TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.
I IDENTIFICACION DE LAS PARTES.
PARTE ACTORA: ciudadanos GERARDO ANTONIO RANGEL y SILVINA MEJIAS de RANGEL, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 1.718.597 y 3.797.380 respectivamente, domiciliados en la Ciudad de Caracas. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogado FELIX GUILLERMO RODRÍGUEZ TIRADO, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 9.357.
PARTE DEMANDADA: ciudadana LOLA BEATRIZ VELÁSQUEZ de RANGEL, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 14.232.301, domiciliada en la segunda etapa del Conjunto Residencial “Catame”, Edificio N° 10, piso 2, apartamento distinguido con el N° 1022, situado en al urbanización “Ampliación de Juangriego”, Juangriego, Municipio Gómez del estado Nueva Esparta.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No acreditó.
II BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS DEL PROCESO.
Se inicia la presente demanda por PARTICIÓN DE HERENCIA interpuesta por los ciudadanos GERARDO ANTONIO RANGEL y SILVINA MEJIAS de RANGEL, en contra de la ciudadana LOLA BEATRIZ VELÁSQUEZ de RANGEL.
Alega el apoderado actor en el libelo de la demanda que de la unión matrimonial de sus mandantes, procrearon tres (3) hijos de nombres Joel José Rangel, Argelia Mercedes Rangel y Gerardo José Rangel Mejias, siendo que el último de los nombrados falleció ab intestato en la Provincia de Cotopaxi, República de Ecuador el día 30.08.2008, al accidentarse el avión que conducía de la Aerolínea “Conviasa”; que el de cujus no tuvo descendencia y era casado con la ciudadana LOLA BEATRIZ VELÁSQUEZ de RANGEL; que de dicha unión matrimonial no procrearon hijo alguno, por lo que la sucesión del mencionado ciudadano la integran su viuda y sus padre; que el de cujus Gerardo José Rangel Mejias al momento de su fallecimiento dejó un acervo hereditario, el cual está integrado por un vehículo marca Fiat, color gris. Uso particular, tipo sedan, serial de motor 1596225, serial de carrocería ZFA138BS1H7591127; un apartamento ubicado en la segunda etapa del Conjunto Residencial “Catame”, Edificio N° 10, piso 2, distinguido con el N° 1022, situado en al urbanización “Ampliación de Juangriego”, Juangriego, Municipio Gómez del estado Nueva Esparta y dinero en efectivo dejado en la cuenta N° 1340014-81-0141122053, por un monto de Bs. F. 30.820,07 en el Banco Banesco; que su viuda la ciudadana LOLA BEATRIZ VELÁSQUEZ de RANGEL, se ha negado rotundamente a reconocer a sus mandantes en su condición de progenitores de su difunto esposo como coherederos de los bienes dejados por el de cujus, apropiándose ilegítimamente de los referidos bienes, no queriendo reconocer ni entregar la cuota parte hereditaria que le corresponde por derecho a sus mandantes; que como quiera que sus mandantes han realizado acciones extrajudiciales con la viuda del de cujus, resultando inútiles e infructuosas las mismas manifestando su negativa a partir y liquidar la herencia en cuestión y teniendo sus mandantes la cualidad de herederos, razón por la cual proceden a demandar a la ciudadana LOLA BEATRIZ VELÁSQUEZ de RANGEL para que convenga en la partición y liquidación de la herencia que quedó al momento del fallecimiento de su hijo Gerardo José Rangel Mejias..
Recibida por distribución el 08.11.10 (f. vuelto del 5)
En fecha 08.11.10 (f. 6 al 45), comparece el abogado FELIX RODRÍGUEZ, en su carácter de apoderado actor y consigna los recaudos señalados en el escrito libelar.
Por auto de fecha 16.11.10 (f. 46 y 47), se admitió la demanda ordenando emplazar a la ciudadana LOLA BEATRIZ VELÁSQUEZ de RANGEL, a los fines de que compareciera por ante este Tribunal dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a su citación a dar contestación a la demanda incoada en su contra; asimismo, se ordenó emplazar mediante edicto a todo comunero, coheredero y a todas aquellas personas que por cualquier motivo o razón tengan o pretendan derechos en los bienes demandados, o tengan algún interés en los mismos; así como a los sucesores desconocidos del ciudadano GERARDO JOSÉ RANGEL MEJIAS, a los fines de que comparecieran por ante este Despacho dentro de los noventa (90) días continuos a que constara en el expediente, la publicación y consignación que del mismo se hiciera, así como la constancia de haberse fijado a las puertas del Tribunal, para que hicieran valer sus derechos en la presente demanda y se ordenó aperturar el cuaderno de medidas, a los efectos de proveer sobre la medida solicitada; dejándose constancia de haberse aperturado el cuaderno de medidas en esa misma fecha.
CUADERNO DE MEDIDAS.
Por auto de fecha 16.11.10 (f. 01 y 02), se ordenó a la parte actora ampliar las pruebas a los fines de proveer sobre la medida de secuestro solicitada en el escrito libelar conforme el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil.
Siendo la oportunidad para decidir sobre la misma este Tribunal lo hace bajo las siguientes consideraciones:
III FUNDAMENTOS DE LA DECISION
El Numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“..Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...”.

