REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
SALA DE JUICIO-JUEZ UNIPERSONAL No 2
EXPEDIENTE: No. 16434
CAUSA: DIVORCIO ORDINARIO
PARTES: DEMANDANTE: INES CELINA BOSCAN CARROZ
Apoderado Judicial: JOSE LUIS CARRUYO QUEVEDO
DEMANDADO: RICARDO BENITO FERNANDEZ VILLASMIL
PARTE NARRATIVA
Consta de los autos que en fecha de quince (15) de marzo de dos mil diez (2010), la ciudadana INES CELINA BOSCAN CARROZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.-12.100.461, domiciliado en la Parroquia Concepción, Municipio Cañada de Urdaneta del estado Zulia; asistida por el abogado JOSE LUIS CARRUYO QUEVEDO, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 42.564; inició juicio de DIVORCIO ORDINARIO en contra del ciudadano RICARDO BENITO FERNANDEZ VILLASMIL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.V-10.916.349, fundamentando su pretensión en el ordinal segundo del artículo 185 del Código Civil.
La anterior demanda fue admitida en fecha 18 de marzo de dos mil diez (2.010), ordenándose: la citación del demandado; librar un edicto conforme al artículo 507 del Código Civil; se recibieron las pruebas indicadas por la actora para ser evacuadas en el acto oral de evacuación de pruebas; notificar al Fiscal Especializado del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
En fecha 24 de marzo de 2010, la ciudadana INES CELINA BOSCAN CARROZ, confirió poder apud-acta al abogado JOSE LUIS CARRUYO QUEVEDO, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 42.564.
En fecha 24 de marzo de 2010, la ciudadana INES CELINA BOSCAN CARROZ, debidamente asistida por el abogado JOSE LUIS CARRUYO QUEVEDO, solicitó se comisione al Juzgado del Municipio La Cañada de Urdaneta de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia para practicar la citación del ciudadano RICARDO BENITO FERNANDEZ VILLASMIL, lo cual fue proveido en auto de fecha 06 de abril de 2010.
En fecha 22 de abril de 2010, la parte actora consignó ejemplar del Diario la Verdad en el cual aparece publicado el edicto ordenado por este tribunal, el cual fue ordenado desglosar y agregar a las actas en auto de fecha 23 de abril de 2010.
Consta que en fecha 27 de abril de 2010, fue agregada a los autos la notificación del Fiscal Especializado del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
En fecha 19 de mayo de 2010, fue agregada a las actas procesales las resultas de la comisión que le fuera conferida al Juzgado del Municipio La Cañada de Urdaneta de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de la que se evidencia de la exposición que corre inserta al folio veinticinco (05) de este expediente, que no fue posible localizar al ciudadano RICARDO BENITO FERNANDEZ VILLASMIL, por lo que consignó los recaudos de citación.
Consta que de fecha 19 de mayo de 2010, la parte actora solicitó se ordenara la citación cartelaria, siendo proveído en auto de fecha 24 del mismo mes y año.
En diligencia de fecha 21 de julio de 2011, la abogada ANABEL PARRA BASTIDAS, actuando en condición de Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Trigésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la Familia, solicitó se declare la perención de la instancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por haber transcurrido mas de un (01) sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento.
Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones:
PARTE MOTIVA
Examinadas las actas procesales, observa este Tribunal que el proceso está paralizado desde el veinticuatro (24) de mayo de dos mil diez (2010), discurriendo el tiempo desde entonces sin ningún acto de procedimiento que movilice la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso.
A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
De la lectura del artículo anterior se puede colegir claramente que toda instancia se extingue por el transcurso de un año (01) sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de impulso procesal por las partes.
El efecto de la perención es la extinción del proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos y las pruebas que resulten de los autos continuaran teniendo plena validez. La perención solo pone fin al proceso, el cual no continuara adelante a partir de la declaratoria de la misma.
El autor argentino Hugo Alsina, explica de forma espléndida la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, Pag. 423 a 425, de la siguiente manera:
“1) Concepto.
a) El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento.
b) Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular; instancia, impulso, obrar en juicio) y está reglamentado por la ley N°. 14.191.
c) Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es por que no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal”.
Es decir, que la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes.
Con este antecedente, se hace preciso determinar si en el presente caso se han configurado los presupuestos procesales que hagan procedente la declaratoria perención de la instancia en virtud de la inactividad procesal anual, en este sentido, se evidencia de las actas procesales que la parte actora no ha realizado ninguna actuación procesal desde veinticuatro (24) de mayo de dos mil diez (2010), fecha en la cual se admitió la demanda, pues bien, de un simple computo de desprende que hubo inactividad procesal por mas de un (01) año, en consecuencia por las razones antes expuestas, se evidencia que el proceso ha perimido y se ha extinguido la instancia por caducidad procesal, que impide el libre acceso a la Jurisdicción y a la efectiva tutela judicial, habida cuenta que la parte demandante abandonó la actividad procesal y con ello hizo cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como enfermedad social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; mas entonces, al abandonar el mismo la parte actora, hace cesar el conflicto en su propia voluntad por autocomposición procesal; en consecuencia esta Juzgadora debe declarar la perención de la instancia. Así se decide.
PARTE DISPOSITIVA
DECISION
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio – Juez Unipersonal N° 2, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
CONSUMADA LA PERENCION Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el presente juicio de DIVORCIO ORDINARIO iniciado por la ciudadana INES CELINA BOSCAN CARROZ, contra el ciudadano RICARDO BENITO FERNANDEZ VILLASMIL, anteriormente identificados.
No hay costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese. Regístrese. Déjese copia certificada por Secretaría.
Dada, firmada y sellada en la Sala N° 02 del Despacho del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los veintisiete (27) de julio de dos mil once (2011). 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
La Juez Unipersonal No. 2,
Dra. Inés Hernández Piña.
La Secretaria,
Abog. Militza Martínez Portillo.
En la misma fecha, siendo las 9:45 a.m. previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia Interlocutoria bajo el No. 1053. La Secretaria.
Exp.16434
IHP/no*
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