TSJ Regiones - Decisión

RESOLUCIÓN NRO. 038-10

Vista la solicitud de REVISIÓN DE LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD POR MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, realizado por la ABOG. HASSNA ABDELMAJID RAIDAN, en su carácter de Defensora Pública Segunda de la Unidad de Defensoría Pública del Estado Zulia, del ciudadano JESUS JACOBO MACHADO BERRIOS, en la presente causa seguida en su contra, por la comisión de los delitos de VIOLENCIA SEXUAL Y VIOLENCIA FISCA previstos y sancionados en los artículos 43 Y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometidos en perjuicio de la ciudadana NERIS MANUELA GARCIA GONZALEZ; en donde solicita una medida menos gravosa a la Privación Judicial Preventiva de libertad de conformidad con el articulo 256 ordinales 3 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal, este Juzgador con base a lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, resuelve de la manera siguiente:
I
DE LA PRESENTACIÓN DE ACUSADO Y ESTADO ACTUAL DE LA CAUSA
Este Tribunal observa que en fecha 25 de Febrero de 2010, el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control Municipio Rosario de Périja del Villa del Rosario del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en el acto de presentación de imputado decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del ciudadano JESUS JACOBO MACHADO BERRIOS, en la presente causa, por la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA SEXUAL Y VIOLENCIA FISCA previstos y sancionados en los artículos 43 Y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , cometidos en perjuicio de la ciudadana NERIS MANUELA GARCIA GONZALEZ; y se decretó el procedimiento Especial .
En fecha 26 de Marzo de 2010, fue recibido por ante el Departamento de Alguacilazgo acusación Fiscal, en contra del ciudadano JESUS JACOBO MACHADO BERRIOS, por la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA SEXUAL Y VIOLENCIA FISCA previstos y sancionados en los artículos 43 Y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometidos en perjuicio de la ciudadana NERIS MANUELA GARCIA GONZALEZ; siendo recibida por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Municipio Rosario de Périja del Estado Zulia, en fecha 09 de Abril de 2010, En esa misma fecha se fijó el acto de Audiencia Preliminar, para celebrarse el día 05 de Mayo de 2010, la cual se llego a celebrar en esa misma fecha en el cual el hoy acusado voluntariamente decide irse a juicio , por lo cual el tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Municipio Rosario de Périja del Villa del Rosario del Estado Zulia, decretó el auto de apertura a juicio de conformidad al articulo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, y ordenó su remisión al Departamento del Alguacilazgo a los fines que el mismo fuera remitido al Tribunal de Juicio que el correspondiera por distribución.
En fecha 10 de Junio de 2010, se le dio entrada a la presente causa por ante este Juzgado de Primera Instancia en funciones de juicio con Competencia en Materia de Delitos, fijándose el correspondiente juicio Oral y Público.
En fecha 05 de Agosto de 2010, la defensa pública solicito Revisión de la Medida Privativa de libertad que pesa contra el ciudadano JESUS JACOBO MACHADO BERRIOS, por una menos gravosa de las contempladas en el artículo 256 ordinales 3 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal, negando este Juzgador la precitada solicitud.
En fecha 10 de Agosto de 2010, la defensa pública solicito cambio del sitio de Reclusión del ciudadano JESUS JACOBO MACHADO BERRIOS, y que el mismo fuera trasladado a un centro hospitalario por presentar problemas de salud, declarando este juzgador la solicitud Parcialmente Con Lugar, manteniendo el sitio de Reclusión Centro de arrestos Preventivos El Marite y aprobando su traslado al centro de salud.
En fecha 05 de Octubre de 2010, la defensa pública solicito Revisión de la Medida Privativa de libertad que pesa contra el ciudadano JESUS JACOBO MACHADO BERRIOS, por una menos gravosa de las contempladas en el artículo 256 ordinales 3 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal.

II
DE LA MEDIDA DE REVISIÓN SOLICITADA POR LA DEFENSA PÚBLICA DEL ACUSADO DE AUTOS.
Vista la solicitud de REVISIÓN DE LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD POR MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, requerido por la ABOG. HASSNA ABDELMAJID RAIDAN, en su carácter de Defensora Pública Segunda de la Unidad de Defensoría Pública del Estado Zulia, del ciudadano JESUS JACOBO MACHADO BERRIOS, en la por la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA SEXUAL Y VIOLENCIA FISCA previstos y sancionados en los artículos 43 Y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , cometidos en perjuicio de la ciudadana NERIS MANUELA GARCIA GONZALEZ; en el cual manifiesta entre otras cosas que en fecha 25 de Febrero de 2010, fue decretada la medida de Privación de Libertad en contra de su defendido y siendo que nos encontramos en la fase de juicio, solicitó la revisión de la medida de coerción que pesa hasta los momentos sobre mi defendido visto que en el ordenamiento lo que priva como regla es la libertad y como excepción al caso la privación de libertad, así tenemos que el acusado en referencia tiene residencia o domicilio conocido en el Municipio Rosario de Périja, como trabaja y no existe la obstaculización de la investigación que se sigue ya que esta a terminó al presentar el acto conclusivo de acusación Fiscal, es por lo que solicitó la revisión de la medida de coerción por una medida menos gravosa de conformidad con los numerales 3 y 8 del articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es presentaciones periódicas a este Despacho Judicial cada 30 días ya que en otros casos se ha concedido dicha medida…,
Por lo que amparado en el contenido de los artículos 26, 49, 75 y 257 constitucionales y 1, 8, 9,12 y 13 todos del Código Orgánico Procesal Penal, es por lo que solicitó la revisión de la medida privativa de libertad, en armonía con el articulo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, así como el numeral 5 del articulo 43 de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica de Defensa Pública.

