REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE SDE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. EXTENSIÓN CABIMAS JUEZ UNIPERSONAL N° 01 EXPEDIENTE: 1U-S-1122-05 MOTIVO: AUTORIZACION PARA VIAJAR PARTE SOLICITANTE: ANA GABRIELA MAURY MORALES. ABOGADO ASISTENTE: ANTONIO PABON, inscrito en el Inpreabogado bajo el No.47.749. CAUSANTE: ANRO GERALD BRACHO ROJAS. NIÑA: SE OMITE EL NOMBRE DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LOPNNA. PARTE NARRATIVA Ocurrió por ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la ciudadana ANA GABRIELA MAURY MORALES, venezolana, mayor de edad, portadora de la Cédula de Identidad No. 14.901.186, antes identificada, a los fines de solicitar AUTORIZACION PARA VIAJAR, contra el ciudadano ANRO GERALD BRACHO ROJAS venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 14.266.767, alegando que presenta problemas con su esposo el ciudadano ANRO GERALD BRACHO ROJAS, antes identificado; y el mismo se niega rotundamente a darle su autorización para que su hija viaje con ella hacia la Republica Dominicana. En virtud de ello es que solicita el correspondiente permiso para poder viajar con su hija a la República Dominicana de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en su artículo 393 en concordancia con lo establecido en el artículo 8 ejusdem. Una vez efectuada la distribución, le correspondió el conocimiento al Juez Unipersonal No.1, dándole el curso de Ley, asignándole el No. 1U-S-1122-05. Consta en actas: • Copia certificada del acta de nacimiento de la niña de autos. • Copia fotostática de la cédula de identidad de la solicitante. • Notificación de la Representante del Ministerio Público Especializado. • Auto de avocamiento de este Juez Unipersonal No.1 Se evidencia de las actas procesales que desde que el día 26 de julio de 2005, no ha habido ninguna actuación de las partes en la presente causa. Con ese antecedente, esté órgano Jurisdiccional pasa a decidir con la siguiente consideración: PARTE MOTIVA Esta Sentenciadora pasa de seguidas a analizar las disposiciones legales referidas a la perención de la instancia, a la luz del Código de Procedimiento Civil, los cuales disponen: Artículo 267 cpc: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención Artículo 268 cpc; “La perención procede contra la Nación, los Estados y las Municipalidades, los establecimientos públicos, los menores y cualquiera otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes, salvo el recurso sobre su representante” Artículo 269 cpc: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquier de los casos del artículo 267, es apelable libremente” La institución de la perención de la instancia no está regulada expresamente en la Ley Orgánica para la protección del niño y del adolescente, de tal forma, que deben aplicarse supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil. El autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Código de Procedimiento Civil Tomo II”, considera con respecto a la perención de la instancia: “El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. (Después de un período de inactividad procesal prolongado el Estado entiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal)” “La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uyi singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir” La autora y jurista Margelys Guevara Velásquez en su artículo titulado “Análisis de jurisprudencias de las Cortes Superiores de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente en la obra “Segundo año de vigencia de la Ley Orgánica para la protección del niño y del adolescente. Terceras Jornadas sobre la LOPNA, refiere: “Ahora bien, se evidencia del contenido del artículo 268 del Código de Procedimiento, trascrito con anterioridad, la intención del legislador de no exceptuar de la institución procesal de la Perención de la Instancia, aquellos procedimientos donde estén involucradas personas que no hubiesen alcanzado la mayoría de edad” De los artículos antes transcritos y de la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se hace preciso determinar si en el presente caso se han configurado los presupuestos procesales que hagan procedente la declaratoria perención de la instancia en virtud de la inactividad procesal anual, en este sentido, se evidencia de las actas procesales que la parte actora no ha realizado ninguna actuación desde el día 26 de julio de 2005, pues bien, de un simple computo se desprende que hubo inactividad procesal por mas de un año, en consecuencia esta Juzgadora acoge el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por lo tanto debe declararse la perención de la instancia. Así se declara. En este orden de ideas, el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República y en la jurisprudencia transcrita se sostiene que la negligencia de las partes no puede ser premiada manteniendo el demandado sujeto a un juicio pues ello contraviene el debido proceso y la propia finalidad del mismo, en consecuencia, por ser el debido proceso una garantía de carácter constitucional, es procedente la declaratoria de la perención de la instancia. PARTE DISPOSITIVA Por los fundamentos antes expuestos este Juez Unipersonal No. 1 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, extensión Cabimas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: Consumada la perención y extinguida la instancia en la presente solicitud de AUTORIZACION PARA VIAJAR, intentada por la ciudadana ANA GABRIELA MAURY MORALES, a favor de su hija SE OMITE EL NOMBRE DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LOPNNA Publíquese, regístrese notifíquese y déjese copia certificada por secretaria. Dada, Firmada y sellada por el Juez Unipersonal Nº 1, del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, extensión Cabimas. En Cabimas, a los veintiséis (26) días del mes de mayo del 2010. Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación. El Juez Profesional Unipersonal No.1, Abog. Esp. Carlos Luis Morales García El Secretario Abog. Omar Saavedra Machado En la misma fecha siendo la una y cuarenta y nueve minutos de la tarde (1:49 pm), se publicó la presente sentencia interlocutoria bajo el Nº 591-10.- El Secretario Abog. Omar Saavedra Machado CLMG/wl.- EXP: 1U-S-1122-05