REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Décimo Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Maracaibo, tres (03) de junio de dos mil once (2011).
201º y 152º
No. DE EXPEDIENTE: VP01-L-2010-0026
PARTE ACTORA: HECTOR RAMON BOHORQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V.- 9.734.206, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: YERLYN BARRIOS PAZ, OSWALDO BARRIOS AÑEZ Y LUIS ALBERTO URRIBARRI, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 129.605, 133.003 y 128.578 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Empresa MAXIMA SEGURIDAD, C.A., (MAXSECA).
APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: NO NOMBRÓ APODERADO JUDICIAL.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES
SENTENCIA DEFINITIVA
En el día de hoy viernes tres (03) de junio de dos mil once (2011), habiéndose dejado constancia en acta de instalación de Audiencia Preliminar de fecha viernes veintisiete (27) de junio del presente año dos mil once (2011), de la incomparecencia de la parte demandada empresa MAXIMA SEGURIDAD C.A., (MAXSECA), a dicha audiencia, ni por si, ni por apoderado judicial alguno y de la comparecencia a la misma del apoderado judicial de la parte actora abogado LUIS ALBERTO URRIBARRI, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 128.578, estando dentro del lapso para la publicación del fallo, se decide de la siguiente forma:
DE LOS ALEGATOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA
Alega el demandante ciudadano HECTOR RAMON BOHORQUEZ, ya identificado, que en fecha cinco (05) de enero de dos mil cuatro (2004), comenzó a prestar sus servicios personales, directos y subordinados como OFICIAL DE SEGURIDAD para la empresa PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL, C.A. (PROTINTECA), pero narra que posteriormente fue constituida una nueva empresa llamada MAXIMA SEGURIDAD, C.A. (MAXSECA), conservando la misma actividad económica, con el mismo personal e instalaciones, donde siguió trabajando en las mismas condiciones de trabajo, que devengó un ultimo salario mensual de BsF. 879, 15, que laboró en un horario de lunes a domingo de 7:00 AM a 7:00 PM, con el día miércoles libre. Seguidamente narra que en fecha doce (12) de Julio de 2009, renunció a sus labores habituales de trabajo, sin que se le haya cancelado los montos que por prestaciones sociales y otros conceptos laborales le corresponden.
Reclama los siguientes conceptos y montos: 1) Por concepto de Antigüedad, reclama la cantidad de BsF. 7.784, 15. 2) Por concepto de Intereses sobre Antigüedad, reclama la cantidad de BsF.2.343, 29. 3) Por concepto de Vacaciones Vencidas No Canceladas, reclama la cantidad de BsF. 1.582, 74. 4) Por concepto de vacaciones Fraccionadas, reclama la cantidad de BsF. 322, 41. 5) Por concepto de Bono Vacacional Vencido, No Cancelado, reclama la cantidad de BsF. 879, 30 6) Por concepto de Bono Vacacional Fraccionado, reclama la cantidad de BsF. 175, 86. 7) Por concepto de Utilidades fraccionadas, reclama la cantidad de BsF. 256, 46. 8) Por concepto de retención Indebida de una quincena, reclama la cantidad de BsF. 439, 58. 9) Por concepto de Retención indebida del bono de alimentación (6 meses), reclama la cantidad de BsF. 2.048, 75. 10) Por concepto de Inscripción en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales e Indemnización por concepto de cotizaciones que debieron ser retenidas, solicita le sean cotizadas las mismas y la entrega de la forma 14-01 y 14-03. 11) Por concepto de perdida Involuntaria del Trabajo (Paro Forzoso), reclama la cantidad de BsF. 2.458, 50, para un total reclamado de BsF. 18.291, 04.
Que la suma total de los conceptos anteriormente mencionados, reclamados por el demandante, monto en la cual estima la demanda, asciende a la cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN BOLIVARES CON CUATRO CENTIMOS (BsF. 18.291, 04), por lo que demanda a la empresa MAXIMA SEGURIDAD, C.A (MAXSECA), para que le cancelen los conceptos anteriormente indicados, así como los intereses moratorios e indexación.
