TSJ Regiones - Decisión

ASUNTO : VP02-S-2010-004361

RESOLUCION N° 037-10

Visto el Escrito de solicitud de REVISIÓN DE LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD POR MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, realizado por la ABOG. HEBERT RAMOS, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano JUAN CARLOS SALIAS SOTO, en la presente causa seguida en su contra, por la comisión de los delitos de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE previsto y sancionado en los artículos 44 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de la ciudadana DAIRENE ROSA OSORIO VERA; en donde solicita una medida menos gravosa de conformidad en el articulo 256 ordinales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, o en todo caso bajo la presentación de una fianza de dos personas que garanticen la asistencia del acusado al juicio oral; este Tribunal con fundamento en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, resuelve de la manera siguiente:

I
DE LA PRESENTACIÓN DE ACUSADO Y ESTADO ACTUAL DE LA CAUSA
Observa este Tribunal que en fecha 05 de Junio de 2010, el Juzgado de Primero Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra las Mujeres del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en acto de presentación de imputados decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del ciudadano JUAN CARLOS SALIAS SOTO, en la presente causa seguida en su contra, por la Comisión del delito de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE previsto y sancionado en el artículo 44 Ordinal Cuarto de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de la ciudadana DAIRENE ROSA OSORIO VERA, y decretó el procedimiento Especial.
En fecha 21 de Julio de 2010, se recibió por ante el Departamento de Alguacilazgo acusación Fiscal, en contra del ciudadano JUAN CARLOS SALIAS SOTO, en la presente causa seguida en su contra, por la Comisión del delito de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE previsto y sancionado en el artículo 44 Ordinal Cuarto de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de la ciudadana DAIRENE ROSA OSORIO VERA; siendo recibida por e el Juzgado de Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra las Mujeres del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.
Se realizo la Audiencia Preliminar en fecha 26 de Agosto de 2010, en la cual el hoy acusado voluntariamente decide irse a juicio, por lo cual el Juzgado de Primero Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra las Mujeres del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, decretó el auto de apertura a juicio de conformidad al articulo 331 del Código Orgánico Procesal Penal.
En fecha 14 de Septiembre de 2010, se le dio entrada a la presente causa por ante este Juzgado de Primera Instancia en funciones de Juicio con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra las Mujeres del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, fijándose el correspondiente juicio Oral y Público.

II
DE LA MEDIDA DE REVISIÓN SOLICITADA POR LA DEFENSA PÚBLICA DEL ACUSADO DE AUTOS.
Visto el Escrito de solicitud de REVISIÓN DE LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD POR MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, realizado por el ABOG. HEBERT RAMOS, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano JUAN CARLOS SALIAS SOTO, en la presente causa seguida en su contra, por la comisión de los delitos de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE previsto y sancionado en el artículo 44 ordinal cuarto de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de la ciudadana DAIRENE ROSA OSORIO VERA; en el cual manifiesta entre otras cosas que en fecha 5 de Junio de 2010, fue decretada la Medida de Privación de Libertad en contra de su defendido y siendo que nos encontramos en la fase de juicio, se solicito la revisión de la medida de coerción que pesa hasta los momentos sobre su defendido visto que en el ordenamiento, lo que priva como regla es la libertad y como excepción al caso la privación de libertad, así tenemos que el acusado en referencia tiene residencia o domicilio conocido en el Municipio Maracaibo, es Bachiller, y es trabajador, estando dispuesto hasta admitir los hechos, es por lo que solicitó la revisión de la medida de coerción por una medida menos gravosa de conformidad con los numerales 3 y 4 del articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es presentaciones periódicas a este Despacho Judicial cada 30 días, ya que en otros casos se ha concedido dicha medida, o fianza personal de dos personas.…,
Por lo que amparado en el contenido del artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, solicita la precitada Revisión.

