República Bolivariana de Venezuela En su nombre: Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Circunscripción Judicial del Estado Zulia Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 4 Expediente: 16893. Causa: Fijación de Régimen de Convivencia Familiar. Demandante: Edward Enrique Rincón Parra. Apoderados judiciales: Melquíades Peley, Nilza Rincón Fernández y Celina Sánchez Ferrer. Demandada: Nataly Chiquinquirá Davalillo Pomares. Apoderados judiciales: Julio César Álvarez, Sylvia V. Romero Jiménez, Claudia Castillo, Andreina Sánchez y Alexys Rodríguez. Niña: (se omite el nombre de los niños, niñas y/o adolescentes por razones de confidencialidad). PARTE NARRATIVA Revisadas las actas, se observa que en escrito de fecha 12 de marzo de 2010, el abogado MELQUIADES PELEY, inscrito en el inpreabogado bajo el No. 37.885, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano EDWARD ENRIQUE RINCÓN PARRA, titular de la cédula de identidad No. V.-13.781.130, solicitó se fije un régimen de convivencia familiar provisional en beneficio de la niña (se omite el nombre de los niños, niñas y/o adolescentes por razones de confidencialidad). En tal sentido, se ordena la apertura de la pieza de medidas, otorgándole la misma numeración de la pieza principal. Con esos antecedentes, este Juzgador pasa a analizar la procedencia o no de la medida solicitada. PARTE MOTIVA El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, dispone textualmente lo siguiente: “Las medidas preventivas establecidas en este Titulo las decretara el Juez, solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.” La parte que solicite las medidas cautelares, deberá demostrar al Tribunal, los extremos que en doctrina se han denominado “FOMUS BONIES IURES” y “PERICULUM IN MORA”; vale decir, la presunción del buen derecho y el peligro en la mora; considerando que para poder decretar las medidas solicitadas, es necesario llenar los extremos exigidos en el artículo up supra y así poder demostrar al Juez, la presunción del derecho que se reclama; que es el derecho que la parte tiene y el peligro en la mora, el hecho de que el juicio se prolongue en el tiempo pudiendo hacerse ilusorio, para que el Juez pueda en base a ello, decretar la medida que se le esta solicitando; razón por la cual al momento de decretar las medidas pertinentes, se realiza con la finalidad de prevenir un daño y asegurar las resultas de un litigio. Ahora bien, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es clara al indicar que el derecho de régimen de convivencia familiar no solo involucra el derecho de los padres de ver y compartir con sus hijos, sino también el derecho del hijo a convivir con ambos padres, tal como lo dispone el artículo 27 del referido texto legal, razón por la cual, los progenitores deben asumir la convicción de que a pesar de las diferencias individuales y personales que ocasionaron su separación como pareja, ambos deben participar en el cuidado y atención de todas las obligaciones que comprende la patria potestad, es decir, tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a su hija, tal como lo dispone el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; por lo tanto se debe demostrar el incumplimiento por parte de la progenitora de lo antes expuesto, para la presunción del buen derecho o Fomus Bonies Iures y la procedencia de las medidas. Por su parte, el periculum in mora el cual debe demostrar la parte en el presente caso, se basa en la urgencia que tiene la demandada porque exista peligro, que de no decretarse la medida, esta quede ilusoria y se produzca un daño en el derecho que la parte solicita, tal como lo sería el peligro de que la niña no pueda mantener, de forma regular y permanente, relaciones personales y contacto directo con su padre. En ese sentido, los artículos 385 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y 9 de la Ley Aprobatoria de la Convención sobre Derechos del Niño, son enfáticos al señalar: Artículo 385: “El padre o la madre que no ejerza la Patria Potestad, o que ejerciéndola no tenga la responsabilidad de Custodia del hijo o hija, tiene derecho a la convivencia familiar, y el niño, niña o adolescente tiene este mismo derecho.” Artículo 9: “Los estados partes respectaran el derecho del niño, que esté separado de uno o de ambos padres, a mantener relación personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo cuando sea contrario al interés superior del mismo.” En concordancia con lo dispuesto en el artículo 387 de la Ley Especial, que reza: “El Régimen de Convivencia Familiar debe ser convenido de mutuo acuerdo entre el padre y la madre, oyendo al hijo o hija. De no lograrse dicho acuerdo, cualquiera de ellos o el hijo o hija adolescente, podrá solicitar al juez o jueza que fije el Régimen de Convivencia Familiar, quien decidirá atendiendo al interés superior de los hijos e hijas. La decisión podrá ser revisada a solicitud de parte, cada vez que el bienestar del niño, niña o adolescente lo justifique…” De la disposición legal antes transcrita, se puede apreciar notablemente que la medida es de carácter preventivo anticipado no cautelar. Estas tienen un carácter proteccionista, tendiente a evitar o hacer cesar una situación dañosa o lesiva de la niña de autos. Su carácter no es patrimonial, ya que no garantizan la ejecución del fallo; sino que por medio