TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
TRIBUNAL DECIMO SEGUNDO EN FUNCIONES DE CONTROL
Maracaibo, 29 de Noviembre de 2010
200° y 151°

Resolución Nro 3454-10 Causa 12C-24342-10

ACTA DE AUDIENCIA DE PRESENTACION DE IMPUTADO

En el día de hoy, Lunes, Veintinueve (29) de Noviembre de 2010, siendo las Dos horas y Veinticuatro (02:24) minutos de la tarde a objeto de llevarse a cabo el acto de presentación de imputados, comparece por ante la sede de este Juzgado el ciudadano Fiscal Décimo Octavo del Ministerio Público, Abog. JAVIER SOTO ASPRINO. Se constituye el Tribunal Duodocécimo de Control, por la Dra. ANDREA BOSCAN SANCHEZ, en su carácter de Juez de Control y la abogada. MAGLENYS GONZALEZ CHACIN, secretaria suplente de este Tribunal. Verificada la presencia de las partes se encuentran el Fiscal 18º Auxiliar del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y el imputado de autos REINALDO RAFAEL LOZANO MARTINEZ, previo traslado del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite. Seguidamente se le concede la palabra al Ministerio Público, quien expuso “Esta Representación Fiscal, presenta y pone a disposición de este Tribunal al imputado de autos REINALDO RAFAEL LOZANO MARTINEZ, quien fue aprehendido por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Sub-Delegación El Mojan, el 27 de Noviembre del presente año, cuando siendo aproximadamente las 03:00 horas de la tarde, encontrándose de servicio de patrullaje, en el momento en que se desplazaban por la Población del Mojan, Sector Nazaret, Caserío Los Ranchos, Calle Principal, adyacente al Depósito de Licores El Mojan, Parroquia San Rafael, Municipio Mara, Estado Zulia, visualizaron a un ciudadano mayor de edad, de piel morena, estatura mediana, portando como vestimenta una franela de color blanco y azul, una jeans de color azul, quien al notar la presencia de la comisión policial tomó una actitud sospechosa, tratando de evadir la comisión presente, procediendo a abordar a dicho ciudadano, quien se identificó como REINALDO RAFAEL LOZANO MARTINEZ, a quien al exigirle según lo establecido en el articulo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, que exhibiera todo lo que pudiese llevar adherido a su cuerpo o entre sus ropas, incautándole en el interior del bolsillo derecho del pantalón tipo jeans de color azul que vestía para el momento, DOS (02) PITILLOS elaborados de material sintético de color transparente, de los comúnmente denominados pitillos, contentivos en su interior de un polvo de color beige, con un peso bruto de 0.3 gramos de presunta droga; motivo por el cual procedieron a la detención del referido ciudadano, desprendiéndose de actas suficientes elementos de convicción que comprometen su responsabilidad penal y la presunta comisión del delito de POSESIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, Previsto Y Sancionado en el Articulo 153 De La Ley Orgánica De Drogas, cometido en perjuicio DEL ESTADO VENEZOLANO; siendo esos mismos elementos por los cuales esta representación Fiscal solicita la aplicación de la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de la Libertad prevista en el ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal, requiriéndose así mismo la aplicación del procedimiento ordinario de conformidad con los artículos 280 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal y la aprehensión en Flagrancia; solicitando de igual forma se me expida copia simple del presente acto. Es Todo. A continuación presente como se encuentra el imputado, en la Sala del Despacho Judicial, estando sin juramento alguno, libre de toda coacción y apremio, manifestó no tener Abogado, por lo que solicito que se le designe un Defensor Público; comunicándose este Despacho con la oficina de la Defensa Pública del Estado Zulia, para que hiciera acto de presencia un Defensor Público de Guardia, haciendo acto de presencia la profesional del derecho Abogada NANCY MORALES, Defensora Pública N° 10º encargado de la Unidad de la Defensa Pública del Estado Zulia, quién fue notificada verbalmente de la designación recaída en su persona y manifestó: “Acepto el cargo recaído en mi persona correspondiente al ciudadano: REINALDO RAFAEL LOZANO MARTINEZ, Es Todo”. Seguidamente el Tribunal procede a identificar al imputado de conformidad con lo previsto en los artículo 126 y 127 del Código Orgánico Procesal Penal, quien dijo ser y llamarse como ha quedado escrito de la siguiente manera: REINALDO RAFAEL LOZANO MARTINEZ, Venezolano, natural de Maracaibo, titular de la cédula de identidad Nº 16.918.658, fecha de nacimiento 09-07-1980, soltero, de profesión u oficio pescador, hijo de NELBA MARTINEZ Y RAFAEL LOZANO, residenciado en: BARRIO LA CHINITA, A OCHO (08) CASAS DEL ABASTO SALMO 23, EN SAN RAFAEL DEL MOJAN. Seguidamente el Tribunal deja constancia de las características fisonómicas que presenta el imputado al momento de su presentación: contextura delgada, de aproximadamente 1.61 metros de estatura, de 59 kg. De peso, de cabello negro, de piel morena, ojos de color marrones, de boca mediana y labios grandes, cejas gruesas, nariz grande ancha, tiene tatuaje en el brazo derecho. Seguidamente el imputado de autos fue impuesto de sus derechos previstos en los artículo 125 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal y de las Garantías Constitucionales previstas en el artículo 49 Ordinal 5° de nuestra Carta magna, el cual establece sus derechos a no rendir declaración sin que ello constituya perjuicio en su contra y que su declaración es un medio para su defensa y por consiguiente tienen derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar el hecho que se les imputa, así como solicitar la practica de diligencias que considere pertinente, informándoles cual es el delito que se le imputa, SEGUIDAMENTE SE LE CONCEDE EL DERECHO DE PALABRA AL IMPUTADO: quien manifestó que desea declarar, quien expuso: “Soy consumidor desde seis años y esa droga la tenia para consumir. Es todo. SEGUIDAMENTE SE LE CONCEDE EL DERECHO DE PALABRA A LA DEFENSA PUBLICA, ABOG. NANCY MORALES quien a tales efectos expuso: “Ciudadana Juez por cuanto mi defendido ha manifestado ser consumidor, solicito le sea decretado una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Judicial Preventiva de Libertad, únicamente de la contenida en el ordinal 3° del articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo, solicito se le ordene practicar Examen Psicológico Psiquiátrico ante la Medicatura Forense de este ciudad y Toxicológico ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalìsticas, por ultimo solcito copia simple de todas las actas que conforman la presente causa, Es todo”

