TSJ Regiones - Decisión

Tribunal Séptimo de Juicio para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito
Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Maracaibo, veinte (20) de junio del año dos mil once
201º y 152º

Asunto No. VP01-L-2010-002194.

SENTENCIA DE HOMOLOGACIÓN DE TRANSACCIÓN

Parte Demandante: RAFAEL SEGUNDO AVILA GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 12.803.651, domiciliado en la ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
Apoderados Judiciales de la parte demandante: MARCELO MARIN HIDALGO, MARIA GABRIELA PUCHE AMESTY, WILMER PORTILLO RANGEL, ARMANDO MACHADO y ADRIANA URDANETA, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos 89.878, 89.838, 50.226, 89.875 y 91.250, respectivamente.

Parte Demandada: SEGURIDAD JOS C.A., debidamente registrada por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha doce (02) de diciembre de 1991, bajo el N° 79, Tomo 89-A.
Apoderados Judiciales de la parte demandada: DOUGLAS CAMARILLO y JOSE ATILIO MOLERO DIAZ, abogados en ejercicio, el primero de los prenombrados portador de la cedula de identidad Nro. 16.018.188, e inscritos el último de los nombrados en el INPREABOGADO bajo el Nro. 96.068.

Motivo: Prestaciones Sociales y otros Conceptos Laborales.

ANTECEDENTES PROCESALES
En el juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, sigue el ciudadano RAFAEL SEGUNDO AVILA GONZALEZ, ya identificado, debidamente asistido por el profesional del derecho MARIA GABRIELA PUCHE ut supra identificada, contra la sociedad mercantil SEGURIDAD JOS C.A., consignando escrito libelar por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral (URDD) en fecha 07 de octubre de 2010, asignándole al asunto la numeración VP01-L-2010-002194, correspondiéndole por distribución su conocimiento en la primera fase del procedimiento al TRIBUNAL DECIMO PRIMERO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN PARA EL NUEVO REGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DE ÉSTE CIRCUITO LABORAL, el cual en fecha 13 de octubre de 2010 admitió la demanda y ordenó la debida notificación de la parte demandada de conformidad con el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, una vez culminada su notificación y previa certificación de la notificación practicada por parte de la ciudadana Secretaria en fecha 01 de noviembre de 2010; se realizó seguidamente, acto de distribución pública de las Audiencias Preliminares en fecha 16 de noviembre de 2010, concerniéndole la presente causa al TRIBUNAL DECIMO QUINTO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN PARA EL NUEVO REGIMEN PROCESAL Y T RANSITORIO DE ESTE CIRCUITO LABORAL, prolongándose la audiencia preliminar para los días 10-12-2010, 02-02-2011, 02-03-2011, 16-03-2011, 25-03-2011 y 04-04-2011.
Así las cosas de conformidad con el artículo 74 ejusdem en la última de las prolongaciones celebradas 04-04-2011 el referido Tribunal dejó constancia de la imposibilidad de llegar a una mediación o conciliación entre las partes, en tal sentido, se ordenó la incorporación de las pruebas a los fines de su admisión y evacuación, dejando constancia que la parte demandada dio contestación a la demanda en fecha once (11) de abril de 2011; remitiendo dicho expediente al Juez de Juicio que por distribución correspondió a este TRIBUNAL SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA, por lo que recibido como fue el día 18-04-2011, se le dio entrada al presente asunto. Así pues, en fecha 25-04-2011 este Tribunal pasó a pronunciarse sobre la admisibilidad de las pruebas de conformidad con el Articulo 75 de la misma ley, y en fecha 29-04-2011, se procedió a fijar la audiencia de juicio para el día veintiséis (26) de mayo del año 2011, a las diez de la mañana (10:00am).
Seguidamente, fecha veinticuatro (24) de mayo de 2011, este Tribunal dictó auto difiriendo la celebración de la referida audiencia de juicio, para el día dieciséis (16) de junio de 2011, a las diez de la mañana (10:00am), por las razones justificadas expuestas en el referido auto.
Ahora bien, es el caso que en fecha dieciséis (16) de junio de 2011, día fijado para llevar a efecto la audiencia de juicio oral y pública, presentes la abogada MARIA GRABRIELA PUCHE en su carácter de apodera judicial de la parte actora ciudadano RAFAEL SEGUNDO AVILA GONZALEZ por una parte, y por la parte demandada SEGURIDAD JOS C.A. representada por los abogados JOSE ATILIO MOLERO DIAZ y DOUGLAS ENRIQUE CAMARILLO; en este sentido, este Sentenciador actuando como un Juez Social instó a las partes a llegar a un acuerdo, para lo cual la parte demandada manifestó su voluntad ofrecer en pago a la demandante en el referido acto la cantidad de SIETE MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 7.000,oo), para ser pagados en dos partes, por la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 3.500,oo) cada uno, en fechas treinta (30) de junio de 2011 y ocho (08) de julio de 2011, ambos mediante cheque a favor del ciudadano RAFAEL SEGUNDO AVILA GONZALEZ; para lo cual, la representación judicial de la parte actora aceptó la oferta propuesta por el demandado.
En consecuencia, corresponde a este Tribunal verificar los términos del citado acuerdo, el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y los artículos 10 y 11 del Reglamento de la misma Ley, y siguiendo los parámetros jurisprudenciales sobre este tipo de acuerdos.
En tal sentido, este Tribunal constató que la representación judicial de la parte demandada abogados JOSE ATILIO MOLERO DIAZ y DOUGLAS ENRIQUE CAMARILLO, obraban con suficiente poder para transigir según se desprende del mandato poder que riela en los folios 30-31 ambos inclusive; respecto a la parte actora, se evidencia de la referida acta levantada en fecha dieciseis (16) de junio de 2011, que la abogada en ejercicio MARIA GABRIELA PUCHE igualmente obraban con suficiente poder para transigir según se desprende del mandato poder que riela en el folio 5.
Además, examinados como han quedado los términos en que están contenidos en esta transacción, observa el Tribunal lo siguiente:
En cuanto a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, de conformidad con el ordinal 2° del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece sobre la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, a menos que la relación haya concluido, en cuyo caso es posible la transacción o convenimiento y además, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo señala:
“En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores. PARÁGRAFO ÚNICO: La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada”

