Acuden por ante este Tribunal de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede en Cabimas, los ciudadanos DOUGLAS ENRRIQUE FUENTES ZULETA y ANA ROSA MOLLEJA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nos. V-5.104.459 y V-13.131.896, respectivamente, domiciliados en el Municipio Lagunillas del Estado Zulia, asistidos por la Abogada en Ejercicio HERMINIA PEREZ ALVARADO, Inpreabogado No. 25.568, para solicitar AUTORIZACION PARA VENDER, en representación de los niños y/o adolescentes (CUYOS NOMBRES SE OMITEN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGANCIA PARA LA PROTECCION DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE).
Presentada la solicitud, correspondió por distribución conocer de la presente causa a este Tribunal, por lo que en fecha Dos (02) de Julio de 2.004, se admitió la demanda, ordenándose lo conducente entre ello la notificación de los ciudadanos DOUGLAS ENRRIQUE FUENTES ZULETA y ANA ROSA MOLLEJA y la notificación del Fiscal Trigésimo Sexto (36°) del Ministerio Público del Estado Zulia.
Por auto de fecha Quince (15) de Julio de 2.004, se agrego Boleta de Notificación del Fiscal 36º del Ministerio Público, debidamente firmada.
Por auto de fecha Cuatro (04) de Agosto de 2.004, se agregó escrito presentado por la Fiscal 36º del Ministerio Público, mediante el solicita se provea lo conducente a los fines de oficiar a la empresa Ducolsa, para que informen si el inmueble objeto de la presente solicitud, se encuentra incluido en el Plan de Adjudicación de Viviendas, lo cual se acordó por auto de fecha 10 de Agosto del 2.004.
En fecha Diecinueve (19) de Mayo de 2.008, comparecieron los ciudadanos DOUGLAS ENRRIQUE FUENTES ZULETA y ANA ROSA MOLLEJA, asistidos por la Abogada en Ejercicio NELLY CORNWALL, a darse por notificados del auto de fecha 02 Julio 2.004.
En fecha Dos (02) de Junio de 2.008, día fijados para la comparecencia de los ciudadanos DOUGLAS ENRRIQUE FUENTES ZULETA y ANA ROSA MOLLEJA, en compañía de los niños y/o adolescentes (CUYOS NOMBRES SE OMITEN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGANCIA PARA LA PROTECCION DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE), a los fines de que emita su opinión, no encontrándose presentes los mencionados ciudadanos ni por si, ni por medio de Apoderado Judicial.
En fecha Dos (02) de Junio de 2.008, compareció la ciudadana ANA ROSA MOLLEJA, asistida por el Abogado en Ejercicio CORRADO BRUNO, y solicita nueva oportunidad para oír la opinión de sus hijos, lo cual se acordó por auto de fecha 30 de Junio de 2.008.
Por auto de fecha Treinta (30) de Junio de 2.008, se acordó notificar a la Fiscal 36º del Ministerio Público, a los fines de que emita su opinión en la presente causa.
Por auto de fecha Siete (07) de Agosto de 2.008, se agrego escrito presentado por la Fiscal 36º del Ministerio Público, mediante el cual expone: “…de la revisión practicada a las actas que conforman el expediente que nos ocupa, se verifica que aún no se ha dado cumplimiento a lo acordado por ese Tribunal mediante auto de fecha 30 de Junio del corriente año, en el sentido de que comparezcan los ciudadano antes identificados , en compañía de sus hijos (CUYOS NOMBRES SE OMITEN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGANCIA PARA LA PROTECCION DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE).
Por auto de fecha Doce (12) de Agosto de 2.008, se agregó Boleta de Notificación del Fiscal 36º del Ministerio Público, debidamente firmada.
El Tribunal pasa a revisar las actas que conforman este expediente a fin de verificar si existe la perención de la instancia por cuanto esta puede ser declarada de oficio, por lo que observa:
El artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido establece: “Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales. Cuando la Ley no señale la forma para la realización de algún acto, serán admitidas todas aquellas que el Juez considere idóneas para lograr los fines del mismo”.
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil regula la Perención de la Instancia y establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extinguirá la Instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.
2° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
3° Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla
El artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, dispone que para proponer la demanda debe tener el actor interés jurídico. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia se ha orientado a considerar que dicho interés debe conservarse a todo lo largo del proceso. Así la sala Constitucional en sentencia No.1.119 del 25 de Junio de 2001, con ponencia del Magistrado Jesús Enrique Cabrera, caso: Silvio Alterio, ha señalado:
“…Siguiendo la doctrina de la Sala, procede la perención de la instancia cuando tal inactividad ocurre prolongadamente antes de los informes, sin que cause avance, ya que los actos sucesivos que automáticamente y oportunamente debían cumplirse, no se cumple y el proceso queda paralizado, por lo que para continuarlo se requiere el impulso de al menos una de las partes, y la reconstrucción a derecho de la otra.
…Tal inactividad, además, hace presumir que la parte accionante no tiene interés en que se administre la justicia, por lo que existe un decaimiento de la acción. Ello es el reconocimiento de que el accionante ha renunciado, al menos respecto a esa causa, a la tutela judicial efectiva y al derecho de una pronta decisión (Omissis) “
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremote Justicia, con ponencia de la Magistrada Yolanda Jaime de Guerrero, en sentencia No.626 publicada en fecha 29 de Abril de 2003, en el juicio seguido por RUTH DAMARIS MARTINEZ LEZAMA contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, expediente No.14.648, señaló.:
“…Ha sido pacifico y reiterado el criterio conforme al cual la perención de la instancia, constituye un medio de terminación procesal que opera por la inactividad de las partes, es decir, la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso (Omissis)
Partiendo de la premisa anterior y siendo que la perención de la instancia es declarada de oficio.
En consecuencia, habiendo transcurrido más de Un (01) año, contado a partir de la fecha Treinta (30) de Junio de 2.008, fecha en la que se dicto auto para escuchar la opinión de los niños de autos, habiendo transcurrido un lapso superior al año previsto en el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil. Por lo expuesto este Tribunal declarará en el dispositivo de la presente decisión la extinción de la instancia por efecto de la perención de la instancia, producto de la inactividad de las partes, desde el Treinta (30) de Junio de 2.008. ASI SE DECIDE.-
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