III
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DEL TRIBUNAL PARA DECIDIR
Considera este Tribunal, en primer lugar el hecho que en diversas oportunidades los diferimientos de los actos, en la fase de Juicio Oral y Público dentro de estos Tribunales con Competencia en Materia de Delito de Violencia Contra la Mujeres de este Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, son por causas justificables a este tribunal ya sean por falta de algunas de las partes o por darle prioridad a otros juicios más avanzados y que están en su etapa culminante motivos estos que con aplicables a los dos veces que se ha diferido el presente asunto y en Segundo lugar: entendiendo que uno de los objetivos de la creación de este Tribunal, es el de la celeridad y no impunidad, que preserva los principios y estructuras del procedimiento ordinario, limitando los lapsos y garantizando la debida diligencia y celeridad, como una forma de materializar una justicia expedita conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho procedimiento resguarda los derechos y garantías procesales de las personas sometidas a investigación, enjuiciamiento y sanción.
Ante tal afirmación, con apego a la norma tomando en consideración lo tipificado en el artículo 264 del Código Adjetivo Penal, que establece : “...El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente…el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas…”, (negrilla y subrayado del Tribunal). Fundamento este, que el Juzgador, considera que la imposición de medidas cautelares sustitutivas debe ser proporcionales con los hechos objetos de la investigación y por ello en su revisión, el Juzgador en este sentido deberá analizar las circunstancias que motivaron la imposición de las medidas cautelares al acusado, esto es, la gravedad del delito, las circunstancias de la comisión del mismo, el comportamiento del acusado, antes y durante el proceso transcurrido y la sanción probable. En consecuencia, debe cerciorarse que las medidas cautelares sean suficientes para asegurar las finalidades del proceso.
En el caso in comento, requiere la defensa publica, se otorgue en favor del ciudadano JESUS JACOBO MACHADO BERRIOS, una medida menos gravosa, aduciendo que por encontrase la causa en fase de juicio, por cuanto en el ordenamiento jurídico patrio priva como regla es la libertad y como excepción al caso la privación de la misma, así tenemos que el acusado en referencia tiene residencia o domicilio conocido en el Municipio Rosario de Périja, como trabaja y no existe la obstaculización de la investigación que se sigue ya que esta a terminó al presentar el acto conclusivo de acusación Fiscal, y por cuanto se encuentra privado de su libertad, lo adecuado en derecho es el otorgamiento de una medida cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad, conforme a los ordinales 3 y 8 del articulo 256 y el articulo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, hace referencia al procesamiento en libertad de los presuntos imputados y solo se le privará de su libertad cuando existan circunstancias graves que a juicio del Tribunal pueda influir u obstruir la investigación.
En relación a lo expuesto por la defensora pública este Juzgador considera que en virtud de lo dispuesto en el articulo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, el juez o jueza deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares, dicho examen o revisión, se encuentra sujeto a los cambios de condiciones que intervinieron al momento de la presentación para decretar una medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, y es criterio de quien aquí decide, que la defensa en su escrito establece una serie de circunstancias y argumentos jurídicos que nadan modifican las condiciones que motivaron al juez o jueza en funciones de control a dictar dicha medida de la cual están solicitando la revisión.
Asimismo, en relación al resto de los alegatos y fundamentos de la defensa considera este Juzgador, que si bien es cierto, que el proceso penal acusatorio contempla de manera general el principio rector de afirmación de libertad, contemplado en el artículo 9 del Código Adjetivo Penal, no es menos cierto que el legislador contempló igualmente, en su articulo 244 del Código Orgánico Procesal Penal., el carácter proporcional en la aplicación de las MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS, las cuales deberán imponerse conforme a criterios fácticos que cursen en autos, en razón de ello, este Juzgador, una vez revisadas y analizadas las actas procesales observa : que en primer lugar, los fundamentos que originaron la aplicación de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, no han cambiado en virtud que en el presente caso que nos ocupa estamos ante la presunta comisión de los delitos de Violencia Sexual y Violencia Física y al estar en presencia de la comisión de unos de los delitos más graves de los delitos de genero como lo es la Violencia Sexual, el cual representa un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, existen fundados elementos de convicción para estimar que el acusado de autos es el autor o participe del hecho imputado por el Ministerio Público; y en segundo lugar al manifestar la defensa publica el procedimiento de ser juzgado en libertad, haciendo mención a los articulo los artículos 26,49,75 y 257 constitucionales y 1, 8, 9,12 y 13 todos del Código Orgánico Procesal Penal, existe una presunción razonable en este caso particular, considera quien aquí decide, que en relación a la presunción de inocencia , en principio nada tiene que ver con el derecho de ser juzgado en libertad que es a lo que se refiere la defensa, y esta circunstancia depende a que no exista el peligro de obstaculización o de fuga, interpretándose la norma en relación al articulo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, referido al principio del estado de libertad, referente a que toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo excepciones establecidas en el presente Código Orgánico Procesal Penal, y en aplicación del articulo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece la improcedencia de la Medida Privativa de libertad, cuando se trate de delitos que en su limite máximo no excedan de tres (03) años, pero en el caso de marras el delito imputado y objeto de la presente causa excede de ese limite, aunado a la gravedad, circunstancia de la comisión del mismo y la pena a aplicar, de unos de los delitos imputados por la fiscalía del Ministerio Público, como lo es la VIOLENCIA SEXUAL; circunstancia esta que seria la excepción establecida y que da la convicción a este juzgador de mantener la Medida de Privación Judicial,
Por todo lo expuesto, considera este Juzgador que en aras de garantizar la Finalidad del proceso, tal y como lo establece el articulo 13 de nuestra norma penal adjetiva la cual reza: que el Juez debe velar “.... la búsqueda de la verdad de los hechos y la realización de la justicia.”, considera IMPROCEDENTE la solicitud realizada por la defensa publica del hoy acusado, relacionada a la Revisión de Medida fundamentada en relación al principio de ser juzgado en libertad , en este sentido considera este juzgador, que el peligro de fuga se configura en la presente causa, porque la pena a imponer en el presente caso en virtud del delito imputado excede de diez años en su límite máximo, esta expuesta la magnitud del daño causado;
En tal sentido, las circunstancias que fundamentaron el decreto de la Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del Acusado, se mantienen en la actualidad, algo que no ha sido desvirtuado por la defensa-, lo que determina que no han variado los elementos que dieron origen a la misma, siendo que la medida fue acordada a fin de garantizar la comparecencia del acusado de autos en el proceso, en razón de ello, este Juzgador considera procedente y ajustado a derecho NEGAR la solicitud interpuesta por la Defensa Publica, en el sentido que se REVISE la medida de PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, impuesta al acusado JESUS JACOBO MACHADO BERRIOS, ya que se están violentando el principio contemplado en el articulo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo al procesamiento en libertad, considerando que dicha modificación y revisión de la misma, es IMPROCEDENTE, POR LO QUE SE ACUERDA MANTENER LA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, dictada en fecha 25 de Febrero de 2010 por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Municipio Rosario de Périja del Villa del Rosario del Estado Zulia, en contra del acusado, JESUS JACOBO MACHADO BERRIOS, venezolano , mayor de edad, estado civil concubino, de profesión y oficio Mecánico, Titular de la Cédula de Identidad N°20.508.683, hijo de José Machado y Emirse Berríos, residenciado en el sector La cueva, entrando por Hidrólogo Villa del Rosario Municipio Rosario de Perija del Estado Zulia. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 250, 251, 252 , 253 244 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal. ASI SE DECIDE.

