REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
200° y 151°
DEMANDANTE: ciudadanos DAVID RAMÓN PORTILLO OCANDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 1.693.224 y BLANCA MARÍA JIMÉNEZ DE PORTILLO, colombiana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº E- 81.252.498, ambos domiciliados en la ciudad y municipio autónomo Maracaibo del estado Zulia.
MOTIVO: Divorcio 185-A del Código Civil venezolano vigente.
FECHA DE ENTRADA: 27 de Noviembre de 2007.
SENTENCIA: Interlocutoria.
I
ANTECEDENTES
Acuden ante este Tribunal los ciudadanos DAVID RAMÓN PORTILLO OCANDO y BLANCA MARÍA JIMÉNEZ DE PORTILLO, antes identificados, debidamente asistidos por el abogado en ejercicio CARLOS EDUARDO MARQUEZ CAMACHO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 5.165.436 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nro. 89.879, solicitando la declaración de divorcio conforme al artículo 185-A del Código Civil venezolano vigente.
Una vez recibida la solicitud, mediante auto de fecha veintisiete (27) de Noviembre de dos mil siete (2.007), este Tribunal le dio entrada a la presente causa y formó expediente. En la misma oportunidad, se admitió la demanda cuanto ha lugar en derecho y se ordenó la notificación al Fiscal Trigésimo (30°) del Ministerio Público.
En fecha siete (07) de diciembre del dos mil siete (2.007), se dejó constancia de la notificación hecha por el Alguacil de este Juzgado al Fiscal Trigésimo (30°) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.
Por razón de la diligencia suscrita en fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil siete (2007), el Fiscal Trigésimo (30°) del Ministerio Público solicitó a este Tribunal instar a los solicitantes a indicar si fueron o no procreados hijos durante la unión conyugal y a tal efecto, consignar copia certificada de las actas de nacimiento en el supuesto de haberlos.
Finalmente, por auto de fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil siete (2.007), este Tribunal ordenó a las partes a indicar la procreación o no de hijos durante la unión matrimonial y de ser afirmativo, consignar copias certificadas de las actas de nacimiento.
II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
La Perención de la Instancia está regulada de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que establece: “…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes…” en concordancia con el artículo 269 ejusdem, que establece: “…La perención de la instancia puede declararse de oficio por el Tribunal, pues opera en el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley…”.
En este orden de ideas, el autor argentino Hugo Ahina, explica de forma espléndida la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anón. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, Pág. 423 a 425, de la siguiente manera:
“a.) El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento.-
b.) Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular; instancia, impulso, obrar enjuicio) y está reglamentado por la ley No. 14.191. c) Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante negligente, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal".-
En otras palabras, la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Ello, expresa la intención del legislador venezolano de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes.
En tal sentido la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 00344 de fecha 06 de Marzo de 2003, estableció: “…La perención de la instancia opera por la inactividad de las partes, es decir por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, cuando esta omisión se prolonga por más de un año, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o cuando transcurre el tiempo de terminado en los supuestos del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil…”
Se evidencia así que desde el día diecisiete (17) de diciembre de dos mil siete (2007), hasta la presente fecha ha transcurrido más de un año de inactividad, sin que el proceso hubiese sido impulsado; verificándose esta situación del incumplimiento por las partes interesadas de lo ordenado mediante auto de fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil siete (2007), de lo cual se deduce el abandono del iter procesal al no realizar ningún acto que pueda considerarse como indispensable para la secuencia orgánica de la carga procesal; todo ello se evidencia de las mismas actas, lo que a juicio de este Juzgador trae como consecuencia la Perención de la Instancia en este proceso, por mandato expreso de lo establecido en el artículo 267 del mencionado Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 ejusdem.
En consecuencia lo procedente es declarar PERIMIDA la presente causa. Así se decide.
Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA, en la presente causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil.
De conformidad con lo establecido en el artículo 283 ejusdem, no hay condenatoria en costas.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.-
Déjese por Secretaría copia certificada de este fallo conforme al artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, a los fines del artículo 1364 del Código Civil, el artículo 9, ordinales 3 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de dos mil diez (2010). Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.-
EL JUEZ PROVISORIO,
Abg. CARLOS RAFAEL FRÍAS
LA SECRETARIA,
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL
En la misma fecha siendo las doce y diez minutos de la tarde (12:10 p.m.), se dictó y publicó la presente resolución, quedando anotada bajo el N° _______.-
.
LA SECRETARIA,
MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.-
CRF/MRA/clc.-
Exp. Nº 10813
|
