TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, 30 de septiembre de 2010
200° y 151°
CAUSA N°: 6C-17.726 -08.
SENTENCIA N° 79-10
JUEZA: ABG. ALBA REBECA HIDALGO HUGUET
SECRETARIO: ABG. RICHARD ECHETO MAS Y RUBI

I.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

IMPUTADO: JUAN CARLOS ARELLANO MEZA: Venezolano, natural de Maracaibo, de38 años de edad, fecha de nacimiento: 18-05-1972, divorciado, titular de la cedula de identidad Nº 6.749.033, hijo JOSE ARELLANO y de ANA DE JESUS MEZA, y residenciado en el Barrio 18 de Octubre, sector El Valle, Calle RS, entre Av. 7 y 8 Casa Nº 8-26 Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
DEFENSA PÚBLICA: ABG. LUCY BLANCO.
FISCALIA: Fiscalía Undécima del Ministerio Público, ABOG. CARLOS CHOURIO VICTIMA: EDO VENEZOLANO.
DELITO: Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal
II.- DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
En fecha 16 de Junio de 2008, siendo aproximadamente a las 3:00 horas de la madrugada, funcionarios adscritos a la Policía Regional, Comando Motorizado, Maracaibo Oeste, cuando se desplazaban a la altura del Sector Cinco de Julio Av. 8, entre calles 77 y 78, observaron a un ciudadano que quedó identificado como JUAN CARLOS ARELLANO MEZA, a quien al efectuarle una inspección corporal, le lograron visualizar en el cinto del pantalón un arma de fuego, Tipo: Revolver, Calibre: 38mm, Marca: Smith Wesson, contentivo en su interior de seis cartuchos calibre 38mm, en su estado original.

III.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
En fecha 02 de septiembre de 2010, se recibe por ante este despacho, Formal Acusación emanada de la Fiscalía Undécima del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, en cuyo momento en la audiencia preliminar, la Representación Fiscal, señaló lo siguiente: “Como titular de la acción penal y en representación del Estado, haciendo uso de mis atribuciones establecidas en el artículo 108 numeral 7º del Código Orgánico Procesal Penal, por encontrarse ajustado a derecho en el presente caso, solicito a este Tribunal el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida en contra del ciudadano JUAN CARLOS ARELLANO MEZA, decretándose consecuencialmente la desestimación del escrito acusatorio presentado en fecha 02-09-2010, por cuanto el hecho objeto del proceso no puede atribuírsele al mencionado ciudadano, no existiendo razonablemente la posibilidad de incomparar nuevos datos a la investigación, en conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 4 del articulo 318 Ejusdem, ya que en la presente causa para el momento de los hechos no se encontraba presente testigo alguno que avale lo presuntamente informado por los dos únicos funcionarios policiales Es todo.”

Ahora bien, vista la solicitud interpuesta por el Ministerio Público, resulta necesario transcribir el contenido del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual prevé textualmente lo siguiente:

“El sobreseimiento procede cuando:
1.- el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado;
2.- El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad;
3.- La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada;
4.- A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado;
5.- Así lo establezca expresamente este Código.” (negrillas del Tribunal)

De acuerdo a la norma antes transcrita, el sobreseimiento procede, entre otras circunstancias, cuando el hecho que motivó el inicio de la investigación resulte inexistente o no aparezca suficientemente probado o no constituya delito, así como también cuando no conste en actas la participación del o los imputados, o cuando existan causales que impidan la continuación de la causa.

En relación a este punto, el autor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, en su obra titulada “Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal, Quinta Edición” (Pág. 413) señala lo siguiente:

“…El artículo 318 del COPP, in comento recoge en su numeral 1 el supuesto de que el hecho imputado sea inexistente o que no pueda ser atribuido al imputado. Cuando el legislador expresa que “el hecho no se realizó” hay que entender a todo evento que se trata tanto del supuesto de que haya acreditado la falsedad del hecho imputado, como de que no se haya podido probar la existencia de tal hecho. Lo mismo ocurre por lo que respecta a que el hecho “no pueda atribuírsele al imputado” pues ello comprende tanto el caso de que el imputado haya probado su no participación, como que no se haya podido probar su participación… El numeral 4 del artículo 318 sólo se justifica para conferir un sobreseimiento cuando existe imposibilidad de continuar la investigación por los medios racionales, pero ello es también un supuesto de imposibilidad probatoria del delito atribuido al imputado que puede cobijarse en el primero… ”

