TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.
I.- IDENTIFICACION DE LAS PARTES.
PARTE ACTORA: ciudadana RUTH ISABEL LLERANDI, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°. 3.752.297, domiciliada en la ciudad de Orlando del estado de Florida, Estados Unidos de Norteamérica.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogados GENARO LOBO SILVA y PEDRO ELÍAS FERNÁNDEZ, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 16.903 y 41.342 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: ciudadano ALEJANDRO FRANCISCO LÓPEZ ARMAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 3.663.248, domiciliado en la Urbanización Paraíso II, calle Las Margaritas, cruce con la Avenida Principal San Martín, Quinta Guayabito anteriormente, y hoy signada solamente con el N°. 14, a una cuadra antes de llegar a la Urbanización Agua Marina Country Club, Pampatar, Municipio Maneiro del estado Nueva Esparta.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No acreditó.
II BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS DEL PROCESO.
Se inicia la presente demanda de ACCIÓN DE NULIDAD interpuesta por el abogado GENARO LOBO SILVA, Actuando en nombre y representación de la ciudadana RUTH ISABEL LLERANDI en contra del ciudadano ALEJANDRO FRANCISCO LÓPEZ ARMAS.
Recibida por distribución el 16.05.11 (f. vuelto del 5)
En fecha 16.05.11 (f. 6 al 84), comparece el abogado GENARO LOBO SILVA, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, y consigna los recaudos señalados en el escrito libelar.
Por auto de fecha 18.05.11 (f. 85 y 86), se admitió la demanda ordenando emplazar al ciudadano ALEJANDRO FRANCISCO LÓPEZ ARMAS, a los fines de que compareciera por ante este Tribunal dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a su citación, a objeto de que diera contestación a la demanda incoada en su contra.
En fecha 20.05.11 (f. 87 al 89), comparece el abogado GENARO LOBO SILVA, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora y sustituyó reservándose su ejercicio el poder que le fuera conferido en el abogado PEDRO ELÍAS FERNÁNDEZ.
En fecha 23.05.11 (f. 90), comparece el abogado PEDRO ELÍAS FERNÁNDEZ, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora y consignó un juego de copia simple del libelo de la demanda y del auto de admisión a los fines de la expedición de la compulsa de citación, asimismo puso a disposición del alguacil los medios y recursos necesarios para la practica de la citación del demandado.
Por auto de fecha 25.05.11 (f. 91), se exhortó a la parte actora a que aclarara si el ciudadano JOSÉ ANTONIO LLERANDI LUCENA quien le sustituyó el poder que le fuera otorgado por la ciudadana RUTH ISABEL LLERABNDI al abogado GENARO LOBO SILVA ostenta el título de abogado.
Por diligencia del 02.12.11 (f. 92), el abogado GENARO LOBO SILVA, en su carácter de autos solicitó la devolución de los recaudos marcados con las letras “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G, “H” e “I”.
Siendo la oportunidad para decidir sobre la misma éste Tribunal lo hace bajo las siguientes consideraciones:
III FUNDAMENTOS DE LA DECISION

El Numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:

“..Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...”.

El procesalista RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su obra Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 329, comenta:

“...La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir.
El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función Pública del proceso ( cfr comentarios al Art. 14) exige que éste, una, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la Instancia...”.

Sobre este particular el Tribunal Supremo de Justicia en fallo del 06.07.2004 de la Sala de Casación Civil, estableció lo siguiente:

“…Que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plana aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfecha por los demandantes dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencia en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de las obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especia o de otra forma, entre tanto que la obligación que aún subsiste de transportación de los funcionarios auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se publicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.
Estos nuevos argumentos doctrinales como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero si para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Y así se decide…”

De lo anterior se colige que dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda el actor mediante presentación de diligencia está en la obligación de suministrar o poner a la disposición del alguacil los medios estrictamente necesarios de transporte para su traslado o por lo menos suministrar la dirección de la parte demandada cuando la citación deba efectuarse en un sitio que diste a más de 500 metros de la sede del Tribunal, pues de lo contrario, dicha omisión acarrearía inevitablemente la perención de la instancia conforme al numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Como se evidencia la Sala Civil de nuevo le da vida a la perención breve con la particularidad de que las obligaciones del actor no estarán centradas en el pago de emolumentos o derechos arancelarios como operaba antes de la promulgación del texto fundamental, sino en proporcionarle al funcionario encargado de llevar a cabo la citación el transporte necesario para su traslado al sitio donde se encuentra el demandado, cuando éste- se reitera- se encuentre a más de 500 metros de la sede del Tribunal.
Establecido lo anterior, se desprende de las actas que durante los treinta (30) días siguientes a la emisión del auto de admisión, esto es el día 18.05.11, concurrió al proceso el abogado GENARO LOBO SILVA, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora y procedió a consignar las copias simples del libelo de la demanda y del auto de admisión con el objeto de que se expidiera la compulsa correspondiente para la citación del demandado y asimismo, puso a la disposición de la alguacil los medios necesarios para que ésta cumpliera con la obligación de proceder a citar personalmente al sujeto demandado. Sin embargo, el Tribunal por auto de fecha 25.05.11 en virtud de que el referido profesional del derecho quien actúa en nombre y representación de la ciudadana RUTH ISABEL LLERANDI LUCENA según consta del poder que le fuera sustituido por el ciudadano JOSÉ ANTONIO LLERANDI LUCENA en fecha 04.06.10 por ante la Notaría Pública de Pampatar del estado Nueva Esparta no se evidenciaba del mismo si el mencionado ciudadano ostentaba el título de abogado, exhortó a la parte actora para que aclarara tal circunstancia, sin que hasta la presente fecha haya dado cumplimiento a lo ordenado, todo lo cual conduce a declarar la consumación de la perención de la instancia con fundamento en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.
IV DISPOSITIVA
Por los anteriores señalamientos, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por imperio del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA.
Dada, sellada y firmada en la sala de despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta. En La Asunción, a los nueve (09) días del mes de diciembre del año dos mil once (2011). Años: 201° y 152°.
LA JUEZA,

Dra. JIAM SALMEN DE CONTRERAS.
LA SECRETARIA,

Abg. CECILIA FAGUNDEZ.
EXP: N°. 11.233-11
JSDC/CF/nv.
En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión previa las formalidades de Ley. Conste,
LA SECRETARIA,

Abg. CECILIA FAGUNDEZ.