AUSENCIA DE ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA
En la causa que nos ocupa, la parte demandada no se hizo presente en la oportunidad de la celebración de la Audiencia Preliminar, de modo que evidente es la ausencia de alegatos, y se tiene que conforme a lo previsto en el articulo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se presume la admisión de los hechos alegados por el demandante, esto claro está supeditado a que no sea contraria a derecho la petición del mismo, o lo que es igual, en cuanto sea procedente en Derecho la pretensión demandada.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Todo procedimiento legal impone a cada una de las partes intervinientes de la relación laboral procesal, una serie de cargas denominadas por la doctrina, cargas procesales que se deben cumplir para no sufrir las consecuencias establecidas en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En este sentido, resulta conveniente destacar el contenido de las siguientes normas de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo:
Artículo 128: “El demandado deberá comparecer a la hora que fije el Tribunal, personalmente o por medio del apoderado, a fin de que tenga lugar la audiencia preliminar al décimo día hábil siguiente, posterior a la constancia en autos de su notificación o de la última de ellas, en caso de que fueren ellas, en caso de que fueren varios los demandados”.
Artículo 131: “Si el demandado no compareciera a la audiencia preliminar se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el Tribunal sentenciara en forma oral…”.
En el escenario específico de la contumacia de la demandada al inicio de la Audiencia Preliminar, surte la consecuencia jurídica de presumirse como admitidos los hechos alegados por el demandante y el Tribunal deberá forzosamente sentenciar la causa conforme a dicha confesión, teniendo en cuenta que dicha presunción se encuentra limitada en dos aspectos en cuanto a su eficacia jurídica, a saber, la ilegalidad de la acción y la contrariedad con el derecho de la pretensión; y en este sentido quien sentencia observa que la acción interpuesta por el ex – trabajador actor, como es la demanda por Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales, se encuentra tutelada en los artículos 87, 89 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también, en los artículos 1, 65, 108, 155, 156, 174, 219, 223 y 225, de la Ley Orgánica del Trabajo, así como los artículos 2,3,4 y 5 de la Ley de Alimentación Para Trabajadores y artículo 36 de su reglamento, artículos 16 y 113 de la Ley Orgánica del Sistema de seguridad Social, 1,2, 62 y 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social, así como los artículos 31, 32 y 39 de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo.
De igual manera, bajo este mapa referencial, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución tiene la inquebrantable misión de formarse convicción con relación a la legalidad de la acción y consecuencialmente la pertinencia jurídica de la pretensión. En la presente causa, no hubo formulación de defensa alguna por parte de la demandada empresa MAXIMA SEGURIDAD C.A. (MXSECA), al no presentarse en la oportunidad de la celebración de la primigenia Audiencia Preliminar, con lo que se activa el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Establecido lo anterior, pasa de inmediato este Juzgador, a delimitar los hechos y verificar su conformidad con la normativa contenida en los artículos 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, igualmente con lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
El ciudadano HECTOR RAMON BOHORQUEZ, antes identificado, demanda el pago de los siguientes conceptos y montos: 1) Por concepto de Antigüedad, reclama la cantidad de BsF. 7.784, 15. 2) Por concepto de Intereses sobre Antigüedad, reclama la cantidad de BsF.2.343, 29. 3) Por concepto de Vacaciones Vencidas No Canceladas, reclama la cantidad de BsF. 1.582, 74. 4) Por concepto de vacaciones Fraccionadas, reclama la cantidad de BsF. 322, 41. 5) Por concepto de Bono Vacacional Vencido, No Cancelado, reclama la cantidad de BsF. 879, 30 6) Por concepto de Bono Vacacional Fraccionado, reclama la cantidad de BsF. 175, 86. 7) Por concepto de Utilidades fraccionadas, reclama la cantidad de BsF. 256, 46. 8) Por concepto de retención Indebida de una quincena, reclama la cantidad de BsF. 439, 58. 9) Por concepto de Retención indebida del bono de alimentación (6 meses), reclama la cantidad de BsF. 2.048, 75. 10) Por concepto de Inscripción en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales e Indemnización por concepto de cotizaciones que debieron ser retenidas, solicita le sean cotizadas las mismas y la entrega de la forma 14-01 y 14-03. 11) Por concepto de perdida Involuntaria del Trabajo (Paro Forzoso), reclama la cantidad de BsF. 2.458, 50, para un total reclamado de BsF. 18.291, 04., por lo que es tarea de este Juzgador el verificar la procedencia de lo que es sometido a su consideración, tomando en cuenta la operatividad del artículos 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, visto la incomparecencia de la demandada al inicio de la Audiencia Preliminar.
