TSJ Regiones - Decisión

Exp.: 7562 Sent.: 10.752

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEXTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
200º y 151º
I
PARTES INTERVINIENTES

DEMANDANTE: ABDALA YUNIS CABEZAS
DEMANDADO: ALFREDO ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
ACCIÓN: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA
MOTIVO: SOLICITUD DE MEDIDA DE SECUESTRO (INTERLOCUTORIA)
II
PARTE NARRATIVA
Consta de los autos que las profesionales del derecho ALEJANDRA SALIMA BORGES y ZORAYA JOSEFINA BORGES, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos. 87.902 y 25.779, respectivamente, actuando como apoderadas judiciales del ciudadano ABDALA YUNIS CABEZAS, venezolano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad No. V-15.326.090, representación ésta que se evidencia mediante poder debidamente autenticado ante la Notaría Pública Novena de Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 26-10-2010, bajo el No. 67, Tomo 76; instauró juicio por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA, de conformidad con los artículos 1959, 1160, 1961 y 1474 del Código Civil, en concordancia con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contra el ciudadano ALFREDO ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad No. V-14.049.503, para que convenga en cumplir un Contrato de Compra-Venta celebrado entre las partes en fecha 19-05-2009, debidamente protocolizado ante el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, bajo el No. 2009.1618, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el No. 479.21.5.2.666, correspondiente al Libro de Folio Real del año 2009, sobre un inmueble constituido por un Apartamento signado con el No. 2C, situado en la primera planta del Edificio Azucena del Conjunto Residencial “Los Jardines”, ubicado en jurisdicción de la Parroquia Juana de Ávila del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, así como también al pago de las costas y costos que pudieran generarse en el proceso; estimando la demanda en TREINTA MIL BOLÍVARES (Bs. 30.000,00), correspondientes a CUATROCIENTAS SESENTA Y UNO PUNTO CINCUENTA Y CUATRO UNIDADES TRIBUTARIAS (461.5 4UT) .
Por lo que solicitó la apoderada judicial de la parte actora, Abogada ZORAYA JOSEFINA BORGES, antes identificada, mediante escrito de solicitud de medidas de fecha 15-11-2010, se decretara medida de Secuestro sobre el bien inmueble objeto del litigio, de conformidad con el artículo 599 ordinal 5, del Código de Procedimiento Civil.
Con estos antecedentes procesales, el Tribunal pasa a decidir:

DE LA SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR

La profesional del derecho ZORAYA JOSEFINA BORGES, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandante en el presente procedimiento, plenamente identificada en actas, en su escrito de solicitud de Medidas, fundamentó su requerimiento en base a los siguientes argumentos: “…acudo a Ud., a solicitar decrete medida de Secuestro, …según el artículo 599 ordinal 5°,…sobre el inmueble distinguido con el No. 2C, situado en la Primera Planta del Edificio Azucena del Conjunto Residencial “Los Jardines” ubicado en Jurisdicción antes Municipio Coquivacoa, hoy Parroquia Juana de Avila del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, situado en la Av. 16 entre circunvalación No. 2 y la calle 48, frente a la Plaza de Toros de Maracaibo distinguido con el No. 49-59, y el cual fue Vendido de manera pura, simple, e irrevocable por el ciudadano ALFREDO ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ…”.-

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Ahora bien, señalado como fue en el apartado anterior el contenido de la solicitud de Medida de Secuestro realizada por la Abogada en ejercicio ZORAYA JOSEFINA BORGES, anteriormente identificada, esta Juzgadora considera pertinente transcribir el contenido del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, el cual establece:

