TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.
Años 200° y 151°

Expediente N° 23.420
Sentencia definitiva.-
I.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:
I.1 PARTE ACTORA: INVERSIONES GUINAT, C.A., sociedad de comercio inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 09 de julio de 1986, bajo el N° 26, Tomo 2, adicional 4.
I.2 APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Abogados en ejercicio JOHNNY GUERRA y JOSÉ ALBERTO GUERRA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 15.497 y 106.864, respectivamente.
I.3 PARTE DEMANDADA: CENTRO HIPICO LA ISLA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 19 de marzo de 1999, bajo el N° 17, Tomo 6-A.
I.4 APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Abogados en ejercicio GERARDO APONTE CARMONA y CARLOS SÁNCHEZ VEGAS, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 41.492 y 54.318, respectivamente.

II.- MOTIVO DEL JUICIO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.-

III.- BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION.-
Se inicia la presente demanda de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, presentada por el ciudadano GUIDO BOSSIO MAIORANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.480.372, actuando en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil INVERSIONES GUINAT, C.A., contra la empresa CENTRO HÍPICO LA ISLA, C.A., todos ya previamente identificados, representada por el ciudadano RICHAR EDUARDO APONTE, venezolano, mayor de edad, y titular de la cédula de identidad N° 6.977.606, en razón del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes intervinientes en este proceso, en fecha 29-3-2006, sobre un inmueble ubicado en la Avenida íntercomunal Jovito Villalba de la Población de Los Robles, Municipio Aguirre del Municipio Maneiro de este Estado, y que en virtud del atraso en el pago de las mensualidades acordadas, es por lo que acude a demandar formalmente a la empresa demandada.
Sometida al sorteo correspondiente, la misma fue asignada a este Juzgado Primero de Primera Instancia.
El día 04 de marzo de 2008, el representante legal de la parte actora consigna los instrumentos que fundamentan la acción; y en esta misma fecha se le da entrada a la causa, y la misma se admite el día 11-3-2008.
En fecha 13 de marzo de 2008, el representante legal de la parte actora asistido de abogado, confiere poder apud-acta a los abogados JOHNY GUERRA y JOSÉ ALBERTO GUERRA, ya identificados.
El día 28 de marzo de 2008, el apoderado actor consigna las copias a ser certificadas para la citación personal de la demandada, y asimismo pone a disposición del Alguacil los emolumentos para que practique la misma.
El día 31 de marzo de 2008, la Alguacil temporal de este Despacho, deja constancia de que le fueron proporcionados los medios exigidos por la ley para realizar las diligencias pertinentes a la citación de la parte demandada.
En fecha 03 de abril de 2008, se libra la compulsa de citación.
En fecha 10 de abril de 2008, la Alguacil temporal consigna la compulsa de citación sin firmar al no haber podido localizar a la parte demandada.
En fecha 15 de abril de 2008, el apoderado actor solicita se proceda a practicar la citación por carteles; siendo ello acordado el 06-6-2008.
El día 02 de junio de 2008, el apoderado actor consigna las publicaciones en prensa del referido cartel.
En fecha 02 de junio de 2008, comparece el abogado CARLOS SÁNCHEZ-VEGAS, y consigna instrumento poder que acredita su facultad para actuar en el presente juicio, otorgado por la empresa demandada.
En fecha 04 de junio de 2008, los apoderados judiciales de la parte demandada, consignaron escrito de contestación a la demanda, y formalmente proponen reconvención.
El día 10 de junio de 2008, este Juzgado admite la reconvención y advierte a la demandante reconvenida que deberá dar contestación a la misma, tal como lo establece el artículo 367 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 18 de junio de 2008, los apoderados de la parte demandante consignan escrito de contestación a la reconvención propuesta.
En fecha 27 de junio de 2008, el apoderado CARLOS SÁNCHEZ VEGAS de la parte demandada, consigna escrito de promoción de pruebas.
Mediante auto de fecha 09 de julio de 2008, este Juzgado declara la nulidad de todo lo actuado, ordenándose librar boletas a las partes, y repone la causa al estado de admisión de la reconvención, quedando incólumes los actos procesales de admisión, emplazamiento y contestación de la demanda.