En el caso de marras por cobro de prestaciones sociales, en el marco de la admisión de los hechos, se tiene como cierta la fecha indicada en el libelo de demanda como de inicio de la relación laboral del ciudadano HECTOR RAMON BOHORQUEZ, ya identificado, es decir el día cinco (05) de enero de dos mil cuatro (2004), y como fecha de culminación de la relación el día doce (12) de julio de dos mil nueve (2009), fecha esta en la que renunció por razones personales, el cargo de OFICIAL DE SEGURIDAD, igualmente se tienen como ciertos los salarios integrales indicados en el libelo de demanda para cada uno de los años señalados, por lo que este Juzgador considera parcialmente legales y correspondientes en derecho los conceptos reclamados en el libelo de demanda condenándose a la empresa MAXIMA SEGURIDAD C.A. (MAXSECA), al pago de los siguientes conceptos y montos, correspondientes al ciudadano HECTOR RAMON BOHORQUEZ, anteriormente identificado, una vez efectuado el recalculo de los mismos:
1.- POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDAD
Seguidamente se procede a calcular la prestación de antigüedad correspondiente al ciudadano HECTOR RAMON BOHORQUEZ, tomando como base para dicho calculo lo establecido en el parágrafo segundo del articulo 146 ejusdem, el cual establece que el salario base para el calculo de la prestación de antigüedad será el devengado por el trabajador en el mes correspondiente, salario integral este que se obtiene de la suma del salario normal diario, mas las incidencias del bono vacacional y la alícuota de las utilidades, teniendo como ciertos los salarios integrales señalados en el libelo de demanda para cada uno de los periodos reclamados:
Para el periodo comprendido desde el cinco (05) de enero de dos mil cuatro (2004), hasta el cinco (05) de julio de dos mil cuatro (2004), al ex trabajador le corresponden quince (15) días, los cuales multiplicados por el salario integral que se tiene como cierto que devengó para el periodo reclamado, es decir, la cantidad de BsF. 10,49, asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE BOLIVARES CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (BsF. 157,35).
Para el periodo comprendido desde cinco (05) de julio de dos mil cuatro (2004), hasta el cinco de abril de dos mil cinco (2005), al ex trabajador le corresponden cuarenta y cinco (45) días, los cuales multiplicados por el salario integral que se tiene como cierto que devengo para el periodo reclamado, es decir, la cantidad de BsF. 11,36, asciende a la cantidad de QUINIENTOS ONCE BOLIVARES CON VEINTE CENTIMOS (BsF. 511, 20).
Para el periodo comprendido desde el cinco (05) de abril de dos mil cinco (2005), hasta el cinco (05) de enero de dos mil seis (2006), al ex trabajador le corresponden cuarenta y siete (47) días, los cuales multiplicados por el salario integral que se tiene como cierto que devengó para el periodo reclamado, es decir, la cantidad de BsF. 14,33, asciende a la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES BOLIVARES CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS (BsF. 673, 51).
Para el periodo comprendido desde el cinco (05) de enero de dos mil seis (2006), hasta el cinco (05) de agosto de dos mil seis (2006), al ex trabajador le corresponden treinta y cinco (35) días, los cuales multiplicados por el salario integral que se tiene como cierto que devengo para el periodo reclamado, es decir, la cantidad de BsF. 16,47, asciende a la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS BOLIVARES CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (BsF. 576, 45).