V
DISPOSITIVA
Por los fundamentos arriba establecidos, ESTE JUZGADO ÚNICO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA, la solicitud interpuesta por la Defensa pública ABOG. HASSNA ABDELMAJID RAIDAN, en su carácter de Defensora Pública Segunda de la Unidad de Defensoría Pública del Estado Zulia, del ciudadano JESUS JACOBO MACHADO BERRIOS, en el sentido que se le revise y modifique a su patrocinado la medida de PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD , que pesa en su contra, considerando que dicha modificación y revisión de la misma, es IMPROCEDENTE, POR LO QUE SE ACUERDA MANTENER LA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, dictada en fecha 25 de Febrero de 2010, por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Municipio Rosario de Périja del Villa del Rosario del Estado Zulia, dictada en contra del acusado JESUS JACOBO MACHADO BERRIOS, venezolano , mayor de edad, estado civil concubino, de profesión y oficio Mecánico, Titular de la Cédula de Identidad N°20.508.683, hijo de José Machado y Emirse Berríos, residenciado en el sector La cueva, entrando por Hidrólogo Villa del Rosario Municipio Rosario de Perija del Estado Zulia, tomado en cuenta el principio de Proporcionalidad establecido en el encabezamiento del articulo 244, en concordancia con los artículos 250, 251, 252 , 253 244 y 264 todos del Código Orgánico Procesal Penal.
Publíquese, diarícese, notifíquese y déjese copia de la presente decisión.
EL JUEZ DE JUICIO

DR. JOSÉ LEONARDO LABRADOR

EL SECRETARIO,

ABOG. JULIO ARRIAS AÑEZ.