En la misma fecha del 09 de julio de 2008, se admite la reconvención por fraude procesal, de conformidad con el artículo 888 del Código de Procedimiento civil.
El día 17 de julio de 2008, el ciudadano Alguacil consigna la boleta debidamente firmada por el apoderado de la parte actora.
En fecha 18 de diciembre de 2008, el apoderado actor solicita el avocamiento del Juez, y asimismo solicita se notifique a la parte demandada de la decisión dictada por este Despacho.
En fecha 09 de enero de 2009, el ciudadano Juez se aboca al conocimiento y ordena la notificación de la parte demandada.
Ahora bien, en este estado del proceso se evidencia de la revisión de las actas, que desde el día 18 de diciembre de 2008, hasta la presente fecha, no ha habido ninguna otra actuación o actividad alguna en el expediente dirigida a impulsar el proceso, habiendo transcurrido en exceso, desde esa oportunidad más de un (1) año.
Al respecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…”
El procesalista RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su obra “Código de Procedimiento Civil”, Tomo II, Pág. 329, comenta lo siguiente:
“…La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir.
El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso (cfr comentarios al Art. 14) exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el Juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia…”
En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia en fallo del 13-06-2001 de la Sala de Casación Civil, estableció lo siguiente:
“…Sin embargo, esta Sala observa que, la perención de la instancia opera por inactividad procesal de las partes, es decir, la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, en un período de al menos un año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o cuando transcurre el lapso previsto en los supuestos de hecho del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil…”
Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 25 de Febrero de 2.004, asentó:
“…La regla legal transcrita impone una sanción de perención de la instancia por falta de actividad de las partes durante el transcurso de un año, lo cual implica el abandono y desinterés de los litigantes en el desenvolvimiento del proceso, que debe conducir a la sentencia que resuelva la controversia planteada.
En el caso de las perenciones breves, no se puede considerar que exista tal abandono del proceso, sino falta de cumplimiento de los deberes legales que la Ley impone para lograr la citación.
En uno u otro supuesto, por ser la norma analizada de carácter sancionatorio, no es susceptible de interpretación extensiva o analógica (…) Para declarar la perención no solo es necesario verificar el simple transcurso del tiempo, sino también es relevante analizar en cabeza de quien estaba el impulso del proceso, si de las partes o del Tribunal…”
De los fallos precedentemente transcritos, este Tribunal infiere que la inactividad procesal de la parte, conlleva a la falta de impulso o estímulo del proceso que acarrea su penalización y lo extingue.-
Aplicando todo lo expuesto al caso que nos ocupa, se observa que efectivamente desde el día 18-12-2008, ha transcurrido más del año previsto en la norma adjetiva, para que opere la perención de la instancia como sanción a la conducta omisiva de la parte actora, sin que tal inacción recaiga en cabeza del Tribunal, ya que aún correspondía a las partes probar sus pretensiones y defensas en el lapso probatorio. En consecuencia, no habiéndose ejecutado ningún acto de procedimiento y no encontrándose la causa en estado de sentencia, se concluye que en el presente caso se ha consumado la perención de la instancia, con fundamento en el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECLARA.-

IV.- DISPOSITIVA.-
En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decreta la Perención de la Instancia, en el juicio que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO intentara la sociedad INVERSIONES GUINAT, C.A. contra la empresa CENTRO HÍPICO LA ISLA, C.A., expediente N° 23.420, de la nomenclatura particular de este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
La condenatoria de perención no determina condena en costas por mandato del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DÉJESE COPIA.
Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. La Asunción, a los doce (12) días del mes de enero del año Dos Mil Once (2011). Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.-
Expediente N° 23.420
CBM/clc/milagros