Para el periodo comprendido desde el cinco (05) de agosto de dos mil seis (2006), hasta el cinco (05) de abril de dos mil siete (2007), al ex trabajador le corresponden cuarenta y cuatro (44) días, los cuales multiplicados por el salario integral que se tiene como cierto que devengo para el periodo reclamado, es decir, la cantidad de BsF. 18,12, asciende a la cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE BOLIVARES CON VEINTIOCHO CENTIMOS (BsF. 797, 28).
Para el periodo comprendido desde el cinco (05) de abril de dos mil siete (2007), hasta el cinco (05) de abril de dos mil ocho (2008), al ex trabajador le corresponden sesenta y seis (66) días, los cuales multiplicados por el salario integral que se tiene como cierto que devengo para el periodo reclamado, es decir, la cantidad de BsF. 21,75, asciende a la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLIVARES CON CINCUENTA CENTIMOS (BsF. 1.435, 50).
Para el periodo comprendido desde el cinco (05) de abril de dos mil ocho (2008), hasta el cinco (05) de abril de dos mil nueve (2009), al ex trabajador le corresponden sesenta y ocho (68) días, los cuales multiplicados por el salario integral que se tiene como cierto que devengo para el periodo reclamado, es decir, la cantidad de BsF. 28,27, asciende a la cantidad de UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS BOLIVARES CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS (BsF. 1.922, 36).
Para el periodo comprendido desde el (05) de abril de dos mil nueve (2009), hasta el doce (12) de julio de dos mil nueve (2009), al ex trabajador le corresponden quince (15) días, los cuales multiplicados por el salario integral que se tiene como cierto que devengo para el periodo reclamado, es decir, la cantidad de BsF. 31,10, asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS BOLIVARES CON CINCUENTA CENTIMOS (BsF. 466, 50).
La suma total correspondiente al concepto de antigüedad, asciende a la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA BOLIVARES CON QUINCE CENTIMOS (BsF. 6.540, 15). Así se establece.
2.- POR CONCEPTO DE INTERESES SOBRE ANTIGUEDAD.
De conformidad con lo previsto en el literal “C” del artículo 108 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo, considera procedente este concepto y el mismo será calculado a través de una experticia complementaria del fallo conforme a los parámetros que mas adelante se indicarán. Así se establece.
3.- POR CONCEPTO DE VACACIONES VENCIDAS NO CANELADAS.
De conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo, y en virtud de la admisión de los hechos alegados por el demandante, a este le corresponden por este concepto por el periodo comprendido desde el cinco (05) de enero de dos mil seis (2006), hasta el cinco (05) de enero de dos mil nueve la cantidad de cincuenta y cuatro (54) días, días los cuales multiplicados por el ultimo salario normal diario devengado al momento de la relación laboral, es decir BsF. 29,31, asciende a la cantidad de UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS BOLIVARES CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS (BsF. 1.582, 74). Así se establece.
4. POR CONCEPTO DE VACACIONES FRACCIONADAS
De conformidad con lo establecido en los artículo 219 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo, y en virtud de la admisión de los hechos alegados por el demandante, a este le corresponden por concepto de vacaciones fraccionadas por seis (06) meses completos laborados desde el cinco (05) de enero de dos mil nueve (2009), hasta el doce (12) de julio de dos mil nueve (2009), la cantidad de diez (10) días, los cuales multiplicados por el ultimo salario normal diario devengado al momento de la relación laboral, es decir BsF. 29,31, asciende a la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES BOLIVARES CON DIEZ CENTIMOS (BsF. 293, 10). Así se establece.
5. POR CONCEPTO DE BONO VACACIONAL VENCIDO NO CANCELADO
De conformidad con lo establecido en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo, y en virtud de la admisión de los hechos alegados por el demandante, a este le corresponde por concepto de bono vacacional por el periodo comprendido desde el cinco (05) de enero de dos mil seis (2006), hasta el cinco (05) de enero de dos mil nueve (2009), la cantidad de treinta (30) días, los cuales multiplicados por el ultimo salario normal diario devengado al momento de la relación laboral, es decir BsF. 29,31, asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (BsF. 879, 30). Así se establece.