Artículo 585: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.
De conformidad con lo previsto en el precedente artículo, las medidas preventivas se decretarán cuando se verifique en forma concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia, a saber: 1) La presunción grave del derecho que se reclama (“fomus bonis iuris”); y 2) El riesgo real y comprobable de que quede ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (“periculum in mora”). Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al Tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión conjuntamente con las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el Juez impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan estos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos por el artículo mencionado ut supra.
Igualmente, establece el artículo 599 ejusdem:
Artículo 599: “Se decretará el secuestro:
…(omissis)…
5º De la cosa que el demandado haya comprado y esté gozando sin haber pagado su precio…”
Del contenido de la norma supra transcrita, se evidencia la facultad que le otorga el legislador al Juez que conoce de una solicitud de Medida Cautelar para negar la misma cuando, de los elementos probatorios consignados a los autos, no se desprenda el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. Asimismo, la ley adjetiva requiere para su decreto, que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.
Desde esta perspectiva, el solicitante ha de probar el derecho que se reclama, que por exigirse sólo presuntamente la prueba de su existencia, se le denomina “fumus bonis iuris” y ha de demostrar igualmente la existencia del riesgo manifiesto, es decir, ostensible, de que quede ilusoria la ejecución del fallo, que se le denomina “periculum in mora”, y surgen como pilares de la vía precautelativa en causalidad.
El primero de los requisitos determina la necesidad de evidenciar elementos del juicio que permitan presumir que la demanda pueda ser estimada favorablemente, esto es, la apariencia de la verosimilitud de la existencia del derecho alegado; y el segundo de ellos, la necesidad de evidenciar las circunstancias de hecho de que el derecho que se presume que será apreciado favorablemente, no va a poder ser satisfecho por la demora o el retardo procesal.
La demostración de estos extremos determinan la procedencia y validez del decreto de la respectiva medida cautelar y ha de hacerla el interesado a través de un medio de prueba que constituya la presunción grave de ambas circunstancias, es decir, que a los efectos de la providencia cautelar, el ordenamiento jurídico, exige ineludiblemente la necesidad por parte del demandante, de alegar a las actas procesales, fuentes de prueba, que hagan verosímil o hipotéticamente factible, el éxito de su pretensión. Por lo que el demandante, por tanto, debe comprobar ante el Juez, que la demandada ha puesto en movimiento mecanismos para hacerse insolvente, y ese requisito no se cumple en la referida solicitud.
En relación con el Periculum in mora, Piero Calamandrei, sostiene lo siguiente:
“…Por lo que se refiere a la investigación sobre el peligro, el conocimiento en vía cautelar puede dirigirse a conseguir dentro del mismo procedimiento cautelar y antes de que se dicte la providencia principal, la certeza (juicio de verdad, no de simple verosimilitud) sobre la existencia de las condiciones de hecho que, si el derecho existiese, serían tales que harían verdaderamente temer el daño inherente a la no satisfacción del mismo.
Sin embargo, como también una cognición completa y a fondo sobre el punto exclusivo, podría exigir una dilación incompatible con la urgencia de la providencia, la declaración de certeza del peligro puede obtenerse de diversas maneras, correspondientes a las especialidades, finalidades asegurativas a que cada tipo de medida cautelar debe servir…, pero en cuanto a la existencia del peligro las circunstancias que pueden servir para establecer la conveniencia de la cautela pedida, está basada sobre un juicio de verdad…”.
De igual forma, el autor Rafael Ortiz Ortiz, expresa:
“….El periculum in mora no se presume por la sola tardanza del proceso, sino que debe probarse de manera sumaria, prueba esta que debe ser por lo menos una presunción grave, constituyendo esta presunción un contenido mínimo probatorio…”(El Poder Cautelar General y las Medidas Innominadas, Caracas-2002,pgs.283 y 284).
Por su parte, el autor Ricardo Enrique La Roche señala:
“El peligro de la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento, el arco de tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; otra causa es que los hechos del demandado para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. A este supuesto se refiere la presunción hóminis exigida por este artículo en comento”. (Código de Procedimiento Civil, Tomo IV, Caracas-1995, Págs.299 y 300).
Los criterios doctrinales que anteceden, han sido acogidos por la legislación venezolana, considerándose que, de acuerdo a la naturaleza de la medida cautelar solicitada, el Sentenciador deberá apreciar, no sólo el hecho de la tardanza del juicio que no es imputable a las partes, sino todas aquellas circunstancias que pongan de manifiesto que, en virtud de ese retardo, no podrá satisfacerse la pretensión del actor, lo que, dicho en otras palabras, significa que en cada caso el juez deberá ponderar si el demandado ha querido hacer nugatoria de cualquier forma la pretensión del accionante, valiéndose de la demora de la tramitación del juicio.
De esta forma, el Juzgador puede establecer si se han cumplido los extremos de acuerdo a la medida solicitada, para lo cual deberá verificar que exista una presunción grave de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivado de la insatisfacción del derecho, para lo cual tiene amplia discrecionalidad.
En base al criterio antes descrito, donde se establece que la prueba que constituya presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo y el derecho que se reclama debe consignarse al momento de introducir la respectiva solicitud de Medidas, y como de las actas que integran el escrito libelar y sus respectivos anexos, así como del escrito de solicitud de medida, no consta el extremo que exige el Artículo 585 de la Ley Adjetiva Civil, es decir, a pesar de que existen documentos consignados en actas, los mismos no constituyen el periculum in mora en la aludida medida, sino que están referidos al fondo de la causa, por lo tanto, al faltar uno de los requisitos, no es posible decretar la medida cautelar solicitada, de allí, que esta operadora de justicia comparta la opinión del Dr. Ricardo Henríquez La Roche, donde dejó sentado lo siguiente: “incurriría el Juez en infracción del Artículo 585, si decretare la medida en la sola consideración a la existencia de la presunción grave del derecho reclamado”.
Siendo que la parte actora, a pesar de haber consignado medios de pruebas, los mismos constituyen materia de fondo para esta Juzgadora, por lo que no pueden ser tomados en cuenta para el decreto de la medida, ya que este Órgano Jurisdiccional se estaría pronunciando al fondo de la demanda; pues ha quedado en evidencia que los alegatos sustentados y pruebas consignadas por el demandante no constituyen en si el periculum in mora, segundo de los requisitos exigidos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil para el decreto de las medidas, motivo por el cual no procede la medida de secuestro solicitada. Y ASÍ SE DECLARA.

DISPOSITIVO

Por los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este JUZGADO SEXTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por la Autoridad que le confiere la Ley, NIEGA la Medida Preventiva de Secuestro solicitada por la Abogada en ejercicio ZORAYA JOSEFINA BORGES, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano ABDALA YUNIS CABEZAS, identificados en la parte narrativa de este fallo. Y ASÍ SE DECIDE.-

No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza de la decisión.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 92, ordinales 3° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Sexto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los diecisiete (17) días del mes de Noviembre del año dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

LA JUEZA TEMPORAL
Abg. ALEJANDRINA ECHEVERRÍA CORONA

LA SECRETARIA
Msc. MARIANNE ALARCÓN APONTE

En la misma fecha siendo las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde (02:45 p. m.), se dictó y publicó la anterior sentencia bajo el No. 10.752.-
LA SECRETARIA