FUNDAMNETOS DE HECHO Y DE DERECHOS
Una vez examinadas las actuaciones que conforman la presente Causa, oída la solicitud de las partes, este Tribunal observa que de acuerdo a las actas que conforman la presente causa se evidencia la comisión de un hecho punible, perseguible de oficio, que amerita pena privativa de libertad, y que no está se encuentra evidentemente prescrito, así como elementos de convicción que hacen presumir que el imputado de autos es autor o participe del hecho aquí imputado, todo lo cual se evidencia de las actas donde se determina las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se desarrollaron los hechos, tales como el 1.- ACTA POLICIAL, que cursa al folio tres (03) y su vuelto, de la presente causa, suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Sub-Delegación El Mojan, donde dejan constancia que en fecha 27 de Noviembre del presente año, cuando siendo aproximadamente las 03:00 horas de la tarde, encontrándose de servicio de patrullaje, en el momento en que se desplazaban por la Población del Mojan, Sector Nazaret, Caserío Los Ranchos, Calle Principal, adyacente al Depósito de Licores El Mojan, Parroquia San Rafael, Municipio Mara, Estado Zulia, visualizaron a un ciudadano mayor de edad, de piel morena, estatura mediana, portando como vestimenta una franela de color blanco y azul, una jeans de color azul, quien al notar la presencia de la comisión policial tomó una actitud sospechosa, tratando de evadir la comisión presente, procediendo a abordar a dicho ciudadano, quien se identificó como REINALDO RAFAEL LOZANO MARTINEZ, a quien al exigirle según lo establecido en el articulo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, que exhibiera todo lo que pudiese llevar adherido a su cuerpo o entre sus ropas, incautándole en el interior del bolsillo derecho del pantalón tipo jeans de color azul que vestía para el momento, DOS (02) PITILLOS elaborados de material sintético de color transparente, de los comúnmente denominados pitillos, contentivos en su interior de un polvo de color beige, con un peso bruto de 0.3 gramos de presunta droga. 2.- ACTA DE NOTIFICACION DE DERECHOS, al imputado de autos que cursa al folio cinco (05) y su vuelto de la presente causa, 3.- CADENA DE CUSTODIA DE LAS EVIDENCIAS FISICAS, en la cual se deja constancia de la presunta droga incautada en el procedimiento en el cual se practico la detención del imputado de autos, y 4.- ACTA DE ETREVISTA PENAL en calidad de TESTIGO de la ciudadana GONZALEZ FUENMAYOR MARIANGEL PAOLA; Ahora bien, contenido de las actas que conforman la presente causa que dieron inicio a la presente investigación y que hoy, fuera presentado por el Ministerio Público, considera quien aquí decide que de las actas. Por lo que el tribunal, ha de considerar que la medida ha ser otorgada debe llenar ciertos requisitos como. "…siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado…"; y toda vez que el examen y revisión de las medidas cautelares debe estar estrechamente vinculada con los principios de la provisionalidad y temporalidad; que en su defecto expresa. "…las medidas de coerción personal se dictan en función de un proceso o están supeditadas a él, con el fin de asegurar un resultado o que éste no se vea frustrado (instrumentalidad); se modifican cuando cambian circunstancias en que se dictaron; cesan cuando el proceso concluye o se extingue de cualquier manera (provisionalidad); y están sujetas a un lapso, no pudiendo prolongarse de él aun cuando el proceso no haya concluido (temporalidad). Estas notas explican que no pueda tomarse una medida cautelar de coerción personal antes del inicio de un proceso, salvo la excepción ya enunciada de la flagrancia; y que tales medidas estén sujetas permanentemente a la revisión para determinar si deben mantenerse, de acuerdo con el principio del rebus sie stantibus. Asimismo, el Código Orgánico Procesal Penal, prevé que una medida de coerción personal, en ningún caso, podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder el plazo de Diez (10) años, tal y como lo establece el artículo 251, Parágrafo Primero.
