Expediente N° 1052 Cobro de Bolívares (Intimación) MVVM/lkob.- JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA Y SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Cabimas, veintitrés (23) de Septiembre del dos mil diez (2.010). -200° y 151°- Recibida la anterior demanda de la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos, junto con sus anexos, todo constante de veintidós (22) folios útiles, se le da entrada, se ordena formar expediente y numerarlo. Compareció el Ciudadano TARCISO JOSE ROJAS VILLAMISAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-8.701.203 y domiciliado en el Municipio Cabimas del Estado Zulia, debidamente asistido por la Profesional del Derecho PATRICE CASTRO VILORIA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matricula 84.307, e interpuso pretensión por COBRO DE BOLIVARES (INTIMACIÓN) en contra de la Firma Mercantil ALIANZA VP C.A. COMASERVI, fundamentando su pretensión en un cheque signado con el número 27000216, librado con la entidad bancaria BANORTE, correspondiente a la cuenta Corriente N° 01470056161000279713, a la orden de ROJAS VILLAMISAR, TARCISO JOSE, por la cantidad de CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE BOLIVARES (Bs. 50.939,oo). Ahora bien, a fin de resolver lo conducente a la admisibilidad de la presente pretensión, se permite esta Juzgadora hacer las siguientes consideraciones: Señala el Articulo 640 del Código de Procedimiento Civil que “… Cuando la pretensión del demandante persiga el pago de una suma liquida y exigible de dinero o la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles o de una cosa mueble determinada, el Juez a solicitud del demandante, decretará la intimación del deudor, para que pague o entregue la cosa dentro de diez días apercibiéndole de ejecución…” Mientras tanto, el Articulo 651 ejusdem establece que “…El intimado deberá formular su oposición dentro de los diez días siguientes a su notificación personal practicada en la forma prevista en el Articulo 649, a cualquier hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el Articulo 192. En el caso del Artículo anterior, el defensor deberá formular su posición dentro de los diez días siguientes a su intimación, en cualquiera de las horas anteriormente indicadas. Si el intimado o el defensor en su caso, no formulare oposición dentro de los plazos mencionados, no podrá ya formularse y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada” Por otra parte, la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia en fecha 29 de Noviembre de 2.001, con ponencia de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, (Caso: Pradas, Manuel Vs. Venezolana de Televisión) por medio del cual dejó establecido que “… Dicho procedimiento presenta la particularidad de tener una cognición reducida, y un carácter sumario, dispuesto a favor de quien tenga derechos de créditos que hacer valer, asistido por una prueba escrita, lo cual a su vez autoriza al Juez, para que inaudita altera parte (sin oir a la otra parte), emita un decreto con el que impone al deudor para que cumpla su obligación. Ahora bien, una vez notificado el referido decreto se le concede al deudor un plazo para ejercer oposición y en tal caso surge de ello un procedimiento ordinario. No obstante, si el deudor no hiciera oposición al decreto dentro del término, éste pasa a ser definitivo-irrevocable, con los efectos ejecutivos de una sentencia de condena…”. El maestro Calamandrei, realiza un comentario en relación al tema, dejando establecido que “…La naturaleza ejecutiva del procedimiento monitorio se derivaría, principalmente, de su finalidad, a la cual corresponde, en la estructura procesal del instituto, el comportamiento de mera pasividad que observa el deudor, a semejanza de lo que típicamente ocurre en el proceso de ejecución; la orden de pago debería considerarse ya como un inicio de ejecución, porque el juez al emitirla, no trata de declarar si existe el derecho a realizar, sino que da como ya declarada su existencia y ordena, por eso, su realización forzada; la eventual oposición del deudor a la orden de pago sería, por consiguiente, un caso de verdadera “oposición a la ejecución” limitada dentro de un especial termino preclusivo, transcurrido el cual la orden de ejecución se convertiría en irrevocable, no porque el juez este convencido de la existencia del crédito que el actor alega, sino porque el deudor ha decaído ya de su derecho a oponerse a la ejecución iniciada…”. Ahora bien, el Artículo 340 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: “… El libelo de demanda deberá expresar: 1° La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda. 2° El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene. 3° Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro. 4° El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos, si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales. 5° La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones. 6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo. 7° Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de estos y sus causas. 8° El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder. 9° La sede o dirección del demandante a que se refiere el Artículo 174” (Subrayado del Tribunal). Analizado el artículo anterior, se hace necesario estudiar el libelo de demanda, con la finalidad de observar si cumple con los requisitos exigidos por el antes transcrito artículo. Al respecto, es de notar que la parte demandante eleva pretensión contra la Firma Mercantil ALIANZA VP C.A. COMASERVI, sin aportar mayores datos relacionados con la identificación de la misma, así como tampoco, menciona ni identifica persona alguna que represente dicha Sociedad Mercantil, omitiendo de esa manera el requisito establecido en el numeral 2 de la norma que antecede, no obstante, señala como domicilio para efectuar la intimación el Estado Trujillo, lo que hace presumir que la empresa a intimar se encuentra domiciliada en el referido Estado, lo cual evidentemente escapa de la competencia territorial de este Tribunal, sin que se evidencia de actas la elección de un domicilio especial. Así se establece.- En consecuencia, con base a lasa consideraciones legales, doctrinales y jurisprudenciales que anteceden, debe esta Juzgadora necesariamente declarar la inadmisibilidad de la presente pretensión de Cobro de Bolívares por no cumplir con los requisitos exigibles y obligatorios que impone la Ley. Así se decide.- DISPOSITIVO En virtud de lo antes expuesto, éste JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA Y SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: INADMISIBLE la acción de COBRO DE BOLIVARES VIA INTIMATORIA presentada por el Ciudadano TARCISO JOSE ROJAS VILLAMISAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-8.701.203 y domiciliado en el Municipio Cabimas del Estado Zulia. SEGUNDO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS en virtud del dispositivo del fallo. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA. Dada, sellada y firmada en la sala del Despacho del JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA Y SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Cabimas, a los veintitrés (23) días del mes de Septiembre del dos mil diez (2.010). Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.- LA JUEZA, Dra. MIGDALIS DEL VALLE VASQUEZ MATHEUS. LA SECRETARIA, DRA. ZULAY RAQUEL BARROSO OLLARVES. En la misma fecha y previo el anuncio de ley dado por el Alguacil de este Tribunal a las puertas del despacho, y siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede, quedando anotado bajo el Nº 215 -2.010. LA SECRETARIA, DRA. ZULAY RAQUEL BARROSO OLLARVES.