TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta
La Asunción, 3 de Febrero de 2011
200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : OP01-P-2007-003512
ASUNTO : OP01-P-2007-003512

SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO POR EXTINCION DE LA ACCION PENAL

Juramentada como he sido Jueza Provisoria de este Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones de Juicio No. 2 de este Circuito Judicial Penal, en virtud de la designación realizada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en sesión de fecha 12 de agosto de 2010, según oficio No. CJ-10-17-16, me ABOCO al conocimiento del presente asunto penal. Se deja expresa constancia que cualquier retardo procesal en la tramitación hasta el día de hoy del presente en el asunto penal no puede ser imputable a esta Juzgadora que hoy se aboca ni a la secretaria que suscribe esta decisión. Revisadas las actuaciones que conforman el presente asunto; visto el escrito presentado por la Dra. LIL VARGAS, en su condición de Defensor privado del ciudadano CRISTIAN DANIEL MARIN RODRIGUEZ, la cual corre inserta a los folios 166 y 167 del expediente; este Tribunal de oficio para decidir, hace las siguientes consideraciones:

CAPITULO I
ANTECEDENTES

El presente asunto penal es seguido contra CRISTIAN DANIEL MARIN RODRIGUEZ, quien es venezolano, natural de Porlamar, Estado Nueva Esparta, nacido en fecha 3/12/1987, de oficio ayudante de albañilería, titular de la cédula de identidad No. 20.905.181, residenciado en la Calle Primera Transversal, casa No. 106 cerca del Módulo Policial de Los Cocos, Porlamar, Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta, por la presunta comisión del delito de lesiones personales intencionales graves, previsto y sancionado en el artículo 417 del Código Penal, vigente para la fecha de la comisión de los hechos.

Se observa que el presente asunto se inicia con la presentación del ciudadano CRISTIAN DANIEL MARIN RODRIGUEZ, el 31 de agosto de 2007, ante el Tribunal de Control No. 4 de este Circuito Judicial Penal , oportunidad en la cual el Fiscal del Ministerio Público precalificó el delito de Lesiones Personales Graves, decretándose una medida cautelar sustitutiva de libertad consistente en presentaciones de conformidad con el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal y se acordó seguir el juicio por el procedimiento abreviado.

En fecha 20 de septiembre de 2007 la Fiscalía Segunda del Ministerio Público presentó acusación en contra del imputado, ante este Tribunal de Juicio No. 2 y por primera vez la audiencia de juicio oral y público para el día 23 de octubre de 2007, sin que se hubiere realizado en la fecha fijada por encontrarse el Fiscal en un acto en otro Tribunal; posteriormente, la audiencia de juicio oral y público fué fijada para el 5 de noviembre del mismo año, y no se realizó por encontrarse el Tribunal realizando una Inspección en la ciudad de Porlamar en otro asunto; el 8 de enero de 2008, no se llevó a cabo la audiencia oral y pública fijada para ese día toda vez que el Fiscal del Ministerio Público se encontraba en otro acto, y se fijó para el 26 de febrero de 2008 la cual tampoco se realizó por cuanto ese día no hubo audiencia ni secretaría en el Tribunal. El 17 de abril de 2008, la Juez de la causa se abocó a su conocimiento en virtud de haber asumido el cargo en virtud de la rotación anual de jueces, y ordenó fijar la audiencia por auto separado. Es así, como hasta la presente fecha no ha sido posible la realización de la audiencia de Juicio Oral y Público y no consta en autos que las oportunidades en que fue necesario diferir la audiencia puedan ser imputables al acusado.

CAPITULO III
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Ahora bien, es preciso señalar que la prescripción, cuyo término ha sido concebido en el derecho de diversas formas, está referida, entre otras, en materia penal, a la extinción de la acción o de la pena, por virtud del transcurso del tiempo. Esto último es importante porque precisa distinguir entre uno y otro caso.

