REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO QUINTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 200° y 151° PARTE DEMANDANTE: Ciudadano SILVESTRE QUINTERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 119.410, domiciliado en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Ciudadanos TEODOLINDO MARTÍNEZ NAVA y RUBEN OVALLES MORALES, inscritos en el Inpre-Abogado bajo los Nros. 16.444 y 19.434, respectivamente. PARTE DEMANDADA: Ciudadano ANTONIO RAMON ESCOBAR ROQUE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.970.980, domiciliado en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia. MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES POR EL PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN EXPEDIENTE: 1956-09 -I- NARRATIVA Se inicia la presente causa mediante libelo de demanda introducido ante la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos del Estado Zulia, y en virtud de la correspondiente distribución de fecha 09 de marzo de 2009, fue asignado su conocimiento, sustanciación y decisión a este Juzgado Quinto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Admitida la demanda en fecha 12 de marzo de 2009, por el procedimiento de intimación, el Tribunal ordenó emplazar a la parte demandada para que pague a la parte actora dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a su intimación, la cantidad de cuatro mil bolívares (Bs.4.000,oo) o en su defecto haga oposición al pago. En fecha 24 de marzo de 2009, el profesional del derecho, ciudadano TEODOLINDO MARTÍNEZ NAVA, antes identificado, consignó los emolumentos necesarios para la práctica de la intimación acordada, y el alguacil del Tribunal expuso haber recibido los emolumentos necesarios para la práctica de la misma. En fecha 30 de marzo de 2009, la Secretaria dejó constancia que se libraron los recaudos de intimación al ciudadano ANTONIO RAMÓN ESCOBAR ROQUE, plenamente identificado, e hizo entrega de los mismos al Alguacil de este Juzgado. En fecha 7 de mayo de 2009, el Alguacil del Tribunal consignó los recaudos de intimación, por cuanto fue imposible practicar la intimación personal del demandado, ciudadano ANTONIO RAMÓN ESCOBAR ROQUE, plenamente identificado, siendo ésta la última actuación en las actas procesales. -II- MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Ahora bien, en virtud de lo antes transcrito, este Tribunal previamente estima realizar las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico: Observa este Tribunal que desde el 7 de mayo de 2009, hasta la presente fecha, no se ha ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, a fin de que la causa continuará su curso legal, evidenciándose así la falta de interés del demandante en el perfeccionamiento de la relación jurídica procesal, y en virtud que ha transcurrido más de un (1) año, desde que el alguacil consignó los recaudos de intimación por cuanto no fue posible practicar la intimación personal del intimado, es por lo que, forzosamente este Despacho debe concluir que, en el caso de autos ha operado la perención que hace referencia el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. Asimismo, establece el artículo 269 eiusdem, lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.” Es a través del proceso que se ejerce el poder de acción y se deduce la pretensión, la cual, consiste en la reclamación frente a otro u otros sujetos de un determinado bien de vida. En este sentido, como en el proceso se deduce la pretensión, la cual está dirigida a un sujeto distinto de aquél que la deduce, para que esa pretensión pueda ser satisfecha es indispensable que se entable la relación jurídica procesal, lo cual se logra a través de la citación del demandado. Es por ello que, los actos que debe efectuar el actor, tendientes a que el órgano jurisdiccional pueda citar al demandado no son deberes u obligaciones procesales, sino que constituyen cargas procesales. Aceptar lo contrario conllevaría, tácitamente, a la aceptación que no existe interés en la propia pretensión deducida o en convenir acerca de que pueden deducirse pretensiones carentes de fundamentación, lo cual desnaturaliza el proceso. Realizadas como han sido tales consideraciones, es forzoso para esta Juzgadora concluir que, el supuesto de hecho establecido en el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra verificado en el presente caso, por cuanto se aprecia que ante la existencia del proceso, correspondía a la parte interesada impulsar el procedimiento para que el mismo continuará y se cumplieran las distintas etapas del juicio y cumplir con las cargas procesales tendientes a lograr la intimación de la parte demandada, siendo que en el caso que nos ocupa los apoderados judiciales de la parte actora como auxiliares de justicia debieron darle impulso procesal a la intimación cartelaria del demandado, de conformidad con lo establecido en el artículo 650 del Código de Procedimiento Civil, a fin de que el Juez pudiera impartir la orden correspondiente, ya que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir el mismo y en virtud que, desde el 7 de mayo de 2009, fecha en que fue consignado en autos los recaudos de intimación por el alguacil del Tribunal hasta la presente fecha, ha transcurrido holgadamente el tiempo que establece la ley de un año (1), sin que en la presente causa se haya ejecutado ningún acto de procedimiento entre las partes, por lo que se considera perimida la instancia, y así se declara. -III- DISPOSITIVO Por los razonamientos de hecho y los fundamentos de derecho antes expuestos, este JUZGADO QUINTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 en concordancia con lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Notifíquese. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En Maracaibo, a los veintiuno (21) días del mes de mayo de dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación. LA JUEZ TITULAR XIOMARA REYES LA SECRETARIA TITULAR, MARIELIS ESCANDELA En esta misma fecha, se registró y publicó la anterior decisión, siendo las doce y cinco (12:05) minutos de la tarde. LA SECRETARIA TITULAR, MARIELIS ESCANDELA XR/gb.