República Bolivariana de Venezuela En su nombre: Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente Circunscripción Judicial del Estado Zulia Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 4 Expediente: 19742. Causa: Fijación de Régimen de Convivencia Familiar. Demandante: Michael Paúl Núñez Quintero. Demandado: Marion de los Ángeles Hernández Oliveros. Niño: (se omiten los nombres de los niños, niñas y adolescentes por razones de confidencialidad). PARTE NARRATIVA Compareció ante este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el ciudadano MICHAEL PAÚL NÚÑEZ QUINTERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.-12.804.967, domiciliado en el Municipio San Francisco del Estado Zulia, asistido por la abogada MIRIAM PARDO CAMARGO, inscrita en el inpreabogado bajo el No. 49.336, a intentar demanda de Fijación de Régimen de Convivencia Familiar, en contra de la ciudadana MARION DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ OLIVEROS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.-13.005.857, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en beneficio del niño (se omiten los nombres de los niños, niñas y adolescentes por razones de confidencialidad). Este Tribunal, cumpliendo las formalidades de ley, admitió la anterior demanda por cuanto ha lugar en derecho y notificó a la Fiscal Especializada del Ministerio Público. Por cuanto no fue posible practicar la citación personal de la parte demandada, en diligencia de fecha 20 de septiembre de 2011, la abogada MIRIAM PARDO CAMARGO, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano MICHAEL PAÚL NÚÑEZ QUINTERO, solicitó la citación de la parte demandada por medio de carteles, lo cual fue proveído en fecha 21 de septiembre de 2011. En diligencia de fecha 31 de octubre de 2011, la apoderada judicial de la parte demandante, abogada MIRIAM PARDO CAMARGO, solicitó se nombrara defensor ad litem a la parte demandada, lo cual fue proveído en fecha 03 de noviembre de 2011, quedando designada para dicho cargo la abogada MARIVICT GONZÁLEZ SANDREA, inscrita en el inpreabogado bajo el No. 127.619, quien en fecha 02 de diciembre de 2011, aceptó el cargo y juró cumplir con los deberes y obligaciones inherentes al mismo. En fecha 14 de diciembre de 2011, fue agregada a las actas la boleta de citación de la abogada MARIVICT GONZÁLEZ SANDREA, en su carácter de defensora ad litem de la ciudadana, MARION DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ OLIVEROS, debidamente practicada. En escrito de fecha 19 de diciembre de 2011, la ciudadana MARION DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ OLIVEROS, asistida por la abogada MARIVICT GONZÁLEZ SANDREA, siendo la oportunidad para dar contestación a la demanda, solicitó se declare la cosa juzgada, en virtud de la sentencia de divorcio dictada por esta Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 4, de fecha 24 de febrero de 2011. Con esos antecedentes, este Tribunal pasa a decidir en base a las siguientes consideraciones: PARTE MOTIVA Este Tribunal después del estudio minucioso de las actas que conforman el presente expediente indica, entre los efectos que la Ley atribuye a la sentencia u otro medio de terminación del proceso, esta el de la cosa juzgada; la doctrina nos dice: que la cosa juzgada es aquella sentencia contra la cual no queda recurso alguno y se ha hecho definitivamente firme, bien porque no ejercieron los recursos que permite la Ley procesal o porque habiéndose ejercido, se han agotado ya todas las instancias posibles. La eficacia de tal autoridad se traduce en tres aspectos: a) Inimputabilidad, lo cual supone que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada no puede ser revisada por ningún juez, cuando ya se hayan ejercido contra ella todos los recursos de Ley, o precluyere la oportunidad procesal para intentarlos, salvo en nuestra legislación el recurso de revisión. b) Inmutabilidad, según el cual ninguna otra autoridad judicial, administrativa o legislativa, puede modificar el texto de la sentencia; en tal sentido, la cosa juzgada cercena la posibilidad de intentar nuevos procesos judiciales sobre el mismo tema; y c) Coercibilidad; referente a la posibilidad de ejecución forzosa de los fallos de condena con fuerza de cosa juzgada. Siguiendo este orden de ideas, es oportuno señalar que la doctrina distingue entre cosa juzgada material o sustancial y cosa juzgada formal; esta última se manifiesta dentro del proceso al hacer inimputable o inatacable el mismo; mientras que la cosa juzgada material irradia hacia el exterior, al vedar a las partes la incoación de un nuevo proceso que verse sobre la misma causa. Dicha institución esta destinada a garantizar, fuera del proceso, los resultados del juicio, a producir certeza jurídica, vale decir, esta destinada a velar para siempre en el futuro; pero al tratarse de un juicio de Régimen de Convivencia Familiar, existe la excepción de que una sentencia que resuelva el fondo de la causa, o aquella dictada a través de un convenimiento por ante un órgano facultado para ello, con el tiempo, y por causa prevista en la ley, pueda ser modificada; y en consecuencia, el actor o el demandado puede promover de nuevo la demanda para obtener otro medio de terminación del proceso; pero ante un determinado órgano jurisdiccional y previo al cumplimiento de las respectivas normas. De la copia certificada consignada por la parte demandada, perteneciente al expediente que cursa por ante esta Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 4 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, signado bajo el No. 15320, se evidencia que existe un