Así mismo, en cuanto a las causales invocadas para solicitar el sobreseimiento de la presente causa, el autor Alejandro Leal Mármol, en su obra titulada “Texto y Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal” (TOMO II, establece lo siguiente:

“… o no puede atribuírsele al imputado.” Las circunstancias que hacen viable esta norma, entre otras son:
1.- Hay elementos de convicción pero no suficientes para atribuírselos al imputado.
2.- No fue realizado por la persona que figura en principio como imputado o denunciado.
3.- Dicha denuncia es falsa:”

Por otro lado, en el Manual de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello, la autora Magali Vásquez González, Caracas 2007, establece lo siguiente:

“…si uno de los objetos del proceso, y básicamente de la fase preparatoria, es la comprobación del hecho punible presuntamente cometido, en caso de que el hecho que motivó la apertura del proceso no hubiere existido o se determina que el imputado no es el responsable de el, esto es, no es autor ni partícipe del hecho de que se trata, procede la conclusión del proceso a través de la figura del sobreseimiento…Si no existe un fundamento serio no es posible la proposición de la acusación, por tanto, si no es posible que puedan incorporarse nuevos elementos a la investigación, y los recabados son insuficientes para solicitar el enjuiciamiento público del imputado, el Fiscal del Ministerio Público debe solicitar la declaratoria del sobreseimiento, lo contrario sería el someter al imputado a un proceso carente de fundamento que irremediablemente desencadenará en una sentencia absolutoria, exponiéndolo no obstante a la “pena de banquillo…”

De las doctrinas antes citada se puede concluir que en la fase intermedia del proceso penal ordinario, el cual tiene como norte la depuración del procedimiento; el Juez debe ejercer el control de la acusación, a través de un análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la misma, a los fines de evitar la interposición de acusaciones infundadas y arbitrarias, que carezcan de solidez o fundamentos suficientes para generar un pronostico de condena en contra del procesado, y en el caso de que exista alguna circunstancia de las previstas en el citado artículo 318 del Código Penal Adjetivo, no debe decretarse la orden de apertura a juicio, sino, el sobreseimiento de la causa; y así lo ha establecido de manera reiterada la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuando en su sentencia Nº 1.303, de fecha 20-06-2005, señaló lo siguiente:

“Debe esta Sala señalar previamente, que la fase intermedia del procedimiento ordinario, es de obligatorio agotamiento en el marco del actual sistema procesal penal venezolano. Dicha fase se inicia mediante la interposición de la acusación por parte del Fiscal del Ministerio Público, a los fines de requerir la apertura de un juicio pleno.

En tal sentido, esta segunda etapa del procedimiento penal, tiene por finalidades esenciales lograr la depuración del procedimiento, comunicar al imputado sobre la acusación interpuesta en su contra, y permitir que el Juez ejerza el control de la acusación. Esta última finalidad implica la realización de un análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el escrito acusatorio, fungiendo esta fase procesal entonces como un filtro, a los fines de evitar la interposición de acusaciones infundadas y arbitrarias.

Es el caso que el mencionado control comprende un aspecto formal y otro material o sustancial, es decir, existe un control formal y un control material de la acusación. En el primero, el Juez verifica que se hayan cumplido los requisitos formales para la admisibilidad de la acusación –los cuales tienden a lograr que la decisión judicial a dictar sea precisa-, a saber, identificación del o de los imputados, así como también que se haya delimitado y calificado el hecho punible imputado. El segundo, implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación, en otras palabras, si dicho pedimento fiscal tiene basamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado, es decir, una alta probabilidad de que en la fase de juicio se dicte una sentencia condenatoria; y en el caso de no evidenciarse este pronóstico de condena, el Juez de Control no deberá dictar el auto de apertura a juicio, evitando de este modo lo que en doctrina se denomina la “pena del banquillo”.

En el caso bajo estudio, se observa que el ciudadano Fiscal Undécimo del Ministerio Público solicita el sobreseimiento de la causa seguida en contra del ciudadano JUAN CARLOS ARELLANO, por considerar que el hecho objeto del proceso no puede ser atribuido al mismo, toda vez que no existe algún testigo que avale el dicho de los funcionarios policiales actuantes; no existiendo posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación.

