TSJ Regiones - Decisión

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:

EL JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO DEL TRABAJO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, veinticinco de abril de dos mil once
201º y 152º

ASUNTO: VP01-R-2011-000136
Asunto Principal VP01-L-2009-002266

Consta en las actas procesales que el ciudadano JESÚS ANTONIO ÁNGEL ABREU, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad 5.808.471, domiciliado en Maracaibo, Estado Zulia, asistido por la abogada Yoleida Parra Manzano, inscrita en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el No.21.745, interpuso demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos de carácter laboral, en contra de la sociedad mercantil DAMIANO INGENIERÍA C.A., representada judicialmente por los abogados Jesús Leonardo Tovar Aranguren, María Fernanda Polanco y Alba Carolina Martínez Ávila, inscritos en el mismo Instituto bajo los Nos. 89.855, 124.898 y 132.855, respectivamente, causa en la cual fue llamado como tercero el ciudadano EGLIO SARMIENTO, sin representación acreditada en actas, y que luego de sustanciado el procedimiento, el Tribunal Octavo de Primera Instancia de juicio para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Zulia, con sede en Maracaibo, en fecha 28 de febrero de 2011, profirió sentencia definitiva estimando la pretensión del demandante, condenando a la demandada y al tercero llamado a juicio, al pago de la cantidad de bolívares 52 mil 342 con 59 céntimos, más intereses de mora por la cantidad de bolívares 2 mil 752 con 23 céntimos, y la corrección monetaria.

Recurrida dicha decisión por la demandada DAMIANO INGENIERÍA C.A., correspondió el conocimiento del recurso de apelación al Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual, en fecha 12 de abril de 2011, modificó el fallo de primera instancia, y condenó a la demandada y al ciudadano Eglio Sarmiento, al pago de la cantidad de bolívares 55 mil 005 con 25 céntimos, más la corrección monetaria.

En fecha 18 de abril de 2011, comparecieron ante la UNIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, los ciudadanos JESÚS ANTONIO ÁNGEL ABREU, titular de la cédula de identidad No. 5.808.471, asistido por la abogada Yoleida Parra Manzano y, Alba Carolina Martínez Ávila, abogada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 132.855, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil DAMIANO INGENIERÍA C.A. y consignaron, documento contentivo de acuerdo de pago por la cantidad de bolívares 40 mil, para dar por terminado el litigio, que cubre los conceptos que se especifican en el respectivo escrito, entre otros, antigüedad, diferencia y complemento de salarios, diferencia y complemento de indemnización por terminación de trabajo, del preaviso, de bono vacacional, de vacaciones y utilidades, siendo cancelada al demandante la expresada cantidad mediante un único pago por la expresada cantidad de bolívares 40 mil, según cheque 29281032 librado por la demandada contra el Banco Mercantil, Oficina Plaza República (Maracaibo), renuncian a las costas procesales y se comprometen a pagar a sus respectivos abogados, y solicitan al despacho “impartir la correspondiente Homologación de la presente Transacción, impartiéndole autoridad de Cosa Juzgada y así mismo ordene el archivo del expediente”; para ser agregado al expediente del recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada contra la sentencia de fecha 28 de febrero de 2011 dictada por el Tribunal Octavo de Primera Instancia de Juicio para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Zulia, con sede en Maracaibo.

En virtud de lo consignado en autos y; luego de verificado que las partes y apoderados tienen el carácter y conferidas las facultades con las que actúan, pues el demandante ha actuado personalmente asistido de su apoderada judicial, y la apoderada judicial de la sociedad mercantil consta su representación y facultades para convenir, desistir, transigir, disponer del objeto y el derecho en litigio, de instrumento de mandato que corre agregado a los folios 37 y 38 del expediente, y además, examinados como han sido los términos en que está contenido el acuerdo de pago, observa el Tribunal que conforme al artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el trabajo es un hecho social que gozará de la protección del Estado, por lo que la ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras, y que para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los principios de intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, prevalencia en las relaciones laborales de la realidad sobre las formas y apariencias, la irrenunciabilidad de los derechos laborales, la nulidad de toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos, y posibilidad de la transacción y convenimiento, sólo al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley, aplicación de la norma más favorable al trabajador en los casos en que hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma; nulidad de toda medida o acto del patrono o patrona contrario a la Constitución, prohibición de todo tipo de discriminación por razones políticas, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición, y la prohibición del trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral.

De otra parte, el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil señala:

“(…) la conciliación pone fin al proceso y tiene entre las partes los mismos efectos que la sentencia definitivamente firme (…)”

Advertido lo anterior, en primer lugar, es necesario dilucidar la naturaleza del acto celebrado entre las partes.

