REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
SALA DE JUICIO – JUEZA UNIPERSONAL No.2
EXPEDIENTE: No. 7436
CAUSA: REVISION DE SENTENCIA (ALIMENTO)
PARTES: DEMANDANTE: LUCIA JOSEFINA BOLOGNA RODRIGUEZ
DEMANDADO: RAFAEL ANTONIO ROBLES RODRIGUEZ
ABOGADO: MAGALY LORBES
PARTE NARRATIVA
Consta de los autos que en fecha catorce (14) de noviembre de dos mil cinco (2005), la ciudadana LUCIA JOSEFINA BOLOGNA RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No V.-7.731.175, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; asistida por la abogada en ejercicio MAGALY LORBES, inscrita en el inpreabogado bajo el No 16.452, inició juicio de REVISIÓN DE SENTENCIA (OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN), en contra del ciudadano RAFAEL ANTONIO ROBLES RODRIGUEZ.
A la anterior solicitud se le dio entrada el día veinticuatro (24) de noviembre de dos mil cinco (2.005), admitiéndola cuanto ha lugar en derecho, se ordeno la comparecencia del ciudadano RAFAEL ANTONIO ROBLES RODRIGUEZ, notificar al Fiscal del Ministerio Público Especializado, se insto a la solicitante a indicar los otros medios probatorios que desee hacer valer; la solicitante acompaño las pruebas documentales con copias certificadas de las actas de nacimiento Nros 35 y 637, recibo de pago constante de dieciséis (16) folios, constancia de estudio, planilla de inscripción, copia simple de la cedula de identidad, copia certificada de la sentencia de divorcio.
En fecha dieciséis (16) de enero de dos mil seis (2006), se agrego a las actas la boleta de notificación dirigida a la Fiscal Especializada del Ministerio Público.
En fecha siete (07) de junio de dos mil seis (2006) la ciudadana LUCIA BOLOGNA RODRIGUEZ, asistida por la abogada en ejercicio MAGALY LORBES, inscrita en el inpreabogado bajo el No 16.452, solicito se oficie a la empresa HILMARGEN DE VENEZUELA C.A. a los fines de que informen la capacidad económica del ciudadano RAFAEL ANTONIO ROBLES RODRIGUEZ.
En fecha ocho (08) de junio de dos mil seis (2006) el tribunal ordeno oficiar a la empresa HILMARGEN DE VENEZUELA C.A.
En fecha veintiocho (28) de julio de dos mil seis (2006) la ciudadana LUCIA BOLOGNA RODRIGUEZ, asistida por la abogada en ejercicio MAGALY LORBES, inscrita en el inpreabogado bajo el No 16.452, solicito se oficie nuevamente a la empresa DELMARGEN DE VENEZUELA C.A. a los fines de que informen la capacidad económica del ciudadano RAFAEL ANTONIO ROBLES RODRIGUEZ.
En fecha primero (01) de agosto de dos mil seis (2006) el tribunal ordeno oficiar a la empresa DELMARGEN DE VENEZUELA C.A., en el sentido solicitado.
En fecha siete (07) de agosto de dos mil seis (2006) el alguacil Eliézer Urdaneta, expuso, en fecha 03 de agosto se traslado a la Empresa DELMARGEN DE VENEZUELA, a los fines de citar al ciudadano RAFAEL ANTONIO ROBLES RODRIGUEZ, el cual se negó a firmar la boleta, consignando los recaudos de citación.
En fecha 09 de agosto de dos mil seis (2006) la ciudadana LUCIA BOLOGNA RODRIGUEZ, asistida por la abogada en ejercicio MAGALY LORBES, inscrita en el inpreabogado bajo el No 16.452, solicito se ordene el traslado de la secretaria a los fines de que se practique la citación personal del ciudadano RAFAEL ANTONIO ROBLES RODRIGUEZ.
En fecha 11 de agosto de dos mil seis (2006) el tribunal ordeno librar Boleta de Notificación al ciudadano RAFAEL ANTONIO ROBLES RODRIGUEZ.
Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones:
PARTE MOTIVA
Examinadas las actas procesales, observa este Tribunal que el proceso está paralizado desde el once (11) de agosto de dos mil seis (2.006); discurriendo el tiempo desde entonces sin ningún acto de procedimiento que movilice la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso.
A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
De la lectura del artículo anterior se puede colegir claramente que toda instancia se extingue por el transcurso de un año (01) sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de impulso procesal por las partes.
El efecto de la perención es la extinción del proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos y las pruebas que resulten de los autos continuaran teniendo plena validez. La perención solo pone fin al proceso, el cual no continuara adelante a partir de la declaratoria de la misma.
El autor argentino Hugo Alsina, explica de forma espléndida la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, Pag. 423 a 425, de la siguiente manera:
“1) Concepto.
a) El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento.
b) Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular; instancia, impulso, obrar en juicio) y está reglamentado por la ley N°. 14.191.
c) Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es por que no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal”.
Es decir, que la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes.
De los artículos antes transcritos, se hace preciso determinar si en el presente caso se han configurado los presupuestos procesales que hagan procedente la declaratoria perención de la instancia en virtud de la inactividad procesal anual, en este sentido, se evidencia de las actas procesales que la parte actora no ha realizado ninguna actuación procesal desde el once (11) de agosto de dos mil seis (2.006), fecha en la cual el tribunal ordeno librar Boleta de Notificación al ciudadano RAFAEL ANTONIO ROBLES RODRIGUEZ de conformidad con el 218 del Código de Procedimiento Civil, pues bien, de un simple computo se desprende que hubo inactividad procesal por mas de un (01) año, en consecuencia por las razones antes expuestas, se evidencia que el proceso ha perimido y se ha extinguido la instancia por caducidad procesal, que impide el libre acceso a la Jurisdicción y a la efectiva tutela judicial, habida cuenta que la parte demandante abandonó la actividad procesal y con ello hizo cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como enfermedad social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; mas entonces, al abandonar el mismo la parte actora, hace cesar el conflicto en su propia voluntad por autocomposición procesal; en consecuencia esta Juzgadora debe declarar la perención de la instancia. Así se declara
PARTE DISPOSITIVA
DECISION
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio – Juez Unipersonal N° 2, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
A) CONSUMADA LA PERENCION Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente solicitud de REVISION DE LA SENTENCIA (OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN) intentada por la ciudadana LUCIA BOLOGNA RODRIGUEZ anteriormente identificada, en contra del ciudadano RAFAEL ANTONIO ROBLES RODRIGUEZ.
No hay costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese. Regístrese. Notifíquese. Déjese copia certificada por Secretaría.
Dada, firmada y sellada en la Sala N° 02 del Despacho del Tribunal de Protección del Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de dos mil diez (2.010). 199º de la Independencia y 151º de la Federación.
La Juez Unipersonal No. 2
Dra. Inés Hernández Piña.
La Secretaria
Abog. Militza Martínez Portillo.
En la misma fecha, siendo las 9:05 am, previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia Interlocutoria bajo el No. 309. La secretaria.
Exp. 7436
IHP/lp*
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