Exp. 36.647
Sent. No.577
Part. Com. Hereditaria
Sr.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas.
RESUELVE:
CO-DEMANDANTES: ANGEL RICARDO SOTO BARBOZA, FREDDY SOTO BARBOZA e YVA JOSEFINA SOTO BARBOZA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nos. V.-3.118.179, V.-4.156.192 y V.-3.649.033, respectivamente, domiciliados en el Municipio San Francisco del Estado Zulia.
CO-DEMANDADOS: MARIA DOLORES DE BARBOZA, BETTI SOTO BARBOZA, DIXON SOTO BARBOZA y DEXY SOTO BARBOZA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad Nos. V.-1.646.019, V.-2.883.387m V.-5.039.451 y V.-5.037.789, respectivamente, con domicilio en el Municipio San Francisco del estado Zulia.
MOTIVO: PARTICION DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA.
ENTRADA: Nueve (09) de Diciembre de 2011.
SENTENCIA: DECLINATORIA DE COMPETENCIA.
SINTESIS: La parte demandante expuso en su libelo de demanda:
“…El ciudadano CARLOS ANTONIO SOTO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 115.120, con ultimo domicilio en Jurisdicción de la Parroquia Bolívar, del Municipio Cabimas del Estado Zulia, falleció AB-INTESTATO el día 13 de Octubre de 1.985, en la Parroquia Olivar en Jurisdicción del Municipio Cabimas del Estado Zulia,.. Dejando como Únicos y Universales Herederos a MARIA DOLORES DE BARBOZA, ANGEL RICARDO SOTO BARBOZA, BETTI SOTO BARBOZA, YBA JOSEFINA BARBOZA, FREDDY SOTO BARBOZA, DIXON A. SOTO BARBOZA y DEXY R. SOTO BARBOZA…
Ciudadano Juez, es en razón de estos derechos que nos asisten y que consta en Declaración Sucesoral, de la Dirección de Rentas del Ministerio de Hacienda, de fecha 14 de Julio de 1.988, en donde se evidencia la condición de Únicos y Universales Herederos legítimos del de cujus CARLOS ANTONIO SOTO, ya identificado y en vista de que todas las gestiones tendentes a una partición amistosa con los demás herederos han fracasado; es por lo que hemos decidido Demandar Como Efectivamente Demandamos En Este Acto, a nuestros propios nombres e intereses, LA PARTICION de dichos bienes a los ciudadanos MARIA DOLORES DE BARBOZA, BETI SOTO DE BARBOZA, DIXON A. SOTO DE BARBOZA y DEXY R. SOTO DE BARBOZA,…para que convengan , o , a ellos sean condenados por este tribunal en la partición de bienes percibidos por estos y estimados hasta su rendición definitiva, a fin de que se nos adjudiquen y entreguen las cuotas partes que nos corresponden en la herencia.
Es fundamento jurídico de la presente acción de PARTICION, lo establecido en los Artículos 1.067 y 1.069 de Código Civil en concordancia con los artículos 777 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
De conformidad con lo establecido en el Articulo 38, de código de Procedimiento Civil, estimamos la presente demanda en la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (BS. 200.000,oo) correspondiente a las cuota parte que nos corresponde, estimado en 2631,57 Unidades Tributarias…”
En resolución dictada en fecha 07 de Octubre de 2011, el TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Maracaibo, se declaro Incompetente para conocer la presente causa, y declino su conocimiento a este Juzgado.
En fecha nueve de Diciembre de 2011, se le dio entrada en este Tribunal.-
Ahora bien, de una exhaustiva revisión a la presente causa, es impretermitible para este Tribunal hacer las siguientes consideraciones:
El Proceso es aquel conjunto de actos procesales regulados por un ordenamiento jurídico para el desarrollo de la función jurisdiccional. Para el profesor de derecho procesal civil Humberto Cuenca, en su libro Derecho Procesal Civil, La Competencia y otros temas, consagra el proceso como:
“Un conjunto de actividades ordenadas por la ley, para el desenvolvimiento de la función jurisdiccional. Es una relación jurídica porque vincula a los sujetos que intervienen en él, es método dialéctico porque investiga la verdad jurídica en un conflicto de intereses y es una institución porque esta regulado según las leyes de una misma naturaleza. Toda la normativa que regula el proceso tiende a reparar un derecho lesionado, a declarar una situación jurídica justa o la restitución o resarcimiento de lo que es debido. Por ello, derivado del carácter instrumental de la ciencia que lo estudia, el proceso no es un fin en si mismo sino el instrumento para realizar la justicia.”