6. POR CONCEPTO DE BONO VACACIONAL FRACCIONADO
De conformidad con lo establecido en los artículos 223 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo, y en virtud de la admisión de los hechos alegados por el demandante, a este le corresponden por este concepto la cantidad de seis (06) días, por seis meses completos laborados desde el cinco (05) de enero de dos mil nueve (2009), hasta el doce (12) de julio de dos mil nueve (2009), los cuales multiplicados por el ultimo salario normal diario devengado al momento de la relación laboral, es decir BsF. 29,31, asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO BOLIVARES CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (BsF. 175, 86). Así se establece.
7. POR CONCEPTO DE UTILIDADES FRACCIONADAS
De conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, y en virtud de la admisión de los hechos alegados por el demandante, a este le corresponden por este concepto siete con cincuenta (7,5) días por el periodo correspondiente desde el primero (01) de enero de dos mil nueve (2009), hasta el doce (12) de julio de dos mil nueve (2009), los cuales multiplicados por el ultimo salario normal diario devengado al momento de la relación laboral, es decir BsF. 29,31, asciende a la cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE BOLIAVRES CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (BsF.219, 82). Así se establece.
8. POR CONCEPTO DE RETENCION INDEBIDA DE UNA QUINCENA
En vista de la admisión de los hechos alegados por el demandante por la incomparecencia de la parte demandada a la celebración de la primigenia Audiencia Preliminar, se tiene como cierto que la demandada le retuvo al ex trabajador la quincena del 05-06-2009 al 20-06-09, por lo que se declara procedente este concepto y se condena a la parte demandada a cancelar la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE BOLIVARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (BsF. 439, 58). Así se establece.
9. POR CONCEPTO DE RETENCION INDEBIDA DEL BONO DE ALIMENTACION (6 MESES).
En vista de la admisión de los hechos alegados por el demandante por la incomparecencia de la parte demandada a la celebración de la primigenia Audiencia Preliminar, se tiene como cierto que la demandada le retuvo al ex trabajador el bono de alimentación o cesta tickets, durante 6 meses, desde el 01-02-2009, hasta el 12-07-2009, lo que totaliza la cantidad de ciento cuarenta y nueve (149) jornadas que fueron efectivamente laboradas, lo que multiplicado por la cantidad de BsF. 13, 75, que equivale al 0,25 de la unidad tributaria vigente para dicho periodo, asciende a la cantidad de DOS MIL CUARENTA Y OCHO BOLIVARES CON SETENTA Y CINCO (BsF. 2.048, 75). Así se establece.
10. POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES E INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE COTIZACIONES QUE DEBIERON SER RETENIDAS DEL SALARIO DEVENGADO.
Con relación al presente renglón, este Tribunal se acoge al criterio señalado en sentencia de fecha tres (03) de marzo de 2011, emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia de la Magistrada Dra. CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, caso DULIX RAQUEL DUQUE, contra la sociedad mercantil FOTO YA, C.A., en la establece en una de sus partes lo siguiente:
“…Con respecto al reclamo formulado por la trabajadora, en el sentido de que la sociedad mercantil Foto Ya, C.A., pague al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales las cotizaciones correspondientes al período comprendido entre septiembre de 1998 y diciembre de 2001, esta Sala observa que a pesar de que la Ley del Seguro Social, en sus artículos 87 y 102, reconoce a dicho ente la facultad de exigir como acreedor privilegiado el pago de las cotizaciones atrasadas, nada obsta para que sea el propio trabajador quien exija el pago de las cotizaciones adeudadas, puesto que es a él a quien benefician directamente las contribuciones al sistema de seguridad social.
En efecto, el pago de las cotizaciones a que se contrae el artículo 62 de la Ley del Seguro Social, es una obligación mancomunada entre el patrono y el trabajador, que deriva directamente del hecho social trabajo y se generan desde el primer día de trabajo de cada semana -artículo 102 del Reglamento General de la Ley del Seguro Social-, con la finalidad de garantizar la protección de los beneficiarios, frente a las posibles contingencias de salud y bienestar que se le puedan presentar.
