REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Exp. 41.228 Se inició el presente proceso por ALIMENTOS, instaurado por la ciudadana BARBARA MANUELA ARIZA DE GONZÁLEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 7.686.102, y domiciliada en el Municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia, debidamente asistida por la profesional del derecho ciudadana Marlene Coromoto Morillo, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 71.118, y de igual domicilio, contra el ciudadano ALVARO GONZÁLEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad No. 19.138.178 y domiciliado en el Municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia. Este Tribunal observa que el juicio que nos ocupa, se inició por demanda, admitida el día Veintiocho (28) de Abril del año 2006, acordándose la citación de la parte demandada ciudadano ALVARO GONZÁLEZ, ya identificado, para que compareciera por ante el Tribunal en el segundo día de despacho siguiente a su citación, a contestar la demanda a cualquiera de las horas indicadas de 8:30 a 3:30 p.m. En fecha 11 de mayo de 2006, la ciudadana Bárbara Manuela Ariza, otorgó Poder Apud-Acta, a los abogados en ejercicio Marlene Morillo, Ángel González y Cira Hernández, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 71.118, 37.919 y 63.952. En fecha 16 de Mayo de 2006, la apoderada judicial de la parte actora, solicitó copias certificadas y este Tribunal las acordó en fecha 18 de mayo de 2006. En fecha 22 de mayo de 2006, la apoderada judicial de la parte actora presentó escrito de reforma de la demanda, y en fecha 23 de mayo del mismo año el Tribunal lo admitió, ordenándose citar al demandado, para que compareciera en el segundo día de despacho siguiente a la constancia en actas de su citación, más un (1) día que se le concedió como término de distancia, para contestar la demanda y se comisionó al Juzgado del Municipio Lagunillas del Estado Zulia. Siendo el caso, que hasta la presente fecha han transcurrido más de cuatro (04) años sin ningún acto de procedimiento de la parte actora para impulsar la citación en el proceso. Ahora bien, luego de una revisión del expediente, este Órgano Jurisdiccional observa que, admitida la demanda y ordenado librar los recaudos de citación correspondientes, le tocaba a la parte actora la carga de consignar a las actas, las copias fotostáticas para la elaboración de los respectivos recaudos, ya ordenados en el auto de admisión, para luego gestionarlos, instando al Alguacil, a que localizara a la parte demandada; de no ser posible exigir la exposición del funcionario, para luego solicitar la citación cartelaria; pues la ley le impone al actor la secuencia orgánica de los actos, es decir, la carga de ir sucesivamente cumpliendo con todos y cada uno de ellos, ante la amenaza sancionatoria de que si no realiza un acto exigido para la continuidad del proceso, operará la perención. Es el caso, que de actas no emerge ninguna evidencia del cumplimiento de tal obligación de la parte actora, verificándose entonces, que desde la admisión de la demanda y hasta la presente fecha, no ha existido la intención de disminuir los efectos jurídicos de la perención por vía de la activación del procedimiento, realizando algún acto que lleve implícito la intención de impulsar el proceso, quedando por demás delatado su desinterés en el juicio, en consecuencia, se ha producido el efecto previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como es la extinción de la instancia, por el transcurso del tiempo sin impulso de las partes. La perención de la instancia se verifica ope legis al vencerse el año de inactividad procesal atribuible a las partes. Cuando el Juez la declara, se entiende que los efectos de la perención van a operar desde que se cumplió el año de paralización, esto es, se retrotrae al momento en que el plazo de la perención quedó cumplido, los efectos de los actos procesales realizados por las partes, después de cumplido el año que dispone la ley de ninguna manera va a significar convalidación o subsanación de la perención. La norma contempla que el Juez puede declarar de oficio la perención, ello quiere decir, que es una facultad que la ley le otorga al Juzgador quien puede o no hacer uso de ella. Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el referido artículo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 ejusdem, DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente proceso que por ALIMENTOS instauró la ciudadana BARBARA MANUELA ARIZA DE GONZÁLEZ contra el ciudadano ALVARO GONZÁLEZ RIVAS, ambos ya identificados, en la parte narrativa de este fallo. No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. REGÍSTRESE y PUBLÍQUESE. Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, sellada y firmada, en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los Veintisiete (27) días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación. La Juez, (fdo) Dra. Eileen Lorena Urdaneta Núñez La Secretaria, (fdo) Abog. Militza Hernández Cubillán. En la misma fecha siendo las _______, se dictó y publicó el fallo que antecede, previo cumplimiento de las formalidades de Ley, quedando anotada bajo el No. ______ del Libro de Sentencias respectivo. La Secretaria, (fdo) Abog. Militza Hernández Cubillán. Quien suscribe, la secretaria de este Juzgado, Abog. Militza Hernández Cubillán, hace constar que la presente copia es fiel y exacta de su original, correspondiente al fallo dictado en el expediente Nro. 41.228. Lo certifico en Maracaibo, 27 de Octubre de 2010. La Secretaria: (fdo) Abog. Militza Hernández Cubillán. Gmu.