Se entiende que la figura de la prescripción resulta diferente según se trate de la acción o de la pena, ya que en el primer caso, atiende al transcurso del tiempo desde que ocurrieron los hechos imputados y hasta el momento en que tiene lugar el ejercicio de la acción respectiva; mientras que, en el segundo supuesto, esto es, la prescripción de la pena, ésta opera a partir del momento en que se dicta la decisión y hasta el término que fije la ley en cada caso. Ahora bien, los hechos por los cuales se juzgó a los procesados ocurrieron el 31 de agosto de 2007, por lo que deben acogerse las reglas conforme a las cuales debe computarse el lapso ordinario de prescripción de la acción penal, contenidas en los artículos 108, 109 y 110 del Código Penal, por operar la máxima “tempus regit actum”, en virtud del cual la ley sólo se aplica a los hechos ocurridos durante su vigencia, siendo que de la revisión efectuada a las actas procesales se comprobó que los hechos ocurrieron efectivamente en la mencionada fecha, siendo acusado CRISTIAN DANIEL MARIN RODRIGUEZ por el delito de Lesiones Personales Intencionales, previstas en el artículo 417 del Código Penal, que establece una pena de uno a cuatro años de prisión.-

En tal sentido, el artículo 108 del Código Penal vigente para la fecha en que suceden los hechos señala: “Salvo el caso en que la Ley disponga otra cosa, la acción penal prescribe así….4.- Por cinco años, si el delito mereciere pena de prisión de mas de tres años…5.- Por tres años, si el delito mereciere pena de prisión, de tres años o menos, arresto de mas de seis meses, relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la República.

Y el artículo 110 ejusdem dispone. “Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el imputado, si éste se fugare
Interrumpirán también la prescripción, la citación que como imputado practique el Ministerio Público, o la instauración de la querella por parte de la víctima o de cualquier persona a los que la ley reconozca con tal carácter; y las diligencias y actuaciones procesales que le sigan; pero si el juicio, sin culpa del imputado, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal.

” Si establece la ley un término de prescripción menor de un año, quedará ella interrumpida por cualquier acto de procedimiento; pero si en el término de un año, contado desde el día en que comenzó a correr la prescripción no se dictare la sentencia condenatoria, se tendrá por prescrita la acción penal.

“La prescripción interrumpida comenzará a correr nuevamente desde el día de la interrupción.”

El Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado: “...la prescripción ordinaria en el artículo 108, cuyo curso puede ser interrumpido y que nuevamente comenzará a computarse desde el día de la interrupción conforme al lapso previsto en el citado artículo y la prescripción extraordinaria o judicial que se encuentra contenida en la parte in fine del segundo párrafo del artículo 110 ejusdem y es aquella que se verifica por el solo transcurso de un tiempo determinado, esto es, el de la prescripción aplicable más la mitad del mismo, siempre y cuando la prolongación del juicio por ese tiempo se haya producido sin culpa del reo, no siendo, a diferencia de la prescripción ordinaria, susceptible de interrupción. Cuando ocurre alguno de los actos previstos en el artículo 110 del Código Penal, se interrumpe el curso de la prescripción y a partir de esa fecha se abre un nuevo lapso de prescripción, pero ello sólo procede para la prescripción ordinaria de la acción penal ya que tales actos interruptores no surten su efecto cuando se dan los supuestos de la denominada prescripción judicial, que se configura cuando el juicio, sin culpa del reo, se prolongara por un tiempo igual al de la prescripción aplicable, más la mitad del mismo. Asimismo, si el hecho tiene asignado un lapso de prescripción menor de un año, si en ese término a partir del día en que comenzó a correr la prescripción, no se dicta sentencia condenatoria, se tendrá por prescrita la acción penal...” (Sentencia Nº 747, Sala de Casación Penal, del 21/12/2007).