En este sentido, el Procedimiento comprende el modo de proceder en la justicia, así para el Doctor Francesco Carnelutti, en su obra Instituciones de Derecho Procesal, establece que el procedimiento es:
“una coordinación de actos que tienden a un efecto jurídico común...Tal carácter se haya perfectamente reflejado en el significado de la palabra procedimiento, la cual denota la idea de avanzar de un acto a otro como se produce, un paso tras otro, hacia la meta. “
Asimismo, el Profesor Aristides Rengel Romberg, en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, define como jurisdicción:
“La función estatal destinada a la creación por el Juez de una norma jurídica individual y concreta necesaria para determinar la significación jurídica de la conducta de los particulares, cada vez que entre ellos surjan conflictos de intereses y de asegurar por la fuerza, si fuere necesario, la práctica de la norma creada”.
A este respecto, el procedimiento judicial como objeto de estudio de la ciencia procesal esta impregnado de Principios Procesales que regulan la actividad de los sujetos intervinientes en él. En la mayoría de las legislaciones procesales estos principios no se encuentran estipulados en un marco legal y el intérprete al aplicar la hermenéutica jurídica debe extraerlos de los modos constantes de solución impuestos por el legislador y de las formas generalizadores utilizados en el texto legal.
Entre ellos se encuentra el Principio de Inmediación, el cual consiste según el Doctor Humberto Cuenca en:
“la cercanía del Juez con la realidad del proceso, en su contacto directo con las personas y las cosas que lo constituyen, no sólo con los litigantes sino también con los testigos y demás auxiliares de justicia”.
Pero además exige esta cercanía el conocimiento directo de las cosas que son objeto del proceso de manera que pueda estar impregnado del ámbito real de la controversia y de la atmósfera donde ocurrieron los sucesos. Aspira, el juez, por tanto el principio de inmediación, no a recibir sucesos con carácter históricos, o sea, relatados después de ocurridos, sino que hasta cierto punto esté lo más cerca posible de los acontecimientos, porque más cerca esta el juez de los hechos sobre los cuales va a decidir, será entonces más eficaz sus sentencias definitivas, interlocutorias, autos y oficios motivados.
Por lo tanto, el Principio de Inmediación es un elemento procesal impretermitible para el desarrollo circunstancial del proceso judicial, y en este caso es necesario que el Juez ab-initio mantenga la actividad jurisdiccional en el desenvolvimiento de las actuaciones judiciales iniciales, intermedias y finales de las partes, al considerarlo arbitro y sujeto procesal de la relación jurídico planteada, y por estar cercano a la realidad procesal, así como a las personas y cosas que lo constituyen, no sólo con la parte actora y la parte demandada sino también con los testigos y demás auxiliares de justicia; en virtud de ello, esta Juzgadora observa que una vez que el juez conoce sobre la presente causa declina la competencia a este Juzgado, estando en relación directa con las partes intervinientes y el objeto del juicio; lo cual, según el ya referido Principio de Inmediación, hace suponer que sea dicho Juez quien deba continuar con el conocimiento de la causa.
De esta forma, el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, establece textualmente lo siguiente:
“La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la Ley disponga otra cosa.”. (Subrayado del Tribunal).