El procesalista RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su obra Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 329, comenta:
“...La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir.
El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función Pública del proceso ( cfr comentarios al Art. 14) exige que éste, una, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la Instancia...”.

Sobre este particular el Tribunal Supremo de Justicia en fallo del 06.07.2004 de la Sala de Casación Civil, estableció lo siguiente:
“…Que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plana aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfecha por los demandantes dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencia en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de las obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especia o de otra forma, entre tanto que la obligación que aún subsiste de transportación de los funcionarios auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se publicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.
Estos nuevos argumentos doctrinales como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero si para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Y así se decide…”

De lo anterior se colige que dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda el actor mediante presentación de diligencia está en la obligación de suministrar o poner a la disposición del alguacil los medios estrictamente necesarios de transporte para su traslado o por lo menos suministrar la dirección de la parte demandada cuando la citación deba efectuarse en un sitio que diste a más de 500 metros de la sede del Tribunal, pues de lo contrario, dicha omisión acarrearía inevitablemente la perención de la instancia conforme al numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Como se evidencia la Sala Civil de nuevo le da vida a la perención breve con la particularidad de que las obligaciones del actor no estarán centradas en el pago de emolumentos o derechos arancelarios como operaba antes de la promulgación del texto fundamental, sino en proporcionarle al funcionario encargado de llevar a cabo la citación el transporte necesario para su traslado al sitio donde se encuentra el demandado, cuando éste- se reitera- se encuentre a más de 500 metros de la sede del Tribunal.
Establecido lo anterior, se desprende de las actas que la parte actora incumplió con la carga procesal que le fue impuesta según el fallo parcialmente trascrito, toda vez que durante los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda no concurrió al proceso a los efectos de suministrar las copias simples con el objeto de que se expidiera la compulsa correspondiente para la citación de la parte demandada, ni tampoco con la carga procesal ineludible de suministrar al alguacil los medios necesarios para que éste cumpliera con la obligación de proceder a citar personalmente al sujeto demandado.
Dentro de este contexto, ante la falta de actividad que se ha consumado en este proceso en el que - se reitera - a partir de la emisión del auto de admisión que ocurrió el día 16.11.10 hasta la presente fecha no se ha desplegado actuación alguna tendente a gestionar la citación y cumplir así la carga impuesta por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en el fallo que fue parcialmente trascrito, todo lo cual conduce a declarar la consumación de la perención de la instancia con fundamento en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.
IV DISPOSITIVA
Por los anteriores señalamientos, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por imperio del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
TERCERO: Se ordena agregar el cuaderno de medidas al principal.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA.
Dada, sellada y firmada en la sala de despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta. En La Asunción, a los tres (03) días del mes de febrero del año dos mil once (2011). Años: 200° y 151°.
LA JUEZA,

Dra. JIAM SALMEN DE CONTRERAS.
LA SECRETARIA,

Abg. CECILIA FAGUNDEZ.
EXP: N°. 11.159-10
JSDC/CF/nv.
En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión previa las formalidades de Ley. Conste,
LA SECRETARIA,

Abg. CECILIA FAGUNDEZ.