TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

JUZGADO SEXTO DE CONTROL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
Dirección: Avenida 15 (Delicias), edificio sede del Palacio de Justicia, Maracaibo-Estado Zulia.

Maracaibo, 03 de Febrero de 2011
200º y 151º

RESOLUCIÒN ACORDANDO NEGAR LA SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD AL ACUSADO DE ACTAS.

RESOLUCIÓN Nº 151-11 CAUSA N° 6C-25.399-10

Visto el escrito presentado por le Abg. ARTEAGA NIEVE E., Defensor Privado del imputado ORLANDO ALBERTO GONZALEZ PIÑA, titular de la cédula de identidad Nº 18.494.817, mediante el cual solicita el examen y revisión de la medida de privación de libertad que le fuera impuesta a su defendido en la fecha de su individualización. Este Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de Control, encontrándose en tiempo hábil procede, de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, a revisar la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad impuesta al imputado antes mencionado y para decidir observa:

En fecha 17 de Octubre de 2010 la Fiscalía del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, presentó y dejó a disposición de este Juzgado de Control al ciudadano ORLANDO ALBERTO GONZALEZ PIÑA, imputándole la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO y HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en los artículos 406 ordinal 1° concatenado con el artículo 83 del Código Penal, cometido en perjuicio de DOUGLAS JOSE VILLALOBOS MORANTES Y RIGO ALBERTO RANGEL, solicitando para él la imposición de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad y la Tramitación del asunto por el procedimiento ordinario, lo cual fue acordado en esa misma fecha por éste Tribunal, por considerar que se encontraban llenos los extremos establecidos en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal.

En fecha 30 de Noviembre de 2010, los representantes de la fiscalía Quinta del Ministerio Público, presentan formal escrito acusatorio en contra del ciudadano ORLANDO ALBERTO GONZALEZ PIÑA, imputándole la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO y HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en los artículos 406 ordinal 1° concatenado con el artículo 83 del Código Penal, cometido en perjuicio de DOUGLAS JOSE VILLALOBOS MORANTES Y RIGO ALBERTO RANGEL.

En fecha 28 de Enero de 2011, se llevó a efecto Audiencia Preliminar mediante la cual se ordenó la apertura a Juicio Oral y Público.
Con respecto al derecho aplicable, el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece a todos los jueces de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en la misma constitución y en la ley, la obligación de asegurar la integridad del texto fundamental.

Así mismo el artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su último aparte:

“…..El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen el daño causado”.

El artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal establece:

“Las víctimas de hechos punibles tienen el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia penal en forma gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles, sin menoscabo de los derechos de los imputados. La protección de la víctima y la reparación del daño a la que tengan derecho serán también objetivos del proceso penal…..”. (Subrayado del Tribunal).

Por su parte el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé:

“Finalidad del Proceso. El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el Juez al adoptar su decisión.”

Por su parte el artículo 264 del mismo texto procesal, establece:
“Artículo 264. Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación.”

Y el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

“Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.
En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.
Excepcionalmente, el Ministerio Público o el querellante podrán solicitar al Juez de Control, una prorroga que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito, para el mantenimiento de las medidas de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento cuando existan causas graves que así lo justifiquen, las cuales deberán ser debidamente motivadas por el Fiscal o el querellante...” (Subrayado del Tribunal)

Por otra parte, analizados como han sido las circunstancias de hecho y de derecho transcritas ut supra, este Juzgado Sexto de Control considera que, los supuestos que motivaron la medida de privación judicial preventiva de libertad, impuesta al ciudadano ORLANDO ALBERTO GONZALEZ PIÑA, imputándole la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO y HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en los artículos 406 ordinal 1° concatenado con el artículo 83 del Código Penal, en la fecha de su individualización, no han variado hasta la presente fecha, y tomando en consideración la entidad del delito que le esta siendo imputado, donde sobrepasa en su límite máximo a los diez años, conforme lo dispone el parágrafo primero del artículo 251 del Còdigo Orgànico Procesal Penal, aunado a la magnitud del daño causado, ya que el mismo es irreversible e irreparable, por tratarse de un delito que es altamente repudiado por la sociedad, por atentar contra un derecho vital de todo ser humano, como lo es la vida, donde el peligro de fuga es inminente, considerando quien aquí decide que la misma resulta proporcional al delito imputado (artículo 244 del Còdigo Orgànico Procesal Penal), y que con la imposición de una medida cautelar menos gravosa no es suficiente para garantizar las resultas del proceso.

De igual modo, teniendo en cuenta, que la decisión mediante la cual se revisa una Medida de Coerción Personal, conforme a lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, no es una incidencia de apelación donde se revisan circunstancias fácticas de tiempo, modo y lugar de los hechos que dieron origen al proceso, ni tampoco los elementos de convicción y/o fundamentos de hecho y de derecho, en virtud del ejercicio del recurso, sino que se trata de la verificación de circunstancias de orden subjetivo que inciden sobre un imputado y que garantizan la realización del juicio en estado de libertad, por lo que, a juicio de este Tribunal; siendo lo procedente en derecho, RATIFICAR la MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al ciudadano ORLANDO ALBERTO GONZALEZ PIÑA, imputándole la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO y HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en los artículos 406 ordinal 1° concatenado con el artículo 83 del Código Penal, y en consecuencia acuerda NEGAR, igualmente, la sustitución de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad impuesta al ciudadano antes mencionado por las Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación Judicial Preventivas de Libertad previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal y Ratificar la vigencia de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad impuesta al ciudadano ORLANDO ALBERTO GONZALEZ, en la fecha de su individualización, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 250, 251, 252 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal en funciones de Control, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley acuerda PRIMERO: Se revisa la Medida Cautelar Privativa de Libertada. SEGUNDO: Negar la sustitución de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad impuesta al ciudadano ORLANDO ALBERTO GONZALEZ PIÑA, imputándole la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO y HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en los artículos 406 ordinal 1° concatenado con el artículo 83 del Código Penal, por las Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación Judicial Preventivas de Libertad previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, y TERCERO: Ratificar la vigencia de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad impuesta al ciudadano ORLANDO ALBERTO GONZALEZ, en la fecha de su individualización, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese y notifíquese.
LA JUEZA SEXTA DE CONTROL (S)

DRA. ANDREA PAOLA BOSCAN SANCHEZ

EL SECRETARIO

ABG. RICHARD ECHETO MAS y RUBI

En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado y se registró la presente Resolución bajo el número 151-11.-

EL SECRETARIO

ABG. RICHARD ECHETO MAS y RUBI

Ab.**
Causa N° 6C-25399-10