III
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DEL TRIBUNAL PARA DECIDIR
Considera este Tribunal, entendiendo que uno de los objetivos de la creación de este Tribunal Especializado, es el de la celeridad y no impunidad, que preserva los principios y estructuras del procedimiento ordinario, limitando los lapsos y garantizando la debida diligencia y celeridad, como una forma de materializar una justicia expedita conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho procedimiento resguarda los derechos y garantías procesales de las personas sometidas a investigación, enjuiciamiento y sanción.
Ante tal análisis, pero en apego a la ley tomando en consideración lo tipificado en el artículo 264 del Código Adjetivo Penal, que establece : “...El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente…el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas…”, (negrilla y subrayado del Tribunal). En base a lo cual, éste Juzgador, considera que la imposición de medidas cautelares sustitutivas debe ser proporcional con los hechos objetos de la investigación y por ello en su revisión, la Jueza o el juez deberá analizar las circunstancias que motivaron la imposición de las medidas cautelares al acusado, esto es, la gravedad del delito, las circunstancias de la comisión del mismo, el comportamiento del acusado, antes y durante el proceso transcurrido y la sanción probable. Con base a ello, debe cerciorarse que las medidas cautelares sean suficientes para asegurar las finalidades del proceso.
En el caso que nos ocupa pretende la defensa, que se otorgue, en favor de su patrocinado ciudadano una medida menos gravosa, aduciendo que nos encontramos en la fase de juicio y que en el ordenamiento lo que priva como regla es la libertad y como excepción al caso la privación de libertad, así tenemos que el acusado en referencia tiene residencia o domicilio conocido en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, específicamente en el Barrio El Gaitero Calle 127 casa 67C-09 Parroquia Luis Hurtado Higuera, presentando además Constancia de Trabajo, expedida en fecha 15 de Septiembre de 2010 por la Empresa CONSTRUINFA, C.A, por lo que afirma no existe la obstaculización de la investigación, que se sigue ya que esta a terminó al presentar el acto conclusivo de acusación Fiscal, y por cuanto se encuentra privado de su libertad , lo natural en derecho seria el otorgamiento de una medida cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad, conforme a los ordinales 3, 4 y 8 del articulo 256 y el articulo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo hace referencia al procesamiento en libertad de los presuntos imputados y solo se le privará de su libertad cuando existan circunstancias graves que a juicio del Tribunal pueda influir u obstruir la investigación.
De igual manera alega la Defensa Privada, en su solicitud que el delito por el cual se acusa no es PLURIOFENSIVO, no existe amenaza a la vida.
En relación a lo alegado, por la defensa pública este Juzgador considera que en virtud de lo dispuesto en la normativa del articulo antes referido 264 del Código Orgánico Procesal Penal, el juez o jueza deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares, dicho examen o revisión, se encuentra sujeto a los cambios de condiciones que intervinieron al momento de la presentación para decretar una medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, y es criterio de quien aquí decide, que la defensa en su escrito establece una serie de circunstancias y argumentos jurídicos que nadan modifican las condiciones que motivaron al juez o jueza en funciones de control a dictar dicha medida de la cual están solicitando la revisión.
Asimismo en relación a los alegatos y fundamentos de la defensa antes mencionados, considera este Juzgador, que si bien es cierto, que el proceso penal acusatorio contempla de manera general el principio rector de afirmación de libertad, contemplado en el artículo 9 del Código Adjetivo Penal, no es menos cierto que el legislador contempló igualmente, en su articulo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, el carácter proporcional en la aplicación de las MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS, las cuales deberán imponerse conforme a criterios fácticos que cursen en autos, en razón de ello , este Juzgador, una vez revisadas y analizadas las actas procesales observa : que en primer lugar, los fundamentos que originaron la aplicación de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, no han cambiado en virtud que en el presente caso que nos ocupa estamos ante la presunta comisión del delito de Acto Carnal Con Victima Especialmente Vulnerable y al estar en presencia de la comisión de unos de los delitos más graves como lo es el contenido en el articulo 44 ordinal cuarto de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual representa un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, existen fundados elementos de convicción para estimar que el acusado de autos es el autor o participe del hecho imputado por el Ministerio Público; y en segundo lugar al manifestar la defensa Privada el acusado de ser juzgado en libertad, existe una presunción razonable en este caso particular, considera quien aquí decide, que en relación a la presunción de inocencia, en principio nada tiene que ver con el derecho de ser juzgado en libertad que es a lo que se refiere la defensa, y esta circunstancia depende a que no exista el peligro de obstaculización o de fuga, interpretándose la norma en relación al articulo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, referido al principio del estado de libertad , referente a que toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso , salvo excepciones establecidas en el presente Código Orgánico Procesal Penal, y en aplicación del articulo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece la improcedencia de la Medida Privativa de libertad, cuando se trate de delitos que en su limite máximo no excedan de tres (03) años, pero en el caso de marras el delito imputado y objeto de la presente causa excede de ese limite, aunado a la gravedad , circunstancia de la comisión del mismo y la pena a aplicar, del delito imputado por la fiscalía del Ministerio Público, como lo es la ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE; circunstancia esta que seria la excepción establecida y que da la convicción a este juzgador de mantener la Medida de Privación Judicial,
Por todo lo expuesto, considera este Juzgador que en aras de garantizar la Finalidad del proceso, tal y como lo establece el articulo 13 de nuestra norma penal adjetiva la cual reza: que el Juez debe velar “.... la búsqueda de la verdad de los hechos y la realización de la justicia.”, considera NO PROCEDENTE la solicitud realizada por la defensa publica del hoy acusado, relacionada a la Revisión de Medida fundamentada en relación al principio de ser juzgado en libertad, en este sentido considera quien aquí decide, que el peligro de fuga se configura en la presente causa, porque la pena a imponer en el presente caso en virtud del delito imputado excede de diez años en su límite máximo, esta expuesta la magnitud del daño causado;
De esta manera, el hecho que las circunstancias que fundamentaron el decreto de la Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del Agresor, se mantienen –algo que no ha sido desvirtuado por la defensa-, lo que determina que no han variado los elementos que dieron origen a la misma, siendo que la medida fue acordada a fin de garantizar la comparecencia del acusado de autos en el proceso, en razón de ello, este Juzgador considera procedente y ajustado a derecho NEGAR la solicitud interpuesta por la Defensa Publica, en el sentido que se REVISE la medida de PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, impuesta al acusado JUAN CARLOS SALIAS SOTO, ya que se están violentando el principio contemplado en el articulo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo al procesamiento en libertad, considerando que dicha modificación y revisión de la misma, es IMPROCEDENTE, POR LO QUE SE ACUERDA MANTENER LA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, dictada en fecha 5 de Junio de 2010 por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Municipio Rosario de Périja del Villa del Rosario del Estado Zulia, en contra del acusado,. JUAN CARLOS SALIAS SOTO, Venezolano, titular de la cédula de identidad Nro. 16.017.883, de 26 años, fecha de nacimiento 22-02-1984, soltero, técnico en refrigeración, residenciado en el Barrio el Gaitero calle 127, casa 67C-09, parroquia Luis Hurtado Higuera del Municipio Maracaibo del Estado Zulia todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 250, 251, 252 , 253 244 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal. ASI SE DECIDE.

