Ocurrió por ante este Tribunal, la ciudadana: ANA ANGÉLICA RINCÓN DE NAVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-7.693.190, domiciliada en el Municipio Cabimas del Estado Zulia, actuando en representación de sus menores hijos, los adolescentes: (Se omiten sus nombres, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), de Diecisiete (17) y Dieciséis (16) años de edad, respectivamente, según consta de las partidas de nacimiento Nos. 74 y 819, expedidas por el Registrador Civil de la Parroquia Ambrosio del Municipio Cabimas del Estado Zulia, asistida por el Abogado en Ejercicio ARMANDO CAÑIZALEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 30.451, solicitando le sea concedida una autorización judicial que le permita la representación, administración y disposición de los bienes que le corresponden a sus menores hijos, por cantidades dinerarias que a su menores hijos le correspondan, por concepto de Prestaciones Sociales y demás conceptos laborales, así como de cualquier otro derecho que se les acredite, todo ello como consecuencia de la muerte del padre de los adolescentes de autos, ciudadano: HUGO ANTONIO NAVA ULACIO, quién era venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-7.866.565, acaecida en fecha Veinte (20) de Enero de 2.010, según se evidencia del Acta de Defunción respectiva; por lo que solicita se le autorice suficientemente para retirar, en representación de sus hijos (Se omiten sus nombres, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), las cantidades de dinero que a estos le pertenecen, en ocasión al fallecimiento de su legítimo padre, ciudadano HUGO ANTONIO NAVA ULACIO, como trabajador al servicio de La Universidad del Zulia (LUZ), para lo cual solicita se le conceda la autorización correspondiente. Dicha solicitud fue presentada por distribución en fecha Diez (10) de Mayo de 2.010, correspondiéndole conocer a esta Sala, por lo que en fecha Trece (13) de Mayo de 2.010, se le da entrada y se admite cuanto ha lugar en derecho la presente solicitud, ordenándose la notificación del Fiscal Trigésimo Sexto (36º) del Ministerio Público del Estado Zulia. Por auto de fecha Veintisiete (27) de Mayo de 2.010, se agregó a las actas del presente expediente, la Boleta de Notificación de la Fiscal Trigésima Sexta (36º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, debidamente firmada. CONSTA EN ACTAS: Expediente No. Sol-2U-3858-10, contentivo de la Solicitud de Declaración de Únicos y Universales Herederos, llevada por ante este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, Juez Unipersonal No. 02, el cual contiene: A) Copia Certificada del Acta de Defunción No. 90, correspondiente al ciudadano HUGO ANTONIO NAVA ULACIO, expedida por el Registrador Civil de la Parroquia Ambrosio del Municipio Cabimas del Estado Zulia; B) Copia Certificada del Acta de Matrimonio No. 542, correspondiente a los ciudadanos: HUGO ANTONIO NAVA ULACIO y ANA ANGELICA RINCÓN MONTERO, expedida por el Registrador Civil del Municipio Cabimas del Estado Zulia; C) Justificativo de Testigos evacuado por ante la Notaría Pública Segunda de Cabimas; D) Copias Certificadas de las Actas de Nacimiento Nos. 2210, 432, 187 y 1538, correspondiente a los ciudadanos HUGO ALBERTO, ANA ALEJANDRA, PEDRO LUIS y DANIEL DAVID NAVA RINCÓN, expedidas por las autoridades competentes del registro civil; E) Copias Certificadas de las Actas de Nacimiento Nos. 74 y 819, correspondiente a los adolescentes (Se omiten sus nombres, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), expedidas por las autoridades competentes del registro civil; E) Sentencia Interlocutoria No. 0286-10, dictada en fecha 24 de Marzo de 2.010, por este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, Juez Unipersonal No. 02, mediante la cual se declaró a los adolescentes (Se omiten sus nombres, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), y a los ciudadanos ANA ANGELICA RINCÓN MONTERO, HUGO ALBERTO, ANA ALEJANDRA, PEDRO LUIS y DANIEL DAVID NAVA RINCÓN, como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS del ciudadano HUGO ANTONIO NAVA ULACIO. Siendo la oportunidad hábil para dictar sentencia, se pronuncia la misma en los siguientes términos: El Artículo 267 del Código Civil establece que: “El padre y la madre que ejerzan la patria potestad representan en los actos civiles a sus hijos menores y aun simplemente concebidos, y administran sus bienes. Para realizar actos que excedan de la simple administración, tales como hipotecar, gravar, enajenar muebles o inmuebles, renunciar a herencias, aceptar donaciones o legados a cargas o condiciones, concertar divisiones, particiones, contratar prestamos, celebrar arrendamientos o contratos de anticresis por más de tres (3) años, recibir la renta anticipada por más de un (1) año, deberán obtener la autorización judicial del Juez de Menores. Igualmente se requerirá tal autorización para transigir, someter los asuntos en que tengan interés los menores a compromisos arbítrales, desistir del procedimiento, de la acción o de los recursos en la representación judicial de los menores. Tampoco podrán reconocer obligaciones ni celebrar transacciones, convencimientos o desistimientos en juicio en que aquéllas se cobren, cuando resulten afectados intereses de menores, sin la autorización Judicial. La autorización judicial solo será concedida en caso de evidente necesidad o utilidad para el menor, oída la opinión del Ministerio Público. El Juez podrá, asimismo, acordar la administración de todos o parte de los bienes y la representación de todos o partes de los intereses de los hijos a uno solo de los padres, a solicitud de éste, oída la opinión del otro progenitor y siempre que así convenga a los intereses del menor.” Igualmente el Artículo 269 del Código Civil establece que: “La autorización Judicial, en los casos contemplados en el artículo 267 se concederá a solicitud de cualquiera de los progenitores que ejerza la patria potestad y previa notificación del Ministerio Público. El Juez de menores no dará esta autorización sin examinar detenidamente el caso en sí y en sus antecedentes y después de haber oído al otro progenitor y al hijo cuando tenga más de dieciséis (16) años; y, teniendo en consideración la inversión que haya de darse a los fondos pertenecientes al hijo, tomará las precauciones que estime necesarias y si así no lo hiciere, será responsable de los perjuicios que se ocasionen. Contra la resolución del Tribunal que niegue la autorización solicitada, se oirá apelación libremente dentro de los tres (3) días después de dictada” Ahora bien, por cuanto la solicitante está obligada a obrar por sus menores hijos en todos los actos de administración de sus bienes y por cuanto entre estos actos se encuentran los de gestionar o recibir cantidades de dinero que a los mismos les corresponda, este Tribunal encuentra procedente la autorización solicitada. ASÍ SE DECLARA.-