Desde la fecha en que se dio inicio a la presente causa (31 de agosto de 2007), a la presente fecha ha transcurrido un lapso de tres años, cinco meses y tres días; y desde la fecha en que la Fiscalía Segunda del Minisiterio Público presentó su acusación, es decir desde el 20 de septiembre de 2007, ha transcurrido un lapso de tres años y trece días, tiempo superior al previsto por el legislador para que opere la prescripción de la acción penal tanto ordinaria como judicial, y visto que en el presente caso, los diferimientos del juicio oral y público, no han sido atribuibles a los imputados, el juicio se ha prolongado por otros motivos ajenos a la asistencia de los acusados o sus defensores, y al respecto ha señalado la Sala Constitucional en Sentencia 1118 del 25-6-01: “… debido a que el proceso penal, en caso de fallo condenatorio restringe la libertad, garantiza al reo la extinción del proceso, si éste se prolongase por un tiempo igual al de la prescripción de la acción, más la mitad del mismo, y siempre que la dilación judicial ocurra sin culpa del reo. A esta extinción la llama el artículo 110, prescripción… En realidad, la figura del artículo 110 comentado, no se trata de una prescripción, ya que la prescripción es interruptible, y este término no puede interrumpirse. Más bien se trata de una forma de extinción de la acción derivada de la dilación judicial. A juicio de esta Sala no se trata realmente de prescripciones, sino de extinciones de las acciones, por decaimiento de las mismas, debido a la falta de impulso pleno del proceso, hasta el punto que transcurre el tiempo y no se dictan sentencias definitivas… Se trata de la prolongación del proceso por causas imputables al órgano jurisdiccional, ya que si la dilación es atribuible al reo, el lapso extintivo no corre...”, a criterio de quién decide en este caso, lo procedente y ajustado a derecho, es el decretar el sobreseimiento de la causa, de conformidad con el articulo 318 numeral 3º y 322 del Código Orgánico Procesal Penal y 108 ordinales 5º y 6º del Código Penal por extinción de la acción penal, por causa no imputable a los reos, y como consecuencia de ello, se debe decretar la libertad plena de los referidos ciudadanos. Y así se declara y se decide.

Dispone el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 322 lo siguiente:
“Si durante la etapa de juicio se produce una causa extintiva de la acción penal o resulta acreditada la cosa juzgada, y no es necesaria la celebración del debate para comprobarla, el tribunal de juicio podrá dictar el sobreseimiento.
Contra esta resolución podrán apelar las partes.”

En consecuencia, de la revisión de las actas procesales que efectuó este Tribunal Unipersonal Segundo de Juicio, comprueba que la dilación procesal ocurrida en la presente causa no le es imputable al procesado, aunado al hecho de que los mismos no han renunciado a ella, al verificarse que se sometieron en todo momento a los actos del proceso, por lo cual ha operado la prescripción de la acción penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 ordinal 6, 109 y 110 del Código Penal, razón suficiente para que este Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Nueva Esparta declare el sobreseimiento de la causa a favor del acusado CRISTIAN DANIEL MARIN RODRIGUEZ, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 48 ordinal 8° ejusdem y relación al artículo 322 ibidem.” Y así se declara.-

DISPOSITIVA

En suma y con fundamento a lo anteriormente expuesto, este Tribunal Unipersonal de Primera Instancia en Funciones de Juicio No. 2 del Circuito Judicial penal del Estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECRETA: PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL y, en consecuencia EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida contra el ciudadano CRISTIAN DANIEL MARIN RODRIGUEZ, quien es venezolano, natural de Porlamar, Estado Nueva Esparta, nacido en fecha 3/12/1987, de oficio ayudante de albañilería, titular de la cédula de identidad No. 20.905.181, residenciado en la Calle Primera Transversal, casa No. 106 cerca del Módulo Policial de Los Cocos, Porlamar, Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta, por la presunta comisión del delito lesiones intencionales graves, previsto y sancionado en el artículo 417 del Código Penal vigente, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 48 ordinal 8° ejusdem y relación al artículo 322 ibidem.

Publíquese, diarícese, regístrese, notifíquese a las partes.-

Dada, firmada y sellada en la sala de Audiencias del Tribunal Unipersonal de Primera Instancia en Funciones de Juicio No. 2 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, con sede en la ciudad de La Asunción, a los tres (3) días del mes de febrero de Dos Mil Once (2011). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.-

LA JUEZ DE JUICIO No. 2,

DRA. EMILIA VALLE ORTIZ
EL SECRETARIO,

ABG. JUAN CARLOS RODRIGUEZ F.