A tales efectos nuestro sistema penal acusatorio como tal, a creados disposiciones generales para el cumplimiento y obligaciones tanto para el Ministerio Público como para los jueces, quienes deben de velar por que se cumplan, tales como lo expresado en los artículos 280. Objeto. Esta fase tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público, mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado. El Artículo 281. Alcance. El Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no sólo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparle. En este último caso, está obligado a facilitar al imputado los datos que lo favorezcan y Artículo 282. Control judicial. A los jueces de esta fase les corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en este Código, en la Constitución de la República, tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República; y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorizaciones. En este sentido y como quiera esta Juzgadora luego de analizar todas y cada una se las actas que conforman la presente causa considera oportuno hacer un análisis concreto del caso en lo que se refiere a las Medidas de coerción personal, las cuales están consagradas en nuestra ley fundamental en su artículo 44 La Inviolabilidad de la Libertad Personal, estableciendo, en consecuencia, en su ordinal 1°; “…ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden de aprehensión, a menos que sea sorprendido in fraganti. En este caso será llevado ante una autoridad judicial en un tiempo no Octubrer de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso...”. Asimismo tenemos que en Pactos aprobados por nuestro país, como el Segundo Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos” en cuyo artículo 9 Ordinal 1°, se consagra: “todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causales fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…”; igualmente la Convención Americana Sobre Derechos Humanos pacto de San José de Costa Rica”, establece: “…1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas…” y como quiera que en nuestra carta Magna en su artículo 49 se consagra el Debido Proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas, y, en consecuencia, de manera expresa en su ordinal 2°, estable como norma garantista la Presunción de Inocencia y el Principio, del Juicio Previo y Debido Proceso, establecido en el artículo 1° Titulo Preliminar del Código Orgánico Procesal Penal, que expresa: “…nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado, sin dilaciones indebidas, ante el juez o tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República…” y cuyo artículo 8, en el mismo Titulo, consagra la Presunción de Inocencia, en los siguientes términos: “cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme”. Consagrada así mismo en los referidos Pactos en sus artículos 14, ordinal 2, y 8, ordinal 2, respectivamente.
En este orden de ideas explica el Dr. FERNANDO M. FERNÁNDEZ, en su Manuel de Derecho Procesal Penal; expresa que desde el punto de vista garantista, la presunción de inocencia es un principio sobre el cual se apoya el contrato social. En la medida en que los ciudadanos ceden al Estado la capacidad de monopolizar la violencia legal y administrar justicia, lo hacen sobre la base de que toda investigación penal recae sobre el Estado, quien deberá demostrar lo acusado mediante la formulación de argumentos que se apoyan en pruebas legalmente obtenidas. Por ello el acusado esta eximido de probar que es inocente. Esta tarea de probar la responsabilidad del acusado le corresponde al Ministerio Público. Las actuaciones de la defensa consisten en desvirtuar las pruebas presentadas por los fiscales”. De lo anterior se infiere el carácter restrictivo con que deben aplicarse las medidas cautelares, como respuesta al estado de inocencia de que goza el encausado, mientras no se dicte sentencia condenatoria en su contra. De este principio derivan también el fundamento, la finalidad y la naturaleza de la coerción personal del imputado: si este es inocente hasta que la sentencia firme lo declare culpable, claro esta libertad sólo puede ser restringida a título de cautela, y no de pena anticipada a dicha jurisdicción, siempre y cuando se sospeche o presuma que es culpable y ello sea indispensable para asegurar la efectiva actuación de la ley penal y procesal”.
