG. JAKELINE PALENCIA