Al respecto se puede observar que en la especie fue intentada una demanda, en la cual se reclama el pago de la cantidad de bolívares 46 mil 551 con 15 céntimos, y tramitado el proceso en primera y segunda instancia, el trabajador tiene a su favor una sentencia que condena a la sociedades mercantil demandada y al ciudadano Eglio Sarmiento, a pagarle la cantidad de bolívares 55 mil 005 con 25 céntimos, y la corrección monetaria, decisión que en modo alguno está firme, por cuanto para este momento no ha transcurrido íntegramente el término para ejercer contra dicho fallo el recurso de control de la legalidad.

Así las cosas, producto de un proceso conciliatorio llevado por las partes y, de mutuo consenso, convienen en llegar a un acuerdo de pago por la cantidad de bolívares 40 mil, que ya fue cancelada como se indicó supra.

De lo anterior se puede deducir que la parte actora acepta recibir una cantidad de dinero por el pago de sus prestaciones sociales, lo que evidencia que mediante la cancelación de una cantidad de dinero, las partes han decidido poner fin a la controversia, y evitan que el juicio pueda continuar en otras instancias, pues el demandante recibe dicha cantidad para poner fin al proceso y como finiquito total y definitivo de la relación de trabajo, lo cual implica evitar pérdida de tiempo y esfuerzo, de allí que se puede deducir que la parte actora, aceptó recibir una cantidad de dinero por el pago de sus prestaciones sociales, lo que evidencia que mediante recíprocas concesiones, pago de una cantidad de dinero – llegar a un acuerdo de pago de prestaciones sociales, evitan que el juicio pudiera continuar en otras instancias, poniendo así fin al litigio pendiente y evitar así gastos y molestias para obtener un pago futuro, recibiendo de inmediato un pago cierto y determinado, renunciando ambas partes a las costas procesales, lo que encuadra perfectamente en la figura de la transacción. Así se establece.

En cuanto al motivo de la transacción, la misma fue realizada con la finalidad para las partes de dar fin a la controversia, lo cual significa evitar las molestias, inseguridades, gastos e inconvenientes que los procesos judiciales puedan ocasionarles, conviniendo ambas partes en reducir pretensiones mediante recíprocas concesiones.

En lo que respecta a la especificación que debe existir en el documento en cuanto a los conceptos transados, es requisito para la validez de la transacción, que se especifiquen de manera inequívoca en el texto del documento que la contiene, los derechos que corresponden al trabajador para que éste pueda apreciar las ventajas o desventajas que ésta produce.

Ahora bien, en cuanto al anterior requisito, esta Alzada observa que el acto de auto composición procesal fue realizado en sede judicial, por la misma parte demandante asistida de abogado y teniendo la apoderada judicial de la demandada facultades para poner fin a la controversia mediante los medios de auto composición procesal, y habiendo el demandante aceptado la cantidad convenida, no era necesario, en principio, detallar los conceptos que se estaban cancelando, conforme el criterio sentado por la Sala de Casación Social en sentencia de fecha 03 de julio de 2006, No. 1157.

Al respecto, se observa igualmente, que la Sala de Casación Social en sentencia N° 739, de fecha 28 de octubre de 2003, señaló que el requisito de que se exprese en el texto del documento en el cual se refleja el acuerdo entre patrono y trabajador, los derechos que corresponden a este último comprendidos en la transacción, tiene como finalidad que éste pueda apreciar las ventajas o desventajas que la transacción produce y estimar si los beneficios obtenidos justifican el sacrificio de alguna de las prestaciones previstas en la legislación o en los contratos de trabajo, y el cumplimiento de tal requisito resulta riguroso cuando se trata de una transacción extrajudicial, en la cual el Inspector del Trabajo, que inicialmente es totalmente ajeno al conflicto habido entre las partes de la relación de trabajo, debe tanto verificar la legalidad de un acuerdo que en un sólo y único acto se le presenta, como velar porque el trabajador tenga pleno conocimiento y conciencia de su proceder, pues la mayoría de las veces no ha sido asistido jurídicamente, no obstante, los supuestos de hecho en que se plantea una transacción recaída en un procedimiento judicial, en el cual se reclaman derechos del trabajador, permite una flexibilidad en cuanto al cumplimiento del requisito de señalar detalladamente los derechos comprendidos en el acuerdo, y ello no significa una merma en la protección del trabajador , pues los derechos reclamados por el trabajador y su contraposición por parte del patrono quedan expresados en el escrito libelar y en el escrito de contestación de la demanda, además el trabajador ha contado con asistencia técnico jurídica desde el principio de la controversia, proporcionada por el profesional del derecho que lo representa o que lo asiste judicialmente, y quien en un cabal y honesto ejercicio de su ministerio, debe señalar al trabajador los aspectos favorables y desfavorables del acuerdo propuesto.