En tal sentido, resulta oportuno señalar que la Sala de Casación Penal mediante decisión dictada en fecha 14 de Julio de 2010, dejó establecido lo siguiente:

“ Lo anteriormente expuesto evidencia que el Tribunal de Juicio condenó al acusado de autos con el sólo dicho de los funcionarios policiales Jesús Gabriel Berrios Materano y Jhonny González Castellanos, no obstante este último ni siquiera estar seguro de ser el acusado de autos a quien el día 26 de febrero de 2003 le incautó un arma de fuego. Tampoco consta en autos las declaraciones de los ciudadanos Ramírez Mendoza Jesús Javier y Alexander Andrade Jorge Ramón ni su promoción por parte del Ministerio Público, como testigos presenciales de la incautación del arma en cuestión, según consta en el Acta Policial antes mencionada (Folios 2 y 3, pieza 1). Todo lo cual resulta insuficiente para inculpar al acusado de autos, pues el dicho de los funcionarios sólo constituye un indicio de culpabilidad contra aquel.

La Sala de Casación Penal ha manifestado sobre el particular lo siguiente:
“De allí entonces se observa, que se obtuvo como resultado una sentencia condenatoria en contra del acusado solamente con los dichos de los funcionarios, hecho que resulta contradictorio con la jurisprudencia reiterada establecida por esta Sala de Casación Penal que expresa: “...el solo dicho de los funcionarios policiales no es suficiente para inculpar al procesado, pues ello, sólo constituye un indicio de culpabilidad...”.
El juez de juicio consideró suficiente para desvirtuar el principio de la presunción de inocencia del acusado, únicamente acreditar las declaraciones de los funcionarios Distinguidos Nelson Bastidas Araujo e Iván José Alvarado, quienes al visualizar un vehículo en una zona poco transitable y realizar la revisión de las personas e inspección de dicho vehículo, incautaron un arma de fuego, mientras que la otra prueba que se coteja en el expediente, correspondiente a la declaración del funcionario Experto Víctor Vivas, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, es tomada para la comprobación del cuerpo del delito, y no para demostrar la culpabilidad del acusado en el proceso.
El sentenciador de juicio se limita a expresar, que conforme a la sana crítica, reglas de la lógica, conocimientos científicos y las máximas de experiencia da por demostrado los elementos que componen el delito, así como también la calificación del hecho demostrado, pero no alcanza a manifestar en su fallo, en qué consiste la valoración de la prueba, ni como influyen los medios de prueba sobre la decisión tomada.
Es cierto que el sistema de la libre convicción o sana crítica, adoptado por nuestro proceso penal, significa que el juez tiene el deber y la libertad de apreciar y asignarle el valor a los elementos de prueba reproducidos en el juicio, pero no de manera arbitraria, como sucede en el presente caso, sino que debe hacerlo de forma razonada. El establecimiento de los hechos debe partir del razonamiento empleado a los medios de pruebas practicados, para lo cual se cuenta con una serie de normas señaladas en el Código Orgánico Procesal Penal, que permiten al juez valerse de cualquier medio idóneo lícito para fundamentar suficientemente su decisión.” (Sent. N° 225-230604-C040123, Ponencia: Dra. Blanca Rosa Mármol)

De la jurisprudencia antes citada se desprende que el sólo dicho de los funcionarios policiales actuantes, no es suficiente para determinar la participación o autoría en la comisión de algún ilícito penal que haya sido imputado, por lo que tal y como lo establece el representante de la Vindicta Pública, ante la falta de pruebas suficientes que permitan atribuir el hecho punible imputado al ciudadano JUAN CARLOS ARELLANO MEZA, y ante la imposibilidad de incorporación de elementos nuevos, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO de la causa, de conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 4 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. ASI SE DECIDE.

IV.- DISPOSITIVA

Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida en contra del ciudadano JUAN CARLOS ARELLANO MEZA: Venezolano, natural de Maracaibo, de 38 años de edad, fecha de nacimiento: 18-05-1972, divorciado, titular de la cedula de identidad Nº 6.749.033, hijo JOSE ARELLANO y de ANA DE JESUS MEZA, y residenciado en el Barrio 18 de Octubre, sector El Valle, Calle RS, entre Av. 7 y 8 Casa Nº 8-26 Municipio Maracaibo del Estado Zulia; por la presunta comisión del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, cometido en perjuicio del estado Venezolano.
Publíquese, Regístrese, déjese copia en archivo, y remítase al Archivo Judicial, en la oportunidad legal correspondiente.
LA JUEZA SEXTO DE CONTROL,

DRA. ALBA REBECA HIDALGO HUGUET
EL SECRETARIO,

ABG. RICHARD ECHETO MAS Y RUBI

En la misma fecha se publicó el fallo que antecede bajo el Nº 79-10, en el libro de sentencias llevado por este Tribunal en el presente año.-

El Secretario,

ARHH/rem.-