TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO DEL MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Concepción; veintitrés (23) de septiembre del 2010
200° y 151º

EXP. N° 407-2.009
PARTES:
DEMANDANTE: ROBERTO OCANDO RINCON, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 4.377, titular de la Cédula de Identidad Nº. V-1.656.480, actuando en su propio nombre.-
DEMANDADO: JOSE ANTONIO BOSCAN, venezolano, mayor de edad y de este domicilio.-
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACION.-

NARRATIVA
Consta de los autos que el ciudadano ROBERTO OCANDO RINCON, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 4377, titular de la Cédula de Identidad Nº. V-1.656.480, actuando en su propio nombre, instauró en fecha 28 de Mayo del 2009, solicitud de demanda por COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACION, contra el ciudadano JOSE ANTONIO BOSCAN, venezolano, mayor de edad y de este domicilio, por ante este JUZGADO DEL MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
En fecha 02 de junio del año 2009, este Tribunal, ordeno admitir y formar expediente y numerarlo. Asimismo, la intimación del ciudadano JOSE ANTONIO BOSCAN, (ver folios del 1 al 10).
En fecha 26 de junio del año 2009, el Alguacil de este Tribunal, expuso que recibió de manos del demandante los aranceles y emolumentos necesarios para la practica de la intimación del demandado, (ver folio 11).
En fecha 10 de julio del año 2009, el Alguacil de este Tribunal, consignó recaudos y boleta de intimación del demandado, siendo imposible su intimación, (ver folios 12 al 22).
En fecha 15 de julio del año 2009, se recibió diligencia suscrita por el abogado Roberto Ocando, solicitando se ordene la intimación por carteles, conforme al articulo 223 del Código de Procedimiento Civil, (ver folio 23)
En fecha 17 de julio del año 2009, el Tribunal ordeno la intimación del demandado por carteles de conformidad a lo dispuesto en el articulo 223 del Código de Procedimiento Civil, librándose el correspondiente cartel de intimación,(ver folios 24 y 25)
En fecha 20 de julio del año 2009, se recibió diligencia suscrita por el abogado Roberto Ocando, recibiendo de manos de la Secretaria del Tribunal. El cartel de intimación para su publicación, (ver folio 26)
En fecha 22 de julio del año 2009, se recibió diligencia suscrita por el abogado Roberto Ocando, consignando el ejemplar del diario Panorama donde aparece publicado el primer cartel de intimación y su factura, (ver folios 27 al 64)
En fecha 22 de julio del año 2009, el Tribunal ordeno agregar a las actas el ejemplar del diario Panorama donde aparece publicado el primer cartel de intimación y su factura, (ver folio 65)
Ahora bien, desde el día 22 de julio del año 2009, quedó paralizado el proceso, por falta de impulso procesal de la parte interesada, la cual se verifica al vencerse el año de inactividad atribuible a las partes.
Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones:
ÚNICO
Examinadas las actas procésales, observa este Tribunal que, el proceso está paralizado desde el día veintidós (22) de julio del año 2009, última actuación de la parte interesada (ver folio 65) pieza principal; discurriendo el tiempo desde entonces sin ningún acto de procedimiento que movilice la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso.
A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
El autor argentino Hugo Alsina, explica de forma espléndida la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, Pág. 423 a 425, de la siguiente manera:
“1) Concepto.
a) El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento.
b) Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular; instancia, impulso, obrar en juicio) y está reglamentado por la ley No. 14.191.
c) Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante negligente, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de
la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal”.

Es decir, que la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes.
Por las razones antes expuestas, y tomando en cuenta el criterio reiterado del Tribunal Supremo de Justicia, según el contenido de la sentencia de fecha 01 de junio de 2001, emanada de la Sala Constitucional, en la cual dicha Sala argumentó lo siguiente: “También quiere asentar la Sala, que la perención es fatal y corre sin importar quienes son las partes en el proceso, siendo su efecto, que se extingue el procedimiento, y según el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención.” Por tales consideraciones en el caso de marras, el proceso ha perimido y se ha extinguido la instancia por caducidad procesal, que impide el libre acceso a la Jurisdicción y a la efectiva tutela judicial, habida cuenta que la parte accionante abandonó la actividad procesal y con ello hizo cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como enfermedad social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; más entonces, al abandonar el mismo la parte actora, hace cesar el conflicto en su propia voluntad por auto composición procesal y en el caso particular que nos ocupa, aun tratándose de materia de orden público, se puede observar que desde el día 22 de Julio del año 2009 hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un año, sin que la parte demandante realizara algún acto de impulso procesal; por lo que la situación planteada se encuadra perfectamente dentro de los parámetros establecido en el artículo supra señalado y en el criterio al que se hizo referencia, por lo que la presente causa se encuentra perimida, en virtud de la inactividad procesal atribuida a la parte demandante. ASÍ SE DECLARA.

D E C I S I Ó N
Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO DEL MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
a) PERIMIDA LA INSTANCIA en la solicitud de demanda por Cobro de Bolívares por Intimación, instaurada por el ciudadano ROBERTO OCANDO RINCON, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 4377, titular de la Cédula de Identidad Nº. V-1.656.480, actuando en su propio nombre y domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra el ciudadano JOSE ANTONIO BOSCAN, venezolano, mayor de edad y de este domicilio, indicándole no que podrá intentar nuevamente la misma sin que hayan transcurrido los noventa (90) días a los que hace referencia el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, conforme a la Jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia antes comentada.
. b) No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
c) Se ordena la notificación de la parte demandante de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, fijándose boleta de notificación en la puerta principal de la sede este Tribunal, por no haber indicado la parte actora el domicilio procesal.

Publíquese. Notifíquese. Déjese Copia Certificada Por Secretaría.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO DEL MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Concepción, a los veintitrés (23) días del mes de Septiembre del año dos mil diez (2.010).- Años: 200º de la Independencia y 151° de la Federación.-
EL JUEZ,

ABOG. JOSÉ GREGORIO CARDOZO MONTIEL.
LA SECRETARIA,

ABOG. NEILING ORTIGOZA.
En la misma fecha, siendo las once horas treinta y ocho minutos de la mañana (11:38 a.m.), previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó el anterior fallo, bajo el N° 53 de Sentencias Interlocutorias y se libró la correspondiente boleta de notificación.-
LA SECRETARIA,

ABOG. NEILING ORTIGOZA.

Ex N°. 407-2.009.-