TSJ Regiones - Decisión

Exp. No. 39.799

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
(EN SEDE CONSTITUCIONAL)
Maracaibo, 21 de mayo de 2010
200° y 151°
EXPEDIENTE: 39.799
PARTE DEMANDANTE: ZULAY COROMOTO MONTAÑO GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, estudiante, titular de la cédula de identidad No.15.531.524 y domiciliada en el Municipio La cañada de Urdaneta del estado Zulia.
PARTE DEMANDADA: OMAIRA PARRA, venezolana, mayor de edad, licenciada.
MOTIVO: RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL
FECHA: 20/02/2001.
I
PARTE NARRATIVA
Ocurre por ante este órgano jurisdiccional la ciudadana ZULAY COROMOTO MONTAÑO GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, estudiante, titular de la cédula de identidad No.15.531.524 y domiciliada en el Municipio La cañada de Urdaneta del estado Zulia debidamente asistida por el abogado en ejercicio DANIEL OLMOS TORRES, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el No.25.457 y de este domicilio, para interponer formal RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL, en contra de la ciudadana OMAIRA PARRA, venezolana, mayor de edad, licenciada y de este domicilio, con el carácter de Directora de la UNIDAD EDUCATIVA ANDRES MATA.
Por auto de fecha 20 de febrero de 2001, este órgano jurisdiccional admitió en cuanto ha lugar en derecho el presente recurso ordenándose citar a la presunta parte agraviante, previa notificación del Fiscal del Ministerio Publico del estado Zulia, luego de lo cual, se procedería a fijar fecha y hora para la realización de la audiencia constitucional, pública y oral.
DE LA COMPETENCIA

El Tribunal resulta competente para conocer del presente recurso por ser un tribunal de primera instancia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucional presuntamente violado o amenazado de violación, tal como lo estable el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se establece.

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Expuestos los hechos suscitados en la presente causa, pasa esta juzgadora a analizar la figura del abandono de trámite como forma o modo atípico de terminación del proceso de amparo constitucional.
En este sentido, los autores Bello y Jiménez (2006), se refieren a la misma como la “forma anormal de terminación del proceso que se produce cuando han transcurrido más de seis (6) meses sin actividad de parte y el proceso se paraliza por falta de impulso”.
Con el objeto de motivar la decisión a ser proferida, cabe traer a colación decisión Nº 982, de fecha 6 de junio de 2001, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso: J. V. Arenas en amparo, expediente Nº 00-0562, con la ponencia del Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz, la cual es del tenor siguiente:

(...Omissis...)
“..Según estatuye el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil...el Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión. Sin embargo, según reconoce la misma norma, la causa puede quedar paralizada, sin actividad, de forma tal que hace cesar la permanencia a derecho de las partes.
Tal inactividad, en el marco del proceso breve, sumario y eficaz del amparo, permite presumir que las partes han perdido interés en que se protejan sus derechos fundamentales por esta vía, lo que produce un decaimiento del interés procesal en que se administre la justicia acelerada y preferente (ex artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) que proporciona el amparo constitucional.
En efecto, el interés procesal es la posición del actor frente a la jurisdicción para obtener de ella la satisfacción de su necesidad de tutela; éste interés subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso.
La falta inicial de esta “necesidad de tutela” (interés procesal) impide el juicio sobre el mérito de la pretensión del actor y por ello se sanciona con la declaratoria de inadmisibilidad de la pretensión,...” (...Omissis...).
“...la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso... También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia.” (...Omissis...). “En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono de trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.” (..Omissis...). “En criterio de la Sala, el abandono de trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías y Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a éste medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes.” (...Omissis...).
“...el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma, y por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquella situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales.” (...Omissis...).
“..., a pesar de que el dictado de la providencia que libró la orden de notificación coloca el peso de la reanudación del procedimiento en cabeza del Tribunal, esta circunstancia no releva al actor, supuestamente urgido de la tutela constitucional, de su carga de tomar conocimiento de la causa y de actuar en el procedimiento a través del cual pretendía, ante la falta de idoneidad de las vías ordinarias de protección constitucional, el restablecimiento urgente de una determinada situación jurídica todavía reparable. En este sentido, tal conducta del presunto agraviado, conduce a presumir que el interés procesal respecto de éste medio particular de protección de los derechos fundamentales decayó y que la inactividad no debe premiarse manteniendo vivo un proceso especial en el cual las partes no manifiestan interés. (Cfr. s. SC. Nº 363, 16-05-00)”. (...Omissis...).
“De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión, o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y con ello, la extinción de la instancia. Así se declara. (...Omissis...)” (Negrillas de esta Jurisdicente Superior).