El precitado artículo consagra el principio de la perpetuatio jurisdictionis, principio jurisprudencial establecido pacíficamente en nuestro proceso civil venezolano, y de un fundamento doctrinal y jurídico inobjetable; según el cual, después de iniciada la causa, esta queda insensible a cualquier cambio sobrevenido de las circunstancia que la habían determinado (per citationem perpetuartur iurisdictio). Esto es, este criterio doctrinal en resguardo de la seguridad jurídica, señala que la potestad de juzgamiento y la competencia del órgano jurisdiccional, se determinan por la situación fáctica existente para el momento de introducción de la demanda, sin que pueda modificarse esa jurisdicción y competencia, en razón de los cambios o vicisitudes que se presenten en el curso del proceso.
Por lo tanto, nuestro legislador patrio al establecer los preceptos y normas jurídicas civiles, regula los factores que debe tomar en cuenta el Órgano subjetivo para determinar su competencia por la materia, cuantía y territorio.
Tenemos que, vista la naturaleza de la presente causa es menester para esta Juzgadora traer a colación la decisión emanada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena de fecha 18 de Marzo del año 2.009, en la cual modifica a nivel nacional las competencias de los Juzgados en materia Civil, Mercantil y Tránsito, precisamente en su artículo 1 el cual es a tenor lo siguiente:
Artículo 1.- Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, de la siguiente manera:
a) Los Juzgados de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
b) Los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
(Subrayado del Tribunal)
Ahora bien, del escrito libelar se evidencia que los actores exponen lo siguiente:
“De conformidad con lo establecido en el Articulo 38, de código de Procedimiento Civil, estimamos la presente demanda en la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (BS. 200.000,oo) correspondiente a las cuota parte que nos corresponde, estimado en 2631,57 Unidades Tributarias…”
Así las cosas, tomando en consideración la anterior resolución, y que la cuantía establecida para este Órgano Jurisdiccional debe exceder de las Tres mil Unidades Tributarias las cuales tienes un valor de Doscientos veintiocho mil Bolívares Fuertes (Bs.F.228.000,oo), en atención al valor de la Unidad Tributaria actual, y que la presente acción en su cuantía no excede de dicho monto, en razón de ello una vez más se puntualiza que la competencia se determina conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, en consecuencia, por los razonamientos esbozados, considera este Órgano Jurisdiccional que el Tribunal competente para continuar conociendo con los subsiguientes actos procesales es un Tribunal de Municipio, tal y como fue acordado en la resolución de fecha 18 de Marzo de 2009, por lo que se solicitará la Regulación de Competencia, de conformidad con el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, por ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil. Así se establece.
Por todos los fundamentos ya expuestos y en resguardo de la seguridad jurídica, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se DECLARA:
1. INCOMPETENTE para conocer de este Juicio de PARTICION DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA, seguido por ANGEL RICARDO SOTO BARBOZA, FREDDY SOTO BARBOZA e YVA JOSEFINA SOTO BARBOZA en contra MARIA DOLORES DE BARBOZA, BETTI SOTO BARBOZA, DIXON SOTO BARBOZA y DEXY SOTO BARBOZA, suficientemente identificados; y como consecuencia, solicita la Regulación de Competencia, de conformidad con el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, por ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, a quien se ordena remitir las actuaciones que conforman este expediente, en forma original. Ofíciese.
2. No hay condenatoria en costas en virtud de lo decidido.
Publíquese e Insértese.
Déjese por Secretaria copia certificada de éste fallo conforme lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, a los fines del artículo 1.384 del Código Civil, y el artículo 72 numerales 3 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, a los nueve (09) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Once (2011). Años: 199º de la Independencia y l50º de la Federación.
La Juez Temporal,
ABOG. LAURIBEL RONDON ROMERO. Msc La Secretaria,
Abog. MARIA DE LOS ANGELES RIOS
En la misma fecha, siendo la (s) 09:00am, previo el anuncio de Ley a las puertas del despacho se dictó y publicó la anterior sentencia, quedando anotada bajo el No. 577, en el legajo respectivo. La suscrita Secretaria del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas, Abog. MARIA DE LOS ANGELES RIOS, certifica que las copias que anteceden, es traslado fiel y exacto de su original. Hay sello en tinta del Tribunal. Cabimas, 09 de Diciembre de 2011.-
La Secretaria,
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