REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO DÉCIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Maracaibo, 21 de Diciembre de 2.011. 200º Y 152º Exp. Nº 3.195 -2.010.- Motivo: RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.- La presente litis se inicia cuando el ciudadano FELIPE DANIEL RIVAS MARIN, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 14.723.206, debidamente asistido por el abogado JORGE MARIN PAEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 112.794, domiciliados en este Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, incuo formal demanda contra la ciudadana DAYEM ELISA PULIDO GUADARRAMA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 5.833.844, de este mismo domicilio, con motivo del RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.- Admitida como fue la demanda por éste Juzgado en fecha 19 de Octubre de 2.010, se ordenó la citación de la demandada ciudadana DAYEM ELISA PULIDO GUADARRAMA, en fecha 12 de Noviembre de 2.010 la parte actora estampó diligencia solicitando que se libraran los recaudos de intimación la parte actora y entregándole al Alguacil de este Juzgado los recursos necesarios para que cumpla con la citación de ley, en lo referente al traslado del alguacil, en cumplimiento con lo dispuesto en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil de fecha 06 de Julio de 2.004, a tal efecto el Alguacil en la misma fecha dejo constancia de que le habían proporcionado los recursos para realizar la citación, ahora bien revisadas como ha sido las actas procesales que conforman la presente causa, este Juzgado ha podido constatar que desde la fecha en que la parte actora proporcionó los recursos para la citación del demandado hasta la presente fecha ha transcurrido más de un (01) año sin que se hubiese realizado alguna actuación procesal tendente a la practica de la citación siendo esta la ultima actuación, respecto a todo lo antes narrado se realizan las siguientes consideraciones: El fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público a las reglas de procedimiento que le organizan, constituyen la más sana garantía de que los juicios no pueden eternizarse por voluntad de la partes o del Juez, debiendo concluir sea en forma “normal” (con la sentencia) o de manera “anormal”, con las llamadas formas de auto-composición procesal, (la Transacción, la Conciliación, el Desistimiento, el Convenimiento, la Perención de la Instancia). En este orden de ideas, tenemos que, en sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia del Dr. JESÚS CABRERA ROMERO, de fecha 01/06/2001, se estableció que: “…El artículo 26 constitucional, garantiza el acceso a la justicia, para que las personas puedan hacer valer sus derechos e intereses, y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Tal derecho de acceso a la justicia se logra mediante el ejercicio de la acción que pone en movimiento a la jurisdicción, la cual no garantiza una sentencia favorable, y que comienza a desarrollarse procesalmente desde que el juez admite o inadmite la demanda, la petición, el escrito o cualquier otra forma de inicio del proceso. El derecho de acceso a la justicia se ejerce al incoar la acción, pero ésta, al igual que el propio derecho de acceso, es analizada por el juez para verificar si se cumplen los requisitos que lo permiten, o la admisibilidad de la acción. Si ésta es inadmisible, el órgano jurisdiccional no tocará el fondo de los pedido, o denunciado. Cuando se rechaza in limine litis la acción, no hay negativa al derecho de acceso a la justicia, ya que se está emitiendo un fallo, en pleno ejercicio de la función jurisdiccional. A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor. Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preserva un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional. Quien demanda a una compañía aseguradora, por ejemplo, para que le indemnice el bien amparado por una póliza de robo, pierde el interés procesal, si recupera el bien. Ya no necesita ni de indemnización (si ello no lo demandó), ni de fallo que ordene la entrega del objeto asegurado. Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6º, numerales 1º, 2º, 3º, 5º y 8º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez. Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, o éste puede existir y luego perderse, por lo, que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional. En ambos casos, la función jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida del interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscribe al procedimiento. Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra-como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde. Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida. No consideró el legislador que el supuesto de la perención, constituyese una falta de interés procesal, el cual no podía ser certificado por tan corto plazo de inactividad, y por ello la perención no perjudica a la acción. Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional) como tal derecho de la parte, debe ejercerse. No estableció ni la Constitución, ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar, o como se apuntó en el fallo de esta Sala del 28 de julio de 2000 (caso: Luís Alberto Baca) mediante la interposición de un amparo constitucional, cuya sentencia incide directamente sobre el proceso donde surge la omisión judicial. La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales: Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin …” (subrayado del Tribunal). Por lo antes expuesto, considera este Tribunal que por cuanto de actas de evidencia que, el actor no realizó ningún otro acto luego de solicitar la citación del demandado, en aras de impulsar el curso del presente proceso, y habiendo transcurrido más de un año sin realizar ninguna actividad procesal, para esta Sentenciadora, tal comportamiento se traduce en un abandono del proceso, que implica la pérdida de interés procesal por parte del demandante, lo cual conlleva a la extinción del proceso, obrando así el decaimiento del procedimiento antes de iniciar el juicio, tal y como lo estableció nuestro máximo Tribunal conforme a la sentencia antes citada. Así se Decide.- DISPOSITIVO DEL FALLO. Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO DECIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA EL DECAIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO, por pérdida de interés de la parte actora para iniciar el presente juicio, que por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, fue intentado por FELIX DANIEL RIVAS MARIN contra DAYEM ELISA PULIDO GUADARRAMA, ambas partes antes identificadas.- En consecuencia, se acuerda remitir el presente expediente a la Oficina de archivos judiciales una vez que conste en actas la notificación de la parte actora, previa inclusión en el legajo correspondiente dada la naturaleza de la presente decisión no hay especial condenatoria en costas. PUBLIQUESE, REGISTRESE y NOTIFIQUESE a la parte actora. Déjese copia certificada por secretaría de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y a los fines de los ordinales 3º y 9º del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Décimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los Veintiún (21) días del mes de Diciembre de 2.011. Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.- La Juez, ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO. La Secretaria, ABOG. NORIBETH H. SILVA P.- En la misma fecha se cumplió con lo antes ordenado, librándose boleta de notificación. La Secretaria, ABOG. NORIBETH H. SILVA P.