En este sentido, se observa que, a pesar de ser el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales el acreedor de las cotizaciones, este Instituto sólo tiene cualidad para ejercer las acciones de cobro, en tanto que gestiona un interés público, que se materializa garantizando el correcto funcionamiento de la seguridad social; mientras que es el trabajador, quien tiene un interés particular y directo en el cumplimiento de la prestación por parte del patrono, ya que el trabajador como asegurado, es quien puede sufrir las contingencias que constituyen el riesgo asumido por la seguridad social como contraprestación de las cotizaciones, y generalmente es también el beneficiario de las prestaciones derivadas de la materialización de tales riesgos (ej.: pensiones por incapacidad, por vejez, etc.).
En consecuencia, debe considerarse que si el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tiene la cualidad de acreedor para exigir el pago de las cotizaciones, en tanto gestor de un interés público, con más razón debe considerarse que el trabajador, como titular de un interés particular y directo en el cumplimiento de la obligación, tiene legitimación para demandar al patrono el pago de las contribuciones a la seguridad social, ya que si bien, el resultado económico de la prestación no será recibido en el patrimonio del trabajador –dado que el receptor del pago será el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales-, éste evitará la frustración de su derecho de crédito frente a la Administración de la seguridad social, el cual no es otro que la cobertura de los riesgos a los que está expuesto por el hecho social trabajo, y en caso de materializarse alguna de las contingencias amparadas por la seguridad social, el trabajador o beneficiario podrá obtener el cumplimiento de las prestaciones a cargo del ente público correspondiente.
En otros términos, se puede afirmar, que el trabajador en tanto acreedor de la seguridad social, mediante una acción conservatoria (ex artículo 1278 del Código Civil), puede ejercer los derechos y las acciones del deudor –en este caso, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales- y hacer entrar en el patrimonio del ente público, las prestaciones debidas por un tercero –en este caso el patrono-, siempre que el ejercicio de su propio derecho de crédito se vea perjudicado por la inacción del deudor, lo cual ocurre en el caso de autos, ya que no consta en el expediente que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales haya iniciado algún procedimiento para exigir de la empresa demandada el pago de las cotizaciones correspondientes a la trabajadora demandante.
Se trata entonces de una legitimación procesal especial, con la finalidad de preservar el derecho a la seguridad social, derivada de la especial configuración tripartita de la relación entre el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el trabajador (asegurado-beneficiario) y el patrono, en la que surge a cargo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que tutela un interés público, un derecho de crédito frente al patrono, respecto a las contribuciones a la seguridad social, y asimismo, el trabajador es acreedor del referido ente público en tanto asegurado y eventual beneficiario de la seguridad social, siendo característico de este derecho de crédito del trabajador, que su ejercicio se vea menoscabado por el incumplimiento del patrono en la relación obligacional que lo vincula con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el cual, siendo deudor del servicio de seguridad social frente al trabajador, puede perjudicar los derechos de este último si no ejerce las acciones correspondientes contra el patrono, lo que evidencia un interés jurídico actual por parte del trabajador para proponer la demanda, según lo dispuesto en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
En el presente caso, al no demostrarse que la empresa demandada haya cumplido con la referida obligación durante el período señalado por la trabajadora, deberá pagar las cotizaciones correspondientes al período comprendido entre los meses de septiembre de 1998 y diciembre de 2001, ambos inclusive, que deberán ser enteradas a la cuenta individual de la ciudadana Dulix Raquel Duque en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales”…
Ahora bien, en vista de la admisión de los hechos alegados por el demandante en su libelo de demanda, se tiene como cierto que la demandada no inscribió, ni enteró las cotizaciones del Trabajador al Seguro Social, por lo que la demandada deberá pagar al Instituto Venezolano de los Seguro Social las cotizaciones correspondientes al periodo comprendido desde el 05 de enero de 2004, hasta el 12 de julio de 2009. Igualmente deberá la demandada tramitar ante dicho organismo al entrega de las planillas correspondientes derivadas de la relación de trabajo que existió con el trabajador. Así se establece.
