REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE CONTROL

JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA Maracaibo, 31 de Mayo de 2010. 200° y 151° DECISIÓN N° 1.045-10 CAUSA N° 13C-6.511-06. En fecha 21 de diciembre de 2006, fue presentado por ante este Despacho, por la Fiscalia Octava del Ministerio Público, el ciudadano JUNIOR JAVIER GONZALEZ VARGAS, por el delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE HURTO; y a quien en esa misma fecha, le fue impuesta Medida Sustitutiva de la Privación de Libertad, de conformidad a lo establecido en el articulo 256 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual fue acordada por estar ajustada a derecho. En fecha 03 de febrero de 2010, la abogada defensora solicito el CESE DE LA MEDIDA DE COERCION impuesta, de conformidad a lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto a la fecha la Fiscalia del Ministerio Publico no ha presentado el correspondiente acto conclusivo. El Código Orgánico Procesal Penal prevé la proporcionalidad como una característica inherente a las medidas de coerción personal, al disponer: “Artículo 244. De la proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años. Excepcionalmente, el Ministerio Público o el querellante podrán solicitar al juez de control, una prórroga, que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito, para el mantenimiento de las medidas de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento, cuando existan causas graves que así lo justifiquen, las cuales deberán ser debidamente motivadas por el fiscal o el querellante. En este supuesto, el juez de control deberá convocar al imputado y a las partes a una audiencia oral, a los fines de decidir, debiendo tener en cuenta, a objeto de establecer el tiempo de la prórroga, el principio de proporcionalidad”. En este sentido, no sólo el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal no prevé una audiencia para decidir acerca del decaimiento de la medida de coerción personal y su eventual sustitución por una medida cautelar menos gravosa, sino que además, la celebración de tal acto difiere el pronunciamiento que al respecto debe dictarse, pues se trata de la duración de la medida sustitutiva de la privación judicial preventiva de libertad, pues la misma cumplió mas de dos años de vigencia, pues tuvo su inicio el 22 de diciembre de 2006 y a la fecha de hoy han transcurrido tres años y cinco meses. Por lo tanto, la sala constitucional ha indicado que cuando una medida de coerción personal, y en especial la de privación preventiva de libertad, exceda el límite de dos años, o la prórroga que excepcionalmente haya sido acordada, el juez penal debe pronunciarse sobre el decaimiento de la medida cautelar, sin realizar previamente una audiencia oral. Así se declara. Así, correspondía al Ministerio Publico concluir la investigación al término de seis meses una vez que imputo, es decir, una vez que individualice al sujeto presuntamente autor del hecho punible investigado, y siendo que el acto de imputación en el presente caso ocurrió en fecha 22 de diciembre de 2006, a la fecha de hoy han trascurrido mas de dos años de tal imputación, en razón de lo cual es procedente en derecho declarar el CESE DE LAS MEDIDA SUSTITUTIVA DE LA PRIVACIÓN que pesa sobre el ciudadano antes identificado, por haber operado la caducidad procesal del lapso que le corresponde al Ministerio Publico para presentar el correspondiente acto conclusivo, quedando a salvo la situación material correspondiente a la acción penal pues en relación a ella la misma se mantiene mientras no opere la prescripción. Y así se declara. DISPOSITIVA Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO DECIMOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ORDENA el CESE DE LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, prevista en el Artículo 256, Ordinal 3°, del Código Orgánico Procesal Penal, al ciudadano JUNIOR JAVIER GONZALEZ VARGAS, por haber transcurrido mas de tres años y cinco meses desde que se individualizo y se dicta la medida de coerción personal sin que la Fiscalia del Ministerio Publico presente el Acto Conclusivo correspondiente, de conformidad con el Artículo 244 y 313 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese esta decisión en el Libro Respectivo. Notifíquese. Remítanse las actuaciones al Archivo Central. LA JUEZ DECIMOTERCERA DE CONTROL SILVIA CARROZ DE PULGAR LA SECRETARIA, ABOG. SOLANGE VILLALOBOS En la misma fecha se registró la presente resolución bajo el Nro. 1.045-10, y se Ofició bajo el N° 2.759-10 al Departamento del Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. LA SECRETARIA ABOG. SOLANGE VILLALOBOS