Decisión ésta que ha sido confirmada de forma reiterada y constituye el criterio imperante por la doctrina constitucional de nuestro Máximo Tribunal de Derecho, la cual dado su carácter vinculante, debe impretermitiblemente ser acogida por ésta Jurisdicente. Y ASÍ SE DETERMINA.

En efecto, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece textualmente:

“Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de inminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.
El desistimiento malicioso o el abandono del trámite por el agraviado será sancionado por el Juez de la causa o por el Superior, según el caso, con multa de Dos Mil Bolívares (Bs. 2.000,oo) a Cinco Mil Bolívares (Bs. 5.000,oo).” (Negrillas de este Tribunal Superior).

Resulta igualmente oportuno citar lo expuesto por el autor Freddy Zambrano, en su obra “El Procedimiento de Amparo Constitucional” Tercera Edición, Caracas 2007, págs. 412 y 413, en los siguientes términos:

(…Omissis…)
“La Sala Constitucional, con sobrada razón, ha estimado que la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales por más de seis meses, entraña el consentimiento tácito de la misma; y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener la protección acelerada y preferente de la vía del amparo constitucional, por lo que resulta lógico que, el hecho de soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite. (…).”
(…Omissis…)

De manera que, analizando el caso sub iudice, evidencia esta operadora de justicia de las actas del expediente de autos, que ordenada como fue la citación de la ciudadana OMAIRA PARRA, venezolana, mayor de edad, licenciada, como Directora de la UNIDAD EDUCATIVA ANDRES MATA a los fines de la fijación de la audiencia pública y oral, no se constata que dentro de los seis (06) meses siguientes a la fecha de la admisión de la demanda, la parte demandante bien con la asistencia legal requerida o a través de sus apoderados judiciales hayan impulsado el presente recurso en el sentido de notificar en primer término al órgano del ministerio público que resultare competente, para así pasar a gestionar la citación de la presunta agraviante, donde cabe resaltar que hasta la presente fecha la representación del Ministerio Público no se encuentra notificada de la presente acción de amparo constitucional.
En consecuencia, tomando en cuanta los precedentes fácticos, y fundamentalmente en los presupuestos de derecho y criterios jurisprudenciales antes transcritos, esta jurisdicente actuando en sede constitucional, estima que la aludida falta absoluta de actividad procesal, por parte de la parte querellante de autos, durante un período de seis (6) meses, evidenciada en la falta de impulso de notificación de la parte querellada en la notificación de la representación del órgano del ministerio público, de forma previa a la citación de la parte querellada, necesaria para la fijación de la audiencia constitucional oral y pública, situación que configura el abandono del trámite, establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales del procedimiento sub iudice. Y ASÍ SE DECLARA.

IV
DISPOSITIVO
Por los fundamentos expuestos este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, (en Sede Constitucional), en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: LA EXTINCIÓN POR ABANDONO DEL TRÁMITE en el presente RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL, propuesto por la ciudadana ZULAY COROMOTO MONTAÑO GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, estudiante, titular de la cédula de identidad No.15.531.524 y domiciliada en el Municipio La cañada de Urdaneta del estado Zulia, contra de la ciudadana OMAIRA PARRA, venezolana, mayor de edad, licenciada.

No hay condenatoria en costas, de conformidad con el artículo 33 Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los veintiún (21) días del mes de mayo de dos mil diez (2010). Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
LA JUEZ:

Abog. HELEN NAVA DE URDANETA MSc

LA SECRETARIA:

Abog. LAURIBEL RONDÓN ROMERO

En la misma fecha, siendo las once y treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.), hora de despacho, se dictó y publicó el anterior fallo, quedando anotado bajo el Nº 2414-2010 del libro de sentencias llevado por este juzgado.

LA SECRETARIA:

Abog. LAURIBEL RONDÓN ROMERO

HNdeU/ymf.