En este marco de argumentaciones legales, es preciso señalar, el contenido del artículo 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, del 28 de abril del año 2006.
“La transacción celebrada por ante el Juez, Jueza, Inspector o Inspectora del Trabajo competente, debidamente homologada, tendrá efectos de cosa juzgada.
Parágrafo Primero: Cuando la transacción fuere presentada para su homologación, el funcionario o funcionaria competente deberá constatar el cumplimiento de los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador o trabajadora actúa libre de constreñimiento alguno…” (Negrilla y subrayado nuestro).

En cuanto al motivo del acto conciliatorio, la misma fue realizada con la finalidad de darle fin a la controversia, alegato que expresan de mutuo acuerdo ambas partes en el acuerdo de pago.
Ahora bien, resulta pertinente hacer referencia al criterio sentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 03 de julio de 2006, No. 1157, en la cual se estableció:
“… esta Sala ha sostenido que en los supuestos en los que la transacción se plantea dentro de un procedimiento judicial, en el cual se demandan derechos del trabajador, es admitida cierta flexibilidad en cuanto al acatamiento del requisito de señalar, detalladamente los derechos comprendidos en ella, entre otras cosas porque se entiende que el actor ha contado con la asistencia técnico jurídica necesaria”.

En este orden de ideas, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias N° 982 y 979, de fechas 21 de septiembre de 2010, señalaron lo siguiente:
“Examinados los términos de la transacción y evidenciada la facultad con la que actúa las partes, cumpliéndose así con la garantía constitucional de asistencia debida en el proceso; que en la manifestación escrita del acuerdo actuaron en forma voluntaria y sin constreñimiento alguno y, que el documento presentado ante esta Sala en la fecha mencionada, se encuentra debidamente circunstanciado en cuanto a su motivación y derechos comprendidos, se acuerda concederle la homologación a la manifestación de voluntad presentada por las partes en este caso. Así se declara.
Igualmente, esta Sala de Casación Social como autoridad competente para otorgarle los efectos de cosa juzgada al acuerdo transaccional, declara que de esta manera se concluye el litigio judicial en forma definitiva, mediante un medio alterno de resolución de conflictos conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 253 y 258 de la Constitución Nacional y enfatiza que la manifestación de voluntad expuesta en la transacción en cuestión, constituye una muestra de la participación y responsabilidad social de los sujetos involucrados, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, de acuerdo a sus capacidades y, que por tanto, deben cumplir las obligaciones contraídas en el convenio suscrito, todo de conformidad con lo preceptuado en los artículos 131 y 135 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.“

En el caso bajo estudio, una vez verificados los extremos de Ley, se concluye que siendo que la parte actora celebró un acuerdo transaccional como forma de autocomposición procesal, que ofreciera la parte demandada, al ciudadano RAFAEL SEGUNDO AVILA GONZALEZ, por el monto de SIETE MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 7.000,oo) para ser cancelados mediante dos (02) pagos por la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 3.500,oo) cada uno, en fechas treinta (30) de junio de 2011 y ocho (08) de julio de 2011, ambos mediante cheque a favor del ciudadano RAFAEL SEGUNDO AVILA GONZALEZ; en tal sentido, visto que la representación judicial de la parte actora ciertamente indicó aceptar la referida oferta propuesta por el demandado; por lo cual, es necesario para este Tribunal dejar expresa constancia que se procederá a dar por terminado el presente asunto, una vez que conste en actas el efectivo cobro de las mencionadas cantidades de dinero; ahora bien, por los argumentos antes expuestos, este Tribunal procede a homologar y a darle el carácter de cosa juzgada a la transacción celebrada libremente por las partes. Así se decide.

DISPOSITIVO
En virtud de lo precedentemente expuesto, este TRIBUNAL SÉPTIMO DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:
PRIMERO: SE HOMOLOGA el acuerdo celebrado entre la parte demandante ciudadano RAFAEL SEGUNDO AVILA GONZALEZ, y la sociedad mercantil SEGURIDAD JOS C.A., todos plenamente identificados en las actas procesales, pasándola en autoridad de cosa juzgada.
SEGUNDO: Se deja constancia que el Tribunal procederá a ordenar el archivo definitivo del expediente, UNA VEZ QUE CONSTE EN ACTA LA TOTALIDAD DE LOS PAGOS ACORDADOS.
TERCERO: NO HAY CONDENATORIA en costas, dada la naturaleza del fallo y por haberlo incluido en su acuerdo las partes.
Publíquese y Regístrese. Déjese copia certificada del presente fallo por Secretaría, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 numeral 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Dada, firmada y sellada en la Sede del TRIBUNAL SÉPTIMO DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los veinte (20) días del mes de junio del año dos mil once (2011). Años: 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
- Juez -

Dr. Edgardo A. Briceño Ruiz.
La Secretaria,

Abg. Melina Valera.
En la misma fecha se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las doce y veintiséis minutos de la tarde (12:26 p.m.).
La Secretaria,

Abg. Melina Valera.
EBR/lmm