juicio de Separación de Cuerpos y Bienes, suscrito por los ciudadanos MICHAEL PAÚL NÚÑEZ QUINTERO y MARION DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ OLIVEROS, en el cual fue dictada sentencia definitiva No. 65, de fecha 24 de febrero de 2011, quedando fijado lo referente al régimen de convivencia familiar a favor del niño de autos. Asimismo, después de haberse hecho las consideraciones antes transcritas y de conformidad con lo pautado en el artículo 1.395 del Código Civil Venezolano, el cual se limita a establecer los requisitos y consecuencias en relación a la autoridad que da la ley a la cosa juzgada, que no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de la sentencia; es necesario que la cosa demandada sea la misma, que la nueva demanda este fundada sobre la misma causa, que sea entre las mismas partes y que estas vengan al proceso con el mismo carácter que en el anterior. Al respecto, el Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente: Articulo 272: “Ningún Juez podrá volver a decidir la controversia ya decidida por una sentencia, a menos que haya recurso contra ella o que la ley expresamente lo permita.” En el caso de autos, se evidencia que los extremos exigidos por dicha disposición están plenamente cubiertos, por cuanto se encuentran los presupuestos para su procedencia. En los procesos seguidos, ambos por ante esta Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 4, el primero contentivo de Separación de Cuerpos y Bienes, y el segundo contentivo de Fijación de Régimen de Convivencia Familiar, para que sea acreditada la cosa juzgada debe existir identidad de sujeto, objeto y causa; en este sentido, en relación a este procedimiento se cumple este requisito por cuanto existe identidad de sujetos, y si bien es cierto que las causas parecieran ser diferentes la primera de Separación de Cuerpos y Bienes y esta de Fijación de Régimen de Convivencia Familiar, también es cierto que antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente en el año 2000, el Tribunal competente para disolver dicho vínculo matrimonial era igualmente el competente para decidir acerca de las Instituciones de la patria potestad, responsabilidad de crianza, régimen de convivencia familiar y obligación de manutención, ello de acuerdo al artículo 39 de la derogada Ley Tutelar de Menores y 192 del Código Civil. De esta forma, dentro del objeto principal del divorcio, el cual claro esta, es disolver el vinculo matrimonial, también se encontraba la obligación por parte de este Tribunal de garantizar los rubros antes enunciados como en efecto se realizó; tal como lo dispone el artículo 351 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por ende dicha facultad que posee este Órgano Jurisdiccional por medio de la ley para que al momento de decidir determine lo referente a las instituciones familiares, abarca el objeto del caso que nos ocupa, el cual es el prenombrado régimen de convivencia familiar, por ello, mal podría continuar sustanciándose esta causa hasta sentencia definitiva, puesto que se entraría a decidir un concepto ya fijado por el Tribunal de la causa donde se ventiló la Separación de Cuerpos y Bienes, que podría derivar en sentencias contradictorias, representando el desgaste de la tutela Judicial efectiva y por ende una inseguridad jurídica por cuanto los derechos adquiridos por decisión de la justicia, no tendrían estabilidad alguna si esta institución pudiera ser objeto de litigios constantes entre las mismas partes intervinientes. Por las razones antes expuestas, ambos procesos poseen el mismo objeto y causa, configurándose con esto los requisitos esenciales para acreditar la institución de la cosa juzgada. Conforme a lo antes expuesto, y tomando en consideración que fue demostrada a través de la copia certificada del expediente No. 15320, que existe una sentencia, teniendo la misma el carácter de cosa juzgada, y por ende se hace vinculante en todo proceso futuro, en consecuencia, en la presente causa, tal como lo ha establecido la doctrina venezolana, debe preservarse la cosa juzgada, por existir un interés público en que los órganos jurisdiccionales no vuelvan a conocer y decidir un caso que ya fue resuelto, es decir, hacer valer la cosa juzgada de un proceso, en otro proceso idéntico que esta en curso, para obtener su extinción, razón por la cual puede ser solicitado en cualquier estado y grado de la causa. Siguiendo las razones anteriormente referidas, este Tribunal observa que se ha configurado ciertamente la institución de la cosa juzgada. Así se declara. PARTE DISPOSITIVA DECISIÓN Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio - Juez Unipersonal No. 4, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: a) Cosa juzgada en el presente juicio de Fijación de Régimen de Convivencia Familiar, incoado por el ciudadano MICHAEL PAÚL NÚÑEZ QUINTERO, en contra de la ciudadana MARION DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ OLIVEROS. b) Terminada la presente causa, en consecuencia, se ordena el archivo del expediente. No hay condenatoria de costas debido a la naturaleza del proceso. Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada por secretaria de conformidad con el artículo 248 ejusdem. Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio No. 4 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los 21 días del mes de diciembre de 2011. 201º de la Independencia y 152º de la Federación. El Juez Unipersonal No. 4; Abog. Marlon Barreto Ríos La Secretaria; Abog. Lorena Rincón Pineda En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia interlocutoria bajo el No. 142. La Secretaria. MBR/kpmp.