En fuerza de lo expuesto considera esta Juzgadora que todas las dilaciones y atrasos ocasionados lesionan gravemente los Principios hartamente citados por lo que cumpliendo la función de Juez garantista encomendada por la República considera procedente en derecho DECLARAR CON LUGAR, la solicitud Fiscal y CON LUGAR la solicitud de la Defensa Publica en consecuencia DECRETA Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad de las contempladas en el Artículo 256 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, por ser esta medida la Proporcional, ante la presunta comisión del delito tentado por el cuál han sido señalados por la vindicta pública, y sin olvidar los principios que rigen el Sistema Penal Acusatorio Venezolano, tales como la Presunción de Inocencia, Afirmación de Libertad contemplados en los artículos 8 y 9 todos del Código Orgánico Procesal Penal, este Juzgado conforme a los análisis en concreto a las actas y consideraciones del caso en particular considera que lo procedente y ajustado en el otorgamiento de la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, a favor del imputado REINALDO RAFAEL LOZANO MARTINEZ, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 Ordinales 3° y 4º del Código Orgánico Procesal Penal. El cual consiste en Ordinal 3 presentaciones periódicas por ante este Juzgado de Control, cada (30) días. SEGUNDO: Se declara CON LUGAR la solicitud de la defensa en relación a la practica del Examen Toxicológico, Psicológico y Psiquiátrico, al imputado de autos TERCERO: Y SE DECRETA EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 Y 273 Del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA
De todo lo antes expuesto, este Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDADA DE LA LEY. PRIMERO: DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, conforme a las disposiciones establecidas en el Artículo 256 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal a favor del imputado REINALDO RAFAEL LOZANO MARTINEZ, Venezolano, natural de Maracaibo, titular de la cédula de identidad Nº 16.918.658, fecha de nacimiento 09-07-1980, soltero, de profesión u oficio pescador, hijo de NELBA MARTINEZ Y RAFAEL LOZANO, residenciado en: BARRIO LA CHINITA, A OCHO (08) CASAS DEL ABASTO SALMO 23, EN SAN RAFAEL DEL MOJAN. Por considerar que de acuerdo al contenido de las actas el mismo se encuentra presuntamente incurso en la comisión del delito de POSESIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el articulo 153 de la Ley Orgánica De Drogas, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO; SEGUNDO: SE DECRETA EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 Y 273 Ejusdem y expedir las copias solicitada por la Representante del Ministerio Publico y se decreta la APRHENSION EN FLAGRANCIA. ASI SE DECLARA. Y se declara CON LUGAR la solicitud de la defensa en relación a la práctica del Examen Toxicológico, Psicológico y Psiquiátrico, al imputado de autos. Se deja constancia que el presente acto concluyo a las tres horas y tres minutos de la tarde (03:03 P.M.) quedando registrada la presente decisión bajo el Nro. 3454-10 y se libró oficio Nro. 6070-10 dirigido al Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas el Marite, ordenando la Libertad del imputado de autos. Y, se libraron oficios Nro. 6071-10 al Departamento de Ciencias Forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Delegación Estadal Zulia y Nro. 6072-10 al Departamento de Toxicología del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Delegación Estadal Zulia, a los fines de ordenarles la practica de los exámenes ordenados por este tribunal y solicitados por la defensa. Se deja constancia que se cumplieron con todas las formalidades previstas por la ley. Es Todo Se terminó, se leyó y conformes firman:
LA JUEZ DUOIDÉCIMA DE CONTROL,

DRA. ANDREA BOSCAN SANCHEZ
El FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

ABOG. JAVIER SOTO ASPRINO

EL IMPUTADO

REINALDO RAFAEL LOZANO MARTINEZ

LA DEFENSA PÚBLICA Nº 10

ABOG. NANCY MORALES

LA SECRETARIA, (S)

ABOG. MAGLENYS GONZALEZ CHACIN

ABS/Rita.-
CAUSA: 12C-24342-10.-
VP02-P-2010-053799.-