En relación a lo anterior, puede verificar este tribunal que conforme lo manifiestan las partes intervinientes en el acto jurídico de transacción, la suma de bolívares 40 mil cuyo pago ha sido convenido entre las partes, comprende todos y cada uno de los reclamos del demandante contenidos en el libelo de la demanda, y que todos y cada uno de los conceptos reclamados han quedado definitivamente transigidos de manera irrevocable por lo que constan del expediente, todos los conceptos que fueron accionados y los condenados, por lo que se tiene por cumplido el referido requisito, más aún cuando en el propio escrito de transacción aparecen debidamente especificados.

De otra parte, observa el Tribunal Superior que en la presente causa, no preexiste una sentencia ejecutoriada a favor de la demandante, pues conforme al artículo 1722 del Código Civil, es nula la transacción sobre un litigio que ya estaba decidido por sentencia ejecutoriada, si las partes no conocían de su existencia, y en el caso de especie, la sentencia dictada por este Tribunal Superior, no se encontraba definitivamente firme al momento de suscribirse la transacción, y por ende, no había sido ejecutoriada, por lo que no se observa, prima facie, que pueda existir alguna causa que pueda llevar a declarar la nulidad de la transacción celebrada, pues las partes pueden transigir a sabiendas un pleito sentenciado para no correr con las eventualidades de los recursos extraordinarios de casación o invalidación o para abreviar los trámites ejecutivos, advirtiendo el Tribunal que si teniendo conocimiento de la sentencia, las partes celebran un contrato para modificar el contenido de aquella, no podrá negarse la validez de tal contrato, sólo que el mismo no será propiamente una transacción, sino un acuerdo remisorio o una modificación a la mejor conveniencia de las partes de lo acordado por la sentencia, pues conforme al criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el acto de auto composición procesal denominado “transacción”, no procede en etapa de ejecución. (Vid. Sentencia del 14 de agosto de 2008 citada por DAHER DE LUCENA, Hilen “La ejecución de la sentencia laboral”, Revista de Derecho del Trabajo No.9/2010 Extraordinaria).

En atención a los razonamientos antes señalados, y siendo que el acto de auto composición procesal cumple con los requisitos mínimos para ser considerado como transacción, pues ya el trabajador dejó de estar sometido a la posible presión por parte de su patrono, lo que sólo ocurre con certeza una vez terminada la relación laboral, lo que garantiza la libertad del consentimiento prestado por el trabajador y que no se infrinjan los principios del orden público de protección al trabajador, consta por escrito, fue celebrado en sede judicial y ambas partes estaban debidamente representadas judicialmente, especialmente el trabajador que actuó personalmente asistido por la profesional del derecho Yoleida Parra Manzano, contiene una relación circunstanciada de los hechos que la motivan y de los derechos del trabajador, y por cuanto además no preexiste en el caso de autos una sentencia ejecutoriada a favor del demandante, ni la causa se encuentra en fase de ejecución, debe esta Alzada homologar la mencionada transacción, imponiéndole el carácter de cosa juzgada. Así se decide.

DISPOSITIVO

En nombre de LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el ejercicio de sus facultades legales, administrando justicia por autoridad de la Ley, declara:

HOMOLOGA, por lo que le atribuye el carácter de cosa juzgada, a la transacción celebrada entre el ciudadano JESÚS ANTONIO ÁNGEL ABREU y la sociedad mercantil DAMIANO INGENIERÍA C.A., en los mismos términos y condiciones en ella establecidos.

De conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS.

SE ORDENA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE al Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, último que conoció de la causa en fase de mediación, para que continúe con los trámites pertinentes al archivo del expediente.

Notifíquese de la remisión al Juez de Juicio de origen.

Publíquese y regístrese.

Dada en Maracaibo a veinticinco de abril de dos mil once. Año 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
El Juez,
L.S. (Fdo.)
____________________________
Miguel A. URIBE HENRÍQUEZ
La Secretaria,
(Fdo.)
_________________________________
Lisseth PÉREZ ORTIGOZA

Publicada en su fecha a las 12:16 horas, quedó registrada bajo el No. PJ0152011000057
La Secretaria,
L.S. (Fdo.)
_________________________
Lisseth PÉREZ ORTIGOZA
MAUH/mauh
ASUNTO: VP01-R-2011-000136

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, veinticinco de abril de dos mil once
201º y 152º

ASUNTO: VP01-R-2011-000136

Quien suscribe, Secretaria del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Abogada LISSETH PÉREZ ORTIGOZA, certifica que: Hecha la confrontación de estas copias con sus originales, se encuentra que es fiel y exacta, de lo cual doy fe.

Lisseth PÉREZ ORTIGOZA
SECRETARIA