V
DISPOSITIVA
Por los fundamentos arriba establecidos, ESTE JUZGADO ÚNICO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA, la solicitud interpuesta por la Defensa Privada ABOG. HEBERT RAMOS del ciudadano JUAN CARLOS SALIAS SOTO, en el sentido que se le revise y modifique a su patrocinado la medida de PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD , que pesa en su contra, ya que se están violentando el principio contemplado en el articulo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo al procesamiento en libertad, considerando que dicha modificación y revisión de la misma, es IMPROCEDENTE, POR LO QUE SE ACUERDA MANTENER LA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, dictada en fecha 5 de Julio de 2010, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencias en delitos de Violencia Contra las Mujeres del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, dictada en contra del acusado JUAN CARLOS SALIAS SOTO, Venezolano, titular de la cédula de identidad Nro. 16.017.883, de 26 años, fecha de nacimiento 22-02-1984, soltero, técnico en refrigeración, residenciado en el Barrio el Gaitero calle 127, casa 67C-09, Parroquia Luis Hurtado Higuera del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, tomado en cuenta el principio de Proporcionalidad establecido en el encabezamiento del articulo 244, en concordancia con los artículos 250, 251, 252, 253 244 y 264 todos del Código Orgánico Procesal Penal.
Publíquese, diarícese, notifíquese y déjese copia de la presente decisión.
EL JUEZ DE JUICIO

DR. JOSÉ LEONARDO LABRADOR

LA SECRETARIA,

ABOG. ZOA SERRADA DE ROSALES.