Expediente N° 2316 JUZGADO SÉPTIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 200° y 151° DEMANDANTE: REYNA ROSA TRUJILLO VILCHEZ, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad N° 4.995.979, domiciliada en la ciudad de Mérida del estado Mérida. DEMANDADO: YESSICA DEL CARMEN GARCIA PAREDES y REMIGIO ANTONIO TABORDA FERRER, venezolanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad Nos. 14.631.347 y 11.256.531, respectivamente, domiciliados en el Municipio Rosario de Perija del Estado Zulia. En el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES, incoado por la ciudadana REYNA TRUJILLO, antes identificada, representada por la profesional del derecho THAÍS TRUJILLO, inscrita en el Inpreabogado bajo la matrícula 23.804, la demanda fue presentada en fecha nueve (09) de febrero del año dos mil once (2011), ante la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; correspondiéndole por distribución el conocimiento de dicha causa a este órgano jurisdiccional, el cual la recibió, se ordenó formar expediente y numerarlo en fecha diez (10) de febrero del año dos mil once (2011). El Tribunal, ve la necesidad de realizar un análisis jurídico sobre la competencia de este órgano jurisdiccional para seguir conociendo del asunto sometido a su jurisdicción en virtud de la garantía constitucional “de la tutela judicial efectiva”, prevista y sancionada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y toda vez que la incompetencia del Juzgado en los casos de orden público, violenta las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho a ser juzgado por el Juez natural, tal como lo establece el artículo 49 del mismo cuerpo normativo. En tal sentido, prevé el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente: La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la Ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. (El subrayado es de la jurisdicción). Este ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitado por la extensión del territorio, por la especialidad de los asuntos que puedan conocer los jueces y además deben estar divididos en categorías o grados, es lo que se conoce en la doctrina como competencia horizontal, material y vertical. De manera que, surge la potestad de administrar justicia sobre la base de tres principales criterios: a) el territorio, b) la materia y c) la cuantía; esta última en aquellos casos en que se trate de causas apreciables en dinero, todo lo cual tiene su fundamento legal en los artículos 38 al 60, ambos inclusive, del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a la competencia territorial: observa este Tribunal que existen reglas para determinarlas en función de las personas (partes materiales) y cosas (bien mueble o inmueble) objeto del conflicto o de la relación o situación sometida a consideración de la jurisdicción y en razón de distintos fueros a saber general, especial, real, concurrente y exclusivo o necesario, lo cual tiene su fundamento en los artículos 40 al 47 de la ley adjetiva civil. El caso de autos, se trata de un juicio de COBRO DE BOLÍVARES incoado por la ciudadana REYNA ROSA TRUJILLO VILCHEZ, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad N° 4.995.979, en contra de los ciudadanos YESSICA DEL CARMEN GARCIA PAREDES y REMIGIO ANTONIO TABORDA FERRER, venezolanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad Nos. 14.631.347 y 11.256.531, respectivamente, domiciliados en el Municipio Rosario de Perija del Estado Zulia. En relación a la competencia por el territorio, los artículos 40 y 41 del Código de Procedimiento Civil, establecen respectivamente: Artículo 40.- Las demandas relativas a derechos personales y las relativas a derechos reales sobre bienes muebles se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde el demandado tenga su domicilio, o en defecto de éste su residencia. Si el demandado no tuviere ni domicilio ni residencia conocidos, la demanda se propondrá en cualquier lugar donde él se encuentre. Observa este Juzgador, que en la presente demanda los ciudadanos YESSICA DEL CARMEN GARCIA PAREDES y REMIGIO ANTONIO TABORDA FERRER, venezolanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad Nos. 14.631.347 y 11.256.531, respectivamente, domiciliados en el Municipio Rosario de Perija del Estado Zulia. Por lo anteriormente expuesto, este Juzgado en razón del territorio, es incompetente para conocer de la presente causa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y 47 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece. En cuanto a la competencia por la materia: Expresa el artículo 28 del Código de procedimiento Civil que “La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan”. Ésta es determinada por el objeto de la pretensión demandada. Con esto quiere decir el legislador que para fijar si un Tribunal es o no competente por la materia, lo primero que debe atenderse es a la esencia de la propia controversia, esto es, si ella es de carácter civil, mercantil, penal o laboral , y no sólo lo que al respecto puedan conocer los tribunales ordinarios de una u otra de estas competencias, sino además, las que corresponden a tribunales especiales, según la diversidad de asuntos dentro de cada tipo de las señaladas competencias, conforme a lo que indiquen las respectivas leyes especiales. En este caso, se trata de una demanda de Cobro de Bolívares, que en opinión de este Juzgador es de carácter civil; por lo que su tramitación corresponde ante la jurisdicción con competencia civil. De manera pues, que este Tribunal es competente para conocer del asunto sometido a su conocimiento. Así se establece. En cuanto a la competencia por el valor de lo litigado: determina el Juez que en grado jurisdiccional funcional le corresponde conocer del asunto peticionado, es decir, si su conocimiento está atribuido en Primera Instancia, a un Tribunal de Municipio, a un Tribunal de Primera Instancia del Trabajo, Civil o Mercantil o al Superior Contencioso Administrativo, la misma interesa al orden público procesal y, así se patentiza en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, cuando autoriza al Juez a declarar de oficio su propia incompetencia. Se observa del contenido literal a) del artículo 1 de la Resolución N° 2009-0006, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil nueve (2009), que este Tribunal es competente por la cuantía para conocer de la presente demanda. Así se establece.