11. POR CONCEPTO DE PERDIDA INVOLUNTARIA DEL TRABAJO (PARO FORZOSO).
Con relación al presente concepto, se evidencia de lo narrado en el libelo de demanda que el ex trabajador RENUNCIÓ por razones personales, y el artículo 32 de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo, establece como requisitos para la obtención de prestaciones dinerarias, en su numeral 3, lo siguiente: Que la relación de trabajo haya terminado por: A) Despido, retiro justificado o reducción de personal por motivos económicos o tecnológicos. B) Reestructuración o reorganización administrativa. C) Terminación del contrato de trabajo a tiempo determinado o por una obra determinada. D) Sustitución de empleadores o empleadoras no aceptada por el trabajador o trabajadora. Y E) Quiebra o cierre de las actividades económicas del empleador o empleadora. Ahora bien como se mencionó anteriormente la relación de trabajo según se narra el ex trabajador en el libelo de demanda, finalizó por la renuncia del mismo por razones personales, por lo que el motivo de dicha culminación no se encuentra enmarcado dentro de los requisitos establecidos en el numeral 3, del articulo 32 de la Ley del Régimen Prestacional del Empleo, por lo que es forzoso para este Juzgador declarar improcedente, lo reclamado por este concepto. Así se establece.
La suma total de todos los conceptos correspondientes al ex trabajador, suman en conjunto la cantidad de DOCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (BsF. 12.179, 30).
PARTE DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO DECIMO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES interpuesta por el ciudadano HECTOR RAMON BOHORQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V.- 9.734.206, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra de la empresa MAXIMA SEGURIDAD C.A. (MAXSECA).
SEGUNDO: Se declara procedente el pago por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, al ciudadano HECTOR RAMON BOHORQUEZ, ya identificado, por la cantidad de DOCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (BsF. 12.179, 30), monto arrojado por el recálculo efectuado y revisado por este sentenciador. Igualmente se ordena a la demandada pagar al Instituto Venezolano de los Seguro Social las cotizaciones correspondientes al trabajador durante el periodo comprendido desde el 05 de enero de 2004, hasta el 12 de julio de 2009.
TERCERO: No hay condenatoria en costas por cuanto la parte demandada no resulto totalmente vencida.
CUARTO: De conformidad con lo previsto en el articulo 108, literal “C” de la Ley Orgánica del Trabajo se ordena el pago de los intereses de las prestaciones sociales desde el inicio de la relación de trabajo, esto es 05 de enero de 2004, hasta la finalización de la misma, esto es 12 de julio de 2009. Dichos intereses se determinarán mediante experticia complementaria del fallo.
QUINTO: De conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena el pago de los intereses de mora causados por la falta de pago de la prestación de antigüedad, los cuales deben ser calculados desde la fecha de terminación de la relación de trabajo, esto es el esto es 12 de julio de 2009, hasta que la sentencia quede definitivamente firme; y para el resto de los conceptos laborales, se calcularan desde el día 12 de mayo de 2011, fecha en la cual constó en actas la notificación de la demandada, hasta que la sentencia quede definitivamente firme. Dichos intereses se determinarán mediante experticia complementaria del fallo.
SEXTO: Siendo procedente la indexación de la cantidad que por prestación de antigüedad se le adeuda al ex trabajador, se condena a la parte demandada a su pago al actor, lo cual debe ser calculados desde la fecha de terminación de la relación de trabajo, esto es 12 de julio de 2009, hasta el cumplimiento efectivo de la obligación, cuyo monto se determinará mediante experticia complementaria del fallo.
SEPTIMO: En relación al periodo a indexar del resto de los conceptos condenados a pagar al actor por la parte demandada derivados de la relación laboral, su inicio será la fecha en que consto en actas la notificación de la demandada, es decir, desde el día 12 de mayo de 2011, hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho calculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, hechos fortuitos o de fuerza mayor, vacaciones judiciales.
REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE. Se ORDENA la inclusión de copia certificada de la decisión en el copiador de sentencias llevado por el Tribunal. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Maracaibo, Viernes tres (03) de junio de dos mil once (2.011).
EL JUEZ
ABOG. JOSÉ SOTO ASPRINO. LA SECRETARIA
ABOG. MARIA A NAVEDA
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