de su decreto se pretende evitar un daño o hacer cesar la continuación de un daño. La Dra. Georgina Morales, en la obra “Introducción a la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente” Publicaciones UCAB, Caracas, 2001, pág. 289, expone lo siguiente: “El derecho de visitas constituye la garantía para el niño de conservar a sus dos padres luego de ocurrida una separación, lo cual implica que la frecuentación con ambos sea, en la medida de lo posible, casi igual. Su contenido es por lo tanto ilimitado ya que padre e hijo se necesitan aunque residan separados.” En ese sentido, la exposición de motivos de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, al expresar las razones que motivaron el cambio de denominación de esta institución familiar de “visitas” a “régimen de convivencia familiar”, consagra que el derecho a mantener relaciones personales y contacto directo de forma regular y permanente con los padres, no solo involucra a éstos sino que se extiende a terceros como familiares o personas significativas en la crianza del niño, niña y/o adolescente, lo cual persigue “…subrayar la importancia de las relaciones de cercanía y proximidad de los niños, niñas y adolescentes con sus personas queridas, las cuales no deben considerarse como simples ‘visitas’…” En el presente caso, existe un riesgo manifiesto de que la niña de autos no pueda mantener contacto directo y relaciones personales con su progenitor, razón por la cual, este Tribunal, con fundamento en los Principios de Prioridad Absoluta e Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes, consagrados en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, considera procedente la medida provisional de régimen de convivencia familiar solicitada, la cual se expresará en la parte dispositiva de este fallo. Así se declara. PARTE DISPOSITIVA DECISIÓN Este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio - Juez Unipersonal No. 4, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, decreta: a) Medida de provisional de régimen de convivencia familiar, a favor de la niña (se omite el nombre de los niños, niñas y/o adolescentes por razones de confidencialidad), quedando establecido de la siguiente manera: el progenitor podrá compartir con la niña los días martes y jueves de cada semana, en un horario comprendido de cinco de la tarde (05:00 p.m.) a siete de la noche (07:00 p.m.), siendo el abuelo paterno el responsable de retirar y reintegrar a la niña al hogar materno en el horario establecido. Con respecto a los fines de semana, el progenitor podrá ver a su hija los días sábado en un horario comprendido de dos a seis de la tarde (02:00 p.m. a 06:00 p.m.), debiendo ser la niña retirada del hogar materno y reintegrada a la hora señalada por parte del abuelo paterno. El día del padre la niña compartirá con su progenitor. Advirtiendo este sentenciador que el artículo 386 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, textualmente expresa lo siguiente: “La convivencia familiar puede comprender no sólo el acceso a la residencia del niño, niña o adolescente, sino también la posibilidad de conducirlo a un lugar distinto al de su residencia, si se autorizare especialmente para ello al interesado o interesada en la convivencia familiar. Asimismo, pueden comprender cualquier otra forma de contacto entre el niño, niña o adolescente y la persona a quien se le acuerda la convivencia familiar, tales como: comunicaciones telefónicas, telegráficas, epistolares y computarizadas.” Para la ejecución de dicha medida, se comisiona suficientemente al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Mara, Almirante Padilla y Páez de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a quien se ordena librar despacho de comisión y oficiar. b) Por cuanto se evidencia del acta de nacimiento No. 770, que la niña (se omite el nombre de los niños, niñas y/o adolescentes por razones de confidencialidad) cuenta con tres (3) años de edad a la presente fecha, este Tribunal, tomando en consideración los hechos expuestos por ambas partes, y en aras de garantizar el derecho a opinar y ser oída de la niña de autos, consagrado en el artículo 80 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, acuerda oficiar al Equipo Multidisciplinario adscrito al Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con el objeto de que se sirva escuchar la opinión de la niña antes mencionada, a través de los medios idóneos en virtud de su corta edad, en la sede de este Tribunal, al segundo día de Despacho siguiente a la constancia en actas del recibo del respectivo oficio, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), para lo cual se insta a la ciudadana NATALY CHIQUINQUIRÁ DAVALILLO POMARES a comparecer por ante este Despacho, en compañía de la niña, el día y a la hora antes señalada. Así se decide. Publíquese, regístrese, ofíciese y líbrese despacho de comisión. Déjese copia certificada por secretaría conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio - Juez Unipersonal No. 4, a los 16 días del mes de marzo de 2010. 199° de la Independencia y 151° de la Federación. El Juez Unipersonal No. 4 Abog. Marlon Barreto Ríos La Secretaria Abog. Lisbeth Zerpa García En esta misma fecha, se registró y publicó la anterior sentencia interlocutoria bajo el No.106, y se ofició bajo los Nos. 10-884 y 10-885. La Secretaria. MBR/kpmp.