- Al respecto el Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de marzo de 2009, por Resolución N° 2009-2006, resolvió: Artículo 1.- Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer los asuntos en materia civil, mercantil y tránsito, de la siguiente manera: a) Los Juzgados de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.). (…) A los efectos de la determinación de la competencia por la cuantía, en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, conste o no el valor de la demanda, los justiciables deberán expresar, además de las sumas en bolívares conforme al Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulen la materia, su equivalente en unidades tributarias (U.T.) al momento de la interposición del asunto. (El Subrayado es de este Jurisdicente) Artículo 3.- Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza… (Omissis). En este caso, se trata de de una demanda de Cobro de Bolívares por, la cual fue estimada en la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS DE BOLÍVAR (Bs. 55.080,°°) lo que equivale a 847,39 Unidades Tributarias, que en opinión de este Juzgador es de carácter Civil; por lo que su tramitación corresponde ante la jurisdicción con competencia civil. De manera pues, que este Tribunal es competente para conocer del asunto sometido a su conocimiento. Así se establece En apoyo al criterio que se sustenta, se permite este juzgador traer a colación parte interesante del fallo dictado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, de fecha 02 de noviembre de 2001 en el juicio seguido por el ciudadano Julio Cesar Cuesta Eisler contra Cesar José Salomón Vásquez, estableció lo siguiente: De otra parte, debe dejar sentado este jurisdicente que tal pronunciamiento no constituye haber emitido opinión sobre el fondo del derecho de cuya tutela jurisdiccional se ha solicitado, sino que se circunscribe, a decir del insigne maestro y procesalista Dr. RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE, a la idoneidad del procedimiento respecto a la pretensión que se hace valer, antes que a la procedencia de la misma, pues no se ha prejuzgado lo principal del pleito, por lo que el rechazo a la admisión de ella (Léase: demanda) tiene carácter meramente procesal (impertinencia del procedimiento elegido) y no implica decisión alguna de fondo sobre la pretensión deducida. En consecuencia, la parte demandante debe intentar la presente acción en jurisdicción del municipio de Machiques y Rosario de Perija del Estado Zulia, de modo que la tramitación del presente procedimiento corresponde a los Tribunales antes mencionados. En razón de los argumentos explanados, es obvio que la demanda de Cobro de Bolívares, no puede ser admitida, ya que el domicilio de la parte demandada es en el Municipio Rosario de Perijá del Estado Zulia.- Así se declara.- DISPOSITIVO Por los fundamentos expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos en la parte motiva de esta decisión, este JUZGADO SÉPTIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. La incompetencia de este órgano jurisdiccional por el territorio para conocer de la demanda por COBRO DE BOLÍVARES incoada por la ciudadana REYNA ROSA TRUJILLO VILCHEZ, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad N° 4.995.979, domiciliada en la ciudad de Mérida del estado Mérida en contra de los ciudadanos YESSICA DEL CARMEN GARCIA PAREDES y REMIGIO ANTONIO TABORDA FERRER, venezolanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad Nos. 14.631.347 y 11.256.531, respectivamente, domiciliados en el Municipio Rosario de Perija del Estado Zulia. 2. La competencia del JUZGADO DE MUNICIPIO DE MACHIQUES Y LA VILLA DEL ROSARIO DE PERIJÁ DEL ESTADO ZULIA. 3. Se ordena remitir mediante oficio las presentes actuaciones al Juzgado de Juzgado de Municipio de Machiques y La Villa del Rosario de Perijá del Estado Zulia. 4. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del fallo. Se deja constancia expresa que la parte demandante ciudadana REYNA ROSA TRUJILLO VILCHEZ, antes identificada, estuvo representada por la profesional del derecho THAÍS TRUJILLO VÍLCHEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo la matrícula 23.804, y que la parte demandada no tiene apoderado judicial debidamente constituido en actas. PUBLIQUESE y REGISTRESE. Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SÉPTIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a los catorce (14) días del mes de febrero del año dos mil once (2011).- Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación. EL JUEZ, Abog. WILLIAM CORONADO GONZÁLEZ LA SECRETARIA, Abog. CAROLINA VALBUENA FINOL En la misma fecha y previo el anuncio de ley dado por el Alguacil de este Tribunal a las puertas del Despacho, y siendo las doce horas y treinta minutos de la tarde (12:30 p.m.), se dictó y publicó la sentencia interlocutoria que antecede; quedando registrada bajo el Nº 26-